Wednesday, June 26, 2013
¿Por qué no termina de arrancar el nuevo sistema de justicia penal?
Durante la Décima Sesión Ordinaria del
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,
celebrada el pasado 24 de junio, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, afirmó que el nuevo sistema acusatorio es una prioridad para
garantizar a la población acceso expedito y transparente a la justicia, cuyo
vértice sean los derechos humanos.
Recordemos que en el año 2008 se reformó
la Constitución para establecer las reglas de un nuevo procedimiento penal que
se espera opere totalmente en la república mexicana para el año 2016. En la
mayor parte de nuestro país se aplica hasta hoy el llamado sistema tradicional,
considerado por muchos como inquisitorial.
Desde los principios de la civilización,
los seres humanos buscan castigar a quien quebranta las reglas básicas de la
convivencia social. Al principio bastaba la acusación para ser aplicado el
castigo, pero pronto se constató que era necesario una especie de procedimiento
para que la persona que decidía sobre la responsabilidad del acusado se formara
un juicio propio al respecto.
En la Península Itálica, durante la Edad
Media, bajo el influjo de la Iglesia, se gestó un procedimiento para indagar
culpas y pecados, que se conoce como inquisitorial por que fue el sistema
adoptado por el Tribunal del Santo Oficio. Sus características principales eran
el secreto de la acusación, es decir, la identidad del acusador era desconocida
por el acusado; el procedimiento era escrito; se permitía afligir la carne para
obtener la confesión; la parte acusadora tenía mayor libertad de acción que la
defensa; y el mismo Tribunal investigaba y decidía en relación a la
culpabilidad del acusado.
Con algunas variantes, este sistema
llegó a territorio mexicano durante la Colonia, vía las leyes y funcionarios
españoles. Durante tres siglos permeó entre los jueces, tribunales y abogados.
Al consumarse la Independencia, el procedimiento inquisitorial siguió gozando
de cabal salud. Todavía en pleno movimiento revolucionario, cuando el jefe del
ejército constitucionalista presentó su proyecto al Congreso Constituyente,
propuso acabar con los jueces que todavía investigaban los delitos, para ser
sustituidos por la institución del Ministerio Público. Incluso, el
Constituyente de 1917 diseñó un procedimiento penal de corte acusatorio que
incluyó en el artículo 20 de la carta magna.
El sistema acusatorio también fue
producto de la Europa de la Edad Media, pero su cuna son las islas británicas. El
choque entre las culturas normanda y sajona dio paso a un sincretismo que poco
a poco fue tomando características propias. El procedimiento acusatorio es
público, es decir, la imputación se hace del conocimiento del acusado en una
audiencia ante un juez; el acusado se presume inocente de inicio; el proceso es
oral; el juez que lo dirige no tiene funciones investigadoras; las partes
litigan en igualdad de circunstancias; y la sentencia se dicta con base en las
pruebas expuestas ante el tribunal.
¿Si este sistema fue contemplado por la
Constitución de 1917, por qué no se parece en nada a nuestra experiencia
cotidiana con los juzgados y las agencias del Ministerio Público? En primer
lugar, las leyes que debían desarrollar el procedimiento acusatorio continuaron
con la existencia de proceso inquisitorial. Segundo, en un momento dado, cuando
las contradicciones entre la Constitución y los códigos de procedimientos
penales fueron demasiado evidentes, se optó por modificar la ley fundamental
para adecuarla a la ley secundaria. Tercero, y tal vez más importante, los
valores y cultura desarrollados a lo largo de cuatrocientos años no cambian por
decreto, así se modifique la Constitución del país.
Esta es la principal dificultad que
habrá de enfrentar la reforma constitucional del 2008. Es claro que el
presidente Peña Nieto impulsa al nuevo sistema de justicia penal y que los
gobernadores de los estados entienden que lo políticamente correcto es
adherirse a él. Pero la voluntad de la cúpula gobernante no permea al grueso de
los operadores del sistema, muchos de los cuales oponen resistencia a la
implementación de procedimientos nuevos que dan al traste con lo que ellos
estudiaron y conocen tras años de trabajo.
El cambio no llegará sólo por la
aplicación de recursos económicos para cursos de capacitación y la construcción
de nuevas salas de juicio oral. Requiere, sobre todo, de líderes que guíen la
transformación. Liderazgos que se distingan por su compromiso con mejorar las
cosas. Liderazgos que no se vean cuestionados por sus vínculos con la
delincuencia o por sus actos de corrupción. No admite tampoco liderazgos de
simulación que sólo quieren hacer como que sí hacen. El cambio necesita estar
comprometido con la legalidad, honestidad y transparencia. ¿Dónde encontramos a
estos pelados, paisano?
Labels: Enrique Peña Nieto, Inquisición, Miguel Ángel Osorio Chong, Nuevo Sistema de Justicia Penal, Sistema Acusatorio, Sistema Inquisitorial
# posted by Óscar González Mendívil @ 9:21 AM 
