En los últimos días el INEGI ha dado a
conocer los resultados de un par de encuestas relacionadas con las actitudes y
opiniones que generaron en 2012 y 2013 los temas de seguridad: la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE) y
la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana de septiembre de
2013(ENSU).
Ambos instrumentos generaron información
a nivel nacional y por entidad federativa sobre el desempeño de las autoridades,
sensación de inseguridad por temor al delito, expectativa social sobre
tendencias criminales, cambio de rutinas cotidianas por temor a ser víctima, percepción
del desempeño de las autoridades y atestiguación de conductas antisociales.
La ENVIPE arrojó, entre sus resultados
principales, que la cifra negra de la criminalidad, es decir, aquellos crímenes
que se ejecutan pero no se denuncian, alcanzó durante 2012 un 92% del total de
delitos cometidos, que significa una cifra similar a la registrada en los dos
años anteriores. Las principales razones para no presentar una denuncia fueron
que se considera una pérdida de tiempo, además de la falta de confianza en las
autoridades. En nada ayuda que más de la mitad de los encuestados que sí
presentaron denuncia manifestaron que no pasó nada o que no se resolvió nada.
Por otro lado, la percepción de
inseguridad entre marzo y abril de 2013 entre las personas de 18 años y más,
fue del 72%, lo que representa un incremento respecto de 2011 y 2012. Frente a
este resultado, no es de extrañarnos que también se haya detectado un
incremento en la tasa de delitos, que para 2012 fue calculada en 35 por cada cien mil habitantes.
Según el INEGI, el aumento se debe a que se registraron mayores cantidades de
robos en la vía o transporte públicos, extorsiones y robos de vehículo.
Sinaloa no fue la excepción. La tasa de
víctimas en el estado por cada cien mil habitantes pasó de 23.8 en 2011 a 26.1
durante 2012; mientras que la tasa de delitos por cada cien mil habitantes
aumentó de 29.8 a 33.2 en el mismo periodo; aunque ambas tasas se mantienen por
debajo de la nacional. En cambio, el porcentaje de personas mayores de edad que
percibieron a Sinaloa como estado inseguro alcanza por segundo año consecutivo
el 77%, cinco puntos por encima de la media nacional.
Por su parte, la ENSU consigna que, a
nivel nacional, las personas mayores de edad que residen en las capitales o
ciudades seleccionadas, en los últimos tres meses han visto o escuchado
situaciones como consumo de alcohol en las calles (71%), robos o asaltos (66%)
o vandalismo (56%). Y la expectativa que tienen sobre las condiciones de la
seguridad pública para los próximos meses es que seguirá mal (37%) o empeorará
(24%).
De acuerdo con este instrumento, el
64.5% de los encuestados modificó, en los últimos tres meses, el hábito de
llevar cosas de valor, mientras que el 50% dejó de caminar por los alrededores
de su vivienda después de las ocho de la noche y muy cercano a este valor, el
48.5% manifestó que ya no permiten que sus hijos menores de edad salgan de su
casa. La percepción respecto del desempeño de las policías estatales y
municipales es que son poco efectivas (39%) o bien, nada efectivas (27.5%).
En otras palabras paisano, más clarito y
sin que tengas que sacar la calculadora, ¿recuerdas el diálogo entre Han Solo y
Luke en “El Regreso del Yedi” cuando lo descongelan y capturan a Skywalker?
Pregunta Solo “¿cómo vamos?” Y responde Luke “igual que siempre” a lo que Han
atina a decir “¿Tan mal?”. Así estamos, igual que siempre, igual de mal.
La idea general que muchos mexicanos
tenemos es que los niveles delictivos siguen siendo altos, con tendencia a
incrementarse. En consecuencia pensamos que hay muchas víctimas y que las
autoridades no hacen nada o no hacen lo suficiente. Y las cifras dadas a
conocer por el INEGI parece que lo confirman.
Dice la ENVIPE que el costo del delito
en México durante 2012 se calculó en 215 mil millones de pesos, lo que
representa el 1.34% del Producto Interno Bruto del país. Esto es cierto pero no
es suficiente. Existen otros impactos no calculables en números. El costo del
delito también es la enorme desconfianza social en las autoridades, la
corrupción imparable en corporaciones, agencias y tribunales, el dolor de cada
una de las víctimas, la destrucción, alteración o lesión del tejido social, la
indiferencia hacia las tragedias ajenas, la infame “cultura del narco” y, por
supuesto, la asfixiante, la desesperante impunidad.
¿O a ti el delito no te cuesta nada
paisano?
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# posted by Óscar González Mendívil @ 9:43 AM
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Orlando Winfield Wilson, padre del Modelo Policial Profesional y autor del influyente libro “Administración de la Policía”, afirmaba en los años 50 que la prevención del delito a cargo de las corporaciones de seguridad se basaba fundamentalmente en el patrullaje, el cual tenía por objeto dar la sensación de omnipresencia y reducir las oportunidades de los criminales para cometer un delito.
La policía encargada de efectuar estas labores debía ser una corporación centralizada, profesional, eficiente, capacitada en técnicas científicas, equipada con suficiencia para una respuesta rápida ante el crimen, cuyo objetivo era el control del delito mediante la estricta aplicación de la ley.
Las ideas de O.W. Wilson han tenido tanto impacto que influyen incluso al Nuevo Modelo Policial Federal de Genaro García Luna. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Nuevo Modelo comprende esquemas de profesionalización, la carrera policial, el régimen disciplinario y la certificación de integrantes a través de evaluaciones de control de confianza; homologación de jerarquías en los grados, salarios, normas y protocolos de actuación; uso de la fuerza de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos, en un marco de actuación que utilice nuevas tecnologías aptas para la recopilación, análisis, generación y uso de información de inteligencia, en las funciones de prevención, investigación y reacción para combatir el delito.
En los Estados Unidos, durante la década de los 70, el Modelo Policial Profesional fue incapaz de disminuir la incidencia delictiva, hacer frente al narcotráfico o dar seguridad a sus comunidades ante los problemas sociales emergentes, como la desintegración familiar o el incremento de la inmigración.
Cuarenta años después, el Modelo Policial Profesional sigue fracasando en el control del crimen tanto en México como en Estados Unidos. El 17 de junio pasado, el capitán retirado de la Policía de Nueva York, John A. Eterno, denunciaba la transformación del sistema de control CompStat a una burocracia que bajo la ceguera de la productividad, forza a los policías a cumplir con cuotas de arresto y promueve una cultura del desempeño que selecciona como “clientes” a miembros de minorías étnicas o raciales.
Esta cultura se construye alrededor del mito de que la seguridad y la justicia son cuestiones eminentemente policiales que se resuelven con mano dura (Pedro José Peñaloza, 2009). Y dentro de la mano dura se incorporan ideas como más policías, más patrullas, más armas, mayores penas. El propósito de estas premisas es dar la impresión de que se está operando activamente. Olvidan sus promotores que no es el modelo policial el que, en última instancia, promueve mejores condiciones de seguridad y justicia en nuestras comunidades, sino el modelo de desarrollo social y económico.
En el año 2000, en Nápoles, representantes de distintas zonas urbanas de Europa suscribieron el Manifiesto de la Ciudades “Seguridad y Democracia”, en el cual reconocieron que las ciudades son heterogéneas, pero no son igualitarias. Por lo cual, para construir ciudades de libertad y tolerancia, es necesario desarrollar una educación de la legalidad y la solidaridad.
En ese mismo foro se reconoció que un gobierno democrático de la seguridad debe reforzar el sentimiento de justicia, con la participación de todos aquellos que habitan nuestras ciudades, construyendo formas de gestión colectivas de las inquietudes y de los problemas sociales. Por ejemplo, mediante la conciliación, mediación o arbitraje, que involucran a los ciudadanos en la operación de esquemas que refuerzan los lazos de proximidad, convivencia y comunidad y produce el sentimiento de pertenecer a una ciudad solidaria.
Claro que, para construir comunidades seguras y justas, se necesita acabar con nuestro arraigado concepto del “ciudadano privado”, es decir, de aquel que reduce su participación y responsabilidad social a sí mismo o a su familia. Aquel que se abstrae de los problemas colectivos y se convierte en mero observador. Aquel que ha perdido su capacidad de empatía con otras personas a fuerza de levantar muros internos y distanciarse del contacto humano.
Recordemos que la seguridad y la justicia no son provincia exclusiva de los gobiernos, son bienes y derechos cuyos titulares somos todos nosotros. Si no los ejercemos, corremos el riesgo de permanecer por siempre a merced de iniciativas fragmentadas, descoordinadas y miopes que operan en la lógica simplista del miedo.
Nuestro estado merece una visión más amplia y de mayor alcance. La seguridad y la justicia requieren una política global de gestión, definida y llevada a cabo tanto por ciudadanos como por autoridades, que reconozca en la criminalidad, una amenaza a la calidad de vida, una agresión que traumatiza a las víctimas y un peligro a la vitalidad cívica. Política que centre su acción en el combate a las desigualdades que caracterizan a nuestras comunidades: la desigualdad por razones de sexo, la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación étnica o la marginación de nuestra juventud.
El combate a las causas de la delincuencia y la inseguridad, debe consolidar estrategias que movilicen, al mismo tiempo, sectores como las escuelas, la vivienda, los servicios sociales, la policía, la justicia y los ciudadanos. El objetivo es aislar las causas de los problemas locales mediante el desarrollo de coaliciones operativas que generen cambios favorables en la dinámica estructural de dicha problemática.
Sólo asociados en nuestras comunidades podemos construir políticas desde la base, que promuevan la participación activa de los ciudadanos bajo esquemas de corresponsabilidad colectiva.
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# posted by Óscar González Mendívil @ 6:22 PM
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