Wednesday, November 13, 2013
¿Se puede medir la seguridad?
Ilustración de Richard Sala |
Alguno de mis maestros de matemáticas,
seguramente el profe Reyes de la Federal 2, al explicarnos por qué los números
son abstractos, argumentaba que no tenían existencia fáctica y después
preguntaba si alguno de nosotros había comprado alguna vez kilos de 5 o si
alguien había orinado un 2.
Así de abstracta nos parece en ocasiones
la seguridad pública. Es un tema que implica tantos factores que se asemeja a la
sombra de la idea de un concepto, o sea, que nos da la impresión de ser una
masa amorfa compuesta de algo así como el ecto-plasma. En otras palabras, no
nos es sencillo captar la complejidad de los contenidos que se engloban en eso
que denominamos “seguridad”. Y por ello consideramos que esa cosa no se puede
medir.
Claro que conocemos de las famosas estadísticas
sobre incidencia delictiva, que establecen la frecuencia con la cual se cometen
ciertos delitos en un momento y lugar determinados, pero también es cierto que
cuando las observamos, entendemos que se refieren sólo a uno de los aspectos de
la seguridad pública y que quedan fuera muchos otros. Algo similar ocurre con las
encuestas de victimización y las opiniones sobre la confianza en las
autoridades.
Ahora, si tales estadísticas son
presentadas por las autoridades, sean federales, estatales o municipales,
muchos de nosotros de inmediato suponemos que están amañadas o que al menos se
refieren a resultados fragmentarios que favorecen la gestión de quien las
presenta.
Por otro lado, cuando alguna
organización de la sociedad civil o las comisiones de derechos humanos emiten
algún reporte sobre prevención, persecución del delito o violaciones a derechos
fundamentales, muchas autoridades se aprontan a desmentir los resultados a como
dé lugar. Con ello, tanto de un lado como del otro se abona a la desconfianza.
Ha habido varios esfuerzos por presentar
indicadores globales que nos acerquen a la realidad del tema de seguridad
pública, pero el que me parece más interesante es el Índice sobre el Entorno de la Inseguridad en los Estados elaborado
por la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública (EGAP) del
Tecnológico de Monterrey, y publicado el pasado mes de mayo. Según su propia
presentación, el índice descompone el problema de la inseguridad y violencia en
un conjunto de acciones de tres actores clave: los delincuentes, la sociedad y
las autoridades. Entendiendo que las acciones de estos actores se condicionan
de manera recíproca.
Bajo esta premisa, se busca responder a
dos preguntas: ¿cuál es el impacto de la incidencia delictiva en la sociedad? y
¿en qué medida las capacidades institucionales de los estados ayudan a la
contención de los delitos? Para
responderlas se desarrollaron tres subíndices, el relativo a incidencia
delictiva, el subíndice de desconfianza, percepción y efectos de la
inseguridad, y el referente a rezagos institucionales y sociales. Entre todos
ellos suman 127 indicadores, con información recabada entre 2008 y 2011, que
componen el Índice sobre el Entorno de la
Inseguridad en los Estados.
En el ranking general del índice, de las
32 entidades federativas en México, Sinaloa ocupa el lugar número 24, en el
entendido de que quien ocupa el lugar número 1 es el estado mejor calificado,
en este caso Baja California Sur. Si verificamos cada subíndice, en el caso de
incidencia delictiva Sinaloa ocupa el lugar 27; en el relativo a desconfianza,
percepción y efectos de la inseguridad tiene el puesto número 21; y en materia
de rezagos institucionales y sociales alcanza el peldaño 13.
Contrastando los subíndices entre sí,
encontramos que Sinaloa es un estado en el cual la incidencia delictiva es alta
y los efectos de la inseguridad también son altos. En otras palabras, la frecuencia
de la criminalidad y su percepción empatan, pues ambas son consideradas
“graves”. Por otro lado, siendo Sinaloa un estado con alta incidencia, se
considera de baja debilidad en cuanto a los rezagos institucionales y sociales,
lo cual significa la existencia de áreas de oportunidad. Pero, esta
circunstancia está limitada por el hecho de que en Sinaloa la desconfianza en
las autoridades es alta.
Esta medición no es una opinión
personal, es un riguroso ejercicio metodológico de una prestigiada institución
educativa en nuestro país. La conclusión es clara, el problema de la
inseguridad en Sinaloa es grave y así también se percibe por la sociedad. Y el
problema no se arregla sólo con jefes de policía caradura, comprando tanques de
guerra, haciendo declaraciones oportunistas o metiendo la cabeza en el suelo.
Para empezar a construir soluciones hay que reconocer que las cosas están mal.
Eso, por sí mismo, significaría un avance.
¿Tú crees que Malova se trague esa
píldora paisano? Yo tampoco.
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