Historia del crimen

Desde el año 2010 la fiscalía de Sttutgart investiga al fabricante de armas Heckler & Koch (H&K), debido a que sus rifles G36 aparecieron en manos de policías de los estados de Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Chiapas, cuando el gobierno alemán lo había prohibido por considerar a estas entidades como zonas de conflicto en las que además se violan los derechos humanos. De acuerdo con el semanario Proceso, la denuncia fue interpuesta en abril de 2010 por Jürgen Gräslin, presidente de la Oficina de Información Alemana sobre Armamentismo, quien acusó que H&K había sobornado a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su representante en México, Markus Bantle. En diciembre de 2010, la televisión pública alemana transmitió imágenes de un operativo policial en Ciudad Juárez, en las cuales se aprecia que agentes federales portaban rifles G36. El 12 de diciembre de 2011, durante el operativo realizado para desalojar de la Autopista del Sol a estudiantes de la Normal Rural de Aytozinapa, en Guerrero, se acreditó mediante fotografías que algunos integrantes de las fuerzas policiales habían empleado rifles G36. De acuerdo con el sitio web de H&K, el rifle G36 proporciona rapidez y movilidad irrestricta, ya que sus componentes esenciales están hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Este rifle de asalto calibre 5,56 mm, que puede efectuar hasta 750 disparos por minuto, es el fusil reglamentario de las fuerzas armadas alemanas desde 1995. En Alemania, la exportación de armas está legalmente permitida, excepto cuando son llevadas a zonas de conflicto donde se violan los derechos humanos. En 2006, la Oficina Federal de Economía y Control Exportador autorizó a H&K la venta de rifles G36 a México, lo cual fue ratificado por el Consejo Federal de Seguridad presidido por Angela Merkel. No obstante, las autorizaciones preveían una cláusula de embargo a los estados de Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Chiapas. De acuerdo con información de la Sedena, 9652 rifles de asalto G36 fueron adquiridos por autoridades mexicanas a la fábrica H&K entre 2006 y 2009, por los cuales se pagó la cantidad de $13’076,254 euros. En la firma de contratos y gestión de permisos de importación intervinieron la Dirección de Comercialización, Armamento y Municiones, la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y la Dirección General de Industria Militar. La propia Sedena entregó los fusiles a las policías de los estados mencionados. La fiscalía de Sttutgart investiga también a dos diputados alemanes que aparentemente recibieron sobornos, a través de donaciones a sus campañas políticas, para facilitar los permisos de exportación de los rifles de asalto hacia nuestro país. Uno de estos diputados, líder local del Partido Liberal Democrático, Ernst Burbacher, habría sostenido comunicación vía electrónica con H&K en relación a una autorización específica para la venta de armas a México. Heckler & Koch negó todas las acusaciones hasta el pasado lunes 6 de mayo. En esa fecha admitió que había suministrado ilegalmente los rifles G36 a México, pero sostiene que los culpables fueron dos empleados que ordenaron las exportaciones a los cuatro estados vedados, sin aprobación de la gerencia de la empresa. Los empleados fueron despedidos. Edmund Heckler, Alex Seidel y Theodore Koch, ex empleados de la fábrica de armas Mauser Werke, fundaron la empresa H&K en 1948. Para 1959 su fusil G3 era el rifle de asalto estándar de las fuerzas armadas alemanas y 45 ejércitos más alrededor del mundo. Además de ser fabricadas en Alemania, H&K autoriza la fabricación bajo licencia de sus armas en más de una docena de países. Su arma más popular, además de los rifles G3 y G36, ha sido la metralleta MP5. A pesar del embargo de armas impuesto por la ONU en 1991, las metralletas MP5 de Heckler & Koch aparecieron en Bosnia y Serbia. A través de las licencias de fabricación, H&K había autorizado la manufactura de la metralleta a la empresa británica Royal Ordnance y aprovechando las inconsistencias de los controles de exportación de ambos países evadieron el embargo a la exportación de armas hacia los Balcanes. Bajo este mismo esquema, H&K autorizó a la empresa turca de armamento, Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu (MKEK), la fabricación de metralletas MP5. Con ello eludieron el embargo de armas impuesto por la Unión Europea a Indonesia en 1999, ya que Turquía no era miembro de la Unión Europea en ese entonces. Incluso durante la primavera árabe de 2011, los rebeldes libios emplearon rifles de asalto G36 de H&K para derrocar a Moammar Gadhafi. De acuerdo con Frank Slijper del Transnational Institute, la corrupción en el comercio de armas significa el 40% del total del índice de corrupción global en las transacciones comerciales. Y un actor constante en este escenario, es la industria armamentista alemana. En 2011 fiscales alemanes lograron la condena de dos ex gerentes de la empresa Ferrostaal por haber sobornado a oficiales griegos y portugueses en relación con la compra de submarinos. Si en una relación comercial de compra de rifles con una sola compañía alemana se detectaron presuntos actos de corrupción, ¿cuál será la verdadera dimensión de este problema en nuestro país? Información disponible en el sitio web del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), establece que durante 2011 y 2012 nuestro país importó armamento y equipo de Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia y Rusia, por un valor total aproximado de 493 millones de dólares. ¿Quién vigila estas transacciones paisano? ¿Tú?

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