Friday, January 31, 2014
¿Y cómo vas de corrupción?
“Aquí
todos nos engañamos. Unos tratan de
convencerse
de que están trabajando; otros, de
que
están realizando reformas, y otros, de que
aplican
las leyes. Vivimos en el país de las mentiras.”
Petros
Márkaris
La verdad que nuestro país se lleva bien
con su corrupción. El informe dado a conocer por la organización Transparencia
Internacional, respecto del índice de percepción de la corrupción, asigna a
México el puesto número 106 de las 177 naciones que componen el estudio. El
puntaje obtenido por nuestro país es el mismo del año pasado y se encuentra en
el grupo de naciones que, como Argentina, Tailandia o Etiopía, tienen graves
problemas en la materia.
En el continente americano, Canadá es el
país mejor ubicado ocupando la posición 9 a nivel mundial. En América Latina, Uruguay ocupó la
posición 19 de 177 y Chile la posición 22. La diferencia entre el país mejor
ubicado en América Latina y México es de 87 posiciones.
Si comparamos a nuestro país con
respecto a las naciones que junto con él son integrantes de bloques regionales,
políticos o económicos, como el G20, México ocupa el lugar 16 de 19, sólo por
encima de Indonesia y Rusia. Dentro de la OCDE, México ocupa la última
posición.
En pocas palabras, en México la corrupción
goza de cabal salud mientras que para muchos de nosotros es una verdadera
endemia. Ya no es cuestión de apuntar con el dedo hacia los servidores públicos
y acusarlos de corruptos, no son sólo ellos, somos todos. Vivimos inmersos en
una cultura de la corrupción donde el que no transa no sólo no avanza, sino que
además es tachado de pendejo.
Siguiendo a Carlos Monsiváis y a Jens
Lapidus podemos afirmar que la corrupción tiene que ver, más que con la pérdida
de valores, con la evolución de la economía de mercado sin freno hacia una
etapa de capitalismo salvaje. Cuando todo se trata de ganar dinero lo de menos
es cómo se obtiene.
El sociólogo Robert Merton explicaba
cómo, cuando un grupo social genera expectativas de triunfo entre sus
integrantes, pero no a todos les proporciona las vías para lograrlo, muchos de
ellos accederán a medios ilegales para alcanzar los satisfactores implícitos en
el triunfo: dinero, bienes, status.
Frente al problema, ya se apuntan
soluciones. El capítulo nacional de Transparencia Internacional, Transparencia
Mexicana, considera que México debe trabajar en cuatro frentes: 1) consolidar
un Sistema Nacional de Integridad, que incluya la reforma constitucional en
materia de acceso a la información pública pero que también fortalezca a los
órganos de fiscalización y control, produzca un nuevo régimen de
responsabilidades para los servidores públicos, así como mecanismos efectivos
de rendición de cuentas; 2) identificar buenas prácticas y experiencias
exitosas de control de la corrupción en cualquiera de los sectores público,
privado y social que puedan generalizarse y replicarse en todo el país; 3) avanzar
en la implementación de la Reforma de Justicia Penal, reduciendo con ello los
espacios para la impunidad; y 4) transformar la relación entre gobierno y
sociedad mediante políticas de Gobierno y Parlamento Abierto.
Por otro lado el sector gubernamental,
dentro del proyecto de reforma política que parece verá la luz antes de
concluir el año, ha generado en la Cámara de Senadores un dictamen de reformas
a la Constitución en materia de combate a la corrupción, con fecha dos de
diciembre. Los puntos centrales de esta propuesta son: a) dar facultades al
Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de
responsabilidades de los servidores públicos; b) crear un organismo público
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de prevenir,
investigar y sancionar las responsabilidades administrativas derivadas de
hechos de corrupción; c) los estados establecerán, además, órganos locales
especializados en la materia; y d) los órganos legislativos federal y estatales
cuentan con un año, a partir de la entrada en vigor de las reformas, para
expedir las leyes secundarias.
Pareciera que están cubiertas todas las
bases, pero ¿el mismo sistema político que incuba y protege a la corrupción va
a designar a los titulares de los órganos encargados de combatirla? ¡Santa contradicción
Batman!
El dictamen olvidó su propia cita de
Robert Klitgaard (página 46), quien formula la siguiente ecuación: corrupción =
monopolio + discrecionalidad – transparencia. Lo que significa que “…habrá
corrupción cuando alguien tiene un poder ‘monopólico’ sobre un bien o sobre un
servicio o sobre una decisión; posee además la discrecionalidad de decidir (o
influir preponderantemente quién lo va a recibir y en qué medida. La falta [de]
transparencia debe entenderse como la ausencia de controles y escrutinio
público sobre las acciones del sujeto que tiene dicho poder monopólico.”
La propuesta de reforma al artículo 113
constitucional establece que el Titular del órgano federal anticorrupción será
nombrado por mayoría calificada de la Cámara de Senadores a propuesta de los
grupos parlamentarios. Pero, si el Presidente de la República no está de
acuerdo podrá objetar la designación, lo que dará lugar a un nuevo nombramiento
por el Senado. El procedimiento se replica en las entidades federativas. ¡Cuántos
candados políticos para un nombramiento!
¿Será que la tal democracia en verdad
nos atemoriza porque no sabemos vivir en ella? ¿Tú como la ves paisano?
Labels: Corrupción, índice de percepción de la corrupción, Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana
Friday, July 26, 2013
¿Quiénes son los corruptos?
El pasado 9 de julio, la organización no
gubernamental Transparencia Internacional, dio a conocer el Barómetro sobre
Corrupción Global 2013. Los resultados que arroja no son del todo novedosos, pero
siguen siendo sumamente preocupantes. El informe reúne datos levantados en 107
países donde se efectuaron entrevistas a 114 mil personas con relación al
impacto que tiene en sus vidas la corrupción.
En términos generales, el Barómetro
encontró que más del 25 por ciento de los entrevistados respondieron que habían
pagado sobornos el año pasado. Para el caso de México, el porcentaje se eleva
entre 30 a 39.9 por ciento. El costo de estos actos no sólo se refleja en las
cantidades de dinero que se entregan, sino que afectan incluso a quienes no
pueden pagar para recibir algún servicio del Estado.
Para quien tiene que decidir entre
cubrir un soborno y pagar el sustento diario de su familia, el impacto de la
corrupción es aún más devastador que para un pequeño empresario. Además,
encontramos la afectación que sufren los sectores más pobres de la población
cuando los recursos públicos se desvían del fin al cual se destinan
originalmente y terminan en los bolsillos de políticos, burócratas y
delincuentes de cuello blanco.
El Barómetro 2013 encontró que,
alrededor del mundo, las áreas que se relacionan como más proclives a solicitar
y recibir sobornos son los jueces y los policías. El 31 por ciento de las
personas entrevistadas manifestó que al entrar en contacto con la policía tuvo
que pagar algún soborno. En México, las personas entrevistadas consideraron a
la policía y los partidos políticos como las instituciones más corruptas del
país.
Curioso que además de esta percepción,
ambas entidades tienen en común su origen. Tanto política como policía derivan
de la raíz griega “politeia”, que a su vez se origina en la voz “polis”,
ciudad. Finalmente, ambas instituciones reconocen que su vida está ligada a la
agrupación urbana de nuestras comunidades.
Tal vez sorprenda a políticos y policías
estar tan cercanamente emparentados (al menos en etimología), y creo que el
saberlo puede causar incomodidad y desaprobación tanto en unos como en otros.
Pero la ciudadanía les reconoce como corruptos, o al menos, proclives a la
corrupción.
Después de conocer esta información
pareciera que todos podemos estar tranquilos de que no nos encontramos en la
lista de corruptos, excepto claro está, los que sí aparecen. Pero en cuanto a
la mayoría, me da la impresión de que nos conformamos con poder tener a alguien
a quien señalar. Alguien a quién culpar. Poder decir ¡miren, los corruptos son
ellos y no nosotros! ¡Policía corrupto que me pide dinero para no multarme! Yo
por mi parte soy inocente por entregarle el dinero solicitado pues ¿qué otra
opción tengo?
Estas apreciaciones que se generan en
las fronteras que la cultura de la corrupción sostiene con el ideal de
convivencia social al que aspiramos como comunidad, son las que producen al
“ciudadano privado”, o sea, aquel que en público es apático y pesimista, pero
que dentro de su hogar tiene fuertes opiniones respecto de la manera en que
deben conducirse las cuestiones gubernamentales.
Cuando la intervención del ciudadano en
su comunidad no sale de casa, poco es lo que podemos aspirar a cambiar. Podemos
hablar de los peligros que significa, del miedo al narco, de la desconfianza en
los políticos, de la decepción por las instituciones o de la pérdida de
valores, pero en tanto dejemos de reconocer que nosotros también llevamos
responsabilidad, estaremos buscando siempre echar la culpa a los demás.
Entonces nos pondremos a la altura de
aquellos que Chesterton acusaba de caracterizar a los delincuentes como simios
retrasados que vivían a kilómetros de distancia de nuestras comunidades. Es
decir, delincuentes y corruptos deben ser los demás porque en mi casa sólo
vivimos gente buena. Estas visiones, además de ser convenencieras, son falsas, y
nos conducen a soluciones equivocadas.
Parafraseando al autor de El hombre que fue jueves, diremos que
para detener a un corrupto en potencia lo único debemos hacer es agarrar con
fuerza nuestro propio sombrero. ¿Ya agarraste el tuyo paisano?
Labels: Barómetro sobre Corrupción Global 2013, Corrupción, GK Chesterton, Transparencia Internacional
Wednesday, June 20, 2012
La corrupción latente
En mi experiencia, los políticos buscan en los servidores públicos de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, sobre todo, obediencia. No me refiero a la disciplina que sostiene y estructura a las corporaciones policiales, sino al sometimiento hacia el superior jerárquico. Una obediencia que, por lo general, pretenden se extienda al acatamiento de reglas, reales o aparentes, del sistema político.
Bajo esta idea muchos políticos pretenden que el Ministerio Público detenga o promueva sus investigaciones a petición de ellos mismos; solicitan no ser detenidos por las policías preventivas o de tránsito; presionan para anticipar la determinación en un expediente de averiguación previa; recomiendan personas para ocupar puestos sin preocuparse en saber si cumplen con el perfil del cargo; y pretenden que se evite proceder en contra de ellos o personas cercanas. Todas estas “prerrogativas” se asumen como parte del conjunto de deferencias que derivan de su pertenencia al sistema político. Claro, es cuestión del Ministerio Público si acepta estas presiones o no, para lo que debe tomar en cuenta la legalidad de la petición y las responsabilidades que acceder acarrea.
De hecho, muchos políticos y servidores públicos consideran a la obediencia sumisa como una virtud de quien pretende incorporarse a un grupo de trabajo. Por tanto, dicha “virtud” es condición de elegibilidad de quien busca ser designado en la titularidad de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública. En la historia de nuestro país, la proporción de procuradores que han sido designados como tales debido a su cercanía con el titular del poder ejecutivo, es mucho mayor que aquellos nombrados por sus conocimientos o habilidades. Sólo hay que recordar cuántos de ellos eran los abogados, consejeros o notarios del gobernador que los nombró.
Los secretarios de seguridad pública y los jefes de policía siguen el mismo patrón. Su importancia radica no sólo en el comando de la fuerza pública, sino también en la información a la cual tienen acceso y el compartimiento inmediato que de ella hacen con los titulares de los poderes ejecutivos.
Pero también a través de ellos pueden implementar decisiones y es aquí donde adquiere relevancia la obediencia sumisa a la cual nos referimos anteriormente. Debe ser muy conveniente para un gobernador tener entre sus operadores a un secretario de seguridad. Sin embargo, no olvidemos que un jefe de policía que sirve a un sistema político deja de servir a la institución a la cual pertenece y a la comunidad a la cual dice proteger. Claro que lo mismo puede decirse del gobernador que instrumenta estos controles meta-legales en las dependencias de seguridad pública.
¿Qué razón tendría un gobernador para hacer de un jefe de policía su operador personal? ¿Mejorar la seguridad del estado? No lo creo. Si existiera preocupación por el cumplimiento de sus obligaciones legales, basta con exigírselo. Más bien la respuesta debemos encontrarla en el amplio ámbito de aquello que va más allá de la ley. Sólo así se puede explicar la tenacidad con la cual algunos gobernadores sostienen a sus procuradores, secretarios de seguridad pública y jefes de policía.
Bajo este contexto, es fácil entender por qué muchos de los titulares de los poderes ejecutivos rechacen la idea de la autonomía del Ministerio Público. Significaría la posibilidad de perder el control meta-legal de dicha institución y no están dispuestos a ello.
Sin embargo, no hay que suponer que la sola declaratoria de autonomía en las procuradurías logra por sí sola su existencia. Hacen falta servidores públicos que la defiendan en los hechos. No olvidemos que en Sinaloa se logró introducir un órgano ciudadano en la elaboración de la terna para designar al procurador, y con ello, incorporar un elemento de autonomía. Pero a más de una década el órgano y el mecanismo se han desdibujado.
Las vías de la corrupción son muchas, a veces son evidentes, pero las más peligrosas son las que permanecen ocultas y pretenden pasar por prácticas habituales de los sistemas políticos. Cualquier estrategia o programa que intente abatir la delincuencia organizada, que no profundice en el combate a la corrupción, fracasará por responder a visiones fragmentadas y desarticuladas.
Y no podemos darnos el lujo de seguir pensando que combatir la corrupción es sinónimo de implementar evaluaciones de control y confianza. De acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de marzo de 2012, Sinaloa ha evaluado al 91.91% de sus mandos medios y superiores en las instituciones de seguridad ¿se siente usted más seguro?Labels: Corrupción
