Tuesday, August 07, 2007
La reforma penal de Felipe Calderón
El pasado 9 de marzo el presidente Felipe Calderón firmó dos iniciativas en materia de justicia penal, durante una ceremonia llevada a cabo en el salón López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos. De acuerdo con el mensaje del titular del ejecutivo, el paquete de reformas tiene los siguientes objetivos:
• Primero. Modificar la Constitución para promulgar un Código Penal único en toda la República.
• Segundo. Establecer reglas específicas para el proceso penal en los casos de crimen organizado, con juicios que otorguen especial protección a víctimas, testigos y denunciantes; órdenes de arraigo en los casos de delitos graves y delincuencia organizada; así como realización de cateos que permitan mayor efectividad en la investigación.
• Tercero. Se propone legitimar a las víctimas de delitos para exigir la reparación del daño en el proceso penal, así como para impugnar judicialmente las resoluciones del Ministerio Público que afecten sus intereses.
• Cuarto. Establecer procedimientos para que la autoridad judicial decrete la extinción de dominio de aquellos bienes que son instrumento, objeto o producto de las actividades de la delincuencia organizada, para que dichos bienes pasen al dominio del Estado.
• Quinto. Dotar de facultades de investigación a la policía, quien actuará bajo la conducción del Ministerio Público.
• Sexto. Facultar al Congreso de la Unión para que expida las bases de un sistema nacional de desarrollo policial que regule el ingreso, selección, permanencia, profesionalización, remoción y separación, las sanciones y reconocimiento a los miembros de los cuerpos policiales de todo el país.
• Séptimo. Reformar el artículo 123 de la Constitución para que los policías y agentes del Ministerio Público puedan ser removidos libremente de sus cargos sin que proceda la reinstalación.
• Octavo. Reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para reconocer la autonomía del Ministerio Público en los ámbitos técnico y funcional.
La exposición de motivos de las iniciativas reconoce que su objeto es “revertir los índices de inseguridad pública”. Expresa que parte de la ineficacia en la investigación de los delitos radica en el hecho de que el ministerio público nunca le permitió a la policía judicial desarrollar debidamente sus funciones, por lo que ésta “sin autonomía funcional y administrativa, ha visto limitada su capacidad de investigación”. Más adelante dice: “El objetivo es que, como sucede en otros países, se fortalezca la profesionalización policial para que ésta pueda recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza que significa una innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público”.
Además, se propone modificar la Constitución para que las leyes secundarias no encuentren obstáculo en imponer medidas que restrinjan la libertad personal. Incluso, en forma expresa, se reconoce la intención de elevar a rango constitucional la polémica legitimación que la Suprema Corte de Justicia hiciera, en votación dividida, de los allanamientos de domicilio que la policía efectúa en persecución del delincuente flagrante.
Una lectura cuidadosa de las iniciativas revela que ninguna de ellas es novedosa. Ya en el gobierno de Vicente Fox se intentó presentarlas. En 2002, siendo Secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero, se elaboró un documento denominado Proyecto de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se planteó establecer un Código Penal Único para todo el país. Dos años después se firmó la Iniciativa de Reforma Estructural del Sistema de Justicia Penal Mexicano, en la que se propuso dar mayores libertades de investigación a la policía auxiliar del ministerio público y transformar la PGR en Fiscalía General de la Federación.
Los tres intentos de reforma al sistema penal tienen el mismo origen: justificar la ineficiencia del Estado en la existencia de libertades ciudadanas, y en consecuencia, si se desea mejorar los resultados, es necesario disminuir los derechos constitucionales de los mexicanos, para que no sean impedimento a la acción gubernamental. Claro, todo ello (nos dicen) se hace no por añoranzas inquisitoriales, sino por nuestro propio beneficio y el “bien común”.
Esperemos que los diputados y senadores del Congreso de la Unión estén a la altura de la discusión que se avecina y modifiquen los rasgos autoritarios de la iniciativa para que ésta se convierta en un instrumento útil a las autoridades, pero que también sea garante de los derechos humanos de todos nosotros.
• Primero. Modificar la Constitución para promulgar un Código Penal único en toda la República.
• Segundo. Establecer reglas específicas para el proceso penal en los casos de crimen organizado, con juicios que otorguen especial protección a víctimas, testigos y denunciantes; órdenes de arraigo en los casos de delitos graves y delincuencia organizada; así como realización de cateos que permitan mayor efectividad en la investigación.
• Tercero. Se propone legitimar a las víctimas de delitos para exigir la reparación del daño en el proceso penal, así como para impugnar judicialmente las resoluciones del Ministerio Público que afecten sus intereses.
• Cuarto. Establecer procedimientos para que la autoridad judicial decrete la extinción de dominio de aquellos bienes que son instrumento, objeto o producto de las actividades de la delincuencia organizada, para que dichos bienes pasen al dominio del Estado.
• Quinto. Dotar de facultades de investigación a la policía, quien actuará bajo la conducción del Ministerio Público.
• Sexto. Facultar al Congreso de la Unión para que expida las bases de un sistema nacional de desarrollo policial que regule el ingreso, selección, permanencia, profesionalización, remoción y separación, las sanciones y reconocimiento a los miembros de los cuerpos policiales de todo el país.
• Séptimo. Reformar el artículo 123 de la Constitución para que los policías y agentes del Ministerio Público puedan ser removidos libremente de sus cargos sin que proceda la reinstalación.
• Octavo. Reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para reconocer la autonomía del Ministerio Público en los ámbitos técnico y funcional.
La exposición de motivos de las iniciativas reconoce que su objeto es “revertir los índices de inseguridad pública”. Expresa que parte de la ineficacia en la investigación de los delitos radica en el hecho de que el ministerio público nunca le permitió a la policía judicial desarrollar debidamente sus funciones, por lo que ésta “sin autonomía funcional y administrativa, ha visto limitada su capacidad de investigación”. Más adelante dice: “El objetivo es que, como sucede en otros países, se fortalezca la profesionalización policial para que ésta pueda recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza que significa una innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público”.
Además, se propone modificar la Constitución para que las leyes secundarias no encuentren obstáculo en imponer medidas que restrinjan la libertad personal. Incluso, en forma expresa, se reconoce la intención de elevar a rango constitucional la polémica legitimación que la Suprema Corte de Justicia hiciera, en votación dividida, de los allanamientos de domicilio que la policía efectúa en persecución del delincuente flagrante.
Una lectura cuidadosa de las iniciativas revela que ninguna de ellas es novedosa. Ya en el gobierno de Vicente Fox se intentó presentarlas. En 2002, siendo Secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero, se elaboró un documento denominado Proyecto de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se planteó establecer un Código Penal Único para todo el país. Dos años después se firmó la Iniciativa de Reforma Estructural del Sistema de Justicia Penal Mexicano, en la que se propuso dar mayores libertades de investigación a la policía auxiliar del ministerio público y transformar la PGR en Fiscalía General de la Federación.
Los tres intentos de reforma al sistema penal tienen el mismo origen: justificar la ineficiencia del Estado en la existencia de libertades ciudadanas, y en consecuencia, si se desea mejorar los resultados, es necesario disminuir los derechos constitucionales de los mexicanos, para que no sean impedimento a la acción gubernamental. Claro, todo ello (nos dicen) se hace no por añoranzas inquisitoriales, sino por nuestro propio beneficio y el “bien común”.
Esperemos que los diputados y senadores del Congreso de la Unión estén a la altura de la discusión que se avecina y modifiquen los rasgos autoritarios de la iniciativa para que ésta se convierta en un instrumento útil a las autoridades, pero que también sea garante de los derechos humanos de todos nosotros.
# posted by Óscar González Mendívil @ 10:40 AM 
