Historia del crimen

Entre 2004 y 2006, representantes de Amnistía Internacional (AI) sostuvieron entrevistas con representantes del gobierno federal mexicano, agentes del Ministerio Público, abogados, miembros de la judicatura, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y víctimas; con base en ellas elaboraron un informe denominado México. Leyes sin justicia: Violaciones de los derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública.

En dicho informe se establece que los principales problemas del sistema penal mexicano son:

• Los miembros de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, ministerios públicos, jueces y abogados con frecuencia no cumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos.
• Los poderes discrecionales que se conceden al Ministerio Público socavan el principio de igualdad procesal entre la acusación y la defensa.
• Existe un abismo entre los principios legales y la realidad diaria de quienes entran en contacto con la ley y necesitan su protección.
• No se garantiza la aplicación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
• La pertenencia de las procuradurías a los sistemas de seguridad pública debilita la independencia de los agentes del ministerio público.
• En México el uso de la detención preventiva está muy extendido.
• A pesar de que la legislación establece que un juicio penal no debe durar más de un año y sólo cuatro meses para delitos menores, estos plazos se incumplen sistemáticamente.
• El empleo de la tortura por parte de algunos agentes policiales tiene carácter habitual.
• La tortura y los malos tratos se producen cuando los sospechosos son detenidos en virtud de las disposiciones relativas al delito flagrante.
• A pesar de la evidencia de tortura para obtener confesiones, los jueces dan mayor validez a la primera declaración tomada por el agente del Ministerio Público.
• Después de presentar oficialmente la denuncia de tortura, la persona inculpada debe superar innumerables obstáculos para demostrar el fundamento de su denuncia.
En términos generales se reconoce que el sistema de justicia no está sirviendo a la sociedad y necesita una reforma considerable para que esté en posibilidad de garantizar la efectividad y el respeto a los derechos humanos tanto de los probables delincuentes como de las víctimas.

En virtud de ello, AI efectuó, entre otras, las siguientes recomendaciones al gobierno mexicano:

1. Reformar la Constitución para garantizar que las obligaciones contraídas por México en materia de derechos humanos, estén plenamente consagrados en la legislación.
2. Cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
3. Reformar el sistema de procedimiento penal para garantizar que el Poder Judicial cumpla estrictamente con las normas internacionales sobre juicios justos.
4. Reformar la legislación en materia de detenciones en flagrancia para conformarla a lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos.
5. Reforzar la independencia e imparcialidad judicial, de tal manera que los jueces garanticen la igualdad procesal de acusación y defensa.
6. Establecer la independencia de las procuradurías de justicia frente al poder ejecutivo en los ámbitos estatal y federal.
7. Garantizar la autonomía de las defensorías públicas en todos los estados.

Las medidas propuestas indican que ya no son suficientes las buenas intenciones de cambio en seguridad pública, no es sólo con cambios de personal o códigos de buena conducta como se logra la innovación del sistema penal. Ante todo, la transformación debe darse dos niveles: a) legislativo, que requiere la reforma del marco jurídico para colmar las lagunas que aún posee; y b) operativo, que implica el diseño, ejecución y supervisión de políticas y estrategias en materia del debido proceso.

La responsabilidad del cambio incumbe a jueces, diputados, gobernadores, ministros, procuradores, magistrados, senadores, profesores y estudiantes de derecho, y por supuesto, al Presidente de la República.