Historia del crimen

“Dibuja un ratón, vas a la cárcel”, esta es la frase con la cual Bob Levin inicia su libro The Pirates and the Mouse dedicado a narrar en el episodio en el cual la compañía Walt Disney Productions demandó a los caricaturistas involucrados en la producción y distribución de Air Pirates Funnies, una parodia de Mickey Mouse. Además de pedir la imposición de multas por violación a los derechos de autor, en un momento del litigio se solicitó al juez los encarcelara. En el estado de Aguascalientes, “graffitear” se sanciona con prisión de uno a cinco años, de acuerdo con el artículo 54 de la legislación penal. Además es considerado delito grave y sólo reparando el daño dentro de un plazo específico, da lugar a la libertad provisional bajo caución. Estos ejemplos dan cuenta del arraigo que tiene la cultura del castigo. Nos gusta sancionar con prisión todo lo que se pueda. Asesinatos, accidentes de tránsito, comercio informal, contaminar o hacer llamadas de broma a los bomberos. Como ninguna otra institución social, la cárcel provee expectativas de seguridad comunitaria e invoca la aspiración de justicia a través del castigo a quien delinque. Además, proporciona una ubicación física a los esquivos delincuentes. Tal vez por eso los legisladores la tienen siempre en mente cuando incorporan una figura delictiva a los códigos penales. Claro que, una vez fijada como castigo, habrá que aplicarla. Porque la amenaza que implica la prisión debe cumplirse para completar el ritual de la sanción y restablecer el orden social. Aquí es donde empiezan los problemas. Al cometerse un hecho delictivo, especialmente si éste es violento, como los homicidios, violaciones, secuestros o robos, se activan los sentimientos de venganza comunitaria. Y se reclama a la autoridad acción y resultado rápido y satisfactorio. Claro, los reclamos de castigo no son homogéneos, varían dependiendo del tipo de delito, el empleo o no de violencia, la cobertura mediática, el lugar donde se comete, y por supuesto, de la identidad y características de la víctima y el agresor. Pero al mismo tiempo se activa la desconfianza social hacia las instituciones de seguridad pública. Después de todo, vivimos en el país del 90% de impunidad, Labastida dixit. Así, por un lado esperamos el castigo, pero también desconfiamos en que ocurrirá. No obstante, puesto que el legislador repartió la cárcel para casi todos los delitos y la autoridad, al menos en algunos casos atrapó al culpable, la prisión se actualiza para ellos, se hace real y pasan a ser sujetos del sistema penitenciario. Dentro de la cárcel, conviven en lo que Constancio Bernaldo de Quirós llamaba una doble comunidad de voluntades forzadas, porque ni los reos, ni los custodios quieren formar parte de ella. Encima de ello, a alguien se le ocurrió que la función natural de la prisión es readaptar al reo, prepararlo para su reincorporación a la comunidad. Es decir, para dotar a una persona de habilidades para la convivencia comunitaria legal y pacífica, es necesario encarcelarlo. Bueno, ya dentro de prisión, si quiere, puede ir a la escuela o los talleres. Esta ilusión choca con el hecho de que no toda la población penitenciaria desea cooperar en su “rehabilitación”, el perfil de los internos ha cambiado, el consumo de droga es mayor, los niveles de violencia se han incrementado, existe mayor número de reos pertenecientes a distintos grupos delictivos, el acceso a armamento y tecnologías de comunicación es más amplio, la corrupción es endémica y, por supuesto, existe una gran sobrepoblación. Esta sobrepoblación, en un inicio parece refutar el alegre cálculo de impunidad = 90% que el ex secretario de gobernación puso a circular hace muchos años. Al menos merece un análisis detallado, porque se supone que el total de espacios penitenciarios existentes en el país son la capacidad máxima del sistema de justicia penal. De otra manera no se explica que se exija a ciegas más trabajo a ministerios públicos y jueces, sabiendo que no existen capacidades gubernamentales para recibir a los procesados y sentenciados. Y es que, cuando el legislador decide la cárcel para todo, se le olvida que en la prisión real no cabemos todos. Por eso no fue sorpresa el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011 presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en resumen dice que, en términos generales, las cosas siguen igual con tendencia a empeorar, sin salir del rango de calificación que va desde los 6.1 al 8, desde 2007. ¿Se habrán tomado estos aspectos para tomar las decisiones en materia de combate a la delincuencia por parte de los gobiernos estatales y federal? Yo como usted supongo que no.

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