Historia del crimen

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“La cultura se come a la estrategia en el desayuno” Rob Salkowitz

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Al inicio de la película Cazafantasmas, los protagonistas enfrentan la aparición de un espectro en una biblioteca pública de Nueva York. Sorprendidos, no saben qué hacer. Bill Murray, que hace al personaje de Peter Venkman, llama a los otros para reclamarles que no tienen idea sobre cómo reaccionar. Entonces se escucha la voz de Dan Aykroyd, en el papel de Ray Stantz, diciendo que sabe qué hacer. Al acercarse al fantasma les grita ¡agárrenla! Y el espectro se transforma en un ser terrible que los asusta de tal manera que salen huyendo hacia fuera de la biblioteca. Tras esa escena, Venkman se sigue burlando de Stantz diciendo “¡agárrenla! Ese era todo tu plan”. El pasado lunes 20 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La sección denominada “México en Paz” contiene el apartado relativo a seguridad pública, en el cual, a manera de diagnóstico, se establece que en los años anteriores la “lógica de las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas se modificó y provocó su fortalecimiento. Así, aumentaron los volúmenes de sus ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades y asegurar el tránsito por ciertas zonas del país. Esta nueva dinámica criminal encontró corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas, lo que propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones criminales en algunas regiones del país.” A continuación, para combatir este fenómeno, se propone una nueva estrategia para recuperar la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad pública. Para ello se propone como una de las líneas de acción, el coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a partir de las causas y en función de las variables que propician las conductas antisociales. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo se refiere al estado del sistema de justicia, al cual considera “caracterizado por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público”, lo cual se tradujo en violaciones a los derechos humanos, ineficacia e inoperancia del principio de presunción de inocencia. Estableciendo como objetivo el garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, el Plan se propone abatir la impunidad mediante la implementación de un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad pública y procuración de justicia para generar mayor capacidad de probar los delitos. Además, en el tema de combate a la corrupción plantea la creación de un organismo autónomo especializado de investigar las quejas administrativas contra los servidores públicos por actos de corrupción. Para evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en lo que a estos tópicos se refiere, se proponen dos indicadores: el Índice del Estado de Derecho y la Tasa de Victimización. La descripción del primero sostiene que refleja la percepción de confianza y respeto de las reglas de la sociedad, así como la calidad del cumplimiento de contratos, derechos de propiedad, reglas de policía y tribunales, y también la posibilidad de existencia de crimen y violencia. Los datos se obtienen de una serie de institutos de estudio, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y empresas del sector privado. La estimación de la gobernanza oscila entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte). El indicador es anual y la fuente es el Banco Mundial. La Tasa de Victimización se obtendrá de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que levanta el INEGI. Los planes son siempre ejercicios positivos que intentan articular las acciones institucionales mediante un marco de referencia dogmático y congruente. En particular, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es claro respecto de su análisis de las áreas de justicia y seguridad pública. Además fija con certeza las grandes líneas con las cuales pretende orientar la actividad gubernamental. También es positivo que proponga indicadores que faciliten la medición del cumplimiento de los objetivos que establece. No obstante, el Plan por sí mismo, no puede garantizar su aplicación irrestricta. Y no puede hacerlo porque su naturaleza se lo impide. Es un instrumento para ser ejecutado y en dicha ejecución interviene el factor humano. Los organismos de la sociedad civil deben estar al pendiente de que se cumplan las metas fijadas, o bien, se redefinan los objetivos y las líneas de acción. De lo contrario regresaremos al plan original para combatir a los delincuentes: ¡agárrenlos!

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El pasado 19 de marzo el International Crisis Group, un organismo no gubernamental con sede en Bruselas dedicado a la elaboración de estudios para la prevención y solución de conflictos, dio a conocer un informe titulado “Peña Nieto’s Challenge: Criminal Cartels and Rule of Law in Mexico”. El reporte se enfoca en los ciclos de violencia durante la administración de Felipe Calderón y las oportunidades que tiene el presidente Peña Nieto para reducir los asesinatos y reformar las instituciones. El documento inicia estableciendo que nuestro país se encuentra bajo una extraordinaria amenaza criminal, notoria por su ferocidad. Esta violencia de alto nivel desafía la habilidad del gobierno para mantener el orden, en particular, ante los ojos de los ciudadanos. Los detonantes de esta escalada se encuentran, primero, en el final de la prohibición sobre comercialización de armas de asalto en los EE.UU. en el año 2004; y segundo, en la ofensiva contra los cárteles montada por el presidente Calderón y apoyada por el gobierno norteamericano. Los grupos criminales que enfrentó Calderón tenían como ejemplos sobresalientes a dos organizaciones antagónicas: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Debajo de ellas existen otros grupos más que son capaces de efectuar alianzas pragmáticas en cada territorio. La lucha por el dominio de las “plazas” en el país hizo que la violencia entre los cárteles se incrementara. Además, las actividades ilícitas se diversificaron. Ya no sólo se dedicaban al tráfico de droga, ahora también la venden y extorsionan y roban combustible a PEMEX y se dedican a la trata de personas. Pero sobre todo, dedican una buena parte de su estructura a servir como grupos de sicarios. A este problema, el gobierno de Calderón se propuso solucionarlo mediante la desactivación de sus líderes, en la esperanza de que esto generara grupos criminales de menor tamaño y, por consecuencia, más fáciles de enfrentar. El problema fue que la realidad se mostró necia y no dio su brazo a torcer frente a las proyecciones gubernamentales. En algunos casos los cárteles se fragmentaron, pero se volvieron más virulentos. La estrategia había fallado. El cálculo no sólo fue erróneo respecto de la desarticulación de los grupos criminales, las repercusiones que la lucha trajo a la sociedad civil fueron el incremento de víctimas, el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, el aumento impresionante de las desapariciones forzadas, así como el incremento de las denuncias de abusos por parte del personal de las fuerzas armadas. Tampoco esto había sido previsto por el gobierno federal. El International Crisis Group agrega que a esta situación general hay que agregar el tema de la impunidad. De acuerdo con el informe, México tiene una pobre tasa de resolución de casos delictivos, que tratándose del homicidio doloso alcanzó menos del 20% en el 2010. A consideración de los analistas, éste es un punto fundamental que debe enfrentar la administración de Peña Nieto. Cualquier intento de reforma debe tomar en consideración profundos cambios en los procesos de formación y capacitación de las policías para enseñarlos a respetar los derechos humanos y, por supuesto, crear una nueva cultura de investigación de los delitos que logre la presentación de casos sólidos que resistan la revisión a la cual serán sometidos bajo el nuevo sistema de justicia penal. El fortalecimiento de las instituciones de justicia y seguridad pública es indispensable para reducir la impunidad en el largo plazo. El otro eje de la transformación es, sin lugar a dudas, la prevención del crimen, en particular, destinar ayuda a los jóvenes que viven en las áreas más violentas del país. Como ejemplo, citan el caso de Ciudad Juárez. De acuerdo con el informe, en el 2010, Ciudad Juárez era la zona urbana más violenta del mundo, con un registro de más de tres mil asesinatos para una población de 1.3 millones de habitantes. No obstante, para fines del 2012, el índice de homicidios dolosos había disminuido un 89%. Crisis Group identifica, al menos, cinco causas para explicar este decremento. Las tres primeras provienen de fuentes oficiales que citan la detención de los líderes de los grupos de sicarios, políticas y acciones policiales vinculadas a la comunidad, e incremento del volumen y presencia de trabajadores sociales. Más allá de la visión gubernamental, diversos actores sociales refieren como causas alternas, la existencia de un supuesto pacto entre los cárteles rivales y el agotamiento de los grupos de sicarios que venían operando. Lo cierto es que, entre octubre de 2010 y fines del 2012, el número de centros comunitarios auspiciados por el gobierno municipal, creció de 12 a 44. A través de estos centros se promueven programas de desarrollo, competencias deportivas, así como esquemas de reconstrucción de colonias y barrios. Estas experiencias deben incorporarse al Plan Nacional de Prevención del Delito, aunado a estrategias para combatir la pobreza, escuelas de tiempo completo, creación de empleos para jóvenes y la recuperación de los espacios públicos en cada comunidad. Y todos estos programas sociales deben tener como uno de sus objetivos principales reducir las posibilidades de que los jóvenes sean reclutados por los grupos criminales para integrarse a ellos. El estudio concluye que si Peña Nieto no comienza a promover el fortalecimiento de sus instituciones de justicia y seguridad pública, y si no revierte el abandono de las comunidades, la violencia atroz, la ausencia de justicia social y la creciente desconfianza en el Estado, pudieran volverse endémicas.

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El pasado 17 de diciembre, durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto presentó seis líneas de acción para combatir la inseguridad: a) planeación, b) prevención, c) promoción y defensa de los derechos humanos, d) coordinación, e) transformación institucional y f) evaluación y retroalimentación. Entre los objetivos prioritarios se plantea reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, se propone reducir los índices relacionados con los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Además, se pretende establecer responsabilidad específica para los gobiernos federal y estatal, así como fechas para su cumplimiento. Se instruyó la creación de una Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y la puesta en marcha de un Programa Nacional de Derechos Humanos. Pero el detalle que más llamó la atención fue el anuncio del establecimiento de un sistema de coordinación y cooperación a cargo de la Secretaría de Gobernación, dentro del cual las entidades del país serían agrupadas en cinco regiones operativas. El presidente ordenó a los responsables de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública que atiendan los problemas específicos de cada una de estas regiones. Dividir al país en regiones para mejorar la eficiencia de las dependencias encargadas de la prevención y combate al delito, es una idea que se ha intentado ya en años anteriores, bajo concepciones distintas. Hay que recordar que todavía en el sexenio de Ernesto Zedillo, la PGR se dividía en tres subprocuradurías de control de procedimientos penales denominadas A, B y C. La diferencia entre ellas estribaba en las entidades que tenían asignadas para ejercer dicho control sobre las delegaciones de la institución en tales estados. Con el tiempo llegaron a ser conocidas como las subprocuradurías de letras. Por ejemplo, la Subprocuraduría A debía controlar las delegaciones de la PGR en entidades como Sonora, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Distrito Federal, Veracruz o Guerrero. La lógica de esta división se decía, radicaba en las rutas de operación de los grupos delincuenciales, aunque el acuerdo del procurador que la establecía no abundara más en este aspecto. Esta división territorial no coincidía con otras que también se manejaban dentro del Gobierno de la República, en particular, con las demarcaciones territoriales del Poder Judicial de la Federación en distritos y circuitos judiciales. De hecho, tampoco coincidía con la división zonal de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En los primeros años del sexenio de Vicente Fox se aprobó una nueva Ley Orgánica de la PGR que terminó con las subprocuradurías de letras y le dio una estructura muy similar a la que hoy tiene y que, según se anuncia, será modificada. Estratificar al país en zonas para regionalizar el combate al crimen organizado es una buena idea, siempre y cuando los procesos de análisis, planeación y ejecución tomen en cuenta las visiones locales. El sexenio anterior se caracterizó por despreciar la experiencia de los estados a favor de las decisiones desde los escritorios de las dependencias federales. Es evidente que no todo puede ser replicado a nivel nacional, pues no son pocas las entidades que se manejan como clubes de amigos o parientes en detrimento del resto de la población. Pero también sería injusto asumir que en ningún municipio o estado se ha puesto en marcha programa alguno que valga la pena. Como tampoco puede suponerse que solo por arribar a un cargo federal, de manera automática se tiene la razón en toda materia respecto a la cual se opina. Regionalizar el combate al crimen organizado mediante un esquema de colaboración verdadera y no de subordinación implícita, podrá resultar una buena idea si previamente se decide aportar un elemento fundamental: voluntad política. Sin ella los convenios, los actos públicos y las declaraciones a los medios no dejan de ser, en el mejor de los casos, simple cortesía. Por supuesto, para que esto se logre, debe restablecerse la confianza entre las autoridades federales y las locales. El primer presupuesto de la colaboración es la confianza, sin ella no tiene caso plantearse ninguna estrategia de cooperación entre dos o más partes. Arrojarse culpas entre los encargados de un tema destruye el espíritu de coordinación y ubica a cada quien en el rincón de sus atribuciones estrictamente legales. Por el bien del país, esperamos que esta nueva actitud se imponga para beneficio de todos.

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