El pasado 17 de diciembre, durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto presentó seis líneas de acción para combatir la inseguridad: a) planeación, b) prevención, c) promoción y defensa de los derechos humanos, d) coordinación, e) transformación institucional y f) evaluación y retroalimentación.
Entre los objetivos prioritarios se plantea reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, se propone reducir los índices relacionados con los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Además, se pretende establecer responsabilidad específica para los gobiernos federal y estatal, así como fechas para su cumplimiento. Se instruyó la creación de una Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y la puesta en marcha de un Programa Nacional de Derechos Humanos.
Pero el detalle que más llamó la atención fue el anuncio del establecimiento de un sistema de coordinación y cooperación a cargo de la Secretaría de Gobernación, dentro del cual las entidades del país serían agrupadas en cinco regiones operativas. El presidente ordenó a los responsables de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública que atiendan los problemas específicos de cada una de estas regiones.
Dividir al país en regiones para mejorar la eficiencia de las dependencias encargadas de la prevención y combate al delito, es una idea que se ha intentado ya en años anteriores, bajo concepciones distintas. Hay que recordar que todavía en el sexenio de Ernesto Zedillo, la PGR se dividía en tres subprocuradurías de control de procedimientos penales denominadas A, B y C. La diferencia entre ellas estribaba en las entidades que tenían asignadas para ejercer dicho control sobre las delegaciones de la institución en tales estados. Con el tiempo llegaron a ser conocidas como las subprocuradurías de letras.
Por ejemplo, la Subprocuraduría A debía controlar las delegaciones de la PGR en entidades como Sonora, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Distrito Federal, Veracruz o Guerrero. La lógica de esta división se decía, radicaba en las rutas de operación de los grupos delincuenciales, aunque el acuerdo del procurador que la establecía no abundara más en este aspecto.
Esta división territorial no coincidía con otras que también se manejaban dentro del Gobierno de la República, en particular, con las demarcaciones territoriales del Poder Judicial de la Federación en distritos y circuitos judiciales. De hecho, tampoco coincidía con la división zonal de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En los primeros años del sexenio de Vicente Fox se aprobó una nueva Ley Orgánica de la PGR que terminó con las subprocuradurías de letras y le dio una estructura muy similar a la que hoy tiene y que, según se anuncia, será modificada.
Estratificar al país en zonas para regionalizar el combate al crimen organizado es una buena idea, siempre y cuando los procesos de análisis, planeación y ejecución tomen en cuenta las visiones locales. El sexenio anterior se caracterizó por despreciar la experiencia de los estados a favor de las decisiones desde los escritorios de las dependencias federales. Es evidente que no todo puede ser replicado a nivel nacional, pues no son pocas las entidades que se manejan como clubes de amigos o parientes en detrimento del resto de la población. Pero también sería injusto asumir que en ningún municipio o estado se ha puesto en marcha programa alguno que valga la pena. Como tampoco puede suponerse que solo por arribar a un cargo federal, de manera automática se tiene la razón en toda materia respecto a la cual se opina.
Regionalizar el combate al crimen organizado mediante un esquema de colaboración verdadera y no de subordinación implícita, podrá resultar una buena idea si previamente se decide aportar un elemento fundamental: voluntad política. Sin ella los convenios, los actos públicos y las declaraciones a los medios no dejan de ser, en el mejor de los casos, simple cortesía.
Por supuesto, para que esto se logre, debe restablecerse la confianza entre las autoridades federales y las locales. El primer presupuesto de la colaboración es la confianza, sin ella no tiene caso plantearse ninguna estrategia de cooperación entre dos o más partes. Arrojarse culpas entre los encargados de un tema destruye el espíritu de coordinación y ubica a cada quien en el rincón de sus atribuciones estrictamente legales. Por el bien del país, esperamos que esta nueva actitud se imponga para beneficio de todos.
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# posted by Óscar González Mendívil @ 5:05 PM
