Historia del crimen

Al inicio de la película Cazafantasmas, los protagonistas enfrentan la aparición de un espectro en una biblioteca pública de Nueva York. Sorprendidos, no saben qué hacer. Bill Murray, que hace al personaje de Peter Venkman, llama a los otros para reclamarles que no tienen idea sobre cómo reaccionar. Entonces se escucha la voz de Dan Aykroyd, en el papel de Ray Stantz, diciendo que sabe qué hacer. Al acercarse al fantasma les grita ¡agárrenla! Y el espectro se transforma en un ser terrible que los asusta de tal manera que salen huyendo hacia fuera de la biblioteca. Tras esa escena, Venkman se sigue burlando de Stantz diciendo “¡agárrenla! Ese era todo tu plan”. El pasado lunes 20 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La sección denominada “México en Paz” contiene el apartado relativo a seguridad pública, en el cual, a manera de diagnóstico, se establece que en los años anteriores la “lógica de las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas se modificó y provocó su fortalecimiento. Así, aumentaron los volúmenes de sus ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades y asegurar el tránsito por ciertas zonas del país. Esta nueva dinámica criminal encontró corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas, lo que propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones criminales en algunas regiones del país.” A continuación, para combatir este fenómeno, se propone una nueva estrategia para recuperar la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad pública. Para ello se propone como una de las líneas de acción, el coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a partir de las causas y en función de las variables que propician las conductas antisociales. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo se refiere al estado del sistema de justicia, al cual considera “caracterizado por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público”, lo cual se tradujo en violaciones a los derechos humanos, ineficacia e inoperancia del principio de presunción de inocencia. Estableciendo como objetivo el garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, el Plan se propone abatir la impunidad mediante la implementación de un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad pública y procuración de justicia para generar mayor capacidad de probar los delitos. Además, en el tema de combate a la corrupción plantea la creación de un organismo autónomo especializado de investigar las quejas administrativas contra los servidores públicos por actos de corrupción. Para evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en lo que a estos tópicos se refiere, se proponen dos indicadores: el Índice del Estado de Derecho y la Tasa de Victimización. La descripción del primero sostiene que refleja la percepción de confianza y respeto de las reglas de la sociedad, así como la calidad del cumplimiento de contratos, derechos de propiedad, reglas de policía y tribunales, y también la posibilidad de existencia de crimen y violencia. Los datos se obtienen de una serie de institutos de estudio, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y empresas del sector privado. La estimación de la gobernanza oscila entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte). El indicador es anual y la fuente es el Banco Mundial. La Tasa de Victimización se obtendrá de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que levanta el INEGI. Los planes son siempre ejercicios positivos que intentan articular las acciones institucionales mediante un marco de referencia dogmático y congruente. En particular, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es claro respecto de su análisis de las áreas de justicia y seguridad pública. Además fija con certeza las grandes líneas con las cuales pretende orientar la actividad gubernamental. También es positivo que proponga indicadores que faciliten la medición del cumplimiento de los objetivos que establece. No obstante, el Plan por sí mismo, no puede garantizar su aplicación irrestricta. Y no puede hacerlo porque su naturaleza se lo impide. Es un instrumento para ser ejecutado y en dicha ejecución interviene el factor humano. Los organismos de la sociedad civil deben estar al pendiente de que se cumplan las metas fijadas, o bien, se redefinan los objetivos y las líneas de acción. De lo contrario regresaremos al plan original para combatir a los delincuentes: ¡agárrenlos!

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