Historia del crimen

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El 17 de diciembre del año pasado el INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 (ENVE). Entre sus principales objetivos se encuentra estimar el número de entidades económicas del sector privado víctimas del delito durante 2011, así como calcular la correspondiente cifra de delitos. Esta encuesta es la primera de su tipo en nuestro país y, de hecho, también es la primera en toda América Latina. De acuerdo con la ENVE, durante 2011 en México 37.4% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito. Las pertenecientes al sector comercio fueron las más afectadas, seguidas de la industria y los servicios. Distribuidas por su tamaño, las unidades económicas grandes sufrieron más delitos, seguidas muy de cerca por las medianas. Más de la mitad de las empresas medianas y más de tercera parte de las micro-empresas también fueron víctimas de los criminales. A nivel nacional, la tasa de víctimas por cada cien mil unidades económicas fue de 3,737, mientras que en Sinaloa fue mayor, con una tasa de 3,840. Por otro lado, la tasa nacional de delitos por unidad económica, es decir, el promedio de veces que sufren un delito cada una de las empresas víctimas, fue de 3.1; en Sinaloa alcanzó el 5.0. En el país los tres delitos que sufrieron las empresas con mayor frecuencia durante 2011 fueron los actos de corrupción, el robo de mercancías, dinero, insumos o bienes y la extorsión. El dato es sumamente interesante, en particular porque la queja mediática más insistente de los empresarios son los robos, que aquí se ven relegados a nivel nacional al segundo lugar, aunque en Sinaloa fueron registrados como el delito más frecuente. El reconocimiento del problema de la corrupción es de suma importancia, toda vez que ubica en el centro del diseño de políticas públicas y de las medias de los propios negocios, la corrupción interna de las unidades económicas y la corrupción gubernamental, endémica, en algunas instituciones y entidades. Pero también llama la atención la presencia relevante de la extorsión como el tercer delito más cometido contra las empresas. Para expertos como Giulia Mugellini, quien asesoró al INEGI en el diseño de la ENVE, la extorsión es un indicador que se relaciona con las actividades de grupos de la delincuencia organizada. El escenario de su aparición parece el ideal, por un lado la corrupción y por el otro los asaltos. Nada más fecundo para el crimen organizado. Otros datos de la encuesta ayudan a entender el entorno de violencia. De aquellos delitos cometidos contra las empresas, cuando una víctima estuvo presente y el crimen era de naturaleza violenta, en el 45.5% de los casos a nivel nacional el delincuente portaba un arma. Para el caso del estado de Sinaloa la cifra se eleva al 77.1% y es la más alta de todo el país. El costo promedio nacional del delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas ocasionadas por los ilícitos durante 2011 ascendió a $56,774.00 pesos. El promedio en Sinaloa fue de $73,883.00, muy cercano al de Chihuahua o Hidalgo, pero alejado de los costos mayores en los estados de Querétaro y Nuevo León. Estos datos parecen confirmar dos de las tesis de Mugellini: los crímenes contra las empresas son frecuentes y costosos. Según datos del Banco Mundial, durante 2008 un tercio de las empresas encuestadas en América Latina sufrió algún incidente delictivo, lo que significó pérdidas del 2.7% del total de sus ventas anuales (World Bank, Enterprise Survey, 2009). La ENVE pone de manifiesto una serie de datos que caracterizan una clase de delitos que rara vez ocupan la primera plana, ya que carecen del morbo y la expectación que provocan los asesinatos o los secuestros. Sin embargo, representan, junto con el robo de vehículos y el robo a casa habitación, la realidad cotidiana de la mayoría de las víctimas en el país. La encuesta debe ser empleada, sobre todo, por los gobiernos municipales y estatales para enfatizar o corregir sus planes de prevención del delito. Y muy particularmente por las procuradurías de justicia, que no salen muy bien paradas respecto de su eficacia como instancias investigadoras, pues por considerarlo una pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad, sólo se denunció el 14% de los delitos cometidos y de éstas denuncias, sólo en el 4.3% de los casos se recuperaron los bienes. Pero también las empresas y los organismos del sector privado deben cambiar sus estrategias de prevención, seguimiento y exigencia. Los datos de la ENVE implican que sin la participación de las unidades económicas, la integralidad de las estrategias se verá comprometida y el problema seguirá. Como hasta hoy.

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El 27 de septiembre, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). De acuerdo con dicha institución, el propósito de la ENVIPE es recabar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2011 y la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades, así como proporcionar elementos a los diferentes órdenes de gobierno que sirvan de apoyo en los procesos de política pública. Respecto de la victimización delictiva, la encuesta calcula que en 2011 en todo México, el 24.5% de la población de 18 años y más fue víctima de algún delito, lo cual representa un volumen similar al del año 2010. Y por lo que hace a los delitos cometidos en el país, la ENVIPE arroja que en 2011 ocurrieron 29.4 ilícitos por cada cien mil habitantes, tasa equiparable a la del año 2010. A diferencia de entidades como Michoacán, Guanajuato, Colima o el estado de México, Sinaloa registró menos víctimas durante 2011 en comparación con 2010. Pero el porcentaje de disminución no se encuentra entre los más amplios, como los pertenecientes a Yucatán, Tabasco y Aguascalientes. Circunstancia similar se presenta en el comparativo de las tasas de delitos por cada cien mil habitantes, que para Sinaloa en 2011 representa una disminución del 13.1%, tendencia positiva que, sin embargo, está alejada del decremento del 33.4% registrado por Tabasco, o del 55.6% de Aguascalientes y del 56.9% de Yucatán. La ENVIPE estima que para 2011 la Cifra Negra a nivel nacional, es decir, el número de delitos que no se denuncia o en los cuales no se inicia una investigación formal, alcanzó el 91.6%, cuatro décimas menos que en 2010. En materia de denuncia, la encuesta encontró que del total de delitos cometidos en el país, sólo el 12.8% fue denunciado durante 2011. Y de ésta última cifra, sólo en el 65.5% de los casos se inició una averiguación previa. Entre los motivos principales para no presentar una denuncia, las personas entrevistadas refirieron la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades. A primera vista, los datos parecen confirmar las más pesimistas de las opiniones que se expresan en diversos medios: vivimos en el país de la impunidad. Y eso nos causa una enorme molestia, al menos la impunidad ajena, porque evitar recibir una multa de tránsito lo platicamos como si fuera un logro digno de imitarse. El problema es que la propia encuesta nos dice que en la impunidad participamos todos. Por la causa que ustedes quieran, pero no denunciamos todo lo que consideramos es un delito que nos afecta. Con ello impedimos que la autoridad conozca del asunto y saboteamos nuestro ánimo de castigar al responsable. Todo por la tardanza y la desconfianza, a menos que existan otros factores que la encuesta no considere, como el hecho de la conformidad cultural en función de la levedad del daño causado. Y no me refiero simplemente al chofer de ruta urbana que le roban los 150 pesos que ha acumulado a lo largo de la ruta, sino también a quien choca levemente con otro auto al salir de su lugar en el estacionamiento del supermercado y considera que no es razón suficiente para asumir su responsabilidad. Claro que la no denuncia se alimenta, en gran parte, de la desconfianza. Esa desconfianza en la autoridad que transmitimos casi genéticamente, está tan arraigada como la publicitación de las pifias de policías, ministerios públicos, procuradores, peritos y jueces. La nuestra es una desconfianza con linaje histórico, en ella se suman los abusos contra los estudiantes del 68, la apatía e injusticias en los casos Campo Algodonero, Aguas Blancas o Ayotzinapa. Sentimiento que se alimenta con cada suceso que da cuenta de la mala actuación de las autoridades. Pero dicha desconfianza es bilateral. El ciudadano desconfía del policía, pero el policía también desconfía del ciudadano. Tal vez por ello, los porcentajes tan altos de percepción de corrupción en las instituciones de seguridad pública del país que refleja la encuesta: 83.1 para la Policía de Tránsito, 71.6 para la Policía Municipal, 69.7 para la Policía Ministerial. Sólo que no debemos olvidar que, en la percepción influyen muchos actos de corrupción en los cuales el ciudadano ofrece o entrega dinero que el agente pide o acepta Como no podría ser de otra manera, la ENVIPE nos dice cómo somos. Nos devuelve un retrato no sólo de las autoridades, sino de todos nosotros en conjunto. Como decía la presentación del programa de televisión Millennium de Chris Carter, “this is who we are” (esto es quienes somos).

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