Historia del crimen

“¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales. Porque no todos somos iguales.” Rubén Blades No imagino mayor dolor que el de la incertidumbre. No saber del paradero de una persona querida es causa de angustia constante y desesperación. En particular de aquellos casos en los cuales la ausencia de la persona es inexplicable, o bien, consecuencia de un hecho violento. En nuestro país los casos de personas desaparecidas han aumentado de manera significativa de la mano del crecimiento de la delincuencia organizada. En los últimos años ha sido cada vez más frecuente escuchar de “levantones” y desapariciones forzadas. Los primeros son acciones del crimen organizado en las cuales se priva de la libertad en forma violenta a una persona o grupos de personas, estén éstas relacionadas o no con las actividades delictivas del grupo o sus antagonistas. Con frecuencia, a estas acciones sigue el asesinato de la persona “levantada”. No obstante, en el evolucionar de las estrategias de los mafiosos, hace tiempo cambiaron el modus operandi y muchos prefieren no dejar huellas de su acción, ocultando o destruyendo el cadáver de su víctima. Pero algunas de las redes criminales también operan mediante el reclutamiento forzado de elementos para sus filas, en especial entre los grupos de migrantes que desean ingresar a los EE.UU. De esta manera se genera una primera categoría de personas desaparecidas, víctimas de la delincuencia. Por otro lado, para la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entiende por ésta, “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado” o bien por personas que cuentan con la autorización de dicho Estado. Generalmente va seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, impidiendo con ello la protección legal a la que tiene derecho. Así encontramos una segunda categoría de personas desaparecidas, víctimas del Estado. Pero también existen personas que sin estar desaparecidas en el sentido en que hemos venido tratando, sí están extraviadas o ausentes. Se extravía quien desconoce el lugar en el cual se encuentra, como sucede con quien viaja a otra ciudad en la cual nunca antes ha estado, o quien padece de sus facultades mentales. A ello se suma la falta de comunicación con sus familiares o amigos, lo que da lugar a la inquietud ocasionada por desconocer el paradero del ser querido. Una persona se ausenta cuando voluntariamente sale del hogar por razones personales. Puede ser que viaje a otro país en busca de oportunidades, o bien que se vaya tras una fuerte discusión. Incluso hay quien sale con permiso de sus padres pero después de quebrantar la hora de llegada, muchas veces por razones de alcohol o sexo, prefiere quedarse a pernoctar en otro lado. Son estos casos, junto con los anteriores, los que generalmente dan lugar a los reportes en Locatel y constituyen la tercera categoría de personas desparecidas, aquellos cuya ausencia no es causada por un delito, pero que a consecuencia de dicha ausencia se ponen en riesgo de ser víctimas. Sea cual fuera la categoría a que pertenezca, la desaparición provoca un enorme sufrimiento en los familiares y amigos de la persona ausente. Dolor que muchas veces se convierte en desánimo y reclamo cuando es atendido por policías o agentes del Ministerio Público que, por desconocimiento o insidia, desalientan a quienes buscan a sus seres queridos. Desgraciadamente es común escuchar historias en las cuales un familiar ha recorrido diversas instancias sólo para darse cuenta que nadie atiende con seriedad la denuncia. Por eso no es casual que en muchos de estos casos sean los propios agraviados quienes han llevado a cabo sus indagaciones y cuentan con mucha mayor información que las autoridades. Por eso los desaparecidos se nos han ido acumulando en estos últimos años. De ahí los justos reclamos de madres y padres. Y también por estas mismas razones la importancia de contar con un órgano investigador de estos asuntos, como se anunció en días pasados con la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la PGR. A pesar de las críticas por el escaso personal asignado en primera instancia y por la falta de equipamiento e infraestructura, la idea es buena y debemos apoyarla. Esperemos que se sume a otros esfuerzos en la materia, como la Alerta Amber y que sume a las procuradurías de justicia locales. Sin embargo, para enfrentar el problema también deben generarse estrategias adicionales en el combate al crimen organizado y a los abusos de muchas autoridades. De lo contrario sólo se constituirá un órgano burocrático más.

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La aprehensión y procesamiento judicial de Elba Esther Gordillo ha puesto en el centro de la opinión pública, entre otros, los temas de corrupción sindical, su sorprendente riqueza y, por supuesto, la acusación de la Procuraduría General de la República, que gira en torno al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde que fuera ejecutada la orden de aprehensión y hasta después de que fuera dictado el auto de formal prisión, han abundado las voces que sin tener acceso al expediente judicial, expresan que la consignación que hiciera la PGR adolece de fallas. Para ello invocan la interpretación gramatical del nombre del delito. Entienden que para que existan las operaciones con recursos de procedencia ilícita, debe acreditarse dicha ilicitud y si no fuera el caso, la PGR tendría en sus manos un nuevo revés jurídico. Pero antes de brincar a las conclusiones, como dijo Jack “El Destripador”, vámonos por partes. No es lo mismo desmenuzar el nomen iuris de un delito que efectuar el análisis del tipo penal. Si el sitio web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM está en lo correcto, al menos en su actualización al 20 de febrero de este año, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está contenido en su parte fundamental por el artículo 400 bis del Código Penal Federal. De acuerdo con dicho precepto la punibilidad de tal ilícito oscila entre los cinco y los quince años de prisión, además de un rango entre mil a cinco mil días multa. Y se impone a quien por sí mismo, o a través de otra persona, realice cualquiera de las conductas siguientes: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar o transferir dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa. Estos diez verbos tienen como objeto de su acción, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Pero además, el tipo exige requisitos subjetivos: el conocimiento de que dichos bienes, derechos o recursos proceden o representan el producto de una actividad ilícita; y que cualquiera de las diez acciones se lleve a cabo con el propósito de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o bien, de alentar alguna actividad ilícita. Si hasta aquí mi querido paisano, no te has perdido en esta telaraña, podemos concluir que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es sumamente complejo. Sólo por hacer el cálculo de posibles conductas contenidas por el artículo 400 bis del Código Penal Federal, si multiplicamos las formas de intervención del sujeto activo por las acciones por los objetos materiales por los elementos subjetivos, tenemos como resultado 720 hipótesis lógicas en las cuales puede cometerse este delito. Lo anterior significa que tanto la acusación como la defensa, deben ser extremadamente precisos en sus argumentos y no perderse en el laberinto de posibilidades para terminar confundidos en la diversidad de elementos del tipo. Lo que nos queda claro es que, en el centro de dicho laberinto se encuentra la siguiente pregunta: ¿cuándo son producto de una actividad ilícita los bienes, recursos o derechos a que se refiere este delito? La respuesta la da el propio artículo 400 bis del Código Penal Federal, ya que establece que se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. En otras palabras, un recurso es producto de una actividad ilícita cuando está vinculado con un delito, sea por que proviene de él o porque representa las ganancias derivadas del mismo. En el universo de operaciones económicas o bancarias entre las que pueden existir las relacionadas con recursos de procedencia ilícita, están de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los actos y servicios que realizan las entidades financieras, es decir las instituciones de crédito, seguros, fianzas, valores y sociedades de inversión. ¿Hasta dónde debe probar la PGR su acusación para tener por acreditado el delito? De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación “…basta que no se demuestre la legal procedencia de los recursos y que existan indicios fundados de la dudosa procedencia de los mismos para colegir la ilicitud de su origen” (tesis con número de registro 191267). En suma, parece ser que el tema se reduce a la capacidad de la fiscalía para probar la vinculación del recurso motivo de las operaciones, con algún delito. O bien, la habilidad de la defensa para demostrar su origen legal. Ya lo veremos paisano, ya lo veremos.

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El pasado 17 de diciembre, durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto presentó seis líneas de acción para combatir la inseguridad: a) planeación, b) prevención, c) promoción y defensa de los derechos humanos, d) coordinación, e) transformación institucional y f) evaluación y retroalimentación. Entre los objetivos prioritarios se plantea reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, se propone reducir los índices relacionados con los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Además, se pretende establecer responsabilidad específica para los gobiernos federal y estatal, así como fechas para su cumplimiento. Se instruyó la creación de una Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y la puesta en marcha de un Programa Nacional de Derechos Humanos. Pero el detalle que más llamó la atención fue el anuncio del establecimiento de un sistema de coordinación y cooperación a cargo de la Secretaría de Gobernación, dentro del cual las entidades del país serían agrupadas en cinco regiones operativas. El presidente ordenó a los responsables de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública que atiendan los problemas específicos de cada una de estas regiones. Dividir al país en regiones para mejorar la eficiencia de las dependencias encargadas de la prevención y combate al delito, es una idea que se ha intentado ya en años anteriores, bajo concepciones distintas. Hay que recordar que todavía en el sexenio de Ernesto Zedillo, la PGR se dividía en tres subprocuradurías de control de procedimientos penales denominadas A, B y C. La diferencia entre ellas estribaba en las entidades que tenían asignadas para ejercer dicho control sobre las delegaciones de la institución en tales estados. Con el tiempo llegaron a ser conocidas como las subprocuradurías de letras. Por ejemplo, la Subprocuraduría A debía controlar las delegaciones de la PGR en entidades como Sonora, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Distrito Federal, Veracruz o Guerrero. La lógica de esta división se decía, radicaba en las rutas de operación de los grupos delincuenciales, aunque el acuerdo del procurador que la establecía no abundara más en este aspecto. Esta división territorial no coincidía con otras que también se manejaban dentro del Gobierno de la República, en particular, con las demarcaciones territoriales del Poder Judicial de la Federación en distritos y circuitos judiciales. De hecho, tampoco coincidía con la división zonal de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En los primeros años del sexenio de Vicente Fox se aprobó una nueva Ley Orgánica de la PGR que terminó con las subprocuradurías de letras y le dio una estructura muy similar a la que hoy tiene y que, según se anuncia, será modificada. Estratificar al país en zonas para regionalizar el combate al crimen organizado es una buena idea, siempre y cuando los procesos de análisis, planeación y ejecución tomen en cuenta las visiones locales. El sexenio anterior se caracterizó por despreciar la experiencia de los estados a favor de las decisiones desde los escritorios de las dependencias federales. Es evidente que no todo puede ser replicado a nivel nacional, pues no son pocas las entidades que se manejan como clubes de amigos o parientes en detrimento del resto de la población. Pero también sería injusto asumir que en ningún municipio o estado se ha puesto en marcha programa alguno que valga la pena. Como tampoco puede suponerse que solo por arribar a un cargo federal, de manera automática se tiene la razón en toda materia respecto a la cual se opina. Regionalizar el combate al crimen organizado mediante un esquema de colaboración verdadera y no de subordinación implícita, podrá resultar una buena idea si previamente se decide aportar un elemento fundamental: voluntad política. Sin ella los convenios, los actos públicos y las declaraciones a los medios no dejan de ser, en el mejor de los casos, simple cortesía. Por supuesto, para que esto se logre, debe restablecerse la confianza entre las autoridades federales y las locales. El primer presupuesto de la colaboración es la confianza, sin ella no tiene caso plantearse ninguna estrategia de cooperación entre dos o más partes. Arrojarse culpas entre los encargados de un tema destruye el espíritu de coordinación y ubica a cada quien en el rincón de sus atribuciones estrictamente legales. Por el bien del país, esperamos que esta nueva actitud se imponga para beneficio de todos.

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El Presidente Calderón parece empeñado en dedicar recursos públicos en una campaña mediática destinada a dar a conocer su propia interpretación sobre su desempeño, y el de su gobierno, en materia de seguridad pública. En el último tramo de su sexenio y de cara a su último informe de gobierno, insiste en presentar su historia. La trama es como sigue. En un país en el que nadie había enfrentado a la delincuencia, en el que los gobiernos anteriores habían pactado con los grupos criminales, o bien, cuando mucho, habían renunciado a confrontarlos; en ese mismo país la criminalidad crecía rampante, la corrupción era la norma, las instituciones inoperantes. Y de pronto aparece Felipe Calderón y decide iniciar una guerra contra el crimen organizado. Si le parece que la trama es de una película de vaqueros, tiene usted razón. Sólo que, de alguna manera, suena más interesante si el protagonista es Clint Eastwood o Matt Damon. La producción del anuncio propagandístico presenta las imágenes del Presidente recibiendo la banda presidencial mientras él mismo narra que hace más de cinco años decidió combatir de frente a los criminales. Pasa a una imagen del Presidente mirando hacia fuera por la ventana de un edificio y después a él mismo dirigiéndose a la cámara mientras explica que la decisión era impostergable ya que se había dejado crecer a la delincuencia y ésta lastimaba a muchos mexicanos que, incluso pedían ayuda. Cambia a una toma del Presidente vestido como paisano en un parque donde pronto aparecen unos niños y Felipe Calderón nos recuerda que su preocupación son las familias. Corte a imágenes de las fuerzas armadas con intermedio de más tomas del Presidente reflexionando, al tiempo que el narrador advierte que se tomaron decisiones difíciles destinadas a prolongarse más allá de su gobierno y que aunque luchar implicaba riesgos era urgente enfrentar el problema. Todo esto en los primeros 46 segundos del mensaje que puede ser visto completo en la siguiente dirección: http://www.presidencia.gob.mx/2012/08/mensaje-del-presidente-calderon-en-materia-de-seguridad. La segunda parte del mensaje de 2:01 minutos destaca que la lucha contra los criminales se hace con “lo mejor que tenemos”, las fuerzas federales. Aquí encontramos el argumento central en la narrativa que construye Felipe Calderón: el gobierno federal es superior a los gobiernos estatales en el combate a la delincuencia. Y en otros espacios y a través de otras instancias se han hecho proposiciones para complementar y sustentar ese argumento central: 1) la mayoría de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es decir, competencia de los estados; y 2) son las policías de los estados y municipios las que no han sido evaluadas al 100% mediante los exámenes de control y confianza. La idea es atractiva. Produce a los culpables de nuestros males. Ya sabemos a quién repudiar. Sí, la idea es atractiva ¿pero es cierta? Es evidente que el gobierno federal es superior a los gobiernos estatales en dos aspectos, tiene mayor presupuesto y tiene un espacio de responsabilidad más amplio. Es decir, pese a su propio argumento de que los problemas están en las entidades federativas, se reserva para sí los mayores recursos en materia de seguridad pública. Esto le permite adquirir mayor equipo y construir mejor infraestructura, solventar procesos de capacitación y mejorar las condiciones de trabajo de su personal. Con todos estos recursos a su disposición, cuando las fuerzas federales han intervenido en una ciudad ¿han resuelto el problema? ¿Lo hicieron en Ciudad Juárez? Si la superioridad reside en las evaluaciones de control de confianza, significaría que un elemento examinado y aprobado es, en consecuencia, confiable. Por eso las fuerzas federales serían más confiables que las policías locales, ya que su porcentaje de elementos evaluados es mayor. Evaluados como los policías federales que se tirotearon unos a otros en la terminal dos del aeropuerto internacional de la ciudad de México, evaluados como los policías federales que dispararon contra los agentes norteamericanos en las inmediaciones de Tres Marías, Morelos. Además, las instituciones federales, con mayores recursos, más equipo y mejores instalaciones, habiendo establecido que el problema delincuencial se encuentra en los estados, decidieron trasladarles parte de su responsabilidad. El gobierno del Presidente Calderón se ha distinguido por seguir una política de reducir su área de responsabilidad y convertirse en el gran revisor de lo que hacen los demás. La PGR se ha entusiasmado por compartir a las procuradurías locales lo que antes era su trabajo. Promueven que los ministerios públicos locales investiguen narcomenudeo, delitos financieros, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, bajo esquemas de homologación que les permiten decirles a los ministerios públicos locales hasta el número de policías que deben tener sus células especializadas de investigación. Por otro lado, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal se transformó, sin que los gobernadores se dieran cuenta, en el profesor de todos ellos, pidiendo informes, haciendo públicos sus datos y otorgando calificaciones en función de quiénes cumplen con lo que ellos fijaron como metas desde sus oficinas en el centro de la república. Vistas así las cosas, parece que el argumento central del mensaje de Calderón no es tan fácil de aceptar. Nadie puede reclamarle al Presidente la decisión de combatir a los delincuentes, la interpelación radica en que lo hizo sin un diagnóstico claro, sin una estrategia definida y con un despliegue de fuerzas reactivo, que muchas veces se aisló de las corporaciones locales. Tal vez Felipe Calderón visualizó una película de vaqueros, pero los actores la cambiaron por una de terror.

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La presencia de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas se da a través de sus delegaciones, que funcionan como órganos desconcentrados de dicha institución y atienden los asuntos a cargo del Ministerio Público de la Federación, es decir, la investigación y persecución de los delitos federales. Esto se traduce, de acuerdo con el Quinto Informe de Labores de la PGR, en la realización de cateos, operativos, detenciones y aseguramientos, fundamentalmente en cuatro áreas: combate al narcomenudeo, persecución de la piratería, atención de delitos ambientales e investigación de los delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Según el propio Informe, durante el primer semestre de 2011 en las delegaciones, en acciones de combate al narcomenudeo, se efectuaron 2658 operativos y cateos que resultaron en 1315 personas detenidas. Esto significa que las delegaciones de la PGR hicieron el 18% del total de operativos y cateos, así como la detención del 8.5% del total de personas, registrado en lo que ellos denominan “Resultado Global” en ese mismo periodo. En el año 2009, el Congreso de la Unión aprobó distintas reformas legales para darle intervención a las procuradurías de los estados en la investigación de ciertos casos de narcomenudeo. La iniciativa de dicha ley, presentada por el presidente Calderón, partía de considerar que las autoridades locales tenían un mayor número de policías, ministerios públicos, jueces y espacios penitenciarios, que las autoridades federales. De acuerdo con el penalista Humberto Castillejos, el Gobierno Federal pensó que el problema se resolvía trasladando una buena parte de la carga operativa y política que implican los delitos contra la salud, a los estados, perdiendo de vista otras variables como el análisis del funcionamiento de la estrategia y estructuras encargadas del combate al narcomenudeo. Algunas entidades asumieron la nueva competencia, otras más se abstuvieron para presionar al Gobierno Federal y que proporcionara ayuda económica que mitigara el costo que la responsabilidad adicional significaba para las instituciones de seguridad locales. La PGR, a través de la XXII asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), decidió en 2009 desechar las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y sustituirlas, en cada estado, por Centros de Operación Estratégica. Por su parte, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) promovió entre los Programas con Prioridad Nacional en 2012, el denominado “Implementación de los Centros de Operación Estratégica” y le asignó recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. A partir de ello, el Gobierno Federal insertó el tema en cada uno de los convenios de coordinación (y los respectivos anexos) que suscribió con los estados. Instalado como el gran rector de la seguridad pública y la procuración de justicia, el gobierno de Calderón, mediante la presentación de iniciativas de leyes generales y la operación de sus dependencias a través del SNSP y la CNPJ, continuó con la política de transferir porciones de responsabilidades de la Federación a las entidades federativas en materia de: • Secuestros. Para lo cual ha venido promoviendo la creación, asignando recursos y homologando la estructura y equipamiento de las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro. • Trata de Personas. A través de la CNPJ propone y quiere hacer avanzar el establecimiento de Células Mixtas en la materia, a pesar de que, en narcomenudeo, ya descartó la estrategia de estas unidades. • Lavado de dinero. Apoyando la instalación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, en las secretarías de finanzas o equivalentes y no en las procuradurías. • Piratería. Invitando a la suscripción de convenios para establecer una mayor operatividad, a nivel nacional, que permita el aseguramiento masivo de productos pirata. Bajo esta lógica, las delegaciones estatales de la PGR pronto se convertirán en oficinas con un ámbito de trabajo cada vez más reducido. Tal vez no sea descabellado proponerle al gobierno de Calderón que así como traspasa las responsabilidades, traspase al personal e infraestructura de las delegaciones de la PGR y con ellas se cree, en cada procuraduría local, su propia Subprocuraduría de Delitos Federales.

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