Historia del crimen

La presencia de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas se da a través de sus delegaciones, que funcionan como órganos desconcentrados de dicha institución y atienden los asuntos a cargo del Ministerio Público de la Federación, es decir, la investigación y persecución de los delitos federales. Esto se traduce, de acuerdo con el Quinto Informe de Labores de la PGR, en la realización de cateos, operativos, detenciones y aseguramientos, fundamentalmente en cuatro áreas: combate al narcomenudeo, persecución de la piratería, atención de delitos ambientales e investigación de los delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Según el propio Informe, durante el primer semestre de 2011 en las delegaciones, en acciones de combate al narcomenudeo, se efectuaron 2658 operativos y cateos que resultaron en 1315 personas detenidas. Esto significa que las delegaciones de la PGR hicieron el 18% del total de operativos y cateos, así como la detención del 8.5% del total de personas, registrado en lo que ellos denominan “Resultado Global” en ese mismo periodo. En el año 2009, el Congreso de la Unión aprobó distintas reformas legales para darle intervención a las procuradurías de los estados en la investigación de ciertos casos de narcomenudeo. La iniciativa de dicha ley, presentada por el presidente Calderón, partía de considerar que las autoridades locales tenían un mayor número de policías, ministerios públicos, jueces y espacios penitenciarios, que las autoridades federales. De acuerdo con el penalista Humberto Castillejos, el Gobierno Federal pensó que el problema se resolvía trasladando una buena parte de la carga operativa y política que implican los delitos contra la salud, a los estados, perdiendo de vista otras variables como el análisis del funcionamiento de la estrategia y estructuras encargadas del combate al narcomenudeo. Algunas entidades asumieron la nueva competencia, otras más se abstuvieron para presionar al Gobierno Federal y que proporcionara ayuda económica que mitigara el costo que la responsabilidad adicional significaba para las instituciones de seguridad locales. La PGR, a través de la XXII asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), decidió en 2009 desechar las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y sustituirlas, en cada estado, por Centros de Operación Estratégica. Por su parte, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) promovió entre los Programas con Prioridad Nacional en 2012, el denominado “Implementación de los Centros de Operación Estratégica” y le asignó recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. A partir de ello, el Gobierno Federal insertó el tema en cada uno de los convenios de coordinación (y los respectivos anexos) que suscribió con los estados. Instalado como el gran rector de la seguridad pública y la procuración de justicia, el gobierno de Calderón, mediante la presentación de iniciativas de leyes generales y la operación de sus dependencias a través del SNSP y la CNPJ, continuó con la política de transferir porciones de responsabilidades de la Federación a las entidades federativas en materia de: • Secuestros. Para lo cual ha venido promoviendo la creación, asignando recursos y homologando la estructura y equipamiento de las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro. • Trata de Personas. A través de la CNPJ propone y quiere hacer avanzar el establecimiento de Células Mixtas en la materia, a pesar de que, en narcomenudeo, ya descartó la estrategia de estas unidades. • Lavado de dinero. Apoyando la instalación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, en las secretarías de finanzas o equivalentes y no en las procuradurías. • Piratería. Invitando a la suscripción de convenios para establecer una mayor operatividad, a nivel nacional, que permita el aseguramiento masivo de productos pirata. Bajo esta lógica, las delegaciones estatales de la PGR pronto se convertirán en oficinas con un ámbito de trabajo cada vez más reducido. Tal vez no sea descabellado proponerle al gobierno de Calderón que así como traspasa las responsabilidades, traspase al personal e infraestructura de las delegaciones de la PGR y con ellas se cree, en cada procuraduría local, su propia Subprocuraduría de Delitos Federales.

Labels: Delegaciones de PGR, PGR

Orlando Winfield Wilson, padre del Modelo Policial Profesional y autor del influyente libro “Administración de la Policía”, afirmaba en los años 50 que la prevención del delito a cargo de las corporaciones de seguridad se basaba fundamentalmente en el patrullaje, el cual tenía por objeto dar la sensación de omnipresencia y reducir las oportunidades de los criminales para cometer un delito. La policía encargada de efectuar estas labores debía ser una corporación centralizada, profesional, eficiente, capacitada en técnicas científicas, equipada con suficiencia para una respuesta rápida ante el crimen, cuyo objetivo era el control del delito mediante la estricta aplicación de la ley. Las ideas de O.W. Wilson han tenido tanto impacto que influyen incluso al Nuevo Modelo Policial Federal de Genaro García Luna. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Nuevo Modelo comprende esquemas de profesionalización, la carrera policial, el régimen disciplinario y la certificación de integrantes a través de evaluaciones de control de confianza; homologación de jerarquías en los grados, salarios, normas y protocolos de actuación; uso de la fuerza de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos, en un marco de actuación que utilice nuevas tecnologías aptas para la recopilación, análisis, generación y uso de información de inteligencia, en las funciones de prevención, investigación y reacción para combatir el delito. En los Estados Unidos, durante la década de los 70, el Modelo Policial Profesional fue incapaz de disminuir la incidencia delictiva, hacer frente al narcotráfico o dar seguridad a sus comunidades ante los problemas sociales emergentes, como la desintegración familiar o el incremento de la inmigración. Cuarenta años después, el Modelo Policial Profesional sigue fracasando en el control del crimen tanto en México como en Estados Unidos. El 17 de junio pasado, el capitán retirado de la Policía de Nueva York, John A. Eterno, denunciaba la transformación del sistema de control CompStat a una burocracia que bajo la ceguera de la productividad, forza a los policías a cumplir con cuotas de arresto y promueve una cultura del desempeño que selecciona como “clientes” a miembros de minorías étnicas o raciales. Esta cultura se construye alrededor del mito de que la seguridad y la justicia son cuestiones eminentemente policiales que se resuelven con mano dura (Pedro José Peñaloza, 2009). Y dentro de la mano dura se incorporan ideas como más policías, más patrullas, más armas, mayores penas. El propósito de estas premisas es dar la impresión de que se está operando activamente. Olvidan sus promotores que no es el modelo policial el que, en última instancia, promueve mejores condiciones de seguridad y justicia en nuestras comunidades, sino el modelo de desarrollo social y económico. En el año 2000, en Nápoles, representantes de distintas zonas urbanas de Europa suscribieron el Manifiesto de la Ciudades “Seguridad y Democracia”, en el cual reconocieron que las ciudades son heterogéneas, pero no son igualitarias. Por lo cual, para construir ciudades de libertad y tolerancia, es necesario desarrollar una educación de la legalidad y la solidaridad. En ese mismo foro se reconoció que un gobierno democrático de la seguridad debe reforzar el sentimiento de justicia, con la participación de todos aquellos que habitan nuestras ciudades, construyendo formas de gestión colectivas de las inquietudes y de los problemas sociales. Por ejemplo, mediante la conciliación, mediación o arbitraje, que involucran a los ciudadanos en la operación de esquemas que refuerzan los lazos de proximidad, convivencia y comunidad y produce el sentimiento de pertenecer a una ciudad solidaria. Claro que, para construir comunidades seguras y justas, se necesita acabar con nuestro arraigado concepto del “ciudadano privado”, es decir, de aquel que reduce su participación y responsabilidad social a sí mismo o a su familia. Aquel que se abstrae de los problemas colectivos y se convierte en mero observador. Aquel que ha perdido su capacidad de empatía con otras personas a fuerza de levantar muros internos y distanciarse del contacto humano. Recordemos que la seguridad y la justicia no son provincia exclusiva de los gobiernos, son bienes y derechos cuyos titulares somos todos nosotros. Si no los ejercemos, corremos el riesgo de permanecer por siempre a merced de iniciativas fragmentadas, descoordinadas y miopes que operan en la lógica simplista del miedo. Nuestro estado merece una visión más amplia y de mayor alcance. La seguridad y la justicia requieren una política global de gestión, definida y llevada a cabo tanto por ciudadanos como por autoridades, que reconozca en la criminalidad, una amenaza a la calidad de vida, una agresión que traumatiza a las víctimas y un peligro a la vitalidad cívica. Política que centre su acción en el combate a las desigualdades que caracterizan a nuestras comunidades: la desigualdad por razones de sexo, la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación étnica o la marginación de nuestra juventud. El combate a las causas de la delincuencia y la inseguridad, debe consolidar estrategias que movilicen, al mismo tiempo, sectores como las escuelas, la vivienda, los servicios sociales, la policía, la justicia y los ciudadanos. El objetivo es aislar las causas de los problemas locales mediante el desarrollo de coaliciones operativas que generen cambios favorables en la dinámica estructural de dicha problemática. Sólo asociados en nuestras comunidades podemos construir políticas desde la base, que promuevan la participación activa de los ciudadanos bajo esquemas de corresponsabilidad colectiva.

Labels: Seguridad Pública, Seguridad Urbana