Friday, April 11, 2014

 

El día que los curas no pasaron el examen



El pasado 5 de febrero, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño presentó las observaciones a los Estados que fueron evaluados durante su última sesión y expuso además las recomendaciones para mejorar la situación de la infancia e incrementar las garantías de protección a los menores. Los países examinados fueron Alemania, Rusia, Portugal, Yemen, República del Congo y la Santa Sede.

De acuerdo con su sitio web, el Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes. El Comité también supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

En el caso del Vaticano y de los constantes casos de pederastia en que se ven envueltos sacerdotes católicos, la presidenta del Comité, Kristen Sandberg, afirmó: “La Santa Sede sistemáticamente ha puesto la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los autores de los abusos por encima del mejor interés de los menores. La Iglesia ha impuesto un código de silencio a los niños y la presentación de informes a las autoridades policiales y judiciales nacionales nunca ha sido obligatoria”.

Como ustedes recordarán (Francisco y los pederastas, Río Doce 28-VII-2013), el Estado Vaticano fue promotor de la Convención de los Derechos del Niño, además de que la firmó y ratificó. No obstante, el Vaticano no ha cumplido cabalmente con los informes periódicos que le requirió el Comité a cada Estado firmante.

Sin embargo bajo la rectoría del Papa Francisco, para este periodo de sesiones del Comité, la Santa Sede presentó su segundo reporte periódico además de un pliego con respuestas por escrito a una serie de tópicos que le habían sido planteados por el propio comité. Mientras que estas acciones son positivas sin lugar a dudas, la tardanza en presentarlas evitó durante catorce años que la ONU revisara la implementación de la Convención de los Derechos del Niño por el Vaticano.

El Comité sobre los Derechos de los Niños reconoció la buena voluntad de la Delegación Vaticana para promover el cambio de actitudes y prácticas y se mostró complacido por las medidas legislativas tomadas por la Santa Sede, así como por la creación de la Comisión Pastoral para la Protección de Menores en diciembre del año pasado.

Por otro lado, el Comité expresó “su profunda preocupación por los abusos sexuales de menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica que operan bajo la autoridad de la Santa Sede, ya que clérigos estuvieron involucrados en el abuso sexual de decenas de miles de niños en todo el mundo. El Comité está gravemente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido la gravedad de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil ni para proteger a los niños, y ha adoptado políticas y prácticas que han dado lugar a la continuidad del abuso y la impunidad de los perpetradores” (punto 43 del informe).

En virtud de esta problemática, la ONU requiere a la Santa Sede para que:

1.     Se asegure de que la Comisión Pastoral para la Protección de Menores investigue en forma independiente todos los casos de abuso sexual de menores, así como la conducta de la jerarquía católica en relación con ellos.
2.     Remueva de sus puestos, inmediatamente, a los abusadores de niños, comprobados o sospechosos, y los ponga a disposición de las autoridades encargadas de la persecución de los delitos.
3.     Disponga la apertura de los archivos que puedan ser empleados para acreditar la responsabilidad de los abusadores, así como de quienes ocultaron estos delitos e intencionalmente pusieron a los agresores en contacto con niños.
4.     Reforme la ley canónica para que el abuso sexual de menores sea considerado un crimen y no un delito grave contra la moral (artículo 6 de la Normae de gravioribus delictis).
5.     Establezca reglas claras, mecanismos y procedimientos para la denuncia obligatoria de casos de abuso sexual infantil.
6.     Se asegure de que todos los sacerdotes, personal religioso o individuos que trabajen bajo la autoridad de la Santa Sede, estén conscientes de su deber de reportar tales casos, incluso si las normas canónicas establecen otra cosa.
7.     Desarrolle políticas para la prevención de estos crímenes.
8.     Genere programas educativos preventivos dirigidos hacia los niños, para aumentar la conciencia sobre el abuso sexual y les enseñe a desarrollar las habilidades necesarias para protegerse a sí mismos.
9.     Considere ratificar la Convención sobre la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexuales del Consejo de Europa.

La respuesta oficial del Vaticano fue que examinará profundamente las conclusiones del informe del Comité, aunque lamentó ver en algunas observaciones “un intento de interferencia sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de la dignidad del ser humano y el ejercicio de la libertad de credo”.

¿Cómo la ves paisano? A como están las cosas más vale que los niños se organicen unas auto-defensas.

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Friday, July 26, 2013

 

Francisco y los pederastas



Para Alberto Athié



El pasado 11 de julio, el Papa Francisco I publicó una carta apostólica en forma motu proprio, que junto con la aprobación de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, reforma diversas disposiciones penales que rigen en el territorio no mayor de dos kilómetros cuadrados del Vaticano. Lo anterior con el fin de armonizar las normas citadas con las reglas que operan en el Derecho Internacional a través de diversos pactos, en particular las convenciones promovidas por la ONU en materia de combate a la corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero, terrorismo y otras.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido a propósito de esta decisión, debe destacarse “la amplia definición de la categoría de delitos contra los menores (entre los cuales se señalan: la venta, la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra los menores; la pornografía infantil, la posesión de pornografía infantil; actos sexuales con menores).”

Esto significa que, a través de las normas que contiene el motu proprio, el Papa Francisco lleva a cabo una redefinición de los delitos de naturaleza sexual que se cometen en contra de los menores. Para muchos, la decisión es significativa al crear las herramientas legales para combatir los abusos sexuales al interior de la Santa Sede, ya que estas medidas permiten procesar, si así fuera el caso, no solo todos los oficiales y empleados de la Curia Romana, sino también a los 150 nuncios apostólicos y a su personal diplomático, además de los empleados de órganos e instituciones relacionados con la Santa Sede, por ejemplo, el Instituto de Obras de la Religión, también conocido como el Banco Vaticano, independientemente del hecho de que se encuentren o no en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano. Las sanciones por estas conductas delictivas podrían extenderse hasta los doce años de prisión.

Esta actualización legislativa que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2013, era sumamente necesaria. Recordemos que el Estado Vaticano nace en 1929 mediante el Tratado de Letrán y a partir de su conformación adopta el sistema jurídico que Italia tenía en ese momento. Así pues, la ley penal vaticana es, en esencia, el código penal italiano de 1889, mientras que su ley procesal es el código de italiano de procedimiento penal de 1929. Básicamente no habían sido reformadas desde su adopción.

Si bien es cierto que la reforma aprobada no puede calificarse de radical, tiene el mérito de modernizar el marco legal de la Santa Sede. Hay quien considera que esta actualización normativa no es sino un gesto del Papa frente a las constantes acusaciones de pederastia que enfrentan los sacerdotes de la Iglesia católica. Mientras que para otros, significa la fijación de una postura de intolerancia frente a estos delitos y sus autores, especialmente si se toma en consideración la declaración pública de Francisco I en abril pasado, cuando pidió actuar con determinación contra los abusos sexuales del clero.

El contexto tal vez sea muy diferente. El Estado Vaticano fue promotor de la Convención de los Derechos del Niño, además de que firmó y ratificó el tratado en la materia, por lo cual está obligado a observarlo cabalmente. No obstante, de inicio, el Vaticano no cumplió cabalmente con los informes periódicos que le requiere el Comité de los Derechos del Niño a cada Estado firmante. Coincidentemente, fue durante este periodo cuando salió a la luz pública el mayor número de casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, obispos e incluso cardenales. Casos que trataron de ser encubiertos por los superiores eclesiásticos.

Frente a este fenómeno, organizaciones de la sociedad civil recurrieron al Comité de los Derechos del Niño de la ONU para que iniciara una investigación al respecto, dado que la Santa Sede reconoció públicamente que se habían presentado casos de abuso sexual de niñas y niños dentro de su jurisdicción, por parte de sacerdotes y otros clérigos.

El Comité ha acudido a la Secretaría General de la ONU, para que le solicite al Estado Vaticano complementar la información que entregó, respondiendo a preguntas precisas en materia de los casos de abuso sexual de niñas y niños. El pedido de explicaciones es un mecanismo habitual del que dispone la ONU en línea con el cumplimiento de las pautas marcadas por la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuando los estados firmantes no cumplen con sus informes o no proveen de toda la información relevante. Es la primera vez que el Vaticano, que ocupa el lugar de observador permanente, pasa a ser observado por la ONU.

Más importante que la reforma al código penal vaticano en materia de abusos sexuales contra niñas y niños, es conocer cuál va a ser la postura del Papa Francisco frente al pedimento de la ONU. Lo anterior implica saber si el Jefe del Estado Vaticano va a responder al informe o recurrirá al amparo que ofrecen las reservas que se interpusieron cuando se firmó el Tratado. Pero también, conocer si se va a responder ampliamente o va a entregar información restringida, con reservas, reconociendo sólo algunos casos que no lleguen a golpear a las máximas autoridades de la Curia Romana.

En nuestro país, el tema de los sacerdotes pederastas adquirió dimensiones de escándalo desde hace años, sobre todo por el conocimiento de los abusos cometidos por Marcial Maciel. Esa es una herida que no cierra y no lo hará en tanto no se reconozca plenamente y se actúe con rigor contra los delincuentes, por muy “señores curas” que sean. ¿O tú qué crees paisano?

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