Historia del crimen

El pasado 19 de marzo el International Crisis Group, un organismo no gubernamental con sede en Bruselas dedicado a la elaboración de estudios para la prevención y solución de conflictos, dio a conocer un informe titulado “Peña Nieto’s Challenge: Criminal Cartels and Rule of Law in Mexico”. El reporte se enfoca en los ciclos de violencia durante la administración de Felipe Calderón y las oportunidades que tiene el presidente Peña Nieto para reducir los asesinatos y reformar las instituciones. El documento inicia estableciendo que nuestro país se encuentra bajo una extraordinaria amenaza criminal, notoria por su ferocidad. Esta violencia de alto nivel desafía la habilidad del gobierno para mantener el orden, en particular, ante los ojos de los ciudadanos. Los detonantes de esta escalada se encuentran, primero, en el final de la prohibición sobre comercialización de armas de asalto en los EE.UU. en el año 2004; y segundo, en la ofensiva contra los cárteles montada por el presidente Calderón y apoyada por el gobierno norteamericano. Los grupos criminales que enfrentó Calderón tenían como ejemplos sobresalientes a dos organizaciones antagónicas: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Debajo de ellas existen otros grupos más que son capaces de efectuar alianzas pragmáticas en cada territorio. La lucha por el dominio de las “plazas” en el país hizo que la violencia entre los cárteles se incrementara. Además, las actividades ilícitas se diversificaron. Ya no sólo se dedicaban al tráfico de droga, ahora también la venden y extorsionan y roban combustible a PEMEX y se dedican a la trata de personas. Pero sobre todo, dedican una buena parte de su estructura a servir como grupos de sicarios. A este problema, el gobierno de Calderón se propuso solucionarlo mediante la desactivación de sus líderes, en la esperanza de que esto generara grupos criminales de menor tamaño y, por consecuencia, más fáciles de enfrentar. El problema fue que la realidad se mostró necia y no dio su brazo a torcer frente a las proyecciones gubernamentales. En algunos casos los cárteles se fragmentaron, pero se volvieron más virulentos. La estrategia había fallado. El cálculo no sólo fue erróneo respecto de la desarticulación de los grupos criminales, las repercusiones que la lucha trajo a la sociedad civil fueron el incremento de víctimas, el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, el aumento impresionante de las desapariciones forzadas, así como el incremento de las denuncias de abusos por parte del personal de las fuerzas armadas. Tampoco esto había sido previsto por el gobierno federal. El International Crisis Group agrega que a esta situación general hay que agregar el tema de la impunidad. De acuerdo con el informe, México tiene una pobre tasa de resolución de casos delictivos, que tratándose del homicidio doloso alcanzó menos del 20% en el 2010. A consideración de los analistas, éste es un punto fundamental que debe enfrentar la administración de Peña Nieto. Cualquier intento de reforma debe tomar en consideración profundos cambios en los procesos de formación y capacitación de las policías para enseñarlos a respetar los derechos humanos y, por supuesto, crear una nueva cultura de investigación de los delitos que logre la presentación de casos sólidos que resistan la revisión a la cual serán sometidos bajo el nuevo sistema de justicia penal. El fortalecimiento de las instituciones de justicia y seguridad pública es indispensable para reducir la impunidad en el largo plazo. El otro eje de la transformación es, sin lugar a dudas, la prevención del crimen, en particular, destinar ayuda a los jóvenes que viven en las áreas más violentas del país. Como ejemplo, citan el caso de Ciudad Juárez. De acuerdo con el informe, en el 2010, Ciudad Juárez era la zona urbana más violenta del mundo, con un registro de más de tres mil asesinatos para una población de 1.3 millones de habitantes. No obstante, para fines del 2012, el índice de homicidios dolosos había disminuido un 89%. Crisis Group identifica, al menos, cinco causas para explicar este decremento. Las tres primeras provienen de fuentes oficiales que citan la detención de los líderes de los grupos de sicarios, políticas y acciones policiales vinculadas a la comunidad, e incremento del volumen y presencia de trabajadores sociales. Más allá de la visión gubernamental, diversos actores sociales refieren como causas alternas, la existencia de un supuesto pacto entre los cárteles rivales y el agotamiento de los grupos de sicarios que venían operando. Lo cierto es que, entre octubre de 2010 y fines del 2012, el número de centros comunitarios auspiciados por el gobierno municipal, creció de 12 a 44. A través de estos centros se promueven programas de desarrollo, competencias deportivas, así como esquemas de reconstrucción de colonias y barrios. Estas experiencias deben incorporarse al Plan Nacional de Prevención del Delito, aunado a estrategias para combatir la pobreza, escuelas de tiempo completo, creación de empleos para jóvenes y la recuperación de los espacios públicos en cada comunidad. Y todos estos programas sociales deben tener como uno de sus objetivos principales reducir las posibilidades de que los jóvenes sean reclutados por los grupos criminales para integrarse a ellos. El estudio concluye que si Peña Nieto no comienza a promover el fortalecimiento de sus instituciones de justicia y seguridad pública, y si no revierte el abandono de las comunidades, la violencia atroz, la ausencia de justicia social y la creciente desconfianza en el Estado, pudieran volverse endémicas.

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