Historia del crimen

Por muchos años el informe anual del gobierno en turno es juzgado, en el tema de seguridad pública, por el número de homicidios dolosos que se han cometido en el periodo que se indica. Si ese es el caso, como ocurre desde hace veinticinco años, 2007 es un año cuyo informe se ha escrito con la sangre de 616 homicidios, hasta octubre.

Debido al contexto político de la comparecencia del gobernador, el tema se convierte en un arma para atacar y defender posiciones partidistas que de poco sirven a la comunidad sinaloense. Por desgracia, casi siempre se encuentra ausente el análisis y se le suple mediante el suministro de cifras acusatorias o exculpatorias, según sea el caso.

Así, frente a la posibilidad de cerrar 2007 con el número más alto de homicidios en los últimos diez años, el informe menciona la consignación de 174 averiguaciones previas y la detención de 233 probables homicidas, 62 en flagrancia y 171 mediante la ejecución de una orden de aprehensión.

Resulta claro que el tema de la seguridad tiene más variables que sólo el homicidio doloso, y sin embargo, es el único que concentra el interés mediático. Pero qué mide y qué quiere decir la existencia de 500 ó 600 asesinatos al año. Da cuenta de la existencia de un nivel de criminalidad violenta que no se observa en otras entidades de la República e incluso del mundo, pero no nos dice nada respecto de los factores que participan en su aparición. Éste es un dato significativo pero no absoluto.

Por tanto se hace necesario sumar otros indicadores que nos ayuden a vislumbrar el problema. En primer lugar es necesario distinguir entre las distintas funciones que el Estado realiza en materia de seguridad: prevención del delito, investigación y persecución de delincuentes, imposición de penas y readaptación social. A cada una de ellas debe medírsele en forma independiente, por más que se encuentren todas vinculadas.

Así, la incidencia delictiva es un indicador de medición de la prevención del delito, pues es claro que si un delito se presenta, la prevención falló. Pero el tema de los homicidios dolosos no es mencionado en el apartado dedicado a la Secretaría de Seguridad, sino que se trata (parcialmente) dentro de la sección dedicada a la Procuraduría de Justicia. Estas simples distinciones que tienen por objeto asignar responsabilidades y exigir resultados no han podido ser precisadas por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

No obstante queda claro que nadie se encuentra conforme con la situación de la criminalidad o con el desempeño de las autoridades. Entre los puntos principales que la ciudadanía percibe como problemáticos en seguridad pública se encuentran:

• Conductas de corrupción en algunos servidores públicos.
• Alta incidencia en homicidios y robos.
• Ineficacia e ineficiencia en policías, ministerios públicos y jueces.
• Impunidad para delitos en los que generalmente se espera una sanción para el criminal.
• Falta de coordinación entre las instancias de seguridad.
• Ausencia de una política criminológica.

Si el sistema penal, no está rindiendo los resultados que la ciudadanía y las propias autoridades exigen, es de concluirse que debe reformarse. Esta decisión abre otras posibilidades, ¿qué cambiar? ¿debe reformarse la ley?.

Antes que nada debe establecerse una política criminológica integral en Sinaloa. Autoridades y ciudadanos deben conocer qué se hace en seguridad y sobre todo porqué se hace. Los ejes de dicha política deberían considerar entre sus puntos:

1. Congruencia presupuestal. Si el problema de mayor gravedad e impacto en la entidad es la seguridad pública, entonces debe recibir la atención presupuestal adecuada y no conformarse con asignar recursos para cubrir el gasto corriente de las instituciones.
2. Priorizar la prevención. Implica el fortalecimiento de las policías preventivas en todos sus aspectos: personal, equipamiento, infraestructura, capacitación, controles, rendición de cuentas, gasto.
3. Compromiso con la transparencia. Que se traduce en no admitir actos de corrupción no sólo en las instituciones de seguridad sino en cualquier dependencia de gobierno.

Definir la política criminológica no requiere del cambio de leyes pero sí de una enorme voluntad política. Ésta tarea sí es asignable al gobernador, pero no sólo a él, sino a todos los funcionarios del área de seguridad.

No obstante, hay cuestiones que necesariamente exigen modificar las normas jurídicas. Una de ellas es la transformación de la PGJ. No puede pensarse en lograr mayor eficacia o disminuir la corrupción si no se reforman las leyes para dotar de plena autonomía al Ministerio Público, como ocurre ya en Oaxaca, donde el Procurador es designado por el Congreso local y no por el gobernador. Por otro lado, se necesita un sistema de rendición de cuentas que incluya al Congreso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Supremo Tribunal de Justicia.

Pero ésta no es la única reforma que la PGJ requiere. El sistema de investigación del delito debe cambiar, particularmente por lo que se refiere a la Policía Ministerial. Este órgano ha agotado su capacidad de actuación y es necesario plantear qué puede sustituirlo.

Por otro lado, las nuevas formas de delincuencia organizada obligan a crear instrumentos jurídicos para enfrentarlas. Al menos sería prudente considerar una adición a la ley penal para incorporar delitos específicos y establecer dependencias especializadas a cargo de su persecución.

En el ámbito judicial, sería oportuno iniciar la discusión respecto al establecimiento de juicios orales, jueces especializados por tipo de delito, así como revisión de las reglas de los tiempos procedimentales y las normas probatorias.

En materia legislativa penal, Sinaloa tiene una larga tradición de copiar los códigos federales. El legislador sinaloense ha preferido “adaptar” normas o reformas de otras entidades. Sin embargo ningún estado tiene la problemática de Sinaloa y nadie va a generar opciones para nosotros. Estamos obligados a buscar soluciones propias e innovadoras. Es momento de tomar en serio, dentro de la agenda legislativa, la renovación del sistema penal.