Friday, August 16, 2013
El dinero de la seguridad pública
El pasado 6 de agosto las organizaciones
civiles Causa en Común y el Instituto Mexicano para la Competitividad dieron a
conocer el estudio titulado “Rendición de cuentas en el uso de los Fondos
Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal
(FASP)”.
El Fondo de Aportaciones a la Seguridad
Pública (FASP) es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Federal asigna
recursos monetarios a los estados de la República, quienes deben aportar el 20%
del total, para apoyar los programas que aprueba el Consejo Nacional de
Seguridad Pública. El FASP forma parte de los recursos del famoso Ramo 33 y
anualmente reparte alrededor de siete mil millones de pesos entre todas las entidades
federativas.
El estudio afirma que el FASP se asigna
en función a criterios determinados en la Ley de Coordinación Fiscal, entre los
que se encuentran la población de cada estado, el avance en las evaluaciones de
control de confianza y el porcentaje de recursos ejercidos en el ejercicio
anterior del propio FASP por la entidad federativa. Señala que este último
componente penaliza el subejercicio de recursos, razón por la cual, en la
última parte del año los estados hacen lo posible por gastarse todo el monto,
aunque no necesariamente significa que lo gasten bien.
En otra parte, expone el caso de la
mayoría de las entidades federativas, que consideran en sus leyes sobre
licitaciones públicas como una excepción a la obligación de licitar, el caso de
la compra de bienes o servicios relacionados con la seguridad pública. Estima
que esta circunstancia es favorable para la opacidad, ya que, de las
adquisiciones hechas bajo esta modalidad, no queda claro cuáles de los bienes
sí quedan adscritos a labores de seguridad y cuáles no. Además, puntualiza que
no existe un catálogo de bienes que oriente las compras en el FASP, como sí lo
existe en otro tipo de fondos o programas.
Por último, indica que, de acuerdo a las
revisiones que del FASP hace la Auditoría Superior de la Federación, los
estados tienen fallas en sus sistemas de contabilidad. Por ejemplo, la
inexistencia de una cuenta bancaria exclusiva para la entrada y salida de los
recursos del fondo o la falta de documentos comprobatorios válidos.
Los problemas de las entidades
federativas para ejercer los recursos del FASP son reales, pero no todos les
son atribuibles. En ocasiones, los tiempos para la liberación de los documentos
que permiten ejercer el gasto, no están listos desde el inicio del año y bien
puede ocurrir que llegue el mes de mayo y apenas se hayan terminado de
suscribir los convenios y sus correspondientes anexos técnicos. Esto significa
que los recursos federales pueden estar depositados desde enero, pero no se
pueden ejercer por falta de las reglas específicas que lo permitan.
Pero una vez suscritos los convenios, no
significa que de inmediato se procede a efectuar las compras de bienes o
servicios. En muchas ocasiones, hay que cumplir con la entrega de propuestas
técnicas o proyectos ejecutivos que deberán ser validados por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Recuerdo un
proyecto que fue elaborado por la Secretaría de Obras Públicas y revisado por
diversas áreas del SESNSP e incluso por ONU Hábitat, un organismo de Naciones
Unidas. Los tiempos que consumen estas revisiones afectan directamente el plazo
para el ejercicio de los recursos.
Si hablamos de capacitación, el proceso
es igual de burocrático. El curso propuesto debe ser sometido a la consideración
del SESNSP, mediante una ficha técnica que lleva la firma de los titulares de
distintas áreas operativas de cada entidad federativa. Sólo el proceso de
recabar estas firmas puede llevar varios días. Enviado a revisión, en muchas
ocasiones se aprueba en tiempo, es decir, antes de que inicie el curso
propuesto, pero en otras, los retrasos son angustiantes. Si la institución
encargada de impartir el curso lo inicia sin haber recibido la aprobación del
SESNSP, se arriesga a que le notifiquen, en pleno curso, que éste no fue
validado.
Conocí el caso de un curso de
capacitación el año pasado, que se propuso desde febrero al SESNSP. La
aprobación se hizo hasta noviembre, mes en el cual, por las reglas del fondo al
cual se había adscrito el programa, ya no podía ejercerse recurso para llevarlo
a cabo. El colmo fue que iniciado 2013, el propio SESNSP pedía explicaciones
sobre el por qué no se había impartido el curso.
¿Por qué sucede todo esto? Por
desconfianza, en muchos casos, ganada a pulso. La Federación desconfía de los
estados en materia de ejercicio de recursos. Por eso se establecen tantas
reglas destinadas a garantizar que los dineros se aplicarán correctamente.
Curiosamente, ha traído aparejada la consecuencia de haber generado
procedimientos burocráticos que funcionan en contra de la celeridad con la cual
los estados deben operar para ejercer el recurso a tiempo. La desconfianza
puede estar justificada, pero eso no ha resuelto todos los problemas.
¿Tú también desconfías, verdad paisano?
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