Historia del crimen

El once de junio pasado, en la página web oficial del candidato Andrés Manuel López Obrador, bajo el título “AMLO presenta Propuesta de Seguridad y Justicia: Por un camino del todo nuevo”, se incorporó un video de 5:49 minutos en el cual, tras establecer el sentido social de la propuesta, se presentan los puntos generales de una estrategia que incluye, entre otros, combatir el desempleo, reorientar la participación de las fuerzas armadas, acabar con el derecho penal del enemigo, desterrar la corrupción, respetar la legalidad y los derechos humanos, crear una nueva policía federal, establecer una sola oficina de inteligencia, generar un sistema nacional de salud para atender las adicciones e impulsar el combate al blanqueo de dinero. Muchas de estas propuestas habían sido presentadas desde el 11 de abril pasado, al dar a conocer en conferencia de prensa su estrategia de seguridad. Por su parte, la página web oficial de la candidata Josefina Vázquez Mota, en la sección de propuestas, bajo el rubro “Seguridad: Iguales frente a la ley”, inicia por reconocer “avances al haber detenido la expansión criminal evitando con ello que el problema fuera más grave”, pero también habla de la necesidad de pasar a una segunda fase. El desarrollo de la propuesta abunda en temas sociales como abrir más oportunidades de educación para los jóvenes, generar más espacios públicos dignos o fomentar una auténtica cultura de la legalidad. Por otro lado, en concreto, se establece la necesidad de modernizar al CISEN y la fuerzas armadas, dotar al Ministerio Público de autonomía y asimismo depurarlo, certificar a los municipios en materia de seguridad, mejorar las capacidades de la unidad contra el lavado de dinero, homologar los códigos penales y crear una fuerza de pacificación compuesta de 150,000 policías federales, dentro de lo cual se incluye la formación de una policía nacional militarizada. El candidato Enrique Peña Nieto, en su página web oficial, sección propuestas, bajo el rubro “Recuperar la paz y libertad de los mexicanos”, presenta cinco puntos que desarrollan los temas de reducción de la violencia, prevención del delito, reestructuración de las policías, modernización del sistema penitenciario e inteligencia contra el crimen. Entre otros, se propone dar apoyo integral a víctimas del crimen, crear el programa de empleo temporal para jóvenes de comunidades con alto riesgo de incidencia delictiva, establecer policías estatales únicas, crear la Gendarmería Nacional (de origen militar bajo mando civil), fijar la autonomía de las defensorías públicas, crear la policía de investigación científica federal, construir más penales federales de máxima seguridad y crear la unidad de fusión de inteligencia. Por otro lado, el candidato Gabriel Quadri de la Torre, propone, de acuerdo con el sitio web “Elección 2012 México”, establecer el mando único en los estados, desaparecer las policías municipales, promover la educación y la cultura para la seguridad ciudadana, privatizar las prisiones destinadas a delincuentes de baja peligrosidad. Por su parte, el sitio “Evalúa y Decide 2012” agrega entre las propuestas, reconocer la seguridad como derecho ciudadano fundamental, incrementar diez veces el número de elementos de la policía federal, optimizar el rendimiento de Plataforma México, así como, estudiar con Guatemala y Colombia, la legalización y regulación sanitaria, comercial y fiscal de la mariguana. Las propuestas de los candidatos varían en los énfasis y los detalles, pero hay puntos en los cuales coinciden, aunque con matices. Por ejemplo, el reconocimiento de la necesidad de cambiar la estrategia del actual gobierno federal en materia de combate al crimen organizado. Por ello, los candidatos agregan componentes sociales a la prevención del delito, tales como combatir el desempleo, abrir oportunidades de educación, crear programas de empleo temporal o educar en seguridad ciudadana. Pero la que tal vez sea la mayor coincidencia es el tema de la extensión nacional de los esfuerzos policiales. Sea policía nacional militarizada (Vázquez Mota), nueva policía federal (López Obrador), gendarmería nacional (Peña Nieto) o policía federal ampliada (Quadri), todos apuestan por tener un cuerpo policial de alcance nacional, con mayores elementos, más tecnificado y más disciplinado; no en balde Peña Nieto y Vázquez Mota incorporan el elemento militar a sus respectivas propuestas. Desgraciadamente, el desarrollo a detalle de estas estrategias no está a la mano. No se establece el monto de los recursos necesarios para llevar a cabo las propuestas, no existen cronogramas de trabajo, no se detallan las reformas legales necesarias y no se define la participación de elementos tan importantes como el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para diferenciar si las propuestas son viables o sólo demagogia penal, se necesitan precisamente los detalles ausentes. Pero en esta elección presidencial, el formato de la competencia, los anuncios y cobertura mediática o la brevedad de los tiempos, han tenido como efecto la reducción de los argumentos a simples slogans de marketing político.

El 7 de febrero de 2008, el Director Asistente para Operaciones de Campo de la ATF (Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno de EE.UU.), William Hoover, compareció ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso Norteamericano para hablar sobre el tráfico de armas a lo largo de la frontera suroeste. Durante su comparecencia, Hoover explicó que la agencia contaba con suficiente evidencia para afirmar que el 90% de las armas recuperadas en México o confiscadas en tránsito hacia nuestro país, se originaban en Estados Unidos (http://www.atf.gov/press/releases/2008/02/020708-testimony-atf-ad-hoover-sw-border.html). Además anunció que la ATF se encontraba trabajando con oficiales mexicanos para que emplearan su sistema eTrace y que era objetivo de esa agencia desplegar el software de eTrace a los 31 estados de la República Mexicana. De acuerdo con la pagina web de la ATF, “eTrace (Sistema de Rastreo electrónico) es un sistema con base en la Internet que les permite a las agencias del orden público participantes enviarle solicitudes de búsqueda de rastreo de armas de fuego al Centro Nacional de Rastreo (NTC por sus siglas en inglés) de ATF”. Su utilidad radica en la posibilidad de verificar las armas recuperadas en la escena del delito y usar sus datos de identificación (fabricante, número de serie, país de origen, calibre, modelo) para rastrear al vendedor y comprador originales de dicha armas, determinar el lapso transcurrido entre la venta del arma y su recuperación por las autoridades, o bien, establecer patrones de venta y localización de armas recuperadas. Esto es importante para indagar sobre el tráfico de armas de grupos criminales, ya que, como afirman Lumpe, Meek y Naylor, los delincuentes no suelen fabricar sus propias armas (Tráfico de Armas. El mercado negro mundial de armas ligeras. Editorial Intermón Oxfam, Barcelona, 2004). Según información de la Embajada de Estados Unidos, los rastreos de armas decomisadas en México mediante eTrace se incrementaron de 3216 en 2007 a 39369 en 2010. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) en su XXVI Asamblea General llevada a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2011 en la ciudad de Acapulco, acordó iniciar el proceso de incorporación del sistema eTrace en cada instancia de procuración de justicia, para apoyar las investigaciones ministeriales encaminadas al rastreo de armas de fuego. Lo cual significa el cumplimiento de lo que tres años antes anunciara el señor William Hoover. Claro que el eTrace funciona cuando en la escena del delito las autoridades investigadoras recuperan las armas empleadas en la comisión del ilícito. Pero como cualquier ávido lector de nota roja sabe, esto no siempre ocurre así. Es muy común que lo único que se recupera son los indicios balísticos, es decir, proyectiles, casquillos y ojivas. En 1999, durante el periodo de Gilberto Higuera Bernal como Procurador General de Justicia del estado de Sinaloa, se creó el depósito de indicios balísticos, para facilitar la comparación de ojivas y casquillos de distintas escenas del delito. Este procedimiento criminalístico de comparación se lleva a cabo a través de un microscopio especial que permite amplificar las imágenes tomadas de los indicios balísticos, para establecer patrones en el rayado de las ojivas o en las marcas del percutor sobre los casquillos. De hecho, el procedimiento es ahora tan sofisticado, que existen aparatos, bases de datos y programas especiales para llevarlo a cabo: el Sistema IBIS o Sistema Integrado de Identificación Balística, el cual, por cierto, también fue adoptado por la CNPJ en la citada XXVI Asamblea General. Pero esta tecnología ha empezado a ser objetada en Estados Unidos, como da cuenta el reportaje de Erica Goode en la edición del New York Times del pasado martes 12 de junio. La Academia Nacional de Ciencias de ese país publicó en 2008 el estudio llamado Ballistic Imaging, en el cual afirma que el Sistema IBIS no opera con la precisión necesaria para una base de datos balísticos referenciados a nivel nacional. Por esta razón, desde los años 90, Todd Lizotte y Orest Ohar desarrollaron y patentaron la tecnología llamada microstamping, que consiste en el grabado mediante laser, de un código dentro del sistema de percusión de un arma, para que al ser disparada, se imprima dicha clave en el casquillo de la bala. Esto permite que, al recuperar el indicio balístico, pueda obtenerse la clave correspondiente y relacionarla con el arma que la disparó, de acuerdo con una base de datos proporcionada por los fabricantes norteamericanos. El microstamping ha sido objeto de legislación para hacerlo obligatorio, sólo en dos entidades de la Unión Americana: California y el Distrito de Columbia; en ninguna de las cuales ha entrado aún en vigor, debido a la férrea oposición de los fabricantes de armas, como Remington, y la Asociación Nacional del Rifle. Los opositores a esta tecnología afirman que el microstamping es poco fiable ya que las marcas grabadas en el sistema de percusión del arma se pueden borrar fácilmente y, en todo caso, los percutores pueden ser sustituidos. A pesar de ello, la CWAG (Conferencia de Procuradores del Oeste), una organización vinculada a la agencia gubernamental norteamericana USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), anunció el 23 de septiembre de 2011, que se encuentra promoviendo el microstamping con sus contrapartes mexicanas de la CNPJ, a quienes invita a una conferencia de Todd Lizotte, para que peritos de nuestro país conozcan el uso de esta tecnología. No es equivocado apostar por el desarrollo tecnológico en las investigaciones criminales. Como dice el Edgar Hoover de Clint Eastwood (J. Edgar, Warner Brothers, 2011), hay que promover lo único que los criminales jamás podrán tener: Ciencia. Solo hay que tener cuidado de no quedar reducidos a una especie de compañía ultra-tecnificada de seguridad dedicada a cuidar la casa de nuestros primos.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso “Campo Algodonero”, denominado así por la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001; sentenció al Estado Mexicano, entre otras muchas cosas, a “continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres”. Este caso, junto con el de Rosendo Radilla, así como el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, han dejado en claro las deficiencias de las investigaciones ministeriales y los procesos judiciales en materia de debido proceso y violencia de género, en particular, respecto del retraso e insuficiencia de las indagatorias. El impacto de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana en estos casos ha sido decisivo para crear bases de datos nacionales relativas a mujeres y personas desaparecidas, adoptar protocolos para efectuar las búsquedas correspondientes, promover lineamientos estandarizados para la investigación de delitos relacionados con violencia de género y apoyar la capacitación de los servidores públicos de procuración y administración de justicia encargados de estos temas. De acuerdo con informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de los Programas con Prioridad Nacional promovidos este año, el denominado “Acceso a la Justicia para las Mujeres” tiene un presupuesto de más de 213 millones de pesos para todo el país. Dentro de este Programa, a través de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012, el Secretariado Ejecutivo promueve la creación de los Centros de Justicia para Mujeres. Por ejemplo, la Cláusula Décimo Novena del Convenio suscrito con el estado de Sinaloa establece: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” creará o fortalecerá un Centro de Justicia para las Mujeres, conforme a las opiniones y recomendaciones que emita el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de “EL SECRETARIADO”, en el que se establecerán servicios interinstitucionales y especializados, a fin de facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que hayan sido víctima de los delitos relacionados con la violencia de género. Estos Centros son promovidos también por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Recordemos que el pasado 9 de marzo, la ex comisionada y entonces titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Laura Carrera Lugo, anunció la creación en Sinaloa de uno de ellos. Los Centros de Justicia para Mujeres se inspiran en un modelo llamado “Family Justice Center” iniciado en 1992 en San Diego, que logró conjuntar a diversas agencias gubernamentales y no gubernamentales, para ofrecer sus servicios bajo un mismo techo a las víctimas de violencia. La idea es concentrar todos los servicios que el Gobierno presta en materia de violencia familiar, sea a través del Ministerio Público, DIF, Secretarías de Salud, Educación Pública y Desarrollo Económico, incluso hasta los juzgados familiares, además de apoyarse de las Organizaciones de Sociedad Civil expertas en el tema, para atender integralmente a las mujeres que requieran apoyo legal, psicológico, médico o económico. Para la CONAVIM, los objetivos de estos Centros son: 1) mejorar la impartición y acceso a la justicia en los delitos en los que las mujeres y niñas son las principales víctimas (violencia familiar, violación y explotación sexual, tráfico de personas); 2) reducir los homicidios de mujeres relacionados con la violencia familiar; 3) disminuir los índices de violencia familiar y sexual y; 4) investigar y sancionar a quienes la violan. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH 2006), 144693 mujeres mayores de quince años reportaron haber sufrido algún incidente de violencia familiar en Sinaloa, lo que representa alrededor del 16% de las mujeres encuestadas. Podemos afirmar con seguridad que muchos, si no es que la mayoría de estos casos, no fueron denunciados ante las autoridades. El problema de este tipo de agresiones es que corroen las bases de la convivencia humana sobre las que se construyen las comunidades democráticas. Y en este sentido, son merecedoras de la atención de Gobierno y Sociedad, aunque no siempre tengan la estridencia del narcotráfico. Desgraciadamente, la invisibilidad aparente de la violencia de género está enraizada en una cultura que se aferra a las estructuras que reproducen la desigualdad en perjuicio de las mujeres, mientras elabora discursos vacíos sobre equidad de género. Por eso las quejas sobre la ausencia de empatía con las víctimas, los malos tratos que reciben las mujeres que se atreven a denunciar, el interminable peregrinar entre oficinas que centran su atención en el trámite burocrático y no en el dolor humano que acompaña a cada persona. El reto que implica la creación y funcionamiento de un Centro de Justicia para Mujeres en Sinaloa es muy grande y no está exento de riesgos. Para echarlo a andar se requiere de absoluta transparencia y un liderazgo que venza resistencias para articular la intervención coordinada de dependencias gubernamentales y organizaciones civiles, con perspectiva de género. Pero sobre todo, es indispensable abandonar las actitudes de frivolidad política que reducen estos esfuerzos al impacto mediático del acto inaugural.

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En mi experiencia, los políticos buscan en los servidores públicos de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, sobre todo, obediencia. No me refiero a la disciplina que sostiene y estructura a las corporaciones policiales, sino al sometimiento hacia el superior jerárquico. Una obediencia que, por lo general, pretenden se extienda al acatamiento de reglas, reales o aparentes, del sistema político. Bajo esta idea muchos políticos pretenden que el Ministerio Público detenga o promueva sus investigaciones a petición de ellos mismos; solicitan no ser detenidos por las policías preventivas o de tránsito; presionan para anticipar la determinación en un expediente de averiguación previa; recomiendan personas para ocupar puestos sin preocuparse en saber si cumplen con el perfil del cargo; y pretenden que se evite proceder en contra de ellos o personas cercanas. Todas estas “prerrogativas” se asumen como parte del conjunto de deferencias que derivan de su pertenencia al sistema político. Claro, es cuestión del Ministerio Público si acepta estas presiones o no, para lo que debe tomar en cuenta la legalidad de la petición y las responsabilidades que acceder acarrea. De hecho, muchos políticos y servidores públicos consideran a la obediencia sumisa como una virtud de quien pretende incorporarse a un grupo de trabajo. Por tanto, dicha “virtud” es condición de elegibilidad de quien busca ser designado en la titularidad de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública. En la historia de nuestro país, la proporción de procuradores que han sido designados como tales debido a su cercanía con el titular del poder ejecutivo, es mucho mayor que aquellos nombrados por sus conocimientos o habilidades. Sólo hay que recordar cuántos de ellos eran los abogados, consejeros o notarios del gobernador que los nombró. Los secretarios de seguridad pública y los jefes de policía siguen el mismo patrón. Su importancia radica no sólo en el comando de la fuerza pública, sino también en la información a la cual tienen acceso y el compartimiento inmediato que de ella hacen con los titulares de los poderes ejecutivos. Pero también a través de ellos pueden implementar decisiones y es aquí donde adquiere relevancia la obediencia sumisa a la cual nos referimos anteriormente. Debe ser muy conveniente para un gobernador tener entre sus operadores a un secretario de seguridad. Sin embargo, no olvidemos que un jefe de policía que sirve a un sistema político deja de servir a la institución a la cual pertenece y a la comunidad a la cual dice proteger. Claro que lo mismo puede decirse del gobernador que instrumenta estos controles meta-legales en las dependencias de seguridad pública. ¿Qué razón tendría un gobernador para hacer de un jefe de policía su operador personal? ¿Mejorar la seguridad del estado? No lo creo. Si existiera preocupación por el cumplimiento de sus obligaciones legales, basta con exigírselo. Más bien la respuesta debemos encontrarla en el amplio ámbito de aquello que va más allá de la ley. Sólo así se puede explicar la tenacidad con la cual algunos gobernadores sostienen a sus procuradores, secretarios de seguridad pública y jefes de policía. Bajo este contexto, es fácil entender por qué muchos de los titulares de los poderes ejecutivos rechacen la idea de la autonomía del Ministerio Público. Significaría la posibilidad de perder el control meta-legal de dicha institución y no están dispuestos a ello. Sin embargo, no hay que suponer que la sola declaratoria de autonomía en las procuradurías logra por sí sola su existencia. Hacen falta servidores públicos que la defiendan en los hechos. No olvidemos que en Sinaloa se logró introducir un órgano ciudadano en la elaboración de la terna para designar al procurador, y con ello, incorporar un elemento de autonomía. Pero a más de una década el órgano y el mecanismo se han desdibujado. Las vías de la corrupción son muchas, a veces son evidentes, pero las más peligrosas son las que permanecen ocultas y pretenden pasar por prácticas habituales de los sistemas políticos. Cualquier estrategia o programa que intente abatir la delincuencia organizada, que no profundice en el combate a la corrupción, fracasará por responder a visiones fragmentadas y desarticuladas. Y no podemos darnos el lujo de seguir pensando que combatir la corrupción es sinónimo de implementar evaluaciones de control y confianza. De acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de marzo de 2012, Sinaloa ha evaluado al 91.91% de sus mandos medios y superiores en las instituciones de seguridad ¿se siente usted más seguro?

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