Historia del crimen

El tema de seguridad pública es, en nuestro estado, objeto de constantes comentarios y declaraciones, muchas de las veces refiriéndose a circunstancias anecdóticas, fragmentarias o inmediatas. Por desgracia, casi siempre se encuentra ausente el análisis y se le suple mediante el suministro de cifras acusatorias o exculpatorias, según sea el caso.

No obstante queda claro que nadie se encuentra conforme con la situación de la criminalidad o con el desempeño de las autoridades. Para ser específicos, diremos que, entre los puntos principales que la ciudadanía percibe como problemáticos en seguridad pública se encuentran:

• Conductas de corrupción en algunos servidores públicos.
• Alta incidencia en homicidios y robos.
• Ineficacia e ineficiencia en policías, ministerios públicos y jueces.
• Impunidad para delitos en los que generalmente se espera una sanción para el criminal.
• Falta de coordinación entre las instancias de seguridad.
• Ausencia de una política criminológica.

Las soluciones propuestas a lo largo de la historia de Sinaloa parten de suponer los datos esenciales del estudio que aparentemente las fundamenta. Así, se da por hecho que el asunto de la corrupción es muy grave, aún cuando no se conozca a ciencia cierta, ni se emplee, un sistema de medición más o menos confiable. Esto no implica que la corrupción no sea muy grave, sino que se desconoce su exacta dimensión.

De esta manera, las acciones que diseñan y ejecutan las instituciones de seguridad, las más de las veces, obedecen a opiniones y puntos de vista fundamentalmente subjetivos y empíricos. Se hace lo que se cree que sirve o lo que se ha hecho con anterioridad en circunstancias que se advierten semejantes. En conclusión, para dimensionar el problema hay que identificar y medir sus datos.


¿Cómo medir la seguridad pública?

Resulta claro que el tema de la seguridad tiene más variables que sólo el homicidio doloso, y sin embargo, es el único que concentra el interés mediático. Pero qué mide y qué quiere decir la existencia de 500 ó 600 asesinatos al año. Da cuenta de la existencia de un nivel de criminalidad violenta que no se observa en otras entidades de la República e incluso del mundo, pero no nos dice nada respecto de los factores que participan en su aparición. Éste es un dato significativo pero no absoluto.

Por tanto se hace necesario sumar otros indicadores que nos ayuden a vislumbrar el problema. En primer lugar es necesario distinguir entre las distintas funciones que el Estado realiza en materia de seguridad: prevención del delito, investigación y persecución de delincuentes, imposición de penas y readaptación social. A cada una de ellas debe medírsele en forma independiente, por más que se encuentren todas vinculadas.

Así, la incidencia delictiva es un indicador de medición de la prevención del delito, pues es claro que si un delito se presenta, la prevención falló. Pero no sólo la policial, también la prevención social que incluye educación, servicios públicos, iglesias, empresa. Si además queremos medir la acción de la Policía deberemos incluir encuestas de opinión, tiempos de respuesta, número de detenciones en flagrancia, cuántas detenciones se calificaron de legales por ministerios públicos y jueces calificadores, entre otras cosas.

En procuración de justicia existe, desde 1993, un sistema informático que permite medir algunas cuestiones en materia de averiguaciones previas. Se conoce el número de expedientes iniciados con motivo de la investigación de probables delitos, cuántos de ellos han sido resueltos (en los cuales se tomó una resolución y no necesariamente que se identificó al delincuente), qué resolución se tomó, etcétera.

Pero incluso aquí hay que ser muy cuidadoso en el manejo de cifras ya que puede darse una impresión equivocada de aquello que se pretende analizar. Por ejemplo, según datos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), al 27 de septiembre de 2005, se consignaron 5605 averiguaciones previas, 72 más que en el mismo periodo del año anterior (Gaxiola Daniel. Mejora PGJE resultados: Cárdenas. Noroeste.com Archivo, 28 de septiembre de 2005). Sin embargo, esa misma cifra significa el 25.7% del total de expedientes resueltos y la cifra del año anterior representa el 28.8%. Es decir, a pesar de que numéricamente se consignan mas expedientes, dentro del total de resoluciones la consignación ha disminuido un 3.1%.

Siguiendo con el ejemplo, al 30 de septiembre de 2005 el dato de expedientes consignados subió a 5628, pero en el mismo periodo los expedientes enviados a la reserva por falta de elementos para continuar las investigaciones, fueron 7339. Eso significa que la PGJ envía más expedientes al archivo que a los jueces, un 30% más.

El anterior ejercicio expone, por un lado, el volumen de resoluciones de la PGJ y por otro, la eficacia de dichas resoluciones. Al compararlos encontramos la medición de una variable que coincide parcialmente con la opinión social respecto del sistema penal: según una encuesta publicada el 10 de octubre de 2005 en El Debate, 74% de los entrevistados consideraron mala la impartición de justicia en el estado.


¿Cómo cambiar el sistema penal?

Si el sistema penal, no está rindiendo los resultados que la ciudadanía y las propias autoridades exigen, es de concluirse que debe reformarse. Esta decisión abre otras posibilidades, ¿qué cambiar? ¿debe reformarse la ley?.

Antes que nada debe precisarse una política criminológica integral en Sinaloa. Autoridades y ciudadanos deben conocer qué se hace en seguridad y sobre todo porqué se hace. Los ejes de dicha política deberían considerar entre sus puntos:

1. Congruencia presupuestal. Si el problema de mayor gravedad e impacto en la entidad es la seguridad pública, entonces debe recibir la atención presupuestal adecuada y no conformarse con asignar recursos para cubrir el gasto corriente de las instituciones. Por su parte, el gobierno federal debe dejar de reducir los fondos que remite a los fideicomisos del Fondo de Seguridad (FOSEG).
2. Priorizar la prevención. Implica el fortalecimiento de las policías preventivas en todos sus aspectos: personal, equipamiento, infraestructura, capacitación, controles, rendición de cuentas, gasto.
3. Compromiso con la transparencia. Que se traduce en no admitir actos de corrupción no sólo en las instituciones de seguridad sino en cualquier dependencia de gobierno.

Definir la política criminológica no requiere del cambio de leyes pero sí de una enorme voluntad política. No obstante, hay cuestiones que necesariamente exigen modificar las normas jurídicas.

Una de ellas es la transformación de la PGJ. No puede pensarse en lograr mayor eficacia o disminuir la corrupción si no se reforman las leyes para dotar de plena autonomía al Ministerio Público. No se trata de sustraerlo de todo control, sino de evitar que los factores políticos signifiquen una posibilidad de sujetar su actividad a criterios distintos a los jurídicos. Con ello se garantiza una institución de Estado sólida en la cual ni siquiera el titular del ejecutivo pueda influir. Por otro lado, se necesita un sistema de rendición de cuentas que incluya al Congreso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Supremo Tribunal de Justicia.

Pero ésta no es la única reforma que la PGJ requiere. El sistema de investigación del delito debe cambiar, particularmente por lo que se refiere a la Policía Ministerial. Este órgano ha agotado su capacidad de actuación y es necesario plantear qué puede sustituirlo.

Por otro lado, las nuevas formas de criminalidad organizada obligan a crear instrumentos jurídicos para enfrentarlas. Al menos sería prudente considerar una adición a la ley sustantiva para incorporar tipos penales específicos y otra a las leyes orgánicas para establecer dependencias especializadas a cargo de su persecución.

En el ámbito judicial, sería oportuno iniciar la discusión respecto al establecimiento de juicios orales, jueces especializados por tipo de delito, así como revisión de las reglas de los tiempos procedimentales y las normas probatorias.

En materia legislativa penal, Sinaloa tiene una larga tradición de copiar los códigos federales. El legislador sinaloense ha preferido “adaptar” normas o reformas de otras entidades. Sin embargo ningún estado tiene la problemática de Sinaloa y nadie va a generar opciones para nosotros. Estamos obligados a buscar soluciones propias e innovadoras. Es momento de incorporar en la agenda legislativa la renovación del sistema penal.