Denise Dresser nos recordaba en Proceso #1863 que el Chapo seguía ahí y además en la lista de Forbes, cuando al día siguiente la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) lanzó su campaña contra el crimen organizado trasnacional, estimando sus ganancias en 870 mil millones de dólares al año; y el martes 17 de junio los diarios nacionales publicaron que el Senado de EEUU investigaba al banco HSBC por ocultar dinero de cárteles de la droga de México; lo que a su vez nos remite a la nota de La Jornada del 11 de julio, según la cual un sondeo reveló que casi la cuarta parte de los dirigentes de Wall Street y la bolsa de valores de Londres consideraban necesario aplicar conductas deshonestas o ilegales para tener éxito en el mundo de las finanzas.
Toda esta información gira en torno a uno de los problemas fundamentales que enfrentan los esfuerzos institucionales para combatir a las organizaciones criminales: el lavado de dinero. Y es que las ganancias anuales que genera sólo el narcotráfico en el mundo alcanzan, según cálculos de la ONUDD, los 320 mil millones de dólares. A través de estos recursos económicos, los cárteles de la droga extienden la violencia, el miedo, la inseguridad y la corrupción, que impactan a nuestras comunidades con problemas de salud, pérdida de vidas humanas o debilitamiento de las instituciones y erosión de la confianza social.
En el Programa Temático “Acción contra el Crimen Organizado Trasnacional y el Tráfico Ilícito, incluido el Tráfico de Drogas 2011-2013”, la ONUDD enumera los siguientes retos que enfrentan los países en sus respuestas ante la delincuencia organizada: 1) Falta de entendimiento de la naturaleza del problema; 2) Progreso inadecuado en la implementación de las normas internacionales; 3) Insuficiente capacidad de coordinación entre las instituciones de seguridad; 4) Debilidad de las instituciones de justicia para sancionar eficazmente al crimen organizado; 5) Ausencia de información para rastrear el flujo de ganancias; y 6) Poca conciencia de los impactos indirectos de la delincuencia organizada.
A esto hay que sumar que las respuestas ante el crimen organizado en nuestro país son, esencialmente, reactivas. Es decir, se basan casi siempre en la persecución del delito por la PGR, pues la mayoría de los códigos penales de los estados no contemplan normas que permitan su investigación y sanción a nivel local. Lo mismo puede decirse de la ausencia casi total en las entidades federativas de reglas legales que permitan el castigo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para fortalecer la reacción penal contra el lavado de dinero, la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF por sus siglas en inglés), desde 1990 ha emitido recomendaciones para combatir el mal uso de los sistemas financieros por personas dedicadas al blanqueo de bienes. En materia de persecución del delito, la FATF propone diseñar un marco jurídico que permita la confiscación de bienes mediante procedimientos distintos a los penales, dirigidos al rastreo, ubicación y decomiso de propiedades, intereses, productos y recursos monetarios.
Además, recomienda la creación de unidades de inteligencia financiera; promover que las autoridades encargadas de la persecución del delito inicien investigaciones paralelas por lavado de dinero en casos de delitos que generan ganancias ilícitas; establecer la obligación a cargo de las instituciones que componen el sistema financiero de dar la información que requieran las autoridades investigadoras; permitir nuevas facultades de investigación que incluyan operaciones encubiertas, intercepción de comunicaciones, entregas vigiladas y acceso a los sistemas de cómputo.
Como hemos comentado en ocasiones anteriores, el Gobierno de Felipe Calderón, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, viene promoviendo la instalación de Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las secretarías de finanzas de los estados; con ello se cubre una de las recomendaciones de la FATF.
El problema es la ausencia de un marco jurídico adecuado e instituciones fuertes que permitan una persecución del delito eficaz, es decir, investigaciones que concluyan en juicios y sentencias contra lavadores de dinero. Para ello es necesario regular el tema del blanqueo de bienes tanto a nivel local como federal y terminar con el requisito de la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando en las operaciones con recursos de procedencia ilícita se utilicen los servicios de las instituciones que integran el sistema financiero mexicano.
Labels: Lavado de Dinero
# posted by Óscar González Mendívil @ 6:36 PM
