Friday, July 26, 2013

 

Francisco y los pederastas



Para Alberto Athié



El pasado 11 de julio, el Papa Francisco I publicó una carta apostólica en forma motu proprio, que junto con la aprobación de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, reforma diversas disposiciones penales que rigen en el territorio no mayor de dos kilómetros cuadrados del Vaticano. Lo anterior con el fin de armonizar las normas citadas con las reglas que operan en el Derecho Internacional a través de diversos pactos, en particular las convenciones promovidas por la ONU en materia de combate a la corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero, terrorismo y otras.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido a propósito de esta decisión, debe destacarse “la amplia definición de la categoría de delitos contra los menores (entre los cuales se señalan: la venta, la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra los menores; la pornografía infantil, la posesión de pornografía infantil; actos sexuales con menores).”

Esto significa que, a través de las normas que contiene el motu proprio, el Papa Francisco lleva a cabo una redefinición de los delitos de naturaleza sexual que se cometen en contra de los menores. Para muchos, la decisión es significativa al crear las herramientas legales para combatir los abusos sexuales al interior de la Santa Sede, ya que estas medidas permiten procesar, si así fuera el caso, no solo todos los oficiales y empleados de la Curia Romana, sino también a los 150 nuncios apostólicos y a su personal diplomático, además de los empleados de órganos e instituciones relacionados con la Santa Sede, por ejemplo, el Instituto de Obras de la Religión, también conocido como el Banco Vaticano, independientemente del hecho de que se encuentren o no en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano. Las sanciones por estas conductas delictivas podrían extenderse hasta los doce años de prisión.

Esta actualización legislativa que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2013, era sumamente necesaria. Recordemos que el Estado Vaticano nace en 1929 mediante el Tratado de Letrán y a partir de su conformación adopta el sistema jurídico que Italia tenía en ese momento. Así pues, la ley penal vaticana es, en esencia, el código penal italiano de 1889, mientras que su ley procesal es el código de italiano de procedimiento penal de 1929. Básicamente no habían sido reformadas desde su adopción.

Si bien es cierto que la reforma aprobada no puede calificarse de radical, tiene el mérito de modernizar el marco legal de la Santa Sede. Hay quien considera que esta actualización normativa no es sino un gesto del Papa frente a las constantes acusaciones de pederastia que enfrentan los sacerdotes de la Iglesia católica. Mientras que para otros, significa la fijación de una postura de intolerancia frente a estos delitos y sus autores, especialmente si se toma en consideración la declaración pública de Francisco I en abril pasado, cuando pidió actuar con determinación contra los abusos sexuales del clero.

El contexto tal vez sea muy diferente. El Estado Vaticano fue promotor de la Convención de los Derechos del Niño, además de que firmó y ratificó el tratado en la materia, por lo cual está obligado a observarlo cabalmente. No obstante, de inicio, el Vaticano no cumplió cabalmente con los informes periódicos que le requiere el Comité de los Derechos del Niño a cada Estado firmante. Coincidentemente, fue durante este periodo cuando salió a la luz pública el mayor número de casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, obispos e incluso cardenales. Casos que trataron de ser encubiertos por los superiores eclesiásticos.

Frente a este fenómeno, organizaciones de la sociedad civil recurrieron al Comité de los Derechos del Niño de la ONU para que iniciara una investigación al respecto, dado que la Santa Sede reconoció públicamente que se habían presentado casos de abuso sexual de niñas y niños dentro de su jurisdicción, por parte de sacerdotes y otros clérigos.

El Comité ha acudido a la Secretaría General de la ONU, para que le solicite al Estado Vaticano complementar la información que entregó, respondiendo a preguntas precisas en materia de los casos de abuso sexual de niñas y niños. El pedido de explicaciones es un mecanismo habitual del que dispone la ONU en línea con el cumplimiento de las pautas marcadas por la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuando los estados firmantes no cumplen con sus informes o no proveen de toda la información relevante. Es la primera vez que el Vaticano, que ocupa el lugar de observador permanente, pasa a ser observado por la ONU.

Más importante que la reforma al código penal vaticano en materia de abusos sexuales contra niñas y niños, es conocer cuál va a ser la postura del Papa Francisco frente al pedimento de la ONU. Lo anterior implica saber si el Jefe del Estado Vaticano va a responder al informe o recurrirá al amparo que ofrecen las reservas que se interpusieron cuando se firmó el Tratado. Pero también, conocer si se va a responder ampliamente o va a entregar información restringida, con reservas, reconociendo sólo algunos casos que no lleguen a golpear a las máximas autoridades de la Curia Romana.

En nuestro país, el tema de los sacerdotes pederastas adquirió dimensiones de escándalo desde hace años, sobre todo por el conocimiento de los abusos cometidos por Marcial Maciel. Esa es una herida que no cierra y no lo hará en tanto no se reconozca plenamente y se actúe con rigor contra los delincuentes, por muy “señores curas” que sean. ¿O tú qué crees paisano?

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ESPÍA vs espía

Cartón de Rapé publicado originalmente en Milenio el 20-VI-2013
 
 
Mira paisano, hay de secretos a secretos. Una cosa es que no quieras que nadie sepa que en la secundaria te decían “El Tololoche”, por grandote y panzón, y otra muy distinta es que busques proteger los datos de ubicación de los miembros de tu familia o la información relativa a los estados financieros de tus negocios.

Como quiera que sea, nunca falta el chismoso que quiere enterarse de todos los sórdidos detalles de la vida de una persona. Son gente sumamente molesta, indiscreta e imprudente, pero todos acudimos a ellos cuando queremos degustar un buen mitote. Claro que hay otros que no se conforman con las cosas que van escuchando y le buscan por otros lados.

Este afán por enterarnos de lo que hacen los demás pasa por los dispositivos tecnológicos de escucha, como los plantados en las oficinas de Malova para grabar las conversaciones que se dieron a conocer en el video enviado a Río Doce. Y también por las quejas de Luis Domingo, que nos reclamó al Cani y a mí por preferir platicar al interior del Café Miró, ya que el alboroto de las señoras no le permitía enterarse de lo que decíamos, ni con toda la sofisticación de los aparatos para escuchas a distancia.

Claro que los más avezados en el espionaje son los gobiernos de los países desarrollados. KGB, CIA, Stasi, son nomenclaturas tan famosas como el 007. Pero, el rey indiscutible del espionaje desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es el gobierno de los EE.UU. Y su nueva estrella ya no es una dependencia o un individuo, sino un programa cibernético, PRISM.

PRISM se encarga de vigilar a los usuarios de los servicios de correo electrónico, chats, redes sociales, intercambio electrónico de archivos de video y fotografía, todas ellas realizadas mediante conexiones a internet. Para ello, las empresas proveedoras de estos servicios “se incorporaron” al programa. Primero fue Microsoft en 2007 y le siguieron Yahoo, Google, Facebook, Pal Talk, You Tube, Skype, AOL y Apple.

Tal vez pienses paisano que eso es cosa de gringos y que tu información, archivos y conversaciones están a salvo, pues tú no vives en Estados Unidos. Piénsalo de nuevo. Casi toda la información que viaja en la red pasa por USA. ¿Por qué? Pues porque en informática un correo electrónico, por ejemplo, no toma la ruta físicamente más corta para llegar a su destinatario, sino la más barata. Así las cosas, el tráfico entre los EE.UU y Canadá con Europa es de 4972 gigabits por segundo, mientras que con Latinoamérica es de 2946 gigabits por segundo. Un megabit equivale a mil millones de bits. O sea, un mundo de datos.

A esto hay que sumar la reciente confesión de que el Departamento de Justicia norteamericano, en forma secreta, había solicitado judicialmente acceso a las líneas telefónicas de ciertos medios de comunicación como The Associated Press. Pero también las revelaciones donde se dio a conocer que el gobierno de EE.UU. espiaba a otros países, incluidos sus aliados como México.

Esta última información, así como la existencia de PRISM, fueron reveladas por Edward Snowden, exconsultor de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana. Descubierto, el Gran Espía ha acusado al pequeño espía de traición y ha desatado una ofensiva política para obligar a los países a los cuales Snowden se trasladó (la China de Hong Kong y Rusia) para que lo entreguen. Con ello repite la estrategia seguida en casos similares como los de Bradley Manning y Julian Assange.

Desde el punto de vista legal, es claro que dar a conocer información secreta a la cual se accede en virtud del trabajo que uno presta confidencialmente a una dependencia de gobierno, puede constituir el delito de revelación de secretos o espionaje. Desde el punto de vista moral la cuestión es otra. ¿Cómo pensar que es congruente el pedir a otro que no actúe en la misma forma en que yo lo hago?

Habrá quien diga que el gobierno norteamericano espía en nombre de la seguridad nacional, como también existe quien afirma que Snowden hizo sus revelaciones en nombre del derecho a la privacidad. ¿Qué es más valioso? ¿El Estado o el individuo? ¿La seguridad o la libertad?

Si me preguntas a mí, te diré que el Estado no tiene derecho a avasallar a los ciudadanos a título de querer protegerlos. No puede reducir los espacios de ejercicio de los derechos humanos so pretexto de que limitan su capacidad de acción en materia de seguridad. Pero ese soy yo.

Si Snowden llega a ser enjuiciado por las autoridades estadounidenses podrá alegar, como lo hizo Bertrand Russell, una objeción de conciencia y con ello revivir el debate sobre la existencia del derecho de los ciudadanos a desobedecer las leyes inmorales, o bien, si el Estado puede imponer el cumplimiento de una ley que pasa por encima de mis principios éticos. ¿Qué tan filósofo te sientes paisano?

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¿Quiénes son los corruptos?




El pasado 9 de julio, la organización no gubernamental Transparencia Internacional, dio a conocer el Barómetro sobre Corrupción Global 2013. Los resultados que arroja no son del todo novedosos, pero siguen siendo sumamente preocupantes. El informe reúne datos levantados en 107 países donde se efectuaron entrevistas a 114 mil personas con relación al impacto que tiene en sus vidas la corrupción.

En términos generales, el Barómetro encontró que más del 25 por ciento de los entrevistados respondieron que habían pagado sobornos el año pasado. Para el caso de México, el porcentaje se eleva entre 30 a 39.9 por ciento. El costo de estos actos no sólo se refleja en las cantidades de dinero que se entregan, sino que afectan incluso a quienes no pueden pagar para recibir algún servicio del Estado.

Para quien tiene que decidir entre cubrir un soborno y pagar el sustento diario de su familia, el impacto de la corrupción es aún más devastador que para un pequeño empresario. Además, encontramos la afectación que sufren los sectores más pobres de la población cuando los recursos públicos se desvían del fin al cual se destinan originalmente y terminan en los bolsillos de políticos, burócratas y delincuentes de cuello blanco.

El Barómetro 2013 encontró que, alrededor del mundo, las áreas que se relacionan como más proclives a solicitar y recibir sobornos son los jueces y los policías. El 31 por ciento de las personas entrevistadas manifestó que al entrar en contacto con la policía tuvo que pagar algún soborno. En México, las personas entrevistadas consideraron a la policía y los partidos políticos como las instituciones más corruptas del país.

Curioso que además de esta percepción, ambas entidades tienen en común su origen. Tanto política como policía derivan de la raíz griega “politeia”, que a su vez se origina en la voz “polis”, ciudad. Finalmente, ambas instituciones reconocen que su vida está ligada a la agrupación urbana de nuestras comunidades.

Tal vez sorprenda a políticos y policías estar tan cercanamente emparentados (al menos en etimología), y creo que el saberlo puede causar incomodidad y desaprobación tanto en unos como en otros. Pero la ciudadanía les reconoce como corruptos, o al menos, proclives a la corrupción.

Después de conocer esta información pareciera que todos podemos estar tranquilos de que no nos encontramos en la lista de corruptos, excepto claro está, los que sí aparecen. Pero en cuanto a la mayoría, me da la impresión de que nos conformamos con poder tener a alguien a quien señalar. Alguien a quién culpar. Poder decir ¡miren, los corruptos son ellos y no nosotros! ¡Policía corrupto que me pide dinero para no multarme! Yo por mi parte soy inocente por entregarle el dinero solicitado pues ¿qué otra opción tengo?

Estas apreciaciones que se generan en las fronteras que la cultura de la corrupción sostiene con el ideal de convivencia social al que aspiramos como comunidad, son las que producen al “ciudadano privado”, o sea, aquel que en público es apático y pesimista, pero que dentro de su hogar tiene fuertes opiniones respecto de la manera en que deben conducirse las cuestiones gubernamentales.

Cuando la intervención del ciudadano en su comunidad no sale de casa, poco es lo que podemos aspirar a cambiar. Podemos hablar de los peligros que significa, del miedo al narco, de la desconfianza en los políticos, de la decepción por las instituciones o de la pérdida de valores, pero en tanto dejemos de reconocer que nosotros también llevamos responsabilidad, estaremos buscando siempre echar la culpa a los demás.

Entonces nos pondremos a la altura de aquellos que Chesterton acusaba de caracterizar a los delincuentes como simios retrasados que vivían a kilómetros de distancia de nuestras comunidades. Es decir, delincuentes y corruptos deben ser los demás porque en mi casa sólo vivimos gente buena. Estas visiones, además de ser convenencieras, son falsas, y nos conducen a soluciones equivocadas.

Parafraseando al autor de El hombre que fue jueves, diremos que para detener a un corrupto en potencia lo único debemos hacer es agarrar con fuerza nuestro propio sombrero. ¿Ya agarraste el tuyo paisano?

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