Historia del crimen

Stratfor Global Inteligence es una compañía fundada en 1996 por George Friedman, con sede en Austin Texas, especializada en la comprensión de eventos mundiales mediante el análisis geopolítico. El pasado 17 de enero publicó en su sitio de internet un artículo titulado “Mexico's Drug War: Persisting Violence and a New President”, en el cual plantean que el presente año no verá cambios significativos en lo relacionado con la violencia en nuestro país. Pero sobre todo, contiene un breve recuento de los principales cárteles que operan en México. Los Zetas. Para Stratfor, este cártel fue el más activo en sus operaciones durante 2012. A pesar de que el grupo criminal no expandió su territorio, se dedicó a consolidar su influencia en estados como Jalisco y llegó a efectuar actos de notoria violencia en Sinaloa. El análisis destaca como hecho importante, el cambio de liderazgo en la organización, al ser sustituido Heriberto Lazcano Lazcano alias “El Lazca” por Miguel Treviño Morales, alias “El Zeta 40”. El documento avizora que el liderazgo de Treviño no será sencillo y es posible que enfrente oposición de parte de algunas de las células que integran el cártel. Cártel del Golfo. Durante 2012 éste grupo vio reducidas sus operaciones a los estados de Tamaulipas y Nuevo León, donde tuvieron constantes confrontaciones con los Zetas y las fuerzas armadas. A pesar de sus problemas, éste grupo se mantiene, sobre todo por el apoyo que le brindan la Federación de Sinaloa y los Caballeros Templarios, a quienes les resulta conveniente el enfrentamiento entre el Golfo y Zetas. La dependencia de otros grupos criminales hace de éste cártel en un brazo armado de sus aliados. Federación de Sinaloa. Este grupo retuvo sus áreas de operación gracias a las alianzas con otros cárteles como el del Golfo, Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación, aunque con éstos últimos se desarrollaron disputas en la segunda mitad de 2012. Por otro lado solidificó su control sobre plazas como Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, desplazando al Cártel de Juárez de Vicente Carrillo Fuentes, lo cual se ha reflejado en el sustancial descenso del índice de asesinatos en ambas zonas urbanas. No obstante este control, en la parte occidental del estado de Chihuahua, en la región de la Sierra Madre Occidental, sigue operando La Línea. Sin embargo, la Federación enfrentó conflictos en 2012, particularmente en su bastión, ya que el grupo de Los Mazatlecos, vinculado a lo que era la Organización Beltrán Leyva, se enfrentó con ellos en el norte de Sinaloa. Además, se registraron confrontaciones en ciudades del norte de Sonora como Puerto Peñasco, Agua Prieta y Sonoyta. A pesar de estos conflictos, nada indica que las operaciones de la Federación de Sinaloa se encuentran en riesgo. Cártel de Jalisco Nueva Generación. Durante 2012 este grupo se expandió a los territorios de los estados de Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Además se dedicó a otras actividades criminales como la extorsión y el narcomenudeo en Veracruz y Colima. La expansión llevó al cártel a enfrentarse con los Caballeros Templarios. Si a este alcance territorial la organización agrega en el futuro la capacidad de llevar directamente drogas a los EE.UU., podrá acceder a las mismas cadenas de suministro que los cárteles dominantes. Caballeros Templarios. Durante 2012 este grupo se consolidó como el sucesor de la Familia Michoacana, del cual se había separado. Operan como la organización dominante en el estado de Michoacán y también tienen presencia como actores criminales en Morelos, Guanajuato, Querétaro, Guerrero y sureste de Jalisco. Stratfor considera poco probable que la Familia Michoacana recupere su papel protagónico sin la ayuda de otros grupos. Además, estiman que pudiera extenderse el conflicto que sostienen contra los Zetas, lo que significaría un incremento en la violencia en las zonas en disputa. Pero la influencia de los cárteles mexicanos se extiende más allá de las fronteras de nuestro país, como nos recuerda el Transnational Institute, con sede en Amsterdam, en su estudio de noviembre del año pasado titulado “El nexo entre drogas y violencia en el Triángulo del Norte: El papel del narcotráfico en la violencia delictiva y las respuestas de política pública en Guatemala, El Salvador y Honduras”. En ese estudio se afirma que el fenómeno de la violencia y narcotráfico es distinto en Centroamérica, debido entre otras cosas a una compleja interacción de distintos grupos de delincuentes cuyos antecedentes, actividades y modus operandi son tradicionalmente distintos. Lo anterior ha derivado en una serie de complejas y cambiantes relaciones entre pandillas, transportistas y cárteles mexicanos que operan en América Central. Las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas actúan como administradores, consiguiendo insumos en países como Perú, Colombia o Bolivia. En Centroamérica se alían con los grupos locales que actúan como transportistas, ya que conocen las rutas de tráfico y tiene los contactos, en particular con las autoridades. La misión de éstos últimos es llevar la droga desde Sudamérica hasta México. En Guatemala los Zetas han tenido presencia desde 2007, cuando llegaron a Petén y al igual que en nuestro país, se han dado a conocer por sus tácticas brutales. Pero también el Cártel de Sinaloa ha sido exitoso en su expansión hacia Guatemala, sólo que su actuar es diametralmente opuesto al de los Zetas. “La estrategia del cártel de Sinaloa se basa principalmente en su integración local como creador de oportunidades de empleo, proveedor de servicios de salud, asumiendo incluso el papel del Estado al eliminar a pequeños grupos criminales en las áreas bajo su control”. En Honduras el Cártel de Sinaloa tiene una presencia mucho más importante que sus rivales. Desde 2006 ese país ha sido utilizado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, como escondite para eludir a las autoridades mexicanas. En Honduras, el Cártel de Sinaloa controla rutas de transporte para movilizar grandes cantidades de drogas vía aérea y marítima. Además, supervisa la producción de éxtasis y metanfetaminas que son enviadas a Europa y los EE.UU. La extensión de las operaciones de los cárteles mexicanos obligan a las autoridades a fortalecer los lazos de cooperación internacional. Pero también hace necesario que las políticas públicas de los tres niveles de gobierno tomen en cuenta la dinámica de sus operaciones, así como el análisis constante de los fenómenos en los cuales nuestro estado debe hacer mucho más que prestar su nombre para identificar a la delincuencia.

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El pasado 19 de marzo el International Crisis Group, un organismo no gubernamental con sede en Bruselas dedicado a la elaboración de estudios para la prevención y solución de conflictos, dio a conocer un informe titulado “Peña Nieto’s Challenge: Criminal Cartels and Rule of Law in Mexico”. El reporte se enfoca en los ciclos de violencia durante la administración de Felipe Calderón y las oportunidades que tiene el presidente Peña Nieto para reducir los asesinatos y reformar las instituciones. El documento inicia estableciendo que nuestro país se encuentra bajo una extraordinaria amenaza criminal, notoria por su ferocidad. Esta violencia de alto nivel desafía la habilidad del gobierno para mantener el orden, en particular, ante los ojos de los ciudadanos. Los detonantes de esta escalada se encuentran, primero, en el final de la prohibición sobre comercialización de armas de asalto en los EE.UU. en el año 2004; y segundo, en la ofensiva contra los cárteles montada por el presidente Calderón y apoyada por el gobierno norteamericano. Los grupos criminales que enfrentó Calderón tenían como ejemplos sobresalientes a dos organizaciones antagónicas: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Debajo de ellas existen otros grupos más que son capaces de efectuar alianzas pragmáticas en cada territorio. La lucha por el dominio de las “plazas” en el país hizo que la violencia entre los cárteles se incrementara. Además, las actividades ilícitas se diversificaron. Ya no sólo se dedicaban al tráfico de droga, ahora también la venden y extorsionan y roban combustible a PEMEX y se dedican a la trata de personas. Pero sobre todo, dedican una buena parte de su estructura a servir como grupos de sicarios. A este problema, el gobierno de Calderón se propuso solucionarlo mediante la desactivación de sus líderes, en la esperanza de que esto generara grupos criminales de menor tamaño y, por consecuencia, más fáciles de enfrentar. El problema fue que la realidad se mostró necia y no dio su brazo a torcer frente a las proyecciones gubernamentales. En algunos casos los cárteles se fragmentaron, pero se volvieron más virulentos. La estrategia había fallado. El cálculo no sólo fue erróneo respecto de la desarticulación de los grupos criminales, las repercusiones que la lucha trajo a la sociedad civil fueron el incremento de víctimas, el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, el aumento impresionante de las desapariciones forzadas, así como el incremento de las denuncias de abusos por parte del personal de las fuerzas armadas. Tampoco esto había sido previsto por el gobierno federal. El International Crisis Group agrega que a esta situación general hay que agregar el tema de la impunidad. De acuerdo con el informe, México tiene una pobre tasa de resolución de casos delictivos, que tratándose del homicidio doloso alcanzó menos del 20% en el 2010. A consideración de los analistas, éste es un punto fundamental que debe enfrentar la administración de Peña Nieto. Cualquier intento de reforma debe tomar en consideración profundos cambios en los procesos de formación y capacitación de las policías para enseñarlos a respetar los derechos humanos y, por supuesto, crear una nueva cultura de investigación de los delitos que logre la presentación de casos sólidos que resistan la revisión a la cual serán sometidos bajo el nuevo sistema de justicia penal. El fortalecimiento de las instituciones de justicia y seguridad pública es indispensable para reducir la impunidad en el largo plazo. El otro eje de la transformación es, sin lugar a dudas, la prevención del crimen, en particular, destinar ayuda a los jóvenes que viven en las áreas más violentas del país. Como ejemplo, citan el caso de Ciudad Juárez. De acuerdo con el informe, en el 2010, Ciudad Juárez era la zona urbana más violenta del mundo, con un registro de más de tres mil asesinatos para una población de 1.3 millones de habitantes. No obstante, para fines del 2012, el índice de homicidios dolosos había disminuido un 89%. Crisis Group identifica, al menos, cinco causas para explicar este decremento. Las tres primeras provienen de fuentes oficiales que citan la detención de los líderes de los grupos de sicarios, políticas y acciones policiales vinculadas a la comunidad, e incremento del volumen y presencia de trabajadores sociales. Más allá de la visión gubernamental, diversos actores sociales refieren como causas alternas, la existencia de un supuesto pacto entre los cárteles rivales y el agotamiento de los grupos de sicarios que venían operando. Lo cierto es que, entre octubre de 2010 y fines del 2012, el número de centros comunitarios auspiciados por el gobierno municipal, creció de 12 a 44. A través de estos centros se promueven programas de desarrollo, competencias deportivas, así como esquemas de reconstrucción de colonias y barrios. Estas experiencias deben incorporarse al Plan Nacional de Prevención del Delito, aunado a estrategias para combatir la pobreza, escuelas de tiempo completo, creación de empleos para jóvenes y la recuperación de los espacios públicos en cada comunidad. Y todos estos programas sociales deben tener como uno de sus objetivos principales reducir las posibilidades de que los jóvenes sean reclutados por los grupos criminales para integrarse a ellos. El estudio concluye que si Peña Nieto no comienza a promover el fortalecimiento de sus instituciones de justicia y seguridad pública, y si no revierte el abandono de las comunidades, la violencia atroz, la ausencia de justicia social y la creciente desconfianza en el Estado, pudieran volverse endémicas.

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