Historia del crimen

La presencia de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas se da a través de sus delegaciones, que funcionan como órganos desconcentrados de dicha institución y atienden los asuntos a cargo del Ministerio Público de la Federación, es decir, la investigación y persecución de los delitos federales. Esto se traduce, de acuerdo con el Quinto Informe de Labores de la PGR, en la realización de cateos, operativos, detenciones y aseguramientos, fundamentalmente en cuatro áreas: combate al narcomenudeo, persecución de la piratería, atención de delitos ambientales e investigación de los delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Según el propio Informe, durante el primer semestre de 2011 en las delegaciones, en acciones de combate al narcomenudeo, se efectuaron 2658 operativos y cateos que resultaron en 1315 personas detenidas. Esto significa que las delegaciones de la PGR hicieron el 18% del total de operativos y cateos, así como la detención del 8.5% del total de personas, registrado en lo que ellos denominan “Resultado Global” en ese mismo periodo. En el año 2009, el Congreso de la Unión aprobó distintas reformas legales para darle intervención a las procuradurías de los estados en la investigación de ciertos casos de narcomenudeo. La iniciativa de dicha ley, presentada por el presidente Calderón, partía de considerar que las autoridades locales tenían un mayor número de policías, ministerios públicos, jueces y espacios penitenciarios, que las autoridades federales. De acuerdo con el penalista Humberto Castillejos, el Gobierno Federal pensó que el problema se resolvía trasladando una buena parte de la carga operativa y política que implican los delitos contra la salud, a los estados, perdiendo de vista otras variables como el análisis del funcionamiento de la estrategia y estructuras encargadas del combate al narcomenudeo. Algunas entidades asumieron la nueva competencia, otras más se abstuvieron para presionar al Gobierno Federal y que proporcionara ayuda económica que mitigara el costo que la responsabilidad adicional significaba para las instituciones de seguridad locales. La PGR, a través de la XXII asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), decidió en 2009 desechar las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y sustituirlas, en cada estado, por Centros de Operación Estratégica. Por su parte, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) promovió entre los Programas con Prioridad Nacional en 2012, el denominado “Implementación de los Centros de Operación Estratégica” y le asignó recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. A partir de ello, el Gobierno Federal insertó el tema en cada uno de los convenios de coordinación (y los respectivos anexos) que suscribió con los estados. Instalado como el gran rector de la seguridad pública y la procuración de justicia, el gobierno de Calderón, mediante la presentación de iniciativas de leyes generales y la operación de sus dependencias a través del SNSP y la CNPJ, continuó con la política de transferir porciones de responsabilidades de la Federación a las entidades federativas en materia de: • Secuestros. Para lo cual ha venido promoviendo la creación, asignando recursos y homologando la estructura y equipamiento de las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro. • Trata de Personas. A través de la CNPJ propone y quiere hacer avanzar el establecimiento de Células Mixtas en la materia, a pesar de que, en narcomenudeo, ya descartó la estrategia de estas unidades. • Lavado de dinero. Apoyando la instalación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, en las secretarías de finanzas o equivalentes y no en las procuradurías. • Piratería. Invitando a la suscripción de convenios para establecer una mayor operatividad, a nivel nacional, que permita el aseguramiento masivo de productos pirata. Bajo esta lógica, las delegaciones estatales de la PGR pronto se convertirán en oficinas con un ámbito de trabajo cada vez más reducido. Tal vez no sea descabellado proponerle al gobierno de Calderón que así como traspasa las responsabilidades, traspase al personal e infraestructura de las delegaciones de la PGR y con ellas se cree, en cada procuraduría local, su propia Subprocuraduría de Delitos Federales.

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