Historia del crimen

En mi experiencia, los políticos buscan en los servidores públicos de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, sobre todo, obediencia. No me refiero a la disciplina que sostiene y estructura a las corporaciones policiales, sino al sometimiento hacia el superior jerárquico. Una obediencia que, por lo general, pretenden se extienda al acatamiento de reglas, reales o aparentes, del sistema político. Bajo esta idea muchos políticos pretenden que el Ministerio Público detenga o promueva sus investigaciones a petición de ellos mismos; solicitan no ser detenidos por las policías preventivas o de tránsito; presionan para anticipar la determinación en un expediente de averiguación previa; recomiendan personas para ocupar puestos sin preocuparse en saber si cumplen con el perfil del cargo; y pretenden que se evite proceder en contra de ellos o personas cercanas. Todas estas “prerrogativas” se asumen como parte del conjunto de deferencias que derivan de su pertenencia al sistema político. Claro, es cuestión del Ministerio Público si acepta estas presiones o no, para lo que debe tomar en cuenta la legalidad de la petición y las responsabilidades que acceder acarrea. De hecho, muchos políticos y servidores públicos consideran a la obediencia sumisa como una virtud de quien pretende incorporarse a un grupo de trabajo. Por tanto, dicha “virtud” es condición de elegibilidad de quien busca ser designado en la titularidad de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública. En la historia de nuestro país, la proporción de procuradores que han sido designados como tales debido a su cercanía con el titular del poder ejecutivo, es mucho mayor que aquellos nombrados por sus conocimientos o habilidades. Sólo hay que recordar cuántos de ellos eran los abogados, consejeros o notarios del gobernador que los nombró. Los secretarios de seguridad pública y los jefes de policía siguen el mismo patrón. Su importancia radica no sólo en el comando de la fuerza pública, sino también en la información a la cual tienen acceso y el compartimiento inmediato que de ella hacen con los titulares de los poderes ejecutivos. Pero también a través de ellos pueden implementar decisiones y es aquí donde adquiere relevancia la obediencia sumisa a la cual nos referimos anteriormente. Debe ser muy conveniente para un gobernador tener entre sus operadores a un secretario de seguridad. Sin embargo, no olvidemos que un jefe de policía que sirve a un sistema político deja de servir a la institución a la cual pertenece y a la comunidad a la cual dice proteger. Claro que lo mismo puede decirse del gobernador que instrumenta estos controles meta-legales en las dependencias de seguridad pública. ¿Qué razón tendría un gobernador para hacer de un jefe de policía su operador personal? ¿Mejorar la seguridad del estado? No lo creo. Si existiera preocupación por el cumplimiento de sus obligaciones legales, basta con exigírselo. Más bien la respuesta debemos encontrarla en el amplio ámbito de aquello que va más allá de la ley. Sólo así se puede explicar la tenacidad con la cual algunos gobernadores sostienen a sus procuradores, secretarios de seguridad pública y jefes de policía. Bajo este contexto, es fácil entender por qué muchos de los titulares de los poderes ejecutivos rechacen la idea de la autonomía del Ministerio Público. Significaría la posibilidad de perder el control meta-legal de dicha institución y no están dispuestos a ello. Sin embargo, no hay que suponer que la sola declaratoria de autonomía en las procuradurías logra por sí sola su existencia. Hacen falta servidores públicos que la defiendan en los hechos. No olvidemos que en Sinaloa se logró introducir un órgano ciudadano en la elaboración de la terna para designar al procurador, y con ello, incorporar un elemento de autonomía. Pero a más de una década el órgano y el mecanismo se han desdibujado. Las vías de la corrupción son muchas, a veces son evidentes, pero las más peligrosas son las que permanecen ocultas y pretenden pasar por prácticas habituales de los sistemas políticos. Cualquier estrategia o programa que intente abatir la delincuencia organizada, que no profundice en el combate a la corrupción, fracasará por responder a visiones fragmentadas y desarticuladas. Y no podemos darnos el lujo de seguir pensando que combatir la corrupción es sinónimo de implementar evaluaciones de control y confianza. De acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de marzo de 2012, Sinaloa ha evaluado al 91.91% de sus mandos medios y superiores en las instituciones de seguridad ¿se siente usted más seguro?

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