Tuesday, August 07, 2007
Consigna que algo queda
La Asociación Mexicana para las Naciones Unidas (AMNU), dentro del proyecto Barómetro Local, presentó el mes pasado el trabajo Una silueta del debido proceso penal en Chiapas, Distrito Federal, Durango, Morelos y Nuevo León, coordinado por el primer ombudsman de México, Miguel Sarre.
En nuestro país, el problema más grave de justicia no es el del reconocimiento de los derechos humanos, sino la ausencia de medios para su protección. De aquí la importancia del debido proceso, ya que es el mecanismo protector de los derechos fundamentales, es la vía para hacerlos valer. Cuando falla el debido proceso es por que falta una ley que garantice la satisfacción y respeto de los bienes jurídicos. Entre las prerrogativas protegidas por el debido proceso encontramos: libertad personal (prohibición de detenciones ilegales), integridad personal (trato digno en la detención, investigación y prisión), garantías judiciales de presunción de inocencia y derecho a la defensa, legalidad y recursos efectivos para las víctimas.
El Barómetro Local analiza el cumplimiento, en las citadas entidades, del derecho al debido proceso en materia penal. Para determinarlo se estudiaron 87 indicadores, como por ejemplo, la proporción de presos sin condena en cada reclusorio o el número de defensores de oficio en materia penal que atienden casos durante el proceso.
Al momento de presentar sus conclusiones se indica: “Esta investigación corrobora que los gobernadores de Chiapas, Durango, Morelos y Nuevo León, así como el jefe de gobierno del Distrito Federal, no han asumido sus responsabilidades en relación con el respeto y la garantía al derecho al debido proceso. Es significativo el escaso o nulo espacio que los mandatarios de dichas entidades han dedicado al tema en sus informes de gobierno”.
Este ejercicio de medición es pionero en el país y sienta las bases para futuros análisis comparativos. Es deseable efectuar un estudio similar en Sinaloa, para saber, más allá de los discursos políticos, si en nuestra entidad se respeta el debido proceso. Claro que en el estado ya se han hecho algunas mediciones, pero les falta el valor fundamental de ser realizadas por un organismo independiente a las autoridades. Hasta hoy, son las propias instituciones del sistema penal las que autocalifican su trabajo.
Así, escuchamos frecuentemente que se han detenido más delincuentes que en años anteriores, se han consignado más averiguaciones previas ante los juzgados y se ha abatido el rezago de expedientes de investigación. Vamos indagando un poco acerca de esto.
Si tomamos en cuenta los datos de los últimos tres informes de gobierno encontramos que del total de averiguaciones previas resueltas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el periodo 2003-2004, las consignaciones, es decir los expedientes que se llevaron ante los jueces para acusar a alguien por un delito, representaron el 29.9% del total, mientras que en el periodo 2005-2006 fueron el 29.3%. O sea, se consigna la misma proporción. Por otro lado, si comparamos los autos de formal prisión obtenidos por el Ministerio Público con las sentencias condenatorias dictadas por los jueces, para saber en cuántas ocasiones se tuvo éxito para convertir una prisión preventiva en pena de prisión, resulta que durante 2003-2004 la proporción es del 78.7%, mientras que en 2005-2006 fue de 56.7%. Es decir, hoy se recibe un porcentaje menor de condenas.
Durante 2006 se impulsó la estrategia de otorgar bonos de productividad de alrededor de $2500 pesos mensuales a los agentes del ministerio público si lograban consignar una cuota fija de expedientes. Por ejemplo, en la agencia de robo de vehículos se exigía consignar 3 averiguaciones previas por auxiliar, o sea que si trabajaban 4 auxiliares, la cuota para la agencia se elevaba a 12 expedientes mensuales. En el caso de la agencia especializada en delitos sexuales el número exigido era de 8 expedientes mensuales consignados por auxiliar.
Esta exigencia se origina en concebir al ministerio público como parte de una línea de ensamble que produce presos y que mide su eficiencia como una compañía enlatadora, por el volumen final de mercancía producida. La idea es propia de quien piensa que todas las instituciones penales forman una cadena de seguridad que se van entregando a los delincuentes una a otra. Con esto, se antepone como el valor más importante del sistema penal la obtención de resultados numéricos, por encima de los derechos que debe garantizar el debido proceso. Si lo que se exige son consignaciones, la presunción de inocencia queda relegada. Al final de cuentas, más consignaciones no significan mejor trabajo. Así lo demuestran las cifras del 2006: se obtuvo el 90% de autos de formal prisión sobre los expedientes consignados; pero solo 48% de sentencias condenatorias sobre el total de autos de formal prisión. Consignar por consignar no da buenos resultados.
En nuestro país, el problema más grave de justicia no es el del reconocimiento de los derechos humanos, sino la ausencia de medios para su protección. De aquí la importancia del debido proceso, ya que es el mecanismo protector de los derechos fundamentales, es la vía para hacerlos valer. Cuando falla el debido proceso es por que falta una ley que garantice la satisfacción y respeto de los bienes jurídicos. Entre las prerrogativas protegidas por el debido proceso encontramos: libertad personal (prohibición de detenciones ilegales), integridad personal (trato digno en la detención, investigación y prisión), garantías judiciales de presunción de inocencia y derecho a la defensa, legalidad y recursos efectivos para las víctimas.
El Barómetro Local analiza el cumplimiento, en las citadas entidades, del derecho al debido proceso en materia penal. Para determinarlo se estudiaron 87 indicadores, como por ejemplo, la proporción de presos sin condena en cada reclusorio o el número de defensores de oficio en materia penal que atienden casos durante el proceso.
Al momento de presentar sus conclusiones se indica: “Esta investigación corrobora que los gobernadores de Chiapas, Durango, Morelos y Nuevo León, así como el jefe de gobierno del Distrito Federal, no han asumido sus responsabilidades en relación con el respeto y la garantía al derecho al debido proceso. Es significativo el escaso o nulo espacio que los mandatarios de dichas entidades han dedicado al tema en sus informes de gobierno”.
Este ejercicio de medición es pionero en el país y sienta las bases para futuros análisis comparativos. Es deseable efectuar un estudio similar en Sinaloa, para saber, más allá de los discursos políticos, si en nuestra entidad se respeta el debido proceso. Claro que en el estado ya se han hecho algunas mediciones, pero les falta el valor fundamental de ser realizadas por un organismo independiente a las autoridades. Hasta hoy, son las propias instituciones del sistema penal las que autocalifican su trabajo.
Así, escuchamos frecuentemente que se han detenido más delincuentes que en años anteriores, se han consignado más averiguaciones previas ante los juzgados y se ha abatido el rezago de expedientes de investigación. Vamos indagando un poco acerca de esto.
Si tomamos en cuenta los datos de los últimos tres informes de gobierno encontramos que del total de averiguaciones previas resueltas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el periodo 2003-2004, las consignaciones, es decir los expedientes que se llevaron ante los jueces para acusar a alguien por un delito, representaron el 29.9% del total, mientras que en el periodo 2005-2006 fueron el 29.3%. O sea, se consigna la misma proporción. Por otro lado, si comparamos los autos de formal prisión obtenidos por el Ministerio Público con las sentencias condenatorias dictadas por los jueces, para saber en cuántas ocasiones se tuvo éxito para convertir una prisión preventiva en pena de prisión, resulta que durante 2003-2004 la proporción es del 78.7%, mientras que en 2005-2006 fue de 56.7%. Es decir, hoy se recibe un porcentaje menor de condenas.
Durante 2006 se impulsó la estrategia de otorgar bonos de productividad de alrededor de $2500 pesos mensuales a los agentes del ministerio público si lograban consignar una cuota fija de expedientes. Por ejemplo, en la agencia de robo de vehículos se exigía consignar 3 averiguaciones previas por auxiliar, o sea que si trabajaban 4 auxiliares, la cuota para la agencia se elevaba a 12 expedientes mensuales. En el caso de la agencia especializada en delitos sexuales el número exigido era de 8 expedientes mensuales consignados por auxiliar.
Esta exigencia se origina en concebir al ministerio público como parte de una línea de ensamble que produce presos y que mide su eficiencia como una compañía enlatadora, por el volumen final de mercancía producida. La idea es propia de quien piensa que todas las instituciones penales forman una cadena de seguridad que se van entregando a los delincuentes una a otra. Con esto, se antepone como el valor más importante del sistema penal la obtención de resultados numéricos, por encima de los derechos que debe garantizar el debido proceso. Si lo que se exige son consignaciones, la presunción de inocencia queda relegada. Al final de cuentas, más consignaciones no significan mejor trabajo. Así lo demuestran las cifras del 2006: se obtuvo el 90% de autos de formal prisión sobre los expedientes consignados; pero solo 48% de sentencias condenatorias sobre el total de autos de formal prisión. Consignar por consignar no da buenos resultados.
# posted by Óscar González Mendívil @ 10:36 AM 
