Friday, April 11, 2014
El día que los curas no pasaron el examen
El pasado 5 de febrero, el Comité de la
ONU sobre los Derechos del Niño presentó las observaciones a los Estados que
fueron evaluados durante su última sesión y expuso además las recomendaciones
para mejorar la situación de la infancia e incrementar las garantías de
protección a los menores. Los países examinados fueron Alemania, Rusia,
Portugal, Yemen, República del Congo y la Santa Sede.
De acuerdo con su sitio web, el Comité
de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que
supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus
Estados Partes. El Comité también supervisa la aplicación de los dos
protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación de niños en los
conflictos armados y
a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía.
En el caso del Vaticano y de los
constantes casos de pederastia en que se ven envueltos sacerdotes católicos, la
presidenta del Comité, Kristen Sandberg, afirmó: “La Santa Sede
sistemáticamente ha puesto la preservación de la reputación de la Iglesia y la
protección de los autores de los abusos por encima del mejor
interés de los menores. La Iglesia ha impuesto un código de silencio a los
niños y la presentación de informes a las autoridades policiales y judiciales
nacionales nunca ha sido obligatoria”.
Como ustedes recordarán (Francisco y los
pederastas, Río Doce 28-VII-2013), el Estado Vaticano fue promotor de la
Convención de los Derechos del Niño, además de que la firmó y ratificó. No
obstante, el Vaticano no ha cumplido cabalmente con los informes periódicos que
le requirió el Comité a cada Estado firmante.
Sin embargo bajo la rectoría del Papa
Francisco, para este periodo de sesiones del Comité, la Santa Sede presentó su
segundo reporte periódico además de un pliego con respuestas por escrito a una
serie de tópicos que le habían sido planteados por el propio comité. Mientras
que estas acciones son positivas sin lugar a dudas, la tardanza en presentarlas
evitó durante catorce años que la ONU revisara la implementación de la
Convención de los Derechos del Niño por el Vaticano.
El Comité sobre los Derechos de los
Niños reconoció la buena voluntad de la Delegación Vaticana para promover el
cambio de actitudes y prácticas y se mostró complacido por las medidas
legislativas tomadas por la Santa Sede, así como por la creación de la Comisión
Pastoral para la Protección de Menores en diciembre del año pasado.
Por otro lado, el Comité expresó “su
profunda preocupación por los abusos sexuales de menores cometidos por miembros
de la Iglesia Católica que operan bajo la autoridad de la Santa Sede, ya que
clérigos estuvieron involucrados en el abuso sexual de decenas de miles de
niños en todo el mundo. El Comité está gravemente preocupado porque la Santa
Sede no ha reconocido la gravedad de los crímenes cometidos, no ha tomado las
medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil ni
para proteger a los niños, y ha adoptado políticas y prácticas que han dado
lugar a la continuidad del abuso y la impunidad de los perpetradores” (punto 43
del informe).
En virtud de esta problemática, la ONU
requiere a la Santa Sede para que:
1.
Se
asegure de que la Comisión Pastoral para la Protección de Menores investigue en
forma independiente todos los casos de abuso sexual de menores, así como la
conducta de la jerarquía católica en relación con ellos.
2.
Remueva
de sus puestos, inmediatamente, a los abusadores de niños, comprobados o
sospechosos, y los ponga a disposición de las autoridades encargadas de la
persecución de los delitos.
3.
Disponga
la apertura de los archivos que puedan ser empleados para acreditar la
responsabilidad de los abusadores, así como de quienes ocultaron estos delitos
e intencionalmente pusieron a los agresores en contacto con niños.
4.
Reforme
la ley canónica para que el abuso sexual de menores sea considerado un crimen y
no un delito grave contra la moral (artículo 6 de la Normae de gravioribus
delictis).
5.
Establezca
reglas claras, mecanismos y procedimientos para la denuncia obligatoria de
casos de abuso sexual infantil.
6.
Se
asegure de que todos los sacerdotes, personal religioso o individuos que
trabajen bajo la autoridad de la Santa Sede, estén conscientes de su deber de
reportar tales casos, incluso si las normas canónicas establecen otra cosa.
7.
Desarrolle
políticas para la prevención de estos crímenes.
8.
Genere
programas educativos preventivos dirigidos hacia los niños, para aumentar la
conciencia sobre el abuso sexual y les enseñe a desarrollar las habilidades
necesarias para protegerse a sí mismos.
9.
Considere
ratificar la Convención sobre la Protección de los Niños contra la Explotación
y el Abuso Sexuales del Consejo de Europa.
La respuesta oficial del Vaticano fue
que examinará profundamente las conclusiones del informe del Comité, aunque
lamentó ver en algunas observaciones “un intento de interferencia sobre
las enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de la dignidad del ser humano
y el ejercicio de la libertad de credo”.
¿Cómo la ves paisano? A como están las
cosas más vale que los niños se organicen unas auto-defensas.
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Wednesday, November 13, 2013
Violencia y paz
Si la ciudad ha de tener remedio,
debemos comprender sus espacios y caminos de violencia. Dice Haruki Murakami en
After Dark que a veces no los vemos
porque no los transitamos y luego, agrego yo, nos reconfortamos en la ausencia
de agresiones hacia nosotros o nuestro círculo más cercano. En otras palabras,
no me preocupa tanto vivir en una ciudad que muchos perciben violenta porque a
mí nunca me ha pasado nada.
Claro, el ignorar la violencia no acaba
con ella. El que, en apariencia, no me afecte no significa que se reduzca. Si
no la veo, es probable que no haya aprendido a mirar. Y si creo que no me ha
tocado, tal vez esté en un error.
Hace algunos años, un autor noruego,
Johan Galtung, afirmó que la violencia directa, física o verbal, es sólo la
punta del iceberg y no refleja la totalidad del problema en sí. Porque debajo
de ella se encuentran dos formas de violencia mucho más peligrosas: la
violencia estructural y la violencia cultural.
De acuerdo con esta visión, los
asesinatos, robos, amenazas, violaciones, abusos de autoridad y demás crímenes
que ocurren en la entidad, siendo muy preocupantes, no son la manifestación más
grave de la violencia. A estas agresiones las arropa un conjunto de pautas y
creencias culturales que justifican a la violencia directa y a la violencia
estructural. Se trata por ejemplo de la aceptación del machismo o la
resignación ante las conductas prepotentes de narcos y policías.
En casos extremos, la violencia cultural
puede llegar a utilizarse para aprobar posturas extremas como la guerra santa, que abre campo para
ciertas clases de actos terroristas, o el dominio del macho en las relaciones
de género. Este tipo de violencia se teje a partir de una amplia gama de
valores que asumimos desde niños y que luego se refuerzan con las normas de la
sociedad. Esto es muy grave en sociedades que no están desarrolladas en la
democracia, ya que abonan a una cultura opresiva que no tolera la crítica y nos
convierte en ciudadanos privados, pasivos y nada solidarios.
El problema para luchar contra este tipo
de violencia consiste en salir de la visión que su propia cultura propone, es
decir, abandonar la creencia de que al conflicto violento sólo se le puede
combatir con violencia. Por tanto, busca alternativas que no rehúyan al
conflicto, pero que propongan salidas pacíficas, con participación social
democrática, ancladas en el respeto a los derechos humanos.
Por su parte, la violencia estructural
constituye un riesgo aún más grande, ya que atenta contra las necesidades
humanas básicas: supervivencia, bienestar, libertad, identidad, seguridad.
Involucra, por lo general un conflicto entre dos o más grupos sociales que se
encuentran vinculados en una relación de inequidad que se traduce en vulnerabilidades
para uno de ellos. El grupo vulnerable lo puede ser en razón del género, edad,
nacionalidad, etnia, etcétera.
El núcleo del conflicto es una disputa
por el acceso, reparto o posibilidad de uso de recursos o derechos, que en la
gran mayoría de los casos es resuelto a favor de la parte privilegiada y en
perjuicio de los grupos vulnerables, debido a los mecanismos que mantienen el
status de la estratificación social. Se consideran casos de violencia
estructural aquellos en los que el sistema (económico, de gobierno) provoca
hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte, a la población.
Los tres tipos de violencia forman un
entramado en el que se invocan unos a otros y hacen que cualquier solución
definitiva sea en extremo complicada. Pero cualquier esfuerzo por resolver la
violencia debe abrevar, por necesidad, en la paz. Claro, entendiendo que la paz
no es una especie de Campos Elíseos
que se define por la ausencia de conflictos. Al contrario, la paz es un proceso
que debe ser construido por todos nosotros.
La Asamblea General de la ONU, en su
resolución número 53/243, de fecha 6 de octubre de 1999, aprobó la Declaración y Programa de Acción sobre una
Cultura de Paz. En él se define a dicha cultura como el conjunto de
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en
el respeto a la vida y la práctica de la no violencia por medio de la
educación, el diálogo y la cooperación.
De dicho documento se puede extraer un
programa de acción en el que se contempla promover la cultura de la paz por
medio de la educación, el desarrollo económico y social sostenible, el respeto
de todos los derechos humanos, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover
la participación democrática, la comprensión, la tolerancia y la solidaridad.
¿Suena como un mundo ideal, verdad
paisana? Tal vez sea porque en este preciso momento estamos tan lejos de lograr
la paz, que ni siquiera alcanzamos a ponernos de acuerdo en cómo y cuándo
iniciar. Pero no nos abandonemos a la desesperanza, construir la paz nunca es
sencillo pero siempre vale la pena.
Labels: Cultura de la Paz, Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de la Paz, Johan Galtung, ONU, paz, violencia, violencia cultural, violencia directa, violencia estructural
Friday, July 26, 2013
Francisco y los pederastas
Para Alberto Athié
El pasado 11 de julio, el Papa Francisco
I publicó una carta apostólica en forma motu proprio, que junto con la
aprobación de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, reforma
diversas disposiciones penales que rigen en el territorio no mayor de dos
kilómetros cuadrados del Vaticano. Lo anterior con el fin de armonizar las
normas citadas con las reglas que operan en el Derecho Internacional a través
de diversos pactos, en particular las convenciones promovidas por la ONU en
materia de combate a la corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero,
terrorismo y otras.
De acuerdo con el comunicado oficial
emitido a propósito de esta decisión, debe destacarse “la amplia definición de
la categoría de delitos contra los menores (entre los cuales se señalan: la
venta, la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra los
menores; la pornografía infantil, la posesión de pornografía infantil; actos sexuales
con menores).”
Esto significa que, a través de las
normas que contiene el motu proprio, el Papa Francisco lleva a cabo una
redefinición de los delitos de naturaleza sexual que se cometen en contra de
los menores. Para muchos, la decisión es significativa al crear las
herramientas legales para combatir los abusos sexuales al interior de la Santa
Sede, ya que estas medidas permiten procesar, si así fuera el caso, no solo
todos los oficiales y empleados de la Curia Romana, sino también a los 150 nuncios
apostólicos y a su personal diplomático, además de los empleados de órganos e
instituciones relacionados con la Santa Sede, por ejemplo, el Instituto de
Obras de la Religión, también conocido como el Banco Vaticano,
independientemente del hecho de que se encuentren o no en el territorio del
Estado de la Ciudad del Vaticano. Las sanciones por estas conductas delictivas
podrían extenderse hasta los doce años de prisión.
Esta actualización legislativa que
entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2013, era sumamente necesaria.
Recordemos que el Estado Vaticano nace en 1929 mediante el Tratado de Letrán y
a partir de su conformación adopta el sistema jurídico que Italia tenía en ese
momento. Así pues, la ley penal vaticana es, en esencia, el código penal
italiano de 1889, mientras que su ley procesal es el código de italiano de
procedimiento penal de 1929. Básicamente no habían sido reformadas desde su
adopción.
Si bien es cierto que la reforma aprobada
no puede calificarse de radical, tiene el mérito de modernizar el marco legal
de la Santa Sede. Hay quien considera que esta actualización normativa no es
sino un gesto del Papa frente a las constantes acusaciones de pederastia que
enfrentan los sacerdotes de la Iglesia católica. Mientras que para otros,
significa la fijación de una postura de intolerancia frente a estos delitos y
sus autores, especialmente si se toma en consideración la declaración pública
de Francisco I en abril pasado, cuando pidió actuar con determinación contra
los abusos sexuales del clero.
El contexto tal vez sea muy diferente. El
Estado Vaticano fue promotor de la Convención de los Derechos del Niño, además
de que firmó y ratificó el tratado en la materia, por lo cual está obligado a observarlo
cabalmente. No obstante, de inicio, el Vaticano no cumplió cabalmente con los
informes periódicos que le requiere el Comité de los Derechos del Niño a cada
Estado firmante. Coincidentemente, fue durante este periodo cuando salió a la
luz pública el mayor número de casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes,
obispos e incluso cardenales. Casos que trataron de ser encubiertos por los
superiores eclesiásticos.
Frente a este fenómeno, organizaciones
de la sociedad civil recurrieron al Comité de los Derechos del Niño de la ONU para
que iniciara una investigación al respecto, dado que la Santa Sede reconoció
públicamente que se habían presentado casos de abuso sexual de niñas y niños
dentro de su jurisdicción, por parte de sacerdotes y otros clérigos.
El Comité ha acudido a la Secretaría
General de la ONU, para que le solicite al Estado Vaticano complementar la
información que entregó, respondiendo a preguntas precisas en materia de los
casos de abuso sexual de niñas y niños. El pedido de explicaciones es un
mecanismo habitual del que dispone la ONU en línea con el cumplimiento de las
pautas marcadas por la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes cuando los estados firmantes no cumplen con sus informes o no
proveen de toda la información relevante. Es la primera vez que el Vaticano,
que ocupa el lugar de observador permanente, pasa a ser observado por la ONU.
Más importante que la reforma al código
penal vaticano en materia de abusos sexuales contra niñas y niños, es conocer
cuál va a ser la postura del Papa Francisco frente al pedimento de la ONU. Lo
anterior implica saber si el Jefe del Estado Vaticano va a responder al informe
o recurrirá al amparo que ofrecen las reservas que se interpusieron cuando se firmó
el Tratado. Pero también, conocer si se va a responder ampliamente o va a
entregar información restringida, con reservas, reconociendo sólo algunos casos
que no lleguen a golpear a las máximas autoridades de la Curia Romana.
En nuestro país, el tema de los
sacerdotes pederastas adquirió dimensiones de escándalo desde hace años, sobre
todo por el conocimiento de los abusos cometidos por Marcial Maciel. Esa es una
herida que no cierra y no lo hará en tanto no se reconozca plenamente y se actúe
con rigor contra los delincuentes, por muy “señores curas” que sean. ¿O tú qué
crees paisano?
Labels: código penal vaticano, Comité de los Derechos del Niño, Convención de los Derechos del Niño, Curia Romana, Iglesia Católica, Marcial Maciel, ONU, Papa Francisco, Pederastia, Santa Sede, Vaticano
