Historia del crimen

Sargento Dodó

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“La cultura se come a la estrategia en el desayuno” Rob Salkowitz

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A partir de la reforma de 2008 a la Constitución, se inicia el proceso de transformación que busca en cada entidad federativa, la implementación del sistema de enjuiciamiento adversarial, al cual se conoce también como Nuevo Sistema de Justicia Penal. De acuerdo con el nuevo artículo 20 constitucional, el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En otras palabras, se pasa de procesos penales en los cuales la parte acusadora tenía el papel principal, al estilo inquisitorial, a juicios en los cuales los adversarios se enfrentan en igualdad jurídica y las pruebas se desahogan ante el juez. No más pruebas ante el agente del Ministerio Público que después eran convalidadas por la autoridad judicial. No más citatorios para ir a declarar ante el MP y esperar sentado a dar los datos personales y mostrar identificaciones. También cambia el sistema en el cual casi toda persona acusada ante el juez debía estar sujeta a prisión preventiva durante el tiempo que se llevara a cabo el juicio. Según determinó la Suprema Corte, a partir de 2016 con el nuevo sistema de justicia penal, casi todas las personas enfrentarán su juicio en libertad, no porque hayan sido declaradas inocentes, sino porque el proceso para determinar su culpabilidad o no, apenas se está llevando a cabo. Lo anterior se desprende del principio de presunción de inocencia, que opera a favor de cualquier persona y exige a la autoridad demostrar la responsabilidad de aquel a quien acusan. De aquí deriva también la prohibición de presentar a los detenidos ante los medios de comunicación para salvaguardar el derecho a la protección de sus datos personales, contemplado en el artículo 16 constitucional, motivo por el cual las instituciones de procuración de justicia empiezan a ser señaladas como autoridades responsables en diversos juicios de amparo. La amplitud de la extensión del derecho a ser presumido inocente, puede llegar a incomodar a quienes enarbolan las ideas de culpabilidad por sospechosismo o culpabilidad por el delito de portación de cara. ¿Se imagina usted a los diarios sin las fotografías de los detenidos? ¿Se imagina a las autoridades sin esas presentaciones que elaboran con esmero? Si algo parece demostrar el Caso Cassez es que a la opinión pública le gusta que sus “presuntos culpables” sean o permanezcan encarcelados. ¿Cómo explicarle que, en el futuro, casi todas las personas acusadas de cometer un delito no serán encarceladas mientras enfrentan su juicio? La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) presentó el año pasado los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal 2012 (ENSIJUP). De acuerdo con ella, frente a la pregunta ¿cuál diría que es el problema más importante que enfrenta el país hoy en día? el 32.2% de las personas encuestadas respondió que era la inseguridad, robos y crímenes; mientras que sólo el 1% contestó que era el funcionamiento del sistema de justicia. La ENSIJUP también indagó respecto de las expectativas que genera la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Se solicitó a los encuestados que se pronunciaran sobre diversos aspectos del nuevo sistema y el resultado fue que la segunda causa por la cual estarían en contra del mismo es porque “no se apresará a los acusados de un delito no grave sino hasta que se compruebe su culpabilidad”. La mitad de las personas encuestadas, que habían sido víctimas y habían presentado denuncia, están en contra de eliminar la prisión preventiva pues consideran que los acusados pueden cometer más delitos o sustraerse a la acción de la justicia. Por el contrario, las personas encuestadas que no habían sido ofendidas por un delito apoyan la eliminación de la prisión preventiva, ya que estiman que evitaría castigar inocentes. Además, poco más de la cuarta parte de la población rechaza el nuevo sistema al considerar que es blando con los delincuentes, pues si se repara el daño en delitos menores podrían no ir a prisión. Podemos concluir pues que una gran parte de nuestro país, a pesar de la desconfianza que siente hacia las autoridades, no le gustaría ver en libertad a los acusados de un delito, aún y cuando no se haya probado su culpabilidad ante un juez. Y tampoco le agradaría que salieran en libertad si reparan el daño. Como comentamos la semana pasada, la cultura del castigo está sumamente arraigada entre nosotros.

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En la sesión del martes 23 de octubre pasado, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional, con el objeto de dar autonomía al Ministerio Público de la Federación y cambiar la denominación del órgano administrativo en el cual se integra y convertirse de Procuraduría General de la República en Fiscalía General. La idea es todo menos novedosa. El 29 de marzo de 2004, el Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, firmó la Iniciativa de Reforma Estructural del Sistema de Justicia Penal Mexicano. Entre las modificaciones propuestas destacaba la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la Federación. Esta iniciativa no prosperó. La justificación es impecable. El nuevo sistema de enjuiciamiento penal de naturaleza adversarial, acusatoria y oral, requiere que el omnipotente Ministerio Público se reduzca y conduzca como una parte más durante el proceso criminal. El cómo se va a instrumentar es otra cosa y no siempre existen coincidencias en torno a él. Hay quienes proponen que los Fiscales se dediquen exclusivamente a llevar juicios y que dejen las investigaciones en manos de los policías. En sentido contrario se expresan quienes ponen el grito en el cielo al pensar que nuestros policías actúen sin el control de los agentes del Ministerio Público. Y terciando entre estas posturas, existen quienes promueven la diferenciación de policías, órgano investigador y fiscales. Se llamen como se llamen, parece que el punto esencial es estructural-funcionalista. Es decir ¿cómo rayos se va a organizar el Ministerio Público para enfrentar la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal? Tradicionalmente, las procuradurías se estructuraban con áreas de averiguaciones previas, procesos penales, policía investigadora y servicios periciales. Con no poca frecuencia, la comunicación entre todas ellas era formalizada, o sea, se enviaban oficios y no se buscaban para hablar cara a cara. A pesar de los numerosos esfuerzos por romper esta dinámica, no todos los intentos fueron exitosos o carecieron de constancia. La obsesión formalista que culminaba en la transformación del dolor humano en documentos que integren la averiguación previa primero y el proceso penal después, despojaba, en muchas ocasiones, de sentido común a las pretensiones punitivas del estado. Por otro lado, la narrativa oficial fijada en las indagatorias, independientemente de las pesadillas de sintaxis y ortografía, no siempre se correspondía con las narraciones de las víctimas y los probables delincuentes. Y sin haber resuelto estas cuestiones nos viene encima el dichoso nuevo sistema penal. Hay quien lo presenta como la panacea a los problemas de justicia y seguridad pública. Hay quien se resiste a echarlo a andar. Y por supuesto, hay quien lo critica aduciendo que es una intromisión del derecho anglo-sajón. La realidad es que allí está la reforma constitucional de 2008 que lo establece en forma obligatoria y también los derechos humanos que el Estado Mexicano se obliga a respetar en distintas convenciones internacionales. Y lo más importante, no creo que nadie esté satisfecho con el desempeño actual de las instituciones de justicia en el país. A menos que se trate de políticos ciegos y convenencieros. Pero de esos no hay en Sinaloa ¿verdad paisano? Con estas complejidades, ahora nos presentan una idea que ya se había rechazado cuando se introdujo originalmente. Y con ello se activan las visiones reduccionistas que nos pretenden engañar al decirnos que el mero cambio de nomenclatura es prueba de la modernización de las instituciones. Para endulzar la propuesta le agregan el tema de la autonomía del Ministerio Público. Y usted amigo ya sabe lo que opino yo de ello. ¿Qué ya ni se acuerda de mí? Está bien pues, estoy a favor, pero en sentido amplio y con controles oficiales y ciudadanos. Si hacemos de la discusión un debate de títulos, nos quedamos a nivel anecdótico, como en el caso de la SIEDO, digo SEIDO. Ya lo dijo Martin Riggs en Arma Mortal 2 “…tú Adolf, Eidolf, cualquiera que sea tu puto nombre”.

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