Historia del crimen

El pasado 19 de marzo el International Crisis Group, un organismo no gubernamental con sede en Bruselas dedicado a la elaboración de estudios para la prevención y solución de conflictos, dio a conocer un informe titulado “Peña Nieto’s Challenge: Criminal Cartels and Rule of Law in Mexico”. El reporte se enfoca en los ciclos de violencia durante la administración de Felipe Calderón y las oportunidades que tiene el presidente Peña Nieto para reducir los asesinatos y reformar las instituciones. El documento inicia estableciendo que nuestro país se encuentra bajo una extraordinaria amenaza criminal, notoria por su ferocidad. Esta violencia de alto nivel desafía la habilidad del gobierno para mantener el orden, en particular, ante los ojos de los ciudadanos. Los detonantes de esta escalada se encuentran, primero, en el final de la prohibición sobre comercialización de armas de asalto en los EE.UU. en el año 2004; y segundo, en la ofensiva contra los cárteles montada por el presidente Calderón y apoyada por el gobierno norteamericano. Los grupos criminales que enfrentó Calderón tenían como ejemplos sobresalientes a dos organizaciones antagónicas: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Debajo de ellas existen otros grupos más que son capaces de efectuar alianzas pragmáticas en cada territorio. La lucha por el dominio de las “plazas” en el país hizo que la violencia entre los cárteles se incrementara. Además, las actividades ilícitas se diversificaron. Ya no sólo se dedicaban al tráfico de droga, ahora también la venden y extorsionan y roban combustible a PEMEX y se dedican a la trata de personas. Pero sobre todo, dedican una buena parte de su estructura a servir como grupos de sicarios. A este problema, el gobierno de Calderón se propuso solucionarlo mediante la desactivación de sus líderes, en la esperanza de que esto generara grupos criminales de menor tamaño y, por consecuencia, más fáciles de enfrentar. El problema fue que la realidad se mostró necia y no dio su brazo a torcer frente a las proyecciones gubernamentales. En algunos casos los cárteles se fragmentaron, pero se volvieron más virulentos. La estrategia había fallado. El cálculo no sólo fue erróneo respecto de la desarticulación de los grupos criminales, las repercusiones que la lucha trajo a la sociedad civil fueron el incremento de víctimas, el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, el aumento impresionante de las desapariciones forzadas, así como el incremento de las denuncias de abusos por parte del personal de las fuerzas armadas. Tampoco esto había sido previsto por el gobierno federal. El International Crisis Group agrega que a esta situación general hay que agregar el tema de la impunidad. De acuerdo con el informe, México tiene una pobre tasa de resolución de casos delictivos, que tratándose del homicidio doloso alcanzó menos del 20% en el 2010. A consideración de los analistas, éste es un punto fundamental que debe enfrentar la administración de Peña Nieto. Cualquier intento de reforma debe tomar en consideración profundos cambios en los procesos de formación y capacitación de las policías para enseñarlos a respetar los derechos humanos y, por supuesto, crear una nueva cultura de investigación de los delitos que logre la presentación de casos sólidos que resistan la revisión a la cual serán sometidos bajo el nuevo sistema de justicia penal. El fortalecimiento de las instituciones de justicia y seguridad pública es indispensable para reducir la impunidad en el largo plazo. El otro eje de la transformación es, sin lugar a dudas, la prevención del crimen, en particular, destinar ayuda a los jóvenes que viven en las áreas más violentas del país. Como ejemplo, citan el caso de Ciudad Juárez. De acuerdo con el informe, en el 2010, Ciudad Juárez era la zona urbana más violenta del mundo, con un registro de más de tres mil asesinatos para una población de 1.3 millones de habitantes. No obstante, para fines del 2012, el índice de homicidios dolosos había disminuido un 89%. Crisis Group identifica, al menos, cinco causas para explicar este decremento. Las tres primeras provienen de fuentes oficiales que citan la detención de los líderes de los grupos de sicarios, políticas y acciones policiales vinculadas a la comunidad, e incremento del volumen y presencia de trabajadores sociales. Más allá de la visión gubernamental, diversos actores sociales refieren como causas alternas, la existencia de un supuesto pacto entre los cárteles rivales y el agotamiento de los grupos de sicarios que venían operando. Lo cierto es que, entre octubre de 2010 y fines del 2012, el número de centros comunitarios auspiciados por el gobierno municipal, creció de 12 a 44. A través de estos centros se promueven programas de desarrollo, competencias deportivas, así como esquemas de reconstrucción de colonias y barrios. Estas experiencias deben incorporarse al Plan Nacional de Prevención del Delito, aunado a estrategias para combatir la pobreza, escuelas de tiempo completo, creación de empleos para jóvenes y la recuperación de los espacios públicos en cada comunidad. Y todos estos programas sociales deben tener como uno de sus objetivos principales reducir las posibilidades de que los jóvenes sean reclutados por los grupos criminales para integrarse a ellos. El estudio concluye que si Peña Nieto no comienza a promover el fortalecimiento de sus instituciones de justicia y seguridad pública, y si no revierte el abandono de las comunidades, la violencia atroz, la ausencia de justicia social y la creciente desconfianza en el Estado, pudieran volverse endémicas.

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El Presidente Calderón parece empeñado en dedicar recursos públicos en una campaña mediática destinada a dar a conocer su propia interpretación sobre su desempeño, y el de su gobierno, en materia de seguridad pública. En el último tramo de su sexenio y de cara a su último informe de gobierno, insiste en presentar su historia. La trama es como sigue. En un país en el que nadie había enfrentado a la delincuencia, en el que los gobiernos anteriores habían pactado con los grupos criminales, o bien, cuando mucho, habían renunciado a confrontarlos; en ese mismo país la criminalidad crecía rampante, la corrupción era la norma, las instituciones inoperantes. Y de pronto aparece Felipe Calderón y decide iniciar una guerra contra el crimen organizado. Si le parece que la trama es de una película de vaqueros, tiene usted razón. Sólo que, de alguna manera, suena más interesante si el protagonista es Clint Eastwood o Matt Damon. La producción del anuncio propagandístico presenta las imágenes del Presidente recibiendo la banda presidencial mientras él mismo narra que hace más de cinco años decidió combatir de frente a los criminales. Pasa a una imagen del Presidente mirando hacia fuera por la ventana de un edificio y después a él mismo dirigiéndose a la cámara mientras explica que la decisión era impostergable ya que se había dejado crecer a la delincuencia y ésta lastimaba a muchos mexicanos que, incluso pedían ayuda. Cambia a una toma del Presidente vestido como paisano en un parque donde pronto aparecen unos niños y Felipe Calderón nos recuerda que su preocupación son las familias. Corte a imágenes de las fuerzas armadas con intermedio de más tomas del Presidente reflexionando, al tiempo que el narrador advierte que se tomaron decisiones difíciles destinadas a prolongarse más allá de su gobierno y que aunque luchar implicaba riesgos era urgente enfrentar el problema. Todo esto en los primeros 46 segundos del mensaje que puede ser visto completo en la siguiente dirección: http://www.presidencia.gob.mx/2012/08/mensaje-del-presidente-calderon-en-materia-de-seguridad. La segunda parte del mensaje de 2:01 minutos destaca que la lucha contra los criminales se hace con “lo mejor que tenemos”, las fuerzas federales. Aquí encontramos el argumento central en la narrativa que construye Felipe Calderón: el gobierno federal es superior a los gobiernos estatales en el combate a la delincuencia. Y en otros espacios y a través de otras instancias se han hecho proposiciones para complementar y sustentar ese argumento central: 1) la mayoría de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es decir, competencia de los estados; y 2) son las policías de los estados y municipios las que no han sido evaluadas al 100% mediante los exámenes de control y confianza. La idea es atractiva. Produce a los culpables de nuestros males. Ya sabemos a quién repudiar. Sí, la idea es atractiva ¿pero es cierta? Es evidente que el gobierno federal es superior a los gobiernos estatales en dos aspectos, tiene mayor presupuesto y tiene un espacio de responsabilidad más amplio. Es decir, pese a su propio argumento de que los problemas están en las entidades federativas, se reserva para sí los mayores recursos en materia de seguridad pública. Esto le permite adquirir mayor equipo y construir mejor infraestructura, solventar procesos de capacitación y mejorar las condiciones de trabajo de su personal. Con todos estos recursos a su disposición, cuando las fuerzas federales han intervenido en una ciudad ¿han resuelto el problema? ¿Lo hicieron en Ciudad Juárez? Si la superioridad reside en las evaluaciones de control de confianza, significaría que un elemento examinado y aprobado es, en consecuencia, confiable. Por eso las fuerzas federales serían más confiables que las policías locales, ya que su porcentaje de elementos evaluados es mayor. Evaluados como los policías federales que se tirotearon unos a otros en la terminal dos del aeropuerto internacional de la ciudad de México, evaluados como los policías federales que dispararon contra los agentes norteamericanos en las inmediaciones de Tres Marías, Morelos. Además, las instituciones federales, con mayores recursos, más equipo y mejores instalaciones, habiendo establecido que el problema delincuencial se encuentra en los estados, decidieron trasladarles parte de su responsabilidad. El gobierno del Presidente Calderón se ha distinguido por seguir una política de reducir su área de responsabilidad y convertirse en el gran revisor de lo que hacen los demás. La PGR se ha entusiasmado por compartir a las procuradurías locales lo que antes era su trabajo. Promueven que los ministerios públicos locales investiguen narcomenudeo, delitos financieros, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, bajo esquemas de homologación que les permiten decirles a los ministerios públicos locales hasta el número de policías que deben tener sus células especializadas de investigación. Por otro lado, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal se transformó, sin que los gobernadores se dieran cuenta, en el profesor de todos ellos, pidiendo informes, haciendo públicos sus datos y otorgando calificaciones en función de quiénes cumplen con lo que ellos fijaron como metas desde sus oficinas en el centro de la república. Vistas así las cosas, parece que el argumento central del mensaje de Calderón no es tan fácil de aceptar. Nadie puede reclamarle al Presidente la decisión de combatir a los delincuentes, la interpelación radica en que lo hizo sin un diagnóstico claro, sin una estrategia definida y con un despliegue de fuerzas reactivo, que muchas veces se aisló de las corporaciones locales. Tal vez Felipe Calderón visualizó una película de vaqueros, pero los actores la cambiaron por una de terror.

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