Historia del crimen

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El 27 de septiembre, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). De acuerdo con dicha institución, el propósito de la ENVIPE es recabar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2011 y la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades, así como proporcionar elementos a los diferentes órdenes de gobierno que sirvan de apoyo en los procesos de política pública. Respecto de la victimización delictiva, la encuesta calcula que en 2011 en todo México, el 24.5% de la población de 18 años y más fue víctima de algún delito, lo cual representa un volumen similar al del año 2010. Y por lo que hace a los delitos cometidos en el país, la ENVIPE arroja que en 2011 ocurrieron 29.4 ilícitos por cada cien mil habitantes, tasa equiparable a la del año 2010. A diferencia de entidades como Michoacán, Guanajuato, Colima o el estado de México, Sinaloa registró menos víctimas durante 2011 en comparación con 2010. Pero el porcentaje de disminución no se encuentra entre los más amplios, como los pertenecientes a Yucatán, Tabasco y Aguascalientes. Circunstancia similar se presenta en el comparativo de las tasas de delitos por cada cien mil habitantes, que para Sinaloa en 2011 representa una disminución del 13.1%, tendencia positiva que, sin embargo, está alejada del decremento del 33.4% registrado por Tabasco, o del 55.6% de Aguascalientes y del 56.9% de Yucatán. La ENVIPE estima que para 2011 la Cifra Negra a nivel nacional, es decir, el número de delitos que no se denuncia o en los cuales no se inicia una investigación formal, alcanzó el 91.6%, cuatro décimas menos que en 2010. En materia de denuncia, la encuesta encontró que del total de delitos cometidos en el país, sólo el 12.8% fue denunciado durante 2011. Y de ésta última cifra, sólo en el 65.5% de los casos se inició una averiguación previa. Entre los motivos principales para no presentar una denuncia, las personas entrevistadas refirieron la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades. A primera vista, los datos parecen confirmar las más pesimistas de las opiniones que se expresan en diversos medios: vivimos en el país de la impunidad. Y eso nos causa una enorme molestia, al menos la impunidad ajena, porque evitar recibir una multa de tránsito lo platicamos como si fuera un logro digno de imitarse. El problema es que la propia encuesta nos dice que en la impunidad participamos todos. Por la causa que ustedes quieran, pero no denunciamos todo lo que consideramos es un delito que nos afecta. Con ello impedimos que la autoridad conozca del asunto y saboteamos nuestro ánimo de castigar al responsable. Todo por la tardanza y la desconfianza, a menos que existan otros factores que la encuesta no considere, como el hecho de la conformidad cultural en función de la levedad del daño causado. Y no me refiero simplemente al chofer de ruta urbana que le roban los 150 pesos que ha acumulado a lo largo de la ruta, sino también a quien choca levemente con otro auto al salir de su lugar en el estacionamiento del supermercado y considera que no es razón suficiente para asumir su responsabilidad. Claro que la no denuncia se alimenta, en gran parte, de la desconfianza. Esa desconfianza en la autoridad que transmitimos casi genéticamente, está tan arraigada como la publicitación de las pifias de policías, ministerios públicos, procuradores, peritos y jueces. La nuestra es una desconfianza con linaje histórico, en ella se suman los abusos contra los estudiantes del 68, la apatía e injusticias en los casos Campo Algodonero, Aguas Blancas o Ayotzinapa. Sentimiento que se alimenta con cada suceso que da cuenta de la mala actuación de las autoridades. Pero dicha desconfianza es bilateral. El ciudadano desconfía del policía, pero el policía también desconfía del ciudadano. Tal vez por ello, los porcentajes tan altos de percepción de corrupción en las instituciones de seguridad pública del país que refleja la encuesta: 83.1 para la Policía de Tránsito, 71.6 para la Policía Municipal, 69.7 para la Policía Ministerial. Sólo que no debemos olvidar que, en la percepción influyen muchos actos de corrupción en los cuales el ciudadano ofrece o entrega dinero que el agente pide o acepta Como no podría ser de otra manera, la ENVIPE nos dice cómo somos. Nos devuelve un retrato no sólo de las autoridades, sino de todos nosotros en conjunto. Como decía la presentación del programa de televisión Millennium de Chris Carter, “this is who we are” (esto es quienes somos).

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En 1995, cuando coordinaba los trabajos del Comité Ciudadano del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, José María Espinoza de los Monteros, al enterarse que los reportes elaborados por la Policía Municipal de Culiacán con motivo de sus labores no estaban foliados, solía preguntar ¿cuántos delitos quieren que haya? La falta de reportes foliados provocaba que, si se deseaba, se manipulara la incidencia delictiva que ocurría en el municipio.

Hace algunos años, en estas mismas páginas, al hablar de los paradigmas obsoletos de la procuración de justicia, mencionábamos que en 1997 se propuso al Procurador Amado Zambada Sentíes dar a conocer las estadísticas de incidencia delictiva registradas hasta agosto de ese año. A ello se opusieron los titulares de algunas áreas directivas, alegando que de hacerlo se desataría la delincuencia. Sólo se logró convencerlos de publicar distribuciones estadísticas por municipio y género delictivo (Revista Representación Ministerial número 1 septiembre-diciembre de 1997).

En 1999 a insistencia de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública se publicaron en la prensa las cifras oficiales registradas de la incidencia delictiva. A pesar de los augurios, la delincuencia no se desató, sino que siguió observando patrones específicos de “comportamiento” estadístico.

El tema de las cifras en materia de incidencia delictiva siempre es polémico. Se habla, con razón, de la existencia de la cifra negra de la criminalidad, es decir, del número de delitos no reportados ante la autoridad en un lugar y momento dado. No obstante, al tratar de calcularlo, se parte de presunciones generales que estandariza a todos los crímenes, admitiendo sin cuestionar que todos los delitos, homicidios (intencionales e imprudenciales), secuestros, robos, fraudes, tienen el mismo porcentaje de cifra negra.

Baste recordar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE), dados a conocer por el INEGI, según los cuales la cifra negra fue del 92% para el año 2010 en todo el país. De acuerdo con la misma encuesta, Sinaloa registró 26.37 víctimas por cada cien mil habitantes, por encima de la tasa nacional de 23.96.

Sin embargo, estas víctimas según la ENVIPE, son únicamente personas mayores de 18 años afectadas por robo en la calle o en transporte público, extorsión, robo de vehículo, amenazas, fraude, robo a casa habitación, lesiones y robo genérico. Sólo el 5% de los encuestados se declaró víctima de algún crimen distinto a los anteriores (incluidos los secuestros y los delitos sexuales).

Desde 1998, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) aprobó un formato para reportar la incidencia delictiva del fuero común, por parte de la procuradurías estatales, denominado CIEISP (Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública), que contiene siete categorías delictivas: robos, lesiones, homicidios, ilícitos patrimoniales, privación de la libertad, delitos sexuales y otros delitos.

En el formato CIESP el estado de Sinaloa reportó el año pasado ante el SESNSP: 32,504 delitos en total. De ellos 17,587 son robos; 1907 homicidios dolosos (1560 por arma de fuego); 4015 lesiones; 1354 ilícitos patrimoniales; y 6708 como “otros delitos”.

El 31 de octubre de 2001, dentro de la XXXI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cada entidad federativa se comprometió a reducir la incidencia delictiva en cuatro rubros: robos, homicidios dolosos, secuestros y extorsiones. El cumplimiento de estos compromisos fue revisado en la siguiente sesión, el día 29 de febrero de 2012.

De acuerdo con los documentos publicados por el SESNSP en su página de internet, en el primer ejercicio de revisión, el estado de Sinaloa no cumplió con el compromiso de mantener la tendencia de disminución del delito de homicidio doloso. En materia de secuestro, sin embargo, durante el trimestre octubre-diciembre de 2011, la tasa por cada cien mil habitantes fue menor al promedio nacional. En ese periodo, el estado reportó 7 secuestros y las autoridades federales registraron un caso más en la entidad, distinto a los anteriores.

Resulta ser que, en el caso específico de los secuestros, a diferencia de las estadísticas de homicidios, el SESNSP acepta que la incidencia delictiva se construya con informes distintos a los reportados en el CIEISP. Es decir, un simple reporte captado por la autoridad federal, aunque no sea averiguación previa, o un caso en el que se le da intervención para que investigue los delitos de su competencia, dan lugar a que se cree un nuevo registro de secuestro, independientemente de que el reporte sea verificado como falso o se reconozca que la investigación federal se refiere a los mismos hechos que ya reportó la autoridad local.

En conclusión, si no existe rigor en la conformación de la incidencia delictiva, no existe certeza de que los secuestros reportados por el SESNSP correspondan a la realidad. En otras palabras ¿cuántos delitos quiere usted que haya?

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