Historia del crimen

El pasado 17 de diciembre, durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto presentó seis líneas de acción para combatir la inseguridad: a) planeación, b) prevención, c) promoción y defensa de los derechos humanos, d) coordinación, e) transformación institucional y f) evaluación y retroalimentación. Entre los objetivos prioritarios se plantea reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, se propone reducir los índices relacionados con los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Además, se pretende establecer responsabilidad específica para los gobiernos federal y estatal, así como fechas para su cumplimiento. Se instruyó la creación de una Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y la puesta en marcha de un Programa Nacional de Derechos Humanos. Pero el detalle que más llamó la atención fue el anuncio del establecimiento de un sistema de coordinación y cooperación a cargo de la Secretaría de Gobernación, dentro del cual las entidades del país serían agrupadas en cinco regiones operativas. El presidente ordenó a los responsables de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública que atiendan los problemas específicos de cada una de estas regiones. Dividir al país en regiones para mejorar la eficiencia de las dependencias encargadas de la prevención y combate al delito, es una idea que se ha intentado ya en años anteriores, bajo concepciones distintas. Hay que recordar que todavía en el sexenio de Ernesto Zedillo, la PGR se dividía en tres subprocuradurías de control de procedimientos penales denominadas A, B y C. La diferencia entre ellas estribaba en las entidades que tenían asignadas para ejercer dicho control sobre las delegaciones de la institución en tales estados. Con el tiempo llegaron a ser conocidas como las subprocuradurías de letras. Por ejemplo, la Subprocuraduría A debía controlar las delegaciones de la PGR en entidades como Sonora, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Distrito Federal, Veracruz o Guerrero. La lógica de esta división se decía, radicaba en las rutas de operación de los grupos delincuenciales, aunque el acuerdo del procurador que la establecía no abundara más en este aspecto. Esta división territorial no coincidía con otras que también se manejaban dentro del Gobierno de la República, en particular, con las demarcaciones territoriales del Poder Judicial de la Federación en distritos y circuitos judiciales. De hecho, tampoco coincidía con la división zonal de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En los primeros años del sexenio de Vicente Fox se aprobó una nueva Ley Orgánica de la PGR que terminó con las subprocuradurías de letras y le dio una estructura muy similar a la que hoy tiene y que, según se anuncia, será modificada. Estratificar al país en zonas para regionalizar el combate al crimen organizado es una buena idea, siempre y cuando los procesos de análisis, planeación y ejecución tomen en cuenta las visiones locales. El sexenio anterior se caracterizó por despreciar la experiencia de los estados a favor de las decisiones desde los escritorios de las dependencias federales. Es evidente que no todo puede ser replicado a nivel nacional, pues no son pocas las entidades que se manejan como clubes de amigos o parientes en detrimento del resto de la población. Pero también sería injusto asumir que en ningún municipio o estado se ha puesto en marcha programa alguno que valga la pena. Como tampoco puede suponerse que solo por arribar a un cargo federal, de manera automática se tiene la razón en toda materia respecto a la cual se opina. Regionalizar el combate al crimen organizado mediante un esquema de colaboración verdadera y no de subordinación implícita, podrá resultar una buena idea si previamente se decide aportar un elemento fundamental: voluntad política. Sin ella los convenios, los actos públicos y las declaraciones a los medios no dejan de ser, en el mejor de los casos, simple cortesía. Por supuesto, para que esto se logre, debe restablecerse la confianza entre las autoridades federales y las locales. El primer presupuesto de la colaboración es la confianza, sin ella no tiene caso plantearse ninguna estrategia de cooperación entre dos o más partes. Arrojarse culpas entre los encargados de un tema destruye el espíritu de coordinación y ubica a cada quien en el rincón de sus atribuciones estrictamente legales. Por el bien del país, esperamos que esta nueva actitud se imponga para beneficio de todos.

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El 7 de febrero de 2008, el Director Asistente para Operaciones de Campo de la ATF (Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno de EE.UU.), William Hoover, compareció ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso Norteamericano para hablar sobre el tráfico de armas a lo largo de la frontera suroeste. Durante su comparecencia, Hoover explicó que la agencia contaba con suficiente evidencia para afirmar que el 90% de las armas recuperadas en México o confiscadas en tránsito hacia nuestro país, se originaban en Estados Unidos (http://www.atf.gov/press/releases/2008/02/020708-testimony-atf-ad-hoover-sw-border.html). Además anunció que la ATF se encontraba trabajando con oficiales mexicanos para que emplearan su sistema eTrace y que era objetivo de esa agencia desplegar el software de eTrace a los 31 estados de la República Mexicana. De acuerdo con la pagina web de la ATF, “eTrace (Sistema de Rastreo electrónico) es un sistema con base en la Internet que les permite a las agencias del orden público participantes enviarle solicitudes de búsqueda de rastreo de armas de fuego al Centro Nacional de Rastreo (NTC por sus siglas en inglés) de ATF”. Su utilidad radica en la posibilidad de verificar las armas recuperadas en la escena del delito y usar sus datos de identificación (fabricante, número de serie, país de origen, calibre, modelo) para rastrear al vendedor y comprador originales de dicha armas, determinar el lapso transcurrido entre la venta del arma y su recuperación por las autoridades, o bien, establecer patrones de venta y localización de armas recuperadas. Esto es importante para indagar sobre el tráfico de armas de grupos criminales, ya que, como afirman Lumpe, Meek y Naylor, los delincuentes no suelen fabricar sus propias armas (Tráfico de Armas. El mercado negro mundial de armas ligeras. Editorial Intermón Oxfam, Barcelona, 2004). Según información de la Embajada de Estados Unidos, los rastreos de armas decomisadas en México mediante eTrace se incrementaron de 3216 en 2007 a 39369 en 2010. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) en su XXVI Asamblea General llevada a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2011 en la ciudad de Acapulco, acordó iniciar el proceso de incorporación del sistema eTrace en cada instancia de procuración de justicia, para apoyar las investigaciones ministeriales encaminadas al rastreo de armas de fuego. Lo cual significa el cumplimiento de lo que tres años antes anunciara el señor William Hoover. Claro que el eTrace funciona cuando en la escena del delito las autoridades investigadoras recuperan las armas empleadas en la comisión del ilícito. Pero como cualquier ávido lector de nota roja sabe, esto no siempre ocurre así. Es muy común que lo único que se recupera son los indicios balísticos, es decir, proyectiles, casquillos y ojivas. En 1999, durante el periodo de Gilberto Higuera Bernal como Procurador General de Justicia del estado de Sinaloa, se creó el depósito de indicios balísticos, para facilitar la comparación de ojivas y casquillos de distintas escenas del delito. Este procedimiento criminalístico de comparación se lleva a cabo a través de un microscopio especial que permite amplificar las imágenes tomadas de los indicios balísticos, para establecer patrones en el rayado de las ojivas o en las marcas del percutor sobre los casquillos. De hecho, el procedimiento es ahora tan sofisticado, que existen aparatos, bases de datos y programas especiales para llevarlo a cabo: el Sistema IBIS o Sistema Integrado de Identificación Balística, el cual, por cierto, también fue adoptado por la CNPJ en la citada XXVI Asamblea General. Pero esta tecnología ha empezado a ser objetada en Estados Unidos, como da cuenta el reportaje de Erica Goode en la edición del New York Times del pasado martes 12 de junio. La Academia Nacional de Ciencias de ese país publicó en 2008 el estudio llamado Ballistic Imaging, en el cual afirma que el Sistema IBIS no opera con la precisión necesaria para una base de datos balísticos referenciados a nivel nacional. Por esta razón, desde los años 90, Todd Lizotte y Orest Ohar desarrollaron y patentaron la tecnología llamada microstamping, que consiste en el grabado mediante laser, de un código dentro del sistema de percusión de un arma, para que al ser disparada, se imprima dicha clave en el casquillo de la bala. Esto permite que, al recuperar el indicio balístico, pueda obtenerse la clave correspondiente y relacionarla con el arma que la disparó, de acuerdo con una base de datos proporcionada por los fabricantes norteamericanos. El microstamping ha sido objeto de legislación para hacerlo obligatorio, sólo en dos entidades de la Unión Americana: California y el Distrito de Columbia; en ninguna de las cuales ha entrado aún en vigor, debido a la férrea oposición de los fabricantes de armas, como Remington, y la Asociación Nacional del Rifle. Los opositores a esta tecnología afirman que el microstamping es poco fiable ya que las marcas grabadas en el sistema de percusión del arma se pueden borrar fácilmente y, en todo caso, los percutores pueden ser sustituidos. A pesar de ello, la CWAG (Conferencia de Procuradores del Oeste), una organización vinculada a la agencia gubernamental norteamericana USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), anunció el 23 de septiembre de 2011, que se encuentra promoviendo el microstamping con sus contrapartes mexicanas de la CNPJ, a quienes invita a una conferencia de Todd Lizotte, para que peritos de nuestro país conozcan el uso de esta tecnología. No es equivocado apostar por el desarrollo tecnológico en las investigaciones criminales. Como dice el Edgar Hoover de Clint Eastwood (J. Edgar, Warner Brothers, 2011), hay que promover lo único que los criminales jamás podrán tener: Ciencia. Solo hay que tener cuidado de no quedar reducidos a una especie de compañía ultra-tecnificada de seguridad dedicada a cuidar la casa de nuestros primos.

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El pasado 15 de febrero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2012. En otras palabras, se trata de las reglas para solicitar y gastar los dineros que el Gobierno Federal destina a impulsar el Sistema Adversarial, Acusatorio y Oral en materia penal.

En ellas se determina que, si un estado quiere elaborar y presentar iniciativas de ley o reformas a las leyes existentes, debe comprometerse a tomar en consideración los lineamientos, modelos e insumos producidos por la Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría del órgano federal implementador de la reforma (SETEC). Pero además, la entidad federativa debe comprometerse a permitir que dicha Dirección General se reúna, oriente y asesore a los encargados de la reforma, para lo cual requiere que previamente se defina un calendario de trabajo. Previsiones similares se contemplan en materia de infraestructura y equipamiento.

Por otro lado, en las recientes negociaciones que los estados y la federación sostuvieron en las reuniones de concertación para definir los recursos que se asignarán en materia de seguridad pública para 2012, se establece la necesidad de adecuarse a los “modelos nacionales” en materia de Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro (UECS), Centros de Operación Estratégica (COE) y Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).

Estos “modelos nacionales” se construyen a través de las propuestas que las instancias del propio Gobierno Federal incluyen en el orden del día de las conferencias nacionales de procuración de justicia o de secretarios de seguridad pública y que en dichas reuniones las someten a “consenso” a través de la presentación del tema por parte de ellos mismos, así como la votación correspondiente. Después las elevan al Consejo Nacional de Seguridad Pública, compuesto por el Presidente de la República y los Gobernadores de los estados, aduciendo que son acuerdos de las conferencias.

Estas políticas revelan que el objetivo del Gobierno Federal es homologar las acciones y estrategias de los estados en materia de seguridad pública. Pero no homologar en el sentido de equipar o poner en relación de igualdad dos cosas, sino de hacer coincidir la acción de las entidades federativas con el plan diseñado por ellos.

Homologar no es incorrecto en sí mismo, ya que proporciona una base de entendimiento entre diferentes entidades. El problema surge cuando la homologación no busca condiciones de igualdad, sino acentuar la subordinación que deriva de razones que no se encuentran en la ley, sino en las condiciones específicas de las instituciones, como por ejemplo, lo financiero. Cuando el Gobierno Federal hace valer su poder económico para regir procesos de homologación, poco es el espacio que se deja a las opiniones de los estados.

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