Friday, August 16, 2013

 

El dinero de la seguridad pública









El pasado 6 de agosto las organizaciones civiles Causa en Común y el Instituto Mexicano para la Competitividad dieron a conocer el estudio titulado “Rendición de cuentas en el uso de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP)”.

El Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Federal asigna recursos monetarios a los estados de la República, quienes deben aportar el 20% del total, para apoyar los programas que aprueba el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El FASP forma parte de los recursos del famoso Ramo 33 y anualmente reparte alrededor de siete mil millones de pesos entre todas las entidades federativas.

El estudio afirma que el FASP se asigna en función a criterios determinados en la Ley de Coordinación Fiscal, entre los que se encuentran la población de cada estado, el avance en las evaluaciones de control de confianza y el porcentaje de recursos ejercidos en el ejercicio anterior del propio FASP por la entidad federativa. Señala que este último componente penaliza el subejercicio de recursos, razón por la cual, en la última parte del año los estados hacen lo posible por gastarse todo el monto, aunque no necesariamente significa que lo gasten bien.

En otra parte, expone el caso de la mayoría de las entidades federativas, que consideran en sus leyes sobre licitaciones públicas como una excepción a la obligación de licitar, el caso de la compra de bienes o servicios relacionados con la seguridad pública. Estima que esta circunstancia es favorable para la opacidad, ya que, de las adquisiciones hechas bajo esta modalidad, no queda claro cuáles de los bienes sí quedan adscritos a labores de seguridad y cuáles no. Además, puntualiza que no existe un catálogo de bienes que oriente las compras en el FASP, como sí lo existe en otro tipo de fondos o programas.

Por último, indica que, de acuerdo a las revisiones que del FASP hace la Auditoría Superior de la Federación, los estados tienen fallas en sus sistemas de contabilidad. Por ejemplo, la inexistencia de una cuenta bancaria exclusiva para la entrada y salida de los recursos del fondo o la falta de documentos comprobatorios válidos.

Los problemas de las entidades federativas para ejercer los recursos del FASP son reales, pero no todos les son atribuibles. En ocasiones, los tiempos para la liberación de los documentos que permiten ejercer el gasto, no están listos desde el inicio del año y bien puede ocurrir que llegue el mes de mayo y apenas se hayan terminado de suscribir los convenios y sus correspondientes anexos técnicos. Esto significa que los recursos federales pueden estar depositados desde enero, pero no se pueden ejercer por falta de las reglas específicas que lo permitan.

Pero una vez suscritos los convenios, no significa que de inmediato se procede a efectuar las compras de bienes o servicios. En muchas ocasiones, hay que cumplir con la entrega de propuestas técnicas o proyectos ejecutivos que deberán ser validados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Recuerdo un proyecto que fue elaborado por la Secretaría de Obras Públicas y revisado por diversas áreas del SESNSP e incluso por ONU Hábitat, un organismo de Naciones Unidas. Los tiempos que consumen estas revisiones afectan directamente el plazo para el ejercicio de los recursos.

Si hablamos de capacitación, el proceso es igual de burocrático. El curso propuesto debe ser sometido a la consideración del SESNSP, mediante una ficha técnica que lleva la firma de los titulares de distintas áreas operativas de cada entidad federativa. Sólo el proceso de recabar estas firmas puede llevar varios días. Enviado a revisión, en muchas ocasiones se aprueba en tiempo, es decir, antes de que inicie el curso propuesto, pero en otras, los retrasos son angustiantes. Si la institución encargada de impartir el curso lo inicia sin haber recibido la aprobación del SESNSP, se arriesga a que le notifiquen, en pleno curso, que éste no fue validado.

Conocí el caso de un curso de capacitación el año pasado, que se propuso desde febrero al SESNSP. La aprobación se hizo hasta noviembre, mes en el cual, por las reglas del fondo al cual se había adscrito el programa, ya no podía ejercerse recurso para llevarlo a cabo. El colmo fue que iniciado 2013, el propio SESNSP pedía explicaciones sobre el por qué no se había impartido el curso.

¿Por qué sucede todo esto? Por desconfianza, en muchos casos, ganada a pulso. La Federación desconfía de los estados en materia de ejercicio de recursos. Por eso se establecen tantas reglas destinadas a garantizar que los dineros se aplicarán correctamente. Curiosamente, ha traído aparejada la consecuencia de haber generado procedimientos burocráticos que funcionan en contra de la celeridad con la cual los estados deben operar para ejercer el recurso a tiempo. La desconfianza puede estar justificada, pero eso no ha resuelto todos los problemas.

¿Tú también desconfías, verdad paisano?

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