Friday, April 11, 2014
La defensa en el sistema acusatorio
El nuevo sistema de justicia penal está
concebido para acabar con muchos de los vicios con los cuales operan los
procedimientos actuales. La ausencia de muchos jueces de las audiencias, la
lentitud del juicio, la falta de lealtad entre acusación y defensa. Pero su
éxito no depende de la bondad de sus propósitos sino de la forma en la cual
aterrice.
Uno de los principios fundamentales, que
incluso se enuncia en el artículo 20 constitucional, es el de contradicción. La
naturaleza contradictoria del sistema acusatorio significa que la defensa tiene
derecho a refutar la acusación, pruebas y argumentos presentados por el fiscal,
y viceversa.
Esta confrontación es lo que origina el
debate entre las partes y es este debate el que permite al juez tomar una
decisión entre las posturas de acusación y defensa. Claro que a lo largo de
todo el procedimiento, el acusado tiene a su favor la presunción de inocencia.
Por lo tanto, de inicio no es al acusado
a quien corresponde acreditar su inocencia, sino es el fiscal quien debe
destruir esta presunción. Además, se debe contar con la presencia de un abogado
defensor en todo momento, quien debe realizar un trabajo de calidad para no
afectar los derechos del imputado.
Para la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación: “El principio de contradicción que rige el sistema
penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan
igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se
desarrollen” (contradicción de tesis 412/2010).
Y aquí es donde empiezan los problemas.
En nuestro actual sistema no existe mucha igualdad entre acusadores y
defensores. Los primeros, agrupados en el Ministerio Público gozan de enormes
prerrogativas en la etapa de investigación, en la cual incluso actúan como
autoridad que obtiene y desahoga pruebas ante sí misma, sin control de un juez.
Para sostener esta forma de actuar se
prepararon organigramas que soportaran la diferencia. Derivado de ello las
estructuras de las procuradurías generales de justicia son mucho más amplias
que la de los institutos de defensoría pública. No sólo existen más fiscales
que defensores, sino que además están mejor pagados.
Sobre esta conformación de las
instituciones es que debe construirse la igualdad de las partes en el sistema
acusatorio a que se refieren tanto la Constitución como la Corte. El reto es
lograr el equilibrio entre defensores y fiscales, partiendo del hecho de sus
desigualdades actuales.
Para superar el descuido en el que los
gobiernos históricamente han tenido a los defensores públicos o de oficio,
deben asignarse recursos suficientes para dotarlos de infraestructura,
equipamiento, capacitación, pero sobre todo, de suficiencia de personal.
Si esta variable no es considerada por
quienes orientan la implementación del sistema acusatorio en los estados, es
muy probable que todo el esfuerzo fracase. Y es que la mayoría de las personas
que enfrentan un proceso penal, al carecer de recursos para contratar un
abogado particular, acuden al defensor público.
Lo que ocurre con frecuencia es que el
defensor de oficio está mal pagado, sometido a largas jornadas laborales y con
una carga de trabajo que, en muchas ocasiones, rebasa sus capacidades. Es en
estas circunstancias en las que recibe cada nuevo caso. El problema no es
exclusivo de nuestro país.
En los EEUU, cuya experiencia en el
sistema acusatorio es mucho mayor que la nuestra, se calcula que las
condiciones de exceso de trabajo y bajos salarios, son parte de los factores
que provocan que entre el 90 y 95 por ciento de los acusados se declaren
culpables (Alexandra Natapoff, Slate, 31 de mayo de 2006).
Del total de la población penitenciaria
norteamericana encarcelada por delitos estatales, el 77 por ciento de los
internos negros fueron representados por defensores públicos. Lo mismo ocurre
con el 73 por ciento de latinos (Liz Dwyer, Take Part, 22-III-2014).
Este es el futuro que puede presentarse
en nuestro país si no se toman a tiempo las medidas para rescatar la
institución de la defensoría pública, que los sectores más vulnerables carezcan
de una representación adecuada y que la justicia siga siendo provincia de quien
puede pagar por ella.
Total, que no salimos de una cuando ya
estamos metidos en otra ¿o no paisano?
Labels: Defensa, Defensoría Pública, Presunción de Inocencia, Sistema Acusatorio, Suprema Corte de Justicia
¿Por qué estás libre si ya te denuncié?
Para
muchas personas que han sufrido la agresión de un delito y logran vencer la
desconfianza en la autoridad, el hecho de denunciarlo se apoya en la esperanza
de ver detenido al delincuente.
Esta
es una cuestión fundamentalmente emotiva. Tiene que ver con nuestro deseo de vengar
la afrenta que significa el crimen. También es una pauta cultural que se ve
reflejada en la actitud de muchos de nosotros y por consecuencia, en la forma
de actuar de un buen número de policías, periodistas, comerciantes, jueces,
profesionistas y agentes del Ministerio Público.
El
“criminal”, apenas sea detenido, merece ya ser castigado. Hay que presentarlo
ante los medios, exhibirlo y, por supuesto, encerrarlo mientras ocurre el proceso en el cual el juez debe confirmar
lo que todos sabíamos desde el inicio: es culpable.
Estamos
tan apegados a esta idea que hasta creamos un mecanismo legal para justificar el
privar de la libertad a una persona en tanto se dicta sentencia sobre su caso.
La llamamos prisión preventiva.
De
acuerdo con el Informe sobre el uso de la
prisión preventiva en Las Américas de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), más del 40% de las personas internas en los centros
penitenciarios del continente aún está en espera de que se le dicte sentencia.
El
informe, presentado en el Senado el 10 de marzo, establece que en México
existen poco más de cien mil presos sin condena, lo que genera un nivel de
hacinamiento del 26%. Entre las razones que explican el fenómeno, se citan la
persecución compulsiva de delitos menores, en particular los patrimoniales, así
como la tardanza judicial para llevar y concluir los juicios.
Antes
esta situación, la CIDH considera que el uso excesivo de la prisión preventiva es
contrario al principio de presunción de inocencia. Este principio significa que
una persona sujeta a un proceso de investigación o enjuiciamiento penal, se
considera inocente hasta que un juez, mediante sentencia, no lo declare culpable.
En consecuencia, si la persona es presuntamente inocente, lo común es que
enfrente su juicio en libertad.
Sólo
de manera excepcional se permite la prisión preventiva para quien enfrenta un
proceso criminal. La naturaleza excepcional de la aplicación de la prisión
preventiva es un elemento que debe estar presente en una política criminal que
respete la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Con
la llegada del sistema acusatorio en nuestro país, se reitera el carácter
excepcional de la prisión preventiva. Es decir, en el nuevo sistema de justicia
penal, se pretende que la mayoría de las personas que enfrentan un juicio penal
lo hagan en libertad y no encarcelados.
De
acuerdo con la Constitución mexicana, la prisión preventiva no es una pena en sí
misma, o sea, no se impone como castigo anticipado a una persona. Sólo es una
medida cautelar, lo que significa que es un mecanismo al cual se recurre para
garantizar que el imputado cumplirá con sus obligaciones procesales.
Por
eso, el Ministerio Público sólo puede solicitar la prisión preventiva cuando
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia
del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de
la víctima, de los testigos o de la comunidad.
Sin
embargo, el juez debe ordenar de manera oficiosa la prisión preventiva, entre otros, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos contra la salud y
los previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Como podemos apreciar, se sostiene la naturaleza excepcional de la
prisión preventiva y la regla general es que un imputado debe permanecer en
libertad en tanto es investigado y enjuiciado.
¿Qué dirán los políticos cuando veamos en libertad a los imputados, que
jurídicamente son inocentes? ¿Recurrirán a la demagogia penal? ¿Ampliarán el
catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa?
¿Qué dirán los medios cuando quien provocó un accidente de tránsito con
resultados fatales quede en libertad para enfrentar su juicio? ¿Qué dirá la
policía cuando no pueda presentar ante los medios a los detenidos?
Pero sobre todo, ¿qué dirás tú, paisano?
Labels: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Demagogia Penal, Prisión Preventiva, Sistema Acusatorio
Friday, January 31, 2014
Código nacional, código central
Después de haber sido aprobado por
unanimidad en el Senado, la Cámara de Diputados recibió hace unos días la
minuta con proyecto de decreto mediante el cual se expide el Código Nacional de
Procedimientos Penales. A través de él se pretende implementar el nuevo sistema
de justicia penal adversarial, acusatorio y oral en toda la república, de
manera uniforme, a más tardar para mediados del año 2016.
El código nacional vendrá a sustituir al
código federal de procedimientos penales y a todas las leyes en la materia de
cada uno de los estados de la república, así como del Distrito Federal. Con
ello se logrará la uniformidad de las reglas que rigen los juicios penales en
todo el país y se evitarán las contradicciones derivadas de las múltiples
regulaciones en cada entidad federativa.
Para efectos prácticos parece una buena
idea. La existencia de un solo procedimiento en materia criminal en lugar de
treinta y dos, abona a la seguridad jurídica de víctimas y acusados. No
obstante, la regulación pasa por encima del sistema federal, según el cual hay áreas
de la competencia de la federación y otros de la jurisdicción de los estados.
Tradicionalmente la materia penal había pertenecido a las entidades
federativas, pero de un tiempo acá las leyes generales se han venido imponiendo.
Primero fue el tema de los secuestros y después el de la trata de personas.
Las justificaciones tienen que ver, más
o menos, con la inhabilidad de los estados para resolver por sí mismos los
problemas que les competen, por lo cual a estos temas tienen que entrarle las
autoridades federales. La visión no es errada del todo, hay en efecto una serie
de cuestiones relativas al acceso a la justicia que se escatima en los estados.
Pero a nivel federal las cosas no son mucho más diferentes.
¿Entonces cuál es la razón para que los
estados hayan ido perdiendo facultades jurídicas frente al gobierno federal? En
mi opinión, hay que buscar estas razones en los afanes de poder político y no
en la redefinición del sistema de balanzas y contrapesos entre ambos niveles de
gobierno.
La federación cree que está mucho mejor
capacitada para gobernar que los estados por razones muy simples: 1) tiene
mayor presupuesto; 2) concentra los esquemas burocráticos más grandes del país;
y 3) es la primera en creerse sus propuestas. Pero en el fondo la federación
comparte muchos de los vicios que critica en los gobiernos locales.
Si seguimos por la senda de llevar más
temas al nivel federal habremos de acumular más facultades al centro de la
república y alejaremos al ciudadano de la solución de sus problemas. En otras
palabras, estaremos abonando al centralismo que caracteriza a un sistema
político que cree firmemente que su jefe, el presidente de la república,
siempre tiene la razón. La infalibilidad de la federación es un mito. Y aplicar
un principio erróneo para solucionar problemas sólo traerá como consecuencia
más problemas.
Después de la reforma constitucional de
2008 para establecer el sistema acusatorio, muchas entidades hicieron un
esfuerzo para implementarlo. Modificaron sus leyes, hicieron grandes
inversiones para ajustar su infraestructura, capacitaron a su personal. En
muchos casos con el apoyo del gobierno federal. Es decir, la federación apoyó
la existencia de esa multiplicidad de leyes que ahora parecen estorbarle.
Ahora, después de haber presionado a los
estados para que adecuaran sus ordenamientos a la Constitución, les dice que
sus leyes no fueron suficientemente buenas y hay que sustituirlas, así sea por
razones prácticas. Y para cambiarlas propone el código nacional de
procedimientos penales, que en realidad no es tan progresista como muchas de
las leyes que ya fueron expedidas en algunas entidades federativas.
Pareciera que se apoya el cambio pero no
de cualquier forma, sino en los términos, plazos y condiciones que determine la
federación. Da la impresión de que, como con cualquier reforma constitucional,
en el texto de la carta magna se da la posibilidad de ser tan amplio como se
desee, al fin y al cabo en las leyes secundarias es donde se restringe todo y
ahí es también donde se atoran los afanes progresistas.
Ya en 1917, cuando el Constituyente
aprobó la ley fundamental, se había establecido el sistema acusatorio, pero
como era demasiada modernización para las instituciones, las leyes secundarias
se encargaron de bloquearlo de tal manera que, eventualmente la propia
constitución se modificó para que se adecuara a ellas. Cuidado y no nos pase lo
mismo esta vez paisano.
Labels: Código Nacional de Procedimientos Penales, federalismo, Sistema Acusatorio
Wednesday, June 26, 2013
¿Por qué no termina de arrancar el nuevo sistema de justicia penal?
Durante la Décima Sesión Ordinaria del
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,
celebrada el pasado 24 de junio, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, afirmó que el nuevo sistema acusatorio es una prioridad para
garantizar a la población acceso expedito y transparente a la justicia, cuyo
vértice sean los derechos humanos.
Recordemos que en el año 2008 se reformó
la Constitución para establecer las reglas de un nuevo procedimiento penal que
se espera opere totalmente en la república mexicana para el año 2016. En la
mayor parte de nuestro país se aplica hasta hoy el llamado sistema tradicional,
considerado por muchos como inquisitorial.
Desde los principios de la civilización,
los seres humanos buscan castigar a quien quebranta las reglas básicas de la
convivencia social. Al principio bastaba la acusación para ser aplicado el
castigo, pero pronto se constató que era necesario una especie de procedimiento
para que la persona que decidía sobre la responsabilidad del acusado se formara
un juicio propio al respecto.
En la Península Itálica, durante la Edad
Media, bajo el influjo de la Iglesia, se gestó un procedimiento para indagar
culpas y pecados, que se conoce como inquisitorial por que fue el sistema
adoptado por el Tribunal del Santo Oficio. Sus características principales eran
el secreto de la acusación, es decir, la identidad del acusador era desconocida
por el acusado; el procedimiento era escrito; se permitía afligir la carne para
obtener la confesión; la parte acusadora tenía mayor libertad de acción que la
defensa; y el mismo Tribunal investigaba y decidía en relación a la
culpabilidad del acusado.
Con algunas variantes, este sistema
llegó a territorio mexicano durante la Colonia, vía las leyes y funcionarios
españoles. Durante tres siglos permeó entre los jueces, tribunales y abogados.
Al consumarse la Independencia, el procedimiento inquisitorial siguió gozando
de cabal salud. Todavía en pleno movimiento revolucionario, cuando el jefe del
ejército constitucionalista presentó su proyecto al Congreso Constituyente,
propuso acabar con los jueces que todavía investigaban los delitos, para ser
sustituidos por la institución del Ministerio Público. Incluso, el
Constituyente de 1917 diseñó un procedimiento penal de corte acusatorio que
incluyó en el artículo 20 de la carta magna.
El sistema acusatorio también fue
producto de la Europa de la Edad Media, pero su cuna son las islas británicas. El
choque entre las culturas normanda y sajona dio paso a un sincretismo que poco
a poco fue tomando características propias. El procedimiento acusatorio es
público, es decir, la imputación se hace del conocimiento del acusado en una
audiencia ante un juez; el acusado se presume inocente de inicio; el proceso es
oral; el juez que lo dirige no tiene funciones investigadoras; las partes
litigan en igualdad de circunstancias; y la sentencia se dicta con base en las
pruebas expuestas ante el tribunal.
¿Si este sistema fue contemplado por la
Constitución de 1917, por qué no se parece en nada a nuestra experiencia
cotidiana con los juzgados y las agencias del Ministerio Público? En primer
lugar, las leyes que debían desarrollar el procedimiento acusatorio continuaron
con la existencia de proceso inquisitorial. Segundo, en un momento dado, cuando
las contradicciones entre la Constitución y los códigos de procedimientos
penales fueron demasiado evidentes, se optó por modificar la ley fundamental
para adecuarla a la ley secundaria. Tercero, y tal vez más importante, los
valores y cultura desarrollados a lo largo de cuatrocientos años no cambian por
decreto, así se modifique la Constitución del país.
Esta es la principal dificultad que
habrá de enfrentar la reforma constitucional del 2008. Es claro que el
presidente Peña Nieto impulsa al nuevo sistema de justicia penal y que los
gobernadores de los estados entienden que lo políticamente correcto es
adherirse a él. Pero la voluntad de la cúpula gobernante no permea al grueso de
los operadores del sistema, muchos de los cuales oponen resistencia a la
implementación de procedimientos nuevos que dan al traste con lo que ellos
estudiaron y conocen tras años de trabajo.
El cambio no llegará sólo por la
aplicación de recursos económicos para cursos de capacitación y la construcción
de nuevas salas de juicio oral. Requiere, sobre todo, de líderes que guíen la
transformación. Liderazgos que se distingan por su compromiso con mejorar las
cosas. Liderazgos que no se vean cuestionados por sus vínculos con la
delincuencia o por sus actos de corrupción. No admite tampoco liderazgos de
simulación que sólo quieren hacer como que sí hacen. El cambio necesita estar
comprometido con la legalidad, honestidad y transparencia. ¿Dónde encontramos a
estos pelados, paisano?
Labels: Enrique Peña Nieto, Inquisición, Miguel Ángel Osorio Chong, Nuevo Sistema de Justicia Penal, Sistema Acusatorio, Sistema Inquisitorial
