Friday, April 11, 2014

 

¿Meretriz feliz?



Para Guadalupe Morfín


El pasado 5 de marzo el diario The Nation publicó un extracto del libro Playing the Whore: The Work of Sex Work de Melissa Gira Grant, cuyo argumento central consiste en establecer que las trabajadoras sexuales realizan precisamente un trabajo y por tanto son merecedoras de los derechos inherentes a ello.

Y por trabajo sexual no solamente entiende el que realizan las prostitutas en las esquinas de las calles, sino también las bailarinas de table dance, quienes atienden en establecimientos de masaje o bien tienen sus sitios de internet o son acompañantes tipo escort.

En el mismo medio, el 2 de abril, Katha Pollit criticó los conceptos vertidos por Melissa Gira Grant. Dice que antes la izquierda consideraba a la prostitución como algo malo y las mujeres que vendían sexo eran consideradas víctimas, forzadas por las circunstancias a vivir dentro de un doloroso y humillante contexto, del cual las salvaría el socialismo.

Ahora, continúa Pollit, vender sexo se considera sólo como un trabajo sexual, “si uno sugiere que las mujeres que lo realizan son algo menos que agentes libres, incluso ‘empoderadas’ si obtienen suficiente dinero, te ven como un mojigato.”

El problema no radica en exigir respeto a las mujeres que ofertan sus servicios sexuales o reclamar para ellas el trato digno que merecen o demandar el ejercicio de sus derechos laborales. El problema es suponer que todas ellas se encuentran en una situación de igualdad al momento de ser contratadas, lo que les permite fijar de común acuerdo las condiciones de trabajo.

Si creemos a ciegas en este supuesto, deberemos concluir que la contratación de jóvenes mujeres que a nombre del dirigente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se hacía con el objeto de que proporcionaran, entre otros servicios, compañía sexual para el líder político, fue tan sólo un contrato de trabajo.

Nada más lejos de la realidad. En nuestro país, las condiciones económicas y sociales parecen confirmar que la mayoría de las mujeres que se introducen a los negocios del sexo no lo hacen en circunstancias de fijar las condiciones laborales implícitas en la prestación de sus servicios: horarios, sueldos, prestaciones.

Más bien encontramos en estos ámbitos situaciones de explotación. Los negocios del sexo son eso precisamente, negocios en los cuales se busca maximizar las ganancias, aunque ello implique comprimir la dignidad humana y vender el cuerpo de otra persona envuelto en promesas de fantasías.

Tal vez en ningún caso la explotación sea tan evidente como en la trata de personas. Sobre este tema, el pasado 12 de febrero el Senado envió a la Cámara de Diputados un proyecto de reformas a la ley general de trata de personas de nuestro país.

En la discusión pública de estas reformas, la senadora del PAN, Angélica de la Peña, en el programa radiofónico de Carmen Aristegui transmitido el 4 de abril de este año afirmó que “debemos tener muy claro cuál es la prostitución ajena y cuál es la prostitución voluntaria … no podemos, en una ley penal, estar criminalizando la prostitución voluntaria”.

Tanto la ley actual como el proyecto de reformas tocan el tema de la prostitución ajena como una de las formas de explotación que constituyen la finalidad de la trata de personas. En la visión de la senadora De la Peña existe además una prostitución voluntaria que no debe ser contemplada como forma de explotación, ya que es, por supuesto, voluntaria.

Dice Katha Pollit que esta forma de pensamiento implica la aceptación de la existencia de privilegios masculinos puesto que la prostitución voluntaria opera bajo el entendido de que los hombres tienen derecho a pagar por sexo, excluyéndose de la forma natural en que los seres humanos tienen relaciones sexuales, atrayendo a su pareja, para no decir que pagar también los excluye de dar placer a la mujer.

Pollit tiene razón al afirmar que el cliente de la prostitución voluntaria compra una fantasía, la de que existe una mujer que desea exactamente lo que él quiere. ¿Qué pasaría si no pudieramos comprar la fantasía? ¿Nos obligaría a mejorar como hombres?

¿Y tú paisano, vives tu fantasía de poder cuando vas al table?

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¿De qué va la seguridad?



Hace muchos años, en una de sus clases, un alumno que por más interés que ponía aún no lograba captar el concepto que el profesor explicaba, le preguntó con cierto desespero al maestro Ignacio Burgoa qué es eso de la seguridad, a lo que el jurista respondió "saber a qué atenerse muchacho, saber a qué atenerse".

 Cosa curiosa pues, que desde hace algún tiempo en muchas ciudades de la república en materia de seguridad no sepamos a qué atenernos ni cómo entendernos entre ciudadanos y autoridades. Los primeros desconfían de los segundos, pero también la desconfianza viaja en sentido inverso.

¿Cómo construir pues una seguridad para todos, por separado? Todos los conceptos de seguridad modernos implican la colaboración de quienes son sus protagonistas. Pero si sólo entendemos la seguridad como un ejercicio de demostración de fuerza que consiste en exhibición de armas, desfile de patrullas, presentación de detenidos a la prensa y declaraciones estridentes, entonces el problema estriba en el concepto mismo de seguridad.

Durante muchos años se pensó que la seguridad pública es un tema que corresponde de manera exclusiva a la policía, la cual debe prevenir los delitos y detener a los delincuentes en flagrancia. La forma clásica de hacer ambas era a través de la multiplicación de la presencia policial mediante el patrullaje.

Después, con el avance de los sistemas democráticos, se concluyó que no era suficiente evitar los delitos y disminuir su incidencia por cualquier medio, en particular sólo mediante la fuerza, pues eso justificaría la aplicación de cualquier acción para detener la delincuencia, incluso por medios dictatoriales.

Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos construyó el concepto de seguridad ciudadana. Este significa la articulación de políticas públicas en tres dimensiones: 1)prevención primaria, dirigida a toda la población y consistente en la elaboración de programas de salud pública, educación, empleo, formación para el respeto a los derechos humanos y construcción de ciudadanía democrática; 2) prevención secundaria, dirigida a grupos vulnerables y consistente en programas focalizados para disminuir los factores de riesgo y generar oportunidades sociales; y 3) prevención terciaria, consistente en programas destinados a las personas que cumplen sanciones penales privados de su libertad.

Así considerada, la seguridad involucra aspectos que tienen que ver no sólo con la prevención del delito y la detención de delincuentes en flagrancia a cargo de la policía. Ahora se incluyen también entre sus contenidos el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales bajo esquemas de participación democrática.

Vista de esta manera, la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y, por tanto, del desarrollo humano. Para Fernando García Cordero consiste "en el establecimiento de los medios o condiciones que hacen posible el desarrollo de la persona, desde el disfrute de una vida saludable y prolongada, hasta el acceso a los recursos necesarios para un nivel de prosperidad que incluya el trabajo, la vivienda, la educación, la recreación y el acceso al conocimiento, pasando por el ejercicio de las libertades políticas, económicas y sociales."

Si la dimensión de la seguridad es tan amplia, es claro que no es sólo es cosa de policías y tampoco es territorio exclusivo de las autoridades. Se necesita la participación de todos los sectores sociales en esquemas de corresponsabilidad, lo que significa la posibilidad de que los actores sociales definan ciertos aspectos de la seguridad. En consecuencia, se necesitan autoridades con el talento suficiente para trabajar con ciudadanos, no sólo con empleados y paleros.

Pero si seguimos en la miopía de jugara a policías y ladrones con tipos que no son blancas palomas, que no acreditan sus evaluaciones de control y confianza, que repiten esquemas arcaicos de trabajo policial y que ignoran la participación social que no les es favorable, pues entonces ni siquiera han generado un esquema que se acerque a la concepción de la seguridad ciudadana.

Si la seguridad paisano es saber a qué atenerse, pues te vas a atener a los malovas y los chuytoños. Ahí me avisas cómo te va.

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La defensa en el sistema acusatorio



El nuevo sistema de justicia penal está concebido para acabar con muchos de los vicios con los cuales operan los procedimientos actuales. La ausencia de muchos jueces de las audiencias, la lentitud del juicio, la falta de lealtad entre acusación y defensa. Pero su éxito no depende de la bondad de sus propósitos sino de la forma en la cual aterrice.

Uno de los principios fundamentales, que incluso se enuncia en el artículo 20 constitucional, es el de contradicción. La naturaleza contradictoria del sistema acusatorio significa que la defensa tiene derecho a refutar la acusación, pruebas y argumentos presentados por el fiscal, y viceversa.

Esta confrontación es lo que origina el debate entre las partes y es este debate el que permite al juez tomar una decisión entre las posturas de acusación y defensa. Claro que a lo largo de todo el procedimiento, el acusado tiene a su favor la presunción de inocencia.

Por lo tanto, de inicio no es al acusado a quien corresponde acreditar su inocencia, sino es el fiscal quien debe destruir esta presunción. Además, se debe contar con la presencia de un abogado defensor en todo momento, quien debe realizar un trabajo de calidad para no afectar los derechos del imputado.

Para la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “El principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen” (contradicción de tesis 412/2010).

Y aquí es donde empiezan los problemas. En nuestro actual sistema no existe mucha igualdad entre acusadores y defensores. Los primeros, agrupados en el Ministerio Público gozan de enormes prerrogativas en la etapa de investigación, en la cual incluso actúan como autoridad que obtiene y desahoga pruebas ante sí misma, sin control de un juez.

Para sostener esta forma de actuar se prepararon organigramas que soportaran la diferencia. Derivado de ello las estructuras de las procuradurías generales de justicia son mucho más amplias que la de los institutos de defensoría pública. No sólo existen más fiscales que defensores, sino que además están mejor pagados.

Sobre esta conformación de las instituciones es que debe construirse la igualdad de las partes en el sistema acusatorio a que se refieren tanto la Constitución como la Corte. El reto es lograr el equilibrio entre defensores y fiscales, partiendo del hecho de sus desigualdades actuales.

Para superar el descuido en el que los gobiernos históricamente han tenido a los defensores públicos o de oficio, deben asignarse recursos suficientes para dotarlos de infraestructura, equipamiento, capacitación, pero sobre todo, de suficiencia de personal.

Si esta variable no es considerada por quienes orientan la implementación del sistema acusatorio en los estados, es muy probable que todo el esfuerzo fracase. Y es que la mayoría de las personas que enfrentan un proceso penal, al carecer de recursos para contratar un abogado particular, acuden al defensor público.

Lo que ocurre con frecuencia es que el defensor de oficio está mal pagado, sometido a largas jornadas laborales y con una carga de trabajo que, en muchas ocasiones, rebasa sus capacidades. Es en estas circunstancias en las que recibe cada nuevo caso. El problema no es exclusivo de nuestro país.

En los EEUU, cuya experiencia en el sistema acusatorio es mucho mayor que la nuestra, se calcula que las condiciones de exceso de trabajo y bajos salarios, son parte de los factores que provocan que entre el 90 y 95 por ciento de los acusados se declaren culpables (Alexandra Natapoff, Slate, 31 de mayo de 2006).

Del total de la población penitenciaria norteamericana encarcelada por delitos estatales, el 77 por ciento de los internos negros fueron representados por defensores públicos. Lo mismo ocurre con el 73 por ciento de latinos (Liz Dwyer, Take Part, 22-III-2014).

Este es el futuro que puede presentarse en nuestro país si no se toman a tiempo las medidas para rescatar la institución de la defensoría pública, que los sectores más vulnerables carezcan de una representación adecuada y que la justicia siga siendo provincia de quien puede pagar por ella.

Total, que no salimos de una cuando ya estamos metidos en otra ¿o no paisano?

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El enfriamiento global



La Guerra Fría es el periodo histórico que abarca desde el fin de la segunda guerra mundial hasta la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS). Aunque los dos polos de poder mundial no se enfrentaron directamente en batalla, sus conflictos se reprodujeron en distintos escenarios globales, desde Cuba y Corea hasta Vietnam y Afganistán.

Para muchos de nosotros, la Guerra Fría fue parte constante de nuestras vidas. Distante si ustedes gustan, pero siempre presente. Unidos en el destino a los EEUU por la geografía y los intereses económicos y políticos. Para mí, esta guerra nunca fue tan patente como en 1986. Ese año se presentaron dos fenómenos culturales relacionados con dicho conflicto y la transformación del mundo del cómic hacia la mayoría de edad de los superhéroes.

La compañía norteamericana DC Comics publicó Watchmen y Batman The Dark Knight Returns. En la primera obra la Guerra Fría sirve de contexto a la interacción de los héroes, uno de los cuales aparece como el villano que, irónicamente, termina con el distanciamiento de las superpotencias, forzándolas a unirse tras provocar muerte de millones de neoyorquinos en un supuesto ataque de fuerzas externas.

En la segunda novela gráfica, los protagonistas son incapaces de detener la conflagración entre los EEUU y la URSS, quienes emplean su arsenal nuclear para atacarse. El resultado es el colapso de la civilización y el enfrentamiento de los héroes.

Tres años después, el Muro de Berlín cayó y con él dio inicio el fin de la Guerra Fría. El oso ruso se retiró a hibernar y dejó el camino libre para que el tío Sam se hiciera cargo del mundo. El conflicto había terminado. No hubo celebraciones ni desfiles. Pero en el invierno de 2014 el úrsido se despertó.

No terminaban las olimpiadas de invierno en Sochi cuando empezamos a ver las impactantes imágenes de las protestas populares en Ucrania. Ya desde noviembre de 2013, cuando el gobierno ucraniano suspendió las preparaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea para fortalecer sus lazos con Rusia, se habían presentado los primeros disturbios.

¿Qué importancia tiene este país para la zona europea? Ucrania posee uno de los más prometedores potenciales agrícolas del mundo, además, su infraestructura industrial y militar constituyeron factores de poder que sostuvieron a la extinta Unión Soviética. De ahí que la existencia de una Ucrania independiente respecto a Rusia, sea el factor esencial a dilucidar entre los intereses occidentales y los de Vladimir Putin.

La política del presidente ruso ha buscado, desde su llegada al poder, mantener a Ucrania dentro de la esfera de influencia de Rusia, integrarla en un pacto aduanero, así como evitar su ingreso a la Unión Europea y a la OTAN.

No obstante, Ucrania se encuentra dividida entre quienes desean el ingreso a la Unión Europea y quienes desean mantener los vínculos con Rusia, éstos se ubican sobre todo en la parte industrializada del este y el sureste, incluida la península de Crimea.

Precisamente esta región y la ciudad de Sebastopol fueron admitidas, anexadas dirían otros, a la Federación Rusa por la Duma o cámara baja del parlamento. Frente a esta situación, los EEUU han reaccionado amenazando con imponer drásticas sanciones económicas a Rusia.

El embajador de México en retiro, Francisco Correa Villalobos, en el blog México Internacional, opina que: “Ni Estados Unidos ni Europa pueden o quieren ir más allá de sanciones puramente simbólicas que la prensa ha tratado de elevar a una importancia que no tienen. El nivel de relaciones económicas y financieras de Estados Unidos con Rusia no le confieren ninguna influencia sobre Rusia y las de ésta con Alemania y otros países europeos es de tal magnitud que medidas coercitivas financieras o comerciales de gran aliento redundarían en su propio detrimento.”

Tenemos pues un conflicto que implica la incorporación de territorio a un país en perjuicio de otro. Dos bloques antagónicos que promueven intereses distintos en la región. Y un deseo por evitar una guerra a gran escala con intervenciones armadas. Estamos de nuevo en la Guerra Fría. Al menos en la versión 2.0

Curioso que coincida con la publicación hace un par de semanas de la edición mexicana de Editorial Televisa de Batman The Dark Knight Returns. Chécala paisano para que recuerdes cómo era el mundo, tal vez esta guerra sea lo único frío para este año en Sinaloa.

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