Wednesday, June 26, 2013

 

¿Por qué no termina de arrancar el nuevo sistema de justicia penal?

“La cultura se come a la estrategia en el desayuno” Rob Salkowitz



Durante la Décima Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, celebrada el pasado 24 de junio, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el nuevo sistema acusatorio es una prioridad para garantizar a la población acceso expedito y transparente a la justicia, cuyo vértice sean los derechos humanos.

Recordemos que en el año 2008 se reformó la Constitución para establecer las reglas de un nuevo procedimiento penal que se espera opere totalmente en la república mexicana para el año 2016. En la mayor parte de nuestro país se aplica hasta hoy el llamado sistema tradicional, considerado por muchos como inquisitorial.

Desde los principios de la civilización, los seres humanos buscan castigar a quien quebranta las reglas básicas de la convivencia social. Al principio bastaba la acusación para ser aplicado el castigo, pero pronto se constató que era necesario una especie de procedimiento para que la persona que decidía sobre la responsabilidad del acusado se formara un juicio propio al respecto.

En la Península Itálica, durante la Edad Media, bajo el influjo de la Iglesia, se gestó un procedimiento para indagar culpas y pecados, que se conoce como inquisitorial por que fue el sistema adoptado por el Tribunal del Santo Oficio. Sus características principales eran el secreto de la acusación, es decir, la identidad del acusador era desconocida por el acusado; el procedimiento era escrito; se permitía afligir la carne para obtener la confesión; la parte acusadora tenía mayor libertad de acción que la defensa; y el mismo Tribunal investigaba y decidía en relación a la culpabilidad del acusado.

Con algunas variantes, este sistema llegó a territorio mexicano durante la Colonia, vía las leyes y funcionarios españoles. Durante tres siglos permeó entre los jueces, tribunales y abogados. Al consumarse la Independencia, el procedimiento inquisitorial siguió gozando de cabal salud. Todavía en pleno movimiento revolucionario, cuando el jefe del ejército constitucionalista presentó su proyecto al Congreso Constituyente, propuso acabar con los jueces que todavía investigaban los delitos, para ser sustituidos por la institución del Ministerio Público. Incluso, el Constituyente de 1917 diseñó un procedimiento penal de corte acusatorio que incluyó en el artículo 20 de la carta magna.

El sistema acusatorio también fue producto de la Europa de la Edad Media, pero su cuna son las islas británicas. El choque entre las culturas normanda y sajona dio paso a un sincretismo que poco a poco fue tomando características propias. El procedimiento acusatorio es público, es decir, la imputación se hace del conocimiento del acusado en una audiencia ante un juez; el acusado se presume inocente de inicio; el proceso es oral; el juez que lo dirige no tiene funciones investigadoras; las partes litigan en igualdad de circunstancias; y la sentencia se dicta con base en las pruebas expuestas ante el tribunal.

¿Si este sistema fue contemplado por la Constitución de 1917, por qué no se parece en nada a nuestra experiencia cotidiana con los juzgados y las agencias del Ministerio Público? En primer lugar, las leyes que debían desarrollar el procedimiento acusatorio continuaron con la existencia de proceso inquisitorial. Segundo, en un momento dado, cuando las contradicciones entre la Constitución y los códigos de procedimientos penales fueron demasiado evidentes, se optó por modificar la ley fundamental para adecuarla a la ley secundaria. Tercero, y tal vez más importante, los valores y cultura desarrollados a lo largo de cuatrocientos años no cambian por decreto, así se modifique la Constitución del país.

Esta es la principal dificultad que habrá de enfrentar la reforma constitucional del 2008. Es claro que el presidente Peña Nieto impulsa al nuevo sistema de justicia penal y que los gobernadores de los estados entienden que lo políticamente correcto es adherirse a él. Pero la voluntad de la cúpula gobernante no permea al grueso de los operadores del sistema, muchos de los cuales oponen resistencia a la implementación de procedimientos nuevos que dan al traste con lo que ellos estudiaron y conocen tras años de trabajo.

El cambio no llegará sólo por la aplicación de recursos económicos para cursos de capacitación y la construcción de nuevas salas de juicio oral. Requiere, sobre todo, de líderes que guíen la transformación. Liderazgos que se distingan por su compromiso con mejorar las cosas. Liderazgos que no se vean cuestionados por sus vínculos con la delincuencia o por sus actos de corrupción. No admite tampoco liderazgos de simulación que sólo quieren hacer como que sí hacen. El cambio necesita estar comprometido con la legalidad, honestidad y transparencia. ¿Dónde encontramos a estos pelados, paisano?

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Wednesday, June 12, 2013

 

¿Ceder, ceder, lo que se dice ceder? No. ¡Ah, pero entregar…!

El pasado 6 de junio el gobernador Mario López Valdéz afirmó en la ciudad de Los Mochis: “No cederemos espacios a la delincuencia”. Lo anterior en referencia a los hechos recurrentes de violencia que ocurren en el norte de Sinaloa. En reunión del Gabinete de Seguridad realizada en dicha ciudad, Malova dijo que el gobierno del estado no permitirá que se vulnere la tranquilidad de los sinaloenses y definió una estrategia que trabajará en dos ejes: recuperar y fortalecer la seguridad, y enviar la señal de que en ningún momento se van a ceder espacios a la delincuencia. Para el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (DLE), “ceder” tiene varias acepciones. Por un lado puede emplearse para referirse a la acción de dar, transferir, traspasar a alguien una cosa, acción o derecho. Bajo esta interpretación, negarse a ceder espacios a la delincuencia significa el no transferir ámbitos. Claro que las actividades de dar o traspasar parecen hacer referencia a un acuerdo de voluntades, como explica el Diccionario del Español Mexicano (DEM), se trata de entregar voluntariamente a otra persona algo a lo que uno tiene derecho. Es imposible suponer que Malova se refería a negarse a cumplir un contrato contraído con el crimen organizado y que por ello no cedería a ellos los espacios. Un segundo significado que cita el DLE es el de pasar la pelota a otro jugador de su equipo, cuando ambos están cerca. Tampoco creo que Malova haya querido decir que, cual “Chelito” Delgado, se niega a dar el balón a su coequipero, la delincuencia organizada. Es impensable. En cambio, el tercer sentido de “ceder” de acuerdo al DEL, es decir, perder tiempo, espacio o posición en favor de un rival, parece acercarse a lo que el gobernador de Sinaloa quiso decir. Malova no cederá espacio a favor de un rival. Lo que implícitamente reconoce a la delincuencia organizada el carácter de competidor del gobierno para lograr cierta cosa. En este mismo sentido, el DEM consigna que ceder es disminuir algo su fuerza o hacerse algo menos intenso, o bien, disminuir o dejar de oponer alguien una resistencia a algo, o aceptar algo, sin estar de acuerdo, por complacer a otro. Malova bien pudo referirse a estos significados cuando emitió su declaración, queriendo decir que no disminuirá su fuerza frente al crimen organizado, que no dejaría de oponer resistencia, que no aceptaría entregar espacios por complacer a los mafiosos. Buena declaración. Lo malo es que la respuesta no fue sólo otra declaración. Dos hieleras que contenían un par de cabezas humanas fueron encontradas el pasado martes 11 de junio en el tramo carretero de la Zona Industrial y Concheros, en los límites de los municipios de Ahome y Guasave. De acuerdo con la nota de Río Doce, la doble decapitación fue una advertencia para que el jefe de policía ahomense deje de operar, para su beneficio personal, un clan de narcomenudistas y que deje (¿cese?) de proteger al Cartel de Sinaloa. Todo ello de acuerdo con un mensaje dejado en el lugar del hallazgo, que firma “El Dos Letras”, autoproclamado jefe de “La Mochomera”. A lo mejor lo que hay que hacer ahora en lugar de no ceder, es entregar. Pero entregar al estilo de la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, entregar la ciudad y el municipio a Dios. Recuerda paisano que el pasado sábado 8 de junio la señora Arellanes entregó la capital neoleonesa a Jesucristo. Para ser justos ella no fue la primera. Antes, los presidentes municipales de Guadalupe, Nuevo León, y Ensenada, Baja California, así como el gobernador de Chihuahua, habían encabezado actos y entregas similares. ¿Qué sentido tiene invocar al dios de tu preferencia para entregarle el territorio de tu responsabilidad? Si, como afirma la alcaldesa, el acto fue a título personal, ¿por qué le entrega algo que deriva de su responsabilidad pública? Y como su cargo es público, debió haber sido prudente y respetar el muy sano principio de separación de la religión personal y sus funciones gubernamentales. A menos, claro, que en un acto de desespero, haya pretendido invocar la ayuda sobrenatural. Quitarse de encima la monserga esa de la seguridad pública y entregarla a Jesucristo, a quien, por cierto, en su último encuentro con la “justicia” no le fue del todo bien. ¡Y bueno! Si Jesús es el mero mero, a ver quién se mete con él. Mira paisano, ojalá y esta dichosa entrega no se le ocurra a alguno de los asesores de Malova, para que no le aconseje dar el mando único a otro Jesús.

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Thursday, June 06, 2013

 

¿Hacia dónde va internet? ¿Y hacia dónde vamos nosotros?

La Asociación Mexicana de Internet, en su estudio titulado “Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2013”, calculó que el año pasado los mexicanos que utilizan internet alcanzaron los 45.1 millones de usuarios, lo cual significa un incremento desde el 2006 de más del cien por ciento. El internauta mexicano es, en el 51% de los casos de género masculino y en 49% femenino. Los rangos de edad más frecuentes entre los usuarios son: 12 a 17 años (22%), 18 a 24 años (21%) y 25 a 34 años (19%). El tiempo promedio de conexión a internet de cada cibernauta es de cinco horas, lapso que dedica con mayor frecuencia a enviar o recibir correo electrónico, buscar información y utilizar las redes sociales. De hecho, nueve de cada diez internautas mexicanos acceden a alguna de las redes sociales. Esta información parece corroborarse con los datos del documento elaborado por Mary Meeker y Liang Wu para la empresa KPCB (Kleiner, Perkins, Caufield y Byers) sobre las tendencias de internet, que fue presentado el pasado 29 de mayo. De acuerdo con este análisis, México fue el noveno país con mayor crecimiento en el número de usuarios de internet durante 2012, en un listado que encabezan China e India. A nivel global, el contenido digital creado y compartido en la red ha crecido nueve veces entre 2007 y 2011 hasta alcanzar la cifra de dos zettabytes, o sea, dos trillones de gigabytes. Esto significa que los contenidos en el ciberespacio son encontrados, compartidos y etiquetados con mayor rapidez y en mayor frecuencia. Cada día se suben y comparten 500 mil fotografías y, en You Tube, se suben cien horas de video por minuto. El 68% de los usuarios de Facebook se conectan desde dispositivos móviles, tienen en promedio doscientos o más amigos y casi dos terceras partes de ellos se conecta todos los días. El 15% del tráfico total de internet se hace desde dispositivos móviles. México es el país número 12 en cuanto al crecimiento de suscriptores de smartphones, dentro del campo de la telefonía celular. Pero si esto es importante, más impresionante es el crecimiento de las Tablets que es mayor incluso que el de los smartphones. El iPad se vende tres veces más que el iPhone y en total se estima que un total de 200 millones de tablets se venderán durante 2013. Parece claro que el futuro de internet son los dispositivos móviles y que el uso de la red mundial seguirá creciendo en los años siguientes. Frente a esta realidad es de suponerse que las oportunidades de trabajo en este campo serán más amplias que en otros de la economía tradicional, y por lo tanto, que las carreras relacionadas con estas áreas del conocimiento serán muy demandadas. Excepto que parece no existir vinculación entre la educación superior en nuestro país y la demanda de profesionistas por el mercado de trabajo. En nota publicada por Claudia Herrera Beltrán en La Jornada el pasado 3 de junio, se da cuenta de una serie de puestos en las empresas para los cuales no existen los estudios de licenciatura que permitan acceder a ellos. Community managers, gerentes de marketing digital, optimizadores de sitios de búsqueda, expertos en analítica web o desarrolladores de sitios, son parte de las llamadas profesiones 2.0 que son tan novedosas que el sistema educativo mexicano no tiene licenciaturas o maestrías para prepararse en ellas. De acuerdo con el análisis "Habilidades en redes y conectividad en América Latina", de la consultora independiente IDC y comisionado por la compañía Cisco, en 2011 la región registraba un déficit de 139.800 profesionales calificados en planeación, diseño, gerencia y soporte de redes, y tecnologías de la información y las comunicaciones. La demanda en América Latina de trabajadores capacitados en tecnologías de información y comunicación excederá la oferta en 35% en el 2015, por lo que se calcula que en México la escasez de profesionales será de 115 mil para ese año. Mientras tanto, en Nuevo León, el Congreso local busca modificar el artículo 345 bis del código penal de dicho estado, para equipar a la difamación la utilización de medios electrónicos para transmitir o difundir imágenes o texto que busquen causar deshonra o descrédito a alguna persona. De frente a la nueva realidad que significa el mundo virtual de internet, la mejor forma de intervenir que hemos encontrado, sigue siendo la demagogia penal. Seguimos apostando a la represión en lugar de la educación.

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Buscar a los desaparecidos

“¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales. Porque no todos somos iguales.” Rubén Blades No imagino mayor dolor que el de la incertidumbre. No saber del paradero de una persona querida es causa de angustia constante y desesperación. En particular de aquellos casos en los cuales la ausencia de la persona es inexplicable, o bien, consecuencia de un hecho violento. En nuestro país los casos de personas desaparecidas han aumentado de manera significativa de la mano del crecimiento de la delincuencia organizada. En los últimos años ha sido cada vez más frecuente escuchar de “levantones” y desapariciones forzadas. Los primeros son acciones del crimen organizado en las cuales se priva de la libertad en forma violenta a una persona o grupos de personas, estén éstas relacionadas o no con las actividades delictivas del grupo o sus antagonistas. Con frecuencia, a estas acciones sigue el asesinato de la persona “levantada”. No obstante, en el evolucionar de las estrategias de los mafiosos, hace tiempo cambiaron el modus operandi y muchos prefieren no dejar huellas de su acción, ocultando o destruyendo el cadáver de su víctima. Pero algunas de las redes criminales también operan mediante el reclutamiento forzado de elementos para sus filas, en especial entre los grupos de migrantes que desean ingresar a los EE.UU. De esta manera se genera una primera categoría de personas desaparecidas, víctimas de la delincuencia. Por otro lado, para la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entiende por ésta, “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado” o bien por personas que cuentan con la autorización de dicho Estado. Generalmente va seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, impidiendo con ello la protección legal a la que tiene derecho. Así encontramos una segunda categoría de personas desaparecidas, víctimas del Estado. Pero también existen personas que sin estar desaparecidas en el sentido en que hemos venido tratando, sí están extraviadas o ausentes. Se extravía quien desconoce el lugar en el cual se encuentra, como sucede con quien viaja a otra ciudad en la cual nunca antes ha estado, o quien padece de sus facultades mentales. A ello se suma la falta de comunicación con sus familiares o amigos, lo que da lugar a la inquietud ocasionada por desconocer el paradero del ser querido. Una persona se ausenta cuando voluntariamente sale del hogar por razones personales. Puede ser que viaje a otro país en busca de oportunidades, o bien que se vaya tras una fuerte discusión. Incluso hay quien sale con permiso de sus padres pero después de quebrantar la hora de llegada, muchas veces por razones de alcohol o sexo, prefiere quedarse a pernoctar en otro lado. Son estos casos, junto con los anteriores, los que generalmente dan lugar a los reportes en Locatel y constituyen la tercera categoría de personas desparecidas, aquellos cuya ausencia no es causada por un delito, pero que a consecuencia de dicha ausencia se ponen en riesgo de ser víctimas. Sea cual fuera la categoría a que pertenezca, la desaparición provoca un enorme sufrimiento en los familiares y amigos de la persona ausente. Dolor que muchas veces se convierte en desánimo y reclamo cuando es atendido por policías o agentes del Ministerio Público que, por desconocimiento o insidia, desalientan a quienes buscan a sus seres queridos. Desgraciadamente es común escuchar historias en las cuales un familiar ha recorrido diversas instancias sólo para darse cuenta que nadie atiende con seriedad la denuncia. Por eso no es casual que en muchos de estos casos sean los propios agraviados quienes han llevado a cabo sus indagaciones y cuentan con mucha mayor información que las autoridades. Por eso los desaparecidos se nos han ido acumulando en estos últimos años. De ahí los justos reclamos de madres y padres. Y también por estas mismas razones la importancia de contar con un órgano investigador de estos asuntos, como se anunció en días pasados con la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la PGR. A pesar de las críticas por el escaso personal asignado en primera instancia y por la falta de equipamiento e infraestructura, la idea es buena y debemos apoyarla. Esperemos que se sume a otros esfuerzos en la materia, como la Alerta Amber y que sume a las procuradurías de justicia locales. Sin embargo, para enfrentar el problema también deben generarse estrategias adicionales en el combate al crimen organizado y a los abusos de muchas autoridades. De lo contrario sólo se constituirá un órgano burocrático más.

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Y… ¿Cuál es el plan?

Al inicio de la película Cazafantasmas, los protagonistas enfrentan la aparición de un espectro en una biblioteca pública de Nueva York. Sorprendidos, no saben qué hacer. Bill Murray, que hace al personaje de Peter Venkman, llama a los otros para reclamarles que no tienen idea sobre cómo reaccionar. Entonces se escucha la voz de Dan Aykroyd, en el papel de Ray Stantz, diciendo que sabe qué hacer. Al acercarse al fantasma les grita ¡agárrenla! Y el espectro se transforma en un ser terrible que los asusta de tal manera que salen huyendo hacia fuera de la biblioteca. Tras esa escena, Venkman se sigue burlando de Stantz diciendo “¡agárrenla! Ese era todo tu plan”. El pasado lunes 20 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La sección denominada “México en Paz” contiene el apartado relativo a seguridad pública, en el cual, a manera de diagnóstico, se establece que en los años anteriores la “lógica de las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas se modificó y provocó su fortalecimiento. Así, aumentaron los volúmenes de sus ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades y asegurar el tránsito por ciertas zonas del país. Esta nueva dinámica criminal encontró corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas, lo que propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones criminales en algunas regiones del país.” A continuación, para combatir este fenómeno, se propone una nueva estrategia para recuperar la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad pública. Para ello se propone como una de las líneas de acción, el coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a partir de las causas y en función de las variables que propician las conductas antisociales. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo se refiere al estado del sistema de justicia, al cual considera “caracterizado por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público”, lo cual se tradujo en violaciones a los derechos humanos, ineficacia e inoperancia del principio de presunción de inocencia. Estableciendo como objetivo el garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, el Plan se propone abatir la impunidad mediante la implementación de un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad pública y procuración de justicia para generar mayor capacidad de probar los delitos. Además, en el tema de combate a la corrupción plantea la creación de un organismo autónomo especializado de investigar las quejas administrativas contra los servidores públicos por actos de corrupción. Para evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en lo que a estos tópicos se refiere, se proponen dos indicadores: el Índice del Estado de Derecho y la Tasa de Victimización. La descripción del primero sostiene que refleja la percepción de confianza y respeto de las reglas de la sociedad, así como la calidad del cumplimiento de contratos, derechos de propiedad, reglas de policía y tribunales, y también la posibilidad de existencia de crimen y violencia. Los datos se obtienen de una serie de institutos de estudio, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y empresas del sector privado. La estimación de la gobernanza oscila entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte). El indicador es anual y la fuente es el Banco Mundial. La Tasa de Victimización se obtendrá de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que levanta el INEGI. Los planes son siempre ejercicios positivos que intentan articular las acciones institucionales mediante un marco de referencia dogmático y congruente. En particular, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es claro respecto de su análisis de las áreas de justicia y seguridad pública. Además fija con certeza las grandes líneas con las cuales pretende orientar la actividad gubernamental. También es positivo que proponga indicadores que faciliten la medición del cumplimiento de los objetivos que establece. No obstante, el Plan por sí mismo, no puede garantizar su aplicación irrestricta. Y no puede hacerlo porque su naturaleza se lo impide. Es un instrumento para ser ejecutado y en dicha ejecución interviene el factor humano. Los organismos de la sociedad civil deben estar al pendiente de que se cumplan las metas fijadas, o bien, se redefinan los objetivos y las líneas de acción. De lo contrario regresaremos al plan original para combatir a los delincuentes: ¡agárrenlos!

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