Tuesday, August 07, 2007
Corrupción y jueces
El 24 de mayo Transparencia Internacional publicó el Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales. De acuerdo con éste documento, la corrupción judicial en el mundo se divide en dos categorías, interferencia política en el proceso judicial por parte del poder legislativo o el ejecutivo, y el soborno. “La corrupción en la judicatura abarca cualquier influencia indebida sobre la imparcialidad de los procedimientos y dictámenes judiciales y puede extenderse al soborno de los jueces a cambio de fallos favorables o de no emitir decisión alguna” (Transparencia Internacional, comunicado de prensa del 24 de mayo de 2007). Además, el Informe incluye como corrupción el uso inadecuado de las atribuciones y los fondos judiciales, como por ejemplo, la contratación de familiares en puestos dentro de los propios tribunales o la manipulación de contratos para la construcción de juzgados.
No obstante, el énfasis se efectúa en la interferencia de políticos o servidores públicos que instrumentan el nepotismo, amiguismo, y las decisiones políticas ilegítimas, a veces mediante la intimidación sutil como la manipulación de nominaciones, sueldos y condiciones de servicio judiciales. Pero también se establece como problema la opacidad de los procesos judiciales que facilitan el soborno para aplazar o acelerar casos.
En el Informe, México aparece en dos apartados especiales. En el primero de ellos, el periodista Jorge Fernández Menéndez se refiere a los jueces de los procesos penales en contra de narcotraficantes. Nos recuerda el caso del juez José Luis Gómez Martínez que en 2005 absolvió a Olga Patricia Gastelum Escobar, presunta asociada de El Chapo Guzmán, quien fue detenida junto con Felipe de Jesús Mendívil Ibarra mientras trataban de huir con alrededor de 7 millones de dólares en efectivo y cerca de 500 mil dólares en joyería y relojes. El juez Gómez Martínez también absolvió a Felipe Mendívil, sólo que al apelar la PGR fue sentenciado a 17 años de prisión.
Éste mismo juez dejó en libertad a 18 personas detenidas el 2004 en Nuevo Laredo portando 28 armas largas, 2 pistolas, 223 cartuchos , 10000 balas, 12 lanza-granadas, 18 granadas de mano, chalecos antibalas y equipo militar. Y fue él también quien ordenó la libertad de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, hijo de El Chapo, a quien se había acusado de lavado de dinero y el homicidio de un joven canadiense. La PGR apeló la decisión y logró se revocara la libertad de Guzmán Salazar.
En otra sección, Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene que la peor consecuencia de la corrupción judicial en México es el alto nivel de impunidad generado y sostenido por la policía, ministerios públicos, jueces y funcionarios penitenciarios. De acuerdo con Marcelo Bergman (CIDE 2004), el 70% de los detenidos en los reclusorios del DF fue arrestado dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del delito. Esto, lejos de significar eficacia, evidencia que si una persona no es detenida en flagrancia, las posibilidades de una investigación exitosa se reducen alarmantemente. Además, 70% de los sospechosos a disposición del ministerio público del DF no tuvieron asistencia legal real y 80% de los procesados nunca hablaron con el juez de su proceso.
En su estudio denominado Cómo sentencian los jueces en el DF en materia penal (CIDE 2004), Luis Pásara, concluye que los juzgados penales son fábricas de producción de condenas, ya que una persona consignada tiene bajísimas posibilidades de ser absuelta en el proceso. En ello interviene que el proceso penal está seriamente desbalanceado por una acusación de peso decisivo (ministerio público), un juez pasivamente replegado en sus funciones mínimas y una defensa ineficiente; pero también es importante el hecho de que el razonamiento judicial se sustituye por el empleo de “machotes” en las decisiones, que resulta por ejemplo, en que las pruebas son hilvanadas pero no razonadas por el juez.
El Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales considera promover la independencia y rendición de cuentas de los Tribunales, salvaguardar a la judicatura contra la influencia política, alentar la integridad individual, transparentar las nominaciones y destituciones de jueces y magistrados. Particularmente, Transparencia Internacional recomienda:
1. Crear un órgano de nominación judicial independiente vinculado a la Sociedad Civil, que valore los méritos de los candidatos.
2. Fijar los sueldos de los juzgadores con base en la experiencia, desempeño y desarrollo profesional.
3. Investigar las acusaciones contra los jueces por órganos independientes.
4. Proveer al público información confiable sobre gastos y actividades.
No obstante, el énfasis se efectúa en la interferencia de políticos o servidores públicos que instrumentan el nepotismo, amiguismo, y las decisiones políticas ilegítimas, a veces mediante la intimidación sutil como la manipulación de nominaciones, sueldos y condiciones de servicio judiciales. Pero también se establece como problema la opacidad de los procesos judiciales que facilitan el soborno para aplazar o acelerar casos.
En el Informe, México aparece en dos apartados especiales. En el primero de ellos, el periodista Jorge Fernández Menéndez se refiere a los jueces de los procesos penales en contra de narcotraficantes. Nos recuerda el caso del juez José Luis Gómez Martínez que en 2005 absolvió a Olga Patricia Gastelum Escobar, presunta asociada de El Chapo Guzmán, quien fue detenida junto con Felipe de Jesús Mendívil Ibarra mientras trataban de huir con alrededor de 7 millones de dólares en efectivo y cerca de 500 mil dólares en joyería y relojes. El juez Gómez Martínez también absolvió a Felipe Mendívil, sólo que al apelar la PGR fue sentenciado a 17 años de prisión.
Éste mismo juez dejó en libertad a 18 personas detenidas el 2004 en Nuevo Laredo portando 28 armas largas, 2 pistolas, 223 cartuchos , 10000 balas, 12 lanza-granadas, 18 granadas de mano, chalecos antibalas y equipo militar. Y fue él también quien ordenó la libertad de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, hijo de El Chapo, a quien se había acusado de lavado de dinero y el homicidio de un joven canadiense. La PGR apeló la decisión y logró se revocara la libertad de Guzmán Salazar.
En otra sección, Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene que la peor consecuencia de la corrupción judicial en México es el alto nivel de impunidad generado y sostenido por la policía, ministerios públicos, jueces y funcionarios penitenciarios. De acuerdo con Marcelo Bergman (CIDE 2004), el 70% de los detenidos en los reclusorios del DF fue arrestado dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del delito. Esto, lejos de significar eficacia, evidencia que si una persona no es detenida en flagrancia, las posibilidades de una investigación exitosa se reducen alarmantemente. Además, 70% de los sospechosos a disposición del ministerio público del DF no tuvieron asistencia legal real y 80% de los procesados nunca hablaron con el juez de su proceso.
En su estudio denominado Cómo sentencian los jueces en el DF en materia penal (CIDE 2004), Luis Pásara, concluye que los juzgados penales son fábricas de producción de condenas, ya que una persona consignada tiene bajísimas posibilidades de ser absuelta en el proceso. En ello interviene que el proceso penal está seriamente desbalanceado por una acusación de peso decisivo (ministerio público), un juez pasivamente replegado en sus funciones mínimas y una defensa ineficiente; pero también es importante el hecho de que el razonamiento judicial se sustituye por el empleo de “machotes” en las decisiones, que resulta por ejemplo, en que las pruebas son hilvanadas pero no razonadas por el juez.
El Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales considera promover la independencia y rendición de cuentas de los Tribunales, salvaguardar a la judicatura contra la influencia política, alentar la integridad individual, transparentar las nominaciones y destituciones de jueces y magistrados. Particularmente, Transparencia Internacional recomienda:
1. Crear un órgano de nominación judicial independiente vinculado a la Sociedad Civil, que valore los méritos de los candidatos.
2. Fijar los sueldos de los juzgadores con base en la experiencia, desempeño y desarrollo profesional.
3. Investigar las acusaciones contra los jueces por órganos independientes.
4. Proveer al público información confiable sobre gastos y actividades.
# posted by Óscar González Mendívil @ 10:35 AM 
