Tuesday, September 10, 2013
El informe Peña
El pasado lunes 2 de septiembre, el
presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a las y los mexicanos, con
motivo de la presentación de su primer informe de gobierno. El documento, en su
versión integral y en su versión ejecutiva, que pueden ser consultadas en el
sitio web de la presidencia de la República, contiene un apartado denominado
“México en Paz”, dentro del cual se da cuenta de los temas relacionados con la
seguridad pública, al igual que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Y…
¿Cuál es el plan? Río Doce, 26 de mayo de 2013).
Sobre estos temas, el informe sostiene
que la nueva administración gubernamental puso en marcha una nueva política de
seguridad y justicia. “Se trata de una política que enfatiza la prevención del
delito, que privilegia el uso de la inteligencia y la tecnología en el combate
a la delincuencia, que abre espacios para la participación ciudadana y que establece
esquemas regionales y focalizados para lograr una mayor eficacia operativa. Es
una estrategia integral que sitúa al individuo y a su familia en el centro de
las decisiones y acciones de seguridad. Su prioridad es salvaguardar la vida,
la libertad y los bienes de los mexicanos.”
El primer apartado en el desarrollo de
esta “nueva política” es la prevención social del delito. En el resumen
ejecutivo del informe se destaca la creación del programa nacional en la
materia, al cual se le asignaron dos mil quinientos millones de pesos y que
dice proponerse ir más allá de modelos que sólo buscan el castigo, para
incorporar enfoques centrados en el desarrollo social y humano.
La versión integral del informe aclara
que el gobierno de la República instruyó la creación del Programa Nacional para
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia el 1 de diciembre de
2012 y a pie de página sigue aclarando que el programa está en proceso de
elaboración y será publicado de conformidad con los “Lineamientos para
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018”, emitidos por la Secretaría de Hacienda. No obstante, “algunas
de las acciones que estarán incluidas en este Programa, iniciaron desde el
arranque de esta administración. Para tal fin, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2013, se destinaron recursos para la prevención social, bajo el
nombre de Programa Nacional de Prevención del Delito.”
Dentro de la primera etapa del programa,
aún en elaboración, pero que ya opera, se diseñaron programas para 57
demarcaciones que concentran más del 40% de los delitos que se cometen en el
país. Y sí paisano, están incluidos los municipios de Culiacán y Ahome.
En esos territorios se promueve la elaboración
de diagnósticos participativos, la formación de equipos técnicos y redes comunitarias,
así como la creación de Centros de Mediación Comunitaria o espacios deportivos y
culturales para la identidad comunitaria; eventos semanales de integración, e
incluso proyectos de atención temprana a problemas de aprendizaje y
conductuales.
Por ejemplo, se realizaron acciones en
Acapulco, Cancún, Tijuana, Cuernavaca, Monterrey, Guadalajara, Ecatepec,
Tapachula y el DF. No paisano, ninguna en Culiacán o Ahome. En muchas de estas
ciudades se crearon 585 redes comunitarias, se repararon 523 áreas verdes o
plazas públicas, y se otorgaron 1649 becas escolares.
¿Son buenos los números? No lo sé. Pero
al menos la orientación de los esfuerzos gubernamentales parece positiva al no
estancarse en un enfrentamiento necio y a balazos frente a los criminales.
Seguro que aún falta mucho por hacer y que las acciones deberán pulirse al ser
sometidas a los hechos. Y por supuesto, que habremos de esperar a que se
termine de elaborar el programa de prevención social de la violencia.
La tendencia en el mundo ya no se dirige
tanto a las “ventanas rotas” sino al modelo “Palermo” promovido desde hace
muchos años por la ONU. Poco a poco se entendió que la sola fuerza aplicada
contra pequeños o grandes delincuentes no trae como consecuencia la
tranquilidad. No todo es combate frontal al crimen organizado, restaurar el
tejido social es hoy más importante que nunca. Y eso no siempre se logra a
través de la persecución penal.
Si algo se pudiera reclamar al informe
en esta materia, es que los indicadores que se anunciaron en el Plan Nacional
de Desarrollo aún no se han aplicado. Parece que el verdadero impacto del
programa podrá medirse con mayor precisión en el segundo informe el próximo
año.
¿Le das chance paisano o de plano le
apostamos a la desconfianza?
Labels: Enrique Peña Nieto, México en Paz, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Primer Informe de Gobierno, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Seguridad Pública
Thursday, June 06, 2013
Y… ¿Cuál es el plan?
Al inicio de la película Cazafantasmas, los protagonistas enfrentan la aparición de un espectro en una biblioteca pública de Nueva York. Sorprendidos, no saben qué hacer. Bill Murray, que hace al personaje de Peter Venkman, llama a los otros para reclamarles que no tienen idea sobre cómo reaccionar. Entonces se escucha la voz de Dan Aykroyd, en el papel de Ray Stantz, diciendo que sabe qué hacer. Al acercarse al fantasma les grita ¡agárrenla! Y el espectro se transforma en un ser terrible que los asusta de tal manera que salen huyendo hacia fuera de la biblioteca. Tras esa escena, Venkman se sigue burlando de Stantz diciendo “¡agárrenla! Ese era todo tu plan”.
El pasado lunes 20 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La sección denominada “México en Paz” contiene el apartado relativo a seguridad pública, en el cual, a manera de diagnóstico, se establece que en los años anteriores la “lógica de las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas se modificó y provocó su fortalecimiento. Así, aumentaron los volúmenes de sus ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades y asegurar el tránsito por ciertas zonas del país. Esta nueva dinámica criminal encontró corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas, lo que propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones criminales en algunas regiones del país.”
A continuación, para combatir este fenómeno, se propone una nueva estrategia para recuperar la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad pública. Para ello se propone como una de las líneas de acción, el coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a partir de las causas y en función de las variables que propician las conductas antisociales.
Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo se refiere al estado del sistema de justicia, al cual considera “caracterizado por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público”, lo cual se tradujo en violaciones a los derechos humanos, ineficacia e inoperancia del principio de presunción de inocencia.
Estableciendo como objetivo el garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, el Plan se propone abatir la impunidad mediante la implementación de un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad pública y procuración de justicia para generar mayor capacidad de probar los delitos. Además, en el tema de combate a la corrupción plantea la creación de un organismo autónomo especializado de investigar las quejas administrativas contra los servidores públicos por actos de corrupción.
Para evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en lo que a estos tópicos se refiere, se proponen dos indicadores: el Índice del Estado de Derecho y la Tasa de Victimización. La descripción del primero sostiene que refleja la percepción de confianza y respeto de las reglas de la sociedad, así como la calidad del cumplimiento de contratos, derechos de propiedad, reglas de policía y tribunales, y también la posibilidad de existencia de crimen y violencia. Los datos se obtienen de una serie de institutos de estudio, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y empresas del sector privado. La estimación de la gobernanza oscila entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte). El indicador es anual y la fuente es el Banco Mundial. La Tasa de Victimización se obtendrá de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que levanta el INEGI.
Los planes son siempre ejercicios positivos que intentan articular las acciones institucionales mediante un marco de referencia dogmático y congruente. En particular, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es claro respecto de su análisis de las áreas de justicia y seguridad pública. Además fija con certeza las grandes líneas con las cuales pretende orientar la actividad gubernamental. También es positivo que proponga indicadores que faciliten la medición del cumplimiento de los objetivos que establece.
No obstante, el Plan por sí mismo, no puede garantizar su aplicación irrestricta. Y no puede hacerlo porque su naturaleza se lo impide. Es un instrumento para ser ejecutado y en dicha ejecución interviene el factor humano. Los organismos de la sociedad civil deben estar al pendiente de que se cumplan las metas fijadas, o bien, se redefinan los objetivos y las líneas de acción. De lo contrario regresaremos al plan original para combatir a los delincuentes: ¡agárrenlos!
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