Historia del crimen

Por muchos años el informe anual del gobierno en turno es juzgado, en el tema de seguridad pública, por el número de homicidios dolosos que se han cometido en el periodo que se indica. Si ese es el caso, como ocurre desde hace veinticinco años, 2007 es un año cuyo informe se ha escrito con la sangre de 616 homicidios, hasta octubre.

Debido al contexto político de la comparecencia del gobernador, el tema se convierte en un arma para atacar y defender posiciones partidistas que de poco sirven a la comunidad sinaloense. Por desgracia, casi siempre se encuentra ausente el análisis y se le suple mediante el suministro de cifras acusatorias o exculpatorias, según sea el caso.

Así, frente a la posibilidad de cerrar 2007 con el número más alto de homicidios en los últimos diez años, el informe menciona la consignación de 174 averiguaciones previas y la detención de 233 probables homicidas, 62 en flagrancia y 171 mediante la ejecución de una orden de aprehensión.

Resulta claro que el tema de la seguridad tiene más variables que sólo el homicidio doloso, y sin embargo, es el único que concentra el interés mediático. Pero qué mide y qué quiere decir la existencia de 500 ó 600 asesinatos al año. Da cuenta de la existencia de un nivel de criminalidad violenta que no se observa en otras entidades de la República e incluso del mundo, pero no nos dice nada respecto de los factores que participan en su aparición. Éste es un dato significativo pero no absoluto.

Por tanto se hace necesario sumar otros indicadores que nos ayuden a vislumbrar el problema. En primer lugar es necesario distinguir entre las distintas funciones que el Estado realiza en materia de seguridad: prevención del delito, investigación y persecución de delincuentes, imposición de penas y readaptación social. A cada una de ellas debe medírsele en forma independiente, por más que se encuentren todas vinculadas.

Así, la incidencia delictiva es un indicador de medición de la prevención del delito, pues es claro que si un delito se presenta, la prevención falló. Pero el tema de los homicidios dolosos no es mencionado en el apartado dedicado a la Secretaría de Seguridad, sino que se trata (parcialmente) dentro de la sección dedicada a la Procuraduría de Justicia. Estas simples distinciones que tienen por objeto asignar responsabilidades y exigir resultados no han podido ser precisadas por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

No obstante queda claro que nadie se encuentra conforme con la situación de la criminalidad o con el desempeño de las autoridades. Entre los puntos principales que la ciudadanía percibe como problemáticos en seguridad pública se encuentran:

• Conductas de corrupción en algunos servidores públicos.
• Alta incidencia en homicidios y robos.
• Ineficacia e ineficiencia en policías, ministerios públicos y jueces.
• Impunidad para delitos en los que generalmente se espera una sanción para el criminal.
• Falta de coordinación entre las instancias de seguridad.
• Ausencia de una política criminológica.

Si el sistema penal, no está rindiendo los resultados que la ciudadanía y las propias autoridades exigen, es de concluirse que debe reformarse. Esta decisión abre otras posibilidades, ¿qué cambiar? ¿debe reformarse la ley?.

Antes que nada debe establecerse una política criminológica integral en Sinaloa. Autoridades y ciudadanos deben conocer qué se hace en seguridad y sobre todo porqué se hace. Los ejes de dicha política deberían considerar entre sus puntos:

1. Congruencia presupuestal. Si el problema de mayor gravedad e impacto en la entidad es la seguridad pública, entonces debe recibir la atención presupuestal adecuada y no conformarse con asignar recursos para cubrir el gasto corriente de las instituciones.
2. Priorizar la prevención. Implica el fortalecimiento de las policías preventivas en todos sus aspectos: personal, equipamiento, infraestructura, capacitación, controles, rendición de cuentas, gasto.
3. Compromiso con la transparencia. Que se traduce en no admitir actos de corrupción no sólo en las instituciones de seguridad sino en cualquier dependencia de gobierno.

Definir la política criminológica no requiere del cambio de leyes pero sí de una enorme voluntad política. Ésta tarea sí es asignable al gobernador, pero no sólo a él, sino a todos los funcionarios del área de seguridad.

No obstante, hay cuestiones que necesariamente exigen modificar las normas jurídicas. Una de ellas es la transformación de la PGJ. No puede pensarse en lograr mayor eficacia o disminuir la corrupción si no se reforman las leyes para dotar de plena autonomía al Ministerio Público, como ocurre ya en Oaxaca, donde el Procurador es designado por el Congreso local y no por el gobernador. Por otro lado, se necesita un sistema de rendición de cuentas que incluya al Congreso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Supremo Tribunal de Justicia.

Pero ésta no es la única reforma que la PGJ requiere. El sistema de investigación del delito debe cambiar, particularmente por lo que se refiere a la Policía Ministerial. Este órgano ha agotado su capacidad de actuación y es necesario plantear qué puede sustituirlo.

Por otro lado, las nuevas formas de delincuencia organizada obligan a crear instrumentos jurídicos para enfrentarlas. Al menos sería prudente considerar una adición a la ley penal para incorporar delitos específicos y establecer dependencias especializadas a cargo de su persecución.

En el ámbito judicial, sería oportuno iniciar la discusión respecto al establecimiento de juicios orales, jueces especializados por tipo de delito, así como revisión de las reglas de los tiempos procedimentales y las normas probatorias.

En materia legislativa penal, Sinaloa tiene una larga tradición de copiar los códigos federales. El legislador sinaloense ha preferido “adaptar” normas o reformas de otras entidades. Sin embargo ningún estado tiene la problemática de Sinaloa y nadie va a generar opciones para nosotros. Estamos obligados a buscar soluciones propias e innovadoras. Es momento de tomar en serio, dentro de la agenda legislativa, la renovación del sistema penal.

Tratar de establecer si una determinada clase de actividades criminales deben ser consideradas como delincuencia organizada, requiere que respondamos dos preguntas básicas: ¿qué es el crimen organizado? y ¿qué queremos que sea el crimen organizado?

Si acudimos en busca de una respuesta a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, nada nos dice de las características que debe tener la pluralidad de delincuentes para llevar a cabo sus crímenes. Pareciera que implícitamente se trata de grupos con organizaciones integradas, estables y permanentes. Este concepto, sin embargo, contradice la dinámica y adaptabilidad de los grupos delictivos que la realidad nos enseña que poseen.

La ONU (Global Programme Against Transnational Organized Crime. Pilot Survey 2002) sostiene que son diez las áreas que debe reunir un grupo criminal para ser calificado como de delincuencia organizada: estructura, tamaño, actividades criminales, operaciones transfronterizas, identidad propia, violencia, corrupción, influencia política, penetración en la economía legítima y cooperación con otros grupos criminales.

Con todas estas variantes, la ONU concluye que el grupo típico de delincuencia organizada tiene estructura jerárquica rígida y constante, se compone por 20 a 50 miembros, utiliza la violencia en forma cotidiana, no necesariamente posee identidad étnica, por lo general se dedica a una sola actividad principal en distintos territorios, emplea la corrupción no siempre para introducirse en la arena política sino para penetrar la economía legítima, y por lo común intercambia servicios o mercancía con otros grupos delictivos.

Si comparamos esta descripción con la clase de delincuencia que significa la piratería, deberemos concluir que, salvo excepciones, no podemos pensar en ellos en los términos que la ONU emplea para describir un grupo típico de delincuencia organizada.

Lo anterior no significa que la piratería no se lleve a cabo por grupos de personas dedicados a la producción y distribución de bienes ilícitos, sino que el conjunto que conforman no tiene una estructura jerárquica rígida y constante, no emplean la violencia unida permanentemente a sus acciones, además de que sus miembros pueden no llegar a contar con 20 ó 50 elementos.

Pareciera ser que resulta más apropiado referirse a ellos como redes criminales, es decir, la explotación de conexiones con fines delictivos, donde el conocimiento, oportunidad y contacto entre los proveedores de bienes o servicios ilegales es más importante que el número de sus miembros o su estructura jerárquica.

Ahora bien, si el énfasis cambia de la composición y tamaño del grupo criminal al mercado ilegal que oferta y demanda el proveimiento de bienes y servicios ilícitos, entraremos de lleno al tema del ambiente económico en el cual se presenta la piratería. Lo anterior revela que el tópico nace fundamentalmente en el ámbito económico y tiene ramificaciones que se extienden por los campos administrativo, fiscal, laboral e incluso penal.

La piratería constituye hoy día en México una práctica ilícita que afecta gravemente a nuestra planta productiva. Los productos piratas causan daño económico, defraudan a los consumidores y se constituyen en una competencia injusta al negocio legítimo. Además, promocionan una cultura de ilegalidad que erosiona el respeto y seguridad jurídica de los creadores y las empresas que los apoyan.

Frente a esta problemática, se impulsó el Acuerdo Nacional contra la Piratería (suscrito el 15 de junio de 2006), que tiene como estrategia generar acuerdos concretos entre los sectores productivos y los tres niveles de gobierno para hacer frente de manera conjunta y coordinada a estos ilícitos, con el objeto de aplicar efectivamente el marco jurídico administrativo correspondiente y evitar que la venta de producto ilegal compita con el mercado legítimo.

Incluso se promueve la suscripción de Acuerdos Municipales para el Combate a los Ilícitos en materia de Propiedad Intelectual, Contrabando y Robo de Mercancías. En ellos, los ayuntamientos participan en tareas coordinadas como:

• Verificar las modalidades de funcionamiento de establecimientos mercantiles y mercados, comerciantes asentados en la vía pública.
• Sancionar, dentro de su competencia, a los responsables de prácticas comerciales relacionadas con la piratería y el contrabando.

Pero la sola acción del gobierno es insuficiente. Se requiere que las empresas asuman el compromiso suscrito en el Acuerdo Nacional contra la Piratería y ofrezcan alternativas que permitan rescatar su mercado. Este pacto prevé también ofrecer al consumidor productos a precios accesibles y desarrollar canales de comercialización alternativos que promuevan la oferta y distribución de productos legalmente reconocidos.

El combate a la piratería debe ser integral. Hace falta mucho por construir en materia de alternativas de empleo para quienes se pretende incorporar de nuevo a la economía legal. Si no se les presentan opciones, seguramente volverán a emplearse en la venta de productos piratas.

Se requiere asimismo trabajar en el sistema educativo para hacer entender que el perjuicio a la economía por adquirir un producto pirata es mucho mayor que el mínimo ahorro que generan, y que a la larga, se revierte en contra del propio consumidor.

Sólo así puede crearse un frente amplio que contenga y persiga conductas ilícitas tan nocivas como la piratería.

Procesar información implica el almacenamiento, organización y, muy importante, la transmisión de la misma. Para ello, en la informática intervienen varias tecnologías; en términos generales, podemos decir que son dos sus pilares: la computación y la cibernética; es decir, en lo que hoy conocemos como informática confluyen muchas de las técnicas y de las máquinas que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia para apoyar y potenciar sus capacidades de memoria, de pensamiento y de comunicación.

Ha sido tanto el éxito de estos medios, que hoy se habla de que vivimos en la era de la cibernética o la informática. Es decir, que gracias al desarrollo de la computación, los sistemas de procesamiento de la información pueden comunicar e intercambiar datos a distancia. El ejemplo más patente de ello es la Internet.

Por ello, se habla constantemente de nuestras comunidades como sociedades de la información. En palabras del maestro del ITESM, Julio Téllez Valdés, la sociedad de la información comprende el uso masivo de las tecnologías de la información y comunicación para difundir el conocimiento. Una consecuencia de esta clase de interacción es que cualquier persona con los conocimientos requeridos, puede crear, remitir, recibir, compartir, y utilizar información a distancia.

Pero el que la interacción humana por vía informática no sea físicamente presencial, no cancela el hecho de que subsistan las responsabilidades derivadas de la legalidad y la civilización. En otras palabras, sigue vigente la confianza en que los demás no cometerán agresiones intencionales contra nosotros. Y también su contraparte: si se cometen dichas agresiones empleando medios informáticos, la autoridad debe investigar los delitos.

Así pues, junto con el desarrollo de la informática, surge la necesidad de regular su campo de acción, y de esta manera, nace el Derecho Informático. Es dentro del campo de las leyes aplicables a la informática que empieza a surgir la necesidad de castigar las conductas ilegales que emplean los sistemas informáticos para cometer delitos, o bien, son esos mismos sistemas el objeto del ilícito.

En el XI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en 2005 en Bangkok, la ONU enfatiza que la delincuencia informática es difícil de comprender o conceptualizar plenamente. La informática puede ser el objeto del ataque o el medio para cometer otros delitos, ya que reúne características que la convierten en un medio idóneo para la realización de muy distintas modalidades delictivas, en especial de carácter patrimonial. La idoneidad proviene, básicamente, de la gran cantidad de datos que se acumulan, con la consiguiente facilidad de acceso a ellos y la relativamente fácil manipulación de esos datos.

Por supuesto que la mercancía que resulta más atractivo robar es información, con el objeto de ganar ilícitamente dinero. Así que, los sistemas que pueden estar más expuestos al fraude son los que tratan pagos, como los de nómina, ventas, o compras. En ellos es donde es más fácil convertir transacciones fraudulentas en dinero y sacarlo de la empresa. Por estas razones, las empresas bancarias y compañías de seguros, están entre las más expuestas a fraudes que las demás.

Sin embargo, esta situación no es privativa del área financiera, pues también el gobierno está expuesto a los riesgos cibernéticos, ya que el uso generalizado de bases de datos aumenta las posibilidades de un ataque al sistema informático, particularmente cuando se emplean computadoras en aplicaciones de seguridad.

El Código Penal Federal en sus artículos 211bis 1 a 211bis 7 sanciona con prisión hasta por ocho años, la modificación, copiado, destrucción o pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad. No obstante, la normatividad actual no alcanza a reflejar el total de hipótesis delictivas que la legislación internacional contempla en el Convenio sobre Cibercriminalidad signado por el Consejo de Europa en Budapest en el año 2001.

De acuerdo con datos de la PGR, de enero a septiembre del presente año, el 22% de los casos denunciados corresponden a sistemas informáticos, 15% a banca electrónica y 12% a telefonía celular. Por otro lado, los ciberdelitos se han incrementado de aproximadamente 500 en 2004 hasta más de 1200 en lo que va del 2007.

Por ello, es necesaria la creación de un Centro Nacional de Respuesta Inmediata a Incidentes de Seguridad Cibernética que tendría por objeto establecer un mecanismo que detecte oportunamente el cibercrimen, genere estrategias de contención y respuesta, proporcione alertas inmediatas, establezca canales de comunicación confiables, rastree y de seguimiento a los problemas para determinar acciones correctivas.