Historia del crimen

El 17 de diciembre del año pasado el INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 (ENVE). Entre sus principales objetivos se encuentra estimar el número de entidades económicas del sector privado víctimas del delito durante 2011, así como calcular la correspondiente cifra de delitos. Esta encuesta es la primera de su tipo en nuestro país y, de hecho, también es la primera en toda América Latina. De acuerdo con la ENVE, durante 2011 en México 37.4% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito. Las pertenecientes al sector comercio fueron las más afectadas, seguidas de la industria y los servicios. Distribuidas por su tamaño, las unidades económicas grandes sufrieron más delitos, seguidas muy de cerca por las medianas. Más de la mitad de las empresas medianas y más de tercera parte de las micro-empresas también fueron víctimas de los criminales. A nivel nacional, la tasa de víctimas por cada cien mil unidades económicas fue de 3,737, mientras que en Sinaloa fue mayor, con una tasa de 3,840. Por otro lado, la tasa nacional de delitos por unidad económica, es decir, el promedio de veces que sufren un delito cada una de las empresas víctimas, fue de 3.1; en Sinaloa alcanzó el 5.0. En el país los tres delitos que sufrieron las empresas con mayor frecuencia durante 2011 fueron los actos de corrupción, el robo de mercancías, dinero, insumos o bienes y la extorsión. El dato es sumamente interesante, en particular porque la queja mediática más insistente de los empresarios son los robos, que aquí se ven relegados a nivel nacional al segundo lugar, aunque en Sinaloa fueron registrados como el delito más frecuente. El reconocimiento del problema de la corrupción es de suma importancia, toda vez que ubica en el centro del diseño de políticas públicas y de las medias de los propios negocios, la corrupción interna de las unidades económicas y la corrupción gubernamental, endémica, en algunas instituciones y entidades. Pero también llama la atención la presencia relevante de la extorsión como el tercer delito más cometido contra las empresas. Para expertos como Giulia Mugellini, quien asesoró al INEGI en el diseño de la ENVE, la extorsión es un indicador que se relaciona con las actividades de grupos de la delincuencia organizada. El escenario de su aparición parece el ideal, por un lado la corrupción y por el otro los asaltos. Nada más fecundo para el crimen organizado. Otros datos de la encuesta ayudan a entender el entorno de violencia. De aquellos delitos cometidos contra las empresas, cuando una víctima estuvo presente y el crimen era de naturaleza violenta, en el 45.5% de los casos a nivel nacional el delincuente portaba un arma. Para el caso del estado de Sinaloa la cifra se eleva al 77.1% y es la más alta de todo el país. El costo promedio nacional del delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas ocasionadas por los ilícitos durante 2011 ascendió a $56,774.00 pesos. El promedio en Sinaloa fue de $73,883.00, muy cercano al de Chihuahua o Hidalgo, pero alejado de los costos mayores en los estados de Querétaro y Nuevo León. Estos datos parecen confirmar dos de las tesis de Mugellini: los crímenes contra las empresas son frecuentes y costosos. Según datos del Banco Mundial, durante 2008 un tercio de las empresas encuestadas en América Latina sufrió algún incidente delictivo, lo que significó pérdidas del 2.7% del total de sus ventas anuales (World Bank, Enterprise Survey, 2009). La ENVE pone de manifiesto una serie de datos que caracterizan una clase de delitos que rara vez ocupan la primera plana, ya que carecen del morbo y la expectación que provocan los asesinatos o los secuestros. Sin embargo, representan, junto con el robo de vehículos y el robo a casa habitación, la realidad cotidiana de la mayoría de las víctimas en el país. La encuesta debe ser empleada, sobre todo, por los gobiernos municipales y estatales para enfatizar o corregir sus planes de prevención del delito. Y muy particularmente por las procuradurías de justicia, que no salen muy bien paradas respecto de su eficacia como instancias investigadoras, pues por considerarlo una pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad, sólo se denunció el 14% de los delitos cometidos y de éstas denuncias, sólo en el 4.3% de los casos se recuperaron los bienes. Pero también las empresas y los organismos del sector privado deben cambiar sus estrategias de prevención, seguimiento y exigencia. Los datos de la ENVE implican que sin la participación de las unidades económicas, la integralidad de las estrategias se verá comprometida y el problema seguirá. Como hasta hoy.

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