Historia del crimen

Sargento Dodó

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Allá por los años setenta del siglo pasado, el caricaturista Abel Quezada publicó un cartón en el cual reflexionaba que si en México existía policía de caminos, de aduanas, la secreta, forestal, municipal y judicial, entonces por qué cuando uno necesitaba un policía nunca lo encontraba. Desde entonces muchas de las corporaciones han dejado de existir y se concentraron en dos categorías, preventivos e investigadores. Las primeras se replican en los tres órdenes de gobierno y las segundas existen como auxiliares del Ministerio Público tanto estatal como federal. La policía es un invento netamente urbano. Nace con las ciudades y se les encomienda su cuidado. Durante el siglo XIX en nuestro país no era raro que tuvieran a su cargo la vigilancia de las pesas y balanzas en los mercados públicos o que verificaran que se impartieran clases en las escuelas. Por esta razón es que los primeros órganos a los cuales se les asigna la seguridad pública como tarea, son las policías municipales. La otra policía, la judicial, se encargaba de la investigación de los delitos. En materia preventiva primero nace la corporación municipal y hasta mucho tiempo después se le inserta dentro de una secretaría de seguridad pública. Y estas policías anteceden también a las fuerzas estatales de prevención del delito, las que son creadas recientemente como respuesta a las necesidades de mejorar la capacidad de respuesta de los estados. Por el lado del órgano de investigación en apoyo del Ministerio Público, éste sufrió un cambio de nomenclatura al pasar a convertirse en policía ministerial. Así pues, nuestras policías no han sido estáticas en cuanto a su denominación, estructura y funcionamiento. Pero el cambio que propuso el Presidente Enrique Peña Nieto ha dominado buena parte de la discusión pública desde el momento en que fue dado a conocer. La iniciativa Peña Nieto fue presentada por el diputado José Sergio Manzur Quiroga y fue suscrita por integrantes de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM. En palabras de sus promotores, la propuesta promueve la “desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en esta materia, de Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito se transfieran para su coordinación a la Secretaría de Gobernación”. El diagnóstico que acompaña a la iniciativa destaca que el aumento del crimen organizado orientó al gobierno a fortalecer la Policía Federal. A pesar de ello, la situación actual de violencia recurrente sigue atentando contra la libertad y tranquilidad de la población. En consecuencia, se razona, es necesario aprovechar los lazos de coordinación de las diversas instancias de los tres niveles de autoridad para dar una respuesta eficaz en el tema de seguridad, que constituye en sí mismo un tema de gobernabilidad. Y la entidad que puede hacerlo de mejor manera es la Secretaría de Gobernación. Ahora se propone que a la SEGOB le corresponda: 1) formular y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de seguridad interior de la Nación; 2) proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; 3) coadyuvar a la prevención del delito; 4) proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; 5) preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 6) presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del presidente de la República; 8) proponer las políticas y lineamientos en materia de Carrera Policial; 9) presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y designar tanto a quien presidirá la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado se escucharon voces que advertían del regreso a modelos del pasado y del otro se expresó el fracaso de la administración anterior en la materia, que daba lugar a la necesidad de efectuar los cambios. Tal vez la opinión más perspicaz fue sintetizada en el titular de La Jornada del día 15 de noviembre pasado, “Elimina Peña el juguete de Calderón y García Luna”. Con ello se ubica la decisión en el área política más allá de consideraciones dogmáticas o pragmáticas. De esta manera fue recibida también la iniciativa por los legisladores, en el campo político. Tras su paso por la Cámara de Diputados, enfrenta objeciones en la Cámara de Senadores. A fin de cuentas parece apropiado. Después de todo, no debemos olvidar que “policía” y “política” tienen el mismo origen, al menos etimológico. Ambas derivan del vocablo griego “polis”, ciudad, y desde entonces han estado trágica e indisolublemente vinculadas.

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