Historia del crimen

Stratfor Global Inteligence es una compañía fundada en 1996 por George Friedman, con sede en Austin Texas, especializada en la comprensión de eventos mundiales mediante el análisis geopolítico. El pasado 17 de enero publicó en su sitio de internet un artículo titulado “Mexico's Drug War: Persisting Violence and a New President”, en el cual plantean que el presente año no verá cambios significativos en lo relacionado con la violencia en nuestro país. Pero sobre todo, contiene un breve recuento de los principales cárteles que operan en México. Los Zetas. Para Stratfor, este cártel fue el más activo en sus operaciones durante 2012. A pesar de que el grupo criminal no expandió su territorio, se dedicó a consolidar su influencia en estados como Jalisco y llegó a efectuar actos de notoria violencia en Sinaloa. El análisis destaca como hecho importante, el cambio de liderazgo en la organización, al ser sustituido Heriberto Lazcano Lazcano alias “El Lazca” por Miguel Treviño Morales, alias “El Zeta 40”. El documento avizora que el liderazgo de Treviño no será sencillo y es posible que enfrente oposición de parte de algunas de las células que integran el cártel. Cártel del Golfo. Durante 2012 éste grupo vio reducidas sus operaciones a los estados de Tamaulipas y Nuevo León, donde tuvieron constantes confrontaciones con los Zetas y las fuerzas armadas. A pesar de sus problemas, éste grupo se mantiene, sobre todo por el apoyo que le brindan la Federación de Sinaloa y los Caballeros Templarios, a quienes les resulta conveniente el enfrentamiento entre el Golfo y Zetas. La dependencia de otros grupos criminales hace de éste cártel en un brazo armado de sus aliados. Federación de Sinaloa. Este grupo retuvo sus áreas de operación gracias a las alianzas con otros cárteles como el del Golfo, Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación, aunque con éstos últimos se desarrollaron disputas en la segunda mitad de 2012. Por otro lado solidificó su control sobre plazas como Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, desplazando al Cártel de Juárez de Vicente Carrillo Fuentes, lo cual se ha reflejado en el sustancial descenso del índice de asesinatos en ambas zonas urbanas. No obstante este control, en la parte occidental del estado de Chihuahua, en la región de la Sierra Madre Occidental, sigue operando La Línea. Sin embargo, la Federación enfrentó conflictos en 2012, particularmente en su bastión, ya que el grupo de Los Mazatlecos, vinculado a lo que era la Organización Beltrán Leyva, se enfrentó con ellos en el norte de Sinaloa. Además, se registraron confrontaciones en ciudades del norte de Sonora como Puerto Peñasco, Agua Prieta y Sonoyta. A pesar de estos conflictos, nada indica que las operaciones de la Federación de Sinaloa se encuentran en riesgo. Cártel de Jalisco Nueva Generación. Durante 2012 este grupo se expandió a los territorios de los estados de Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Además se dedicó a otras actividades criminales como la extorsión y el narcomenudeo en Veracruz y Colima. La expansión llevó al cártel a enfrentarse con los Caballeros Templarios. Si a este alcance territorial la organización agrega en el futuro la capacidad de llevar directamente drogas a los EE.UU., podrá acceder a las mismas cadenas de suministro que los cárteles dominantes. Caballeros Templarios. Durante 2012 este grupo se consolidó como el sucesor de la Familia Michoacana, del cual se había separado. Operan como la organización dominante en el estado de Michoacán y también tienen presencia como actores criminales en Morelos, Guanajuato, Querétaro, Guerrero y sureste de Jalisco. Stratfor considera poco probable que la Familia Michoacana recupere su papel protagónico sin la ayuda de otros grupos. Además, estiman que pudiera extenderse el conflicto que sostienen contra los Zetas, lo que significaría un incremento en la violencia en las zonas en disputa. Pero la influencia de los cárteles mexicanos se extiende más allá de las fronteras de nuestro país, como nos recuerda el Transnational Institute, con sede en Amsterdam, en su estudio de noviembre del año pasado titulado “El nexo entre drogas y violencia en el Triángulo del Norte: El papel del narcotráfico en la violencia delictiva y las respuestas de política pública en Guatemala, El Salvador y Honduras”. En ese estudio se afirma que el fenómeno de la violencia y narcotráfico es distinto en Centroamérica, debido entre otras cosas a una compleja interacción de distintos grupos de delincuentes cuyos antecedentes, actividades y modus operandi son tradicionalmente distintos. Lo anterior ha derivado en una serie de complejas y cambiantes relaciones entre pandillas, transportistas y cárteles mexicanos que operan en América Central. Las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas actúan como administradores, consiguiendo insumos en países como Perú, Colombia o Bolivia. En Centroamérica se alían con los grupos locales que actúan como transportistas, ya que conocen las rutas de tráfico y tiene los contactos, en particular con las autoridades. La misión de éstos últimos es llevar la droga desde Sudamérica hasta México. En Guatemala los Zetas han tenido presencia desde 2007, cuando llegaron a Petén y al igual que en nuestro país, se han dado a conocer por sus tácticas brutales. Pero también el Cártel de Sinaloa ha sido exitoso en su expansión hacia Guatemala, sólo que su actuar es diametralmente opuesto al de los Zetas. “La estrategia del cártel de Sinaloa se basa principalmente en su integración local como creador de oportunidades de empleo, proveedor de servicios de salud, asumiendo incluso el papel del Estado al eliminar a pequeños grupos criminales en las áreas bajo su control”. En Honduras el Cártel de Sinaloa tiene una presencia mucho más importante que sus rivales. Desde 2006 ese país ha sido utilizado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, como escondite para eludir a las autoridades mexicanas. En Honduras, el Cártel de Sinaloa controla rutas de transporte para movilizar grandes cantidades de drogas vía aérea y marítima. Además, supervisa la producción de éxtasis y metanfetaminas que son enviadas a Europa y los EE.UU. La extensión de las operaciones de los cárteles mexicanos obligan a las autoridades a fortalecer los lazos de cooperación internacional. Pero también hace necesario que las políticas públicas de los tres niveles de gobierno tomen en cuenta la dinámica de sus operaciones, así como el análisis constante de los fenómenos en los cuales nuestro estado debe hacer mucho más que prestar su nombre para identificar a la delincuencia.

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Gracias a la información recabada por La Pared Noticias que dio a conocer el pasado día diez de este mismo mes, pudimos enterarnos que el comandante Jesús Antonio Aguilar Íñiguez había reprobado sus evaluaciones de control de confianza que presentó en el año 2011. Independientemente de otras consideraciones, el hecho de no haber acreditado sus exámenes provocó que el estado de Sinaloa dejara de recibir recursos federales durante el ejercicio fiscal 2012. A pesar de esto, el gobernador Mario López Valdéz ha expresado que Chuy Toño ha cumplido, que no es fácil estar en su posición y que es el mejor que se ha encontrado en los dos años tres meses que lleva su administración. Cuando en el año 2000 el gobernador Millán le comunicó a Gilberto Higuera que iba a designar a Chuy Toño como el nuevo director de la policía ministerial, al Procurador no le cayó nada bien la noticia. De hecho no quiso ir a darle posesión en las oficinas del boulevard Zapata. No se trataba solamente del hecho de que el gobernador había cambiado de opinión respecto a dejar que el procurador nombrara al jefe policial, como sucedió en el caso de Héctor López Ibarra, sino que había algo que no terminaba de gustarle respecto al, hasta entonces, número dos del secretario de seguridad pública estatal, Edgar Armando Acata Paniagua. El 2 de octubre de 2001 tomé protesta como procurador de justicia del estado y por supuesto estaba al tanto que Chuy Toño seguía al frente de la policía ministerial. Como también tenía conocimiento de los atentados perpetrados contra el comandante Pedro Pérez López, de los cuales se había responsabilizado a José Nilo Rojo alias “El Bibio”, quien mediante desplegados publicados en la prensa, acusó veladamente a Chuy Toño de responder a los intereses del Mayo Zambada. Por eso, en cuanto tuve oportunidad le comenté al gobernador Millán que era necesario hacer cambios en la titularidad de la corporación. Me respondió que después lo veríamos. Tiempo después volví a tratar el tema y recibí la misma respuesta. Había que ver el asunto en otro momento. Durante el año 2002 un alto funcionario federal le hizo saber al gobernador su preocupación respecto de que Chuy Toño pudiera estar relacionado con el crimen organizado. Tampoco en esa ocasión hizo caso de los consejos. Durante el año 2002 creé, dentro de la PGJ, la Unidad de Investigación Interna. Al frente designé a un ex director de la policía ministerial, Héctor López Ibarra. A las semanas fue asesinado. A pesar de ello, la Unidad siguió funcionando y a fines de ese mismo año le encomendé que investigaran al director de la policía ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez. El informe de la Unidad concluye que los hechos indagados posiblemente constituyen delitos de delincuencia organizada, mismos que ya eran investigados por la entonces SIEDO. En el año 2004, después de que Río Doce destapó el escándalo de las casas de Chuy Toño, ordené a la Unidad de Contraloría Interna de la PGJ que iniciara el procedimiento de investigación de probables responsabilidades administrativas. A fines de ese mismo año, después del homicidio de Rodolfo Carrillo Fuentes, tras una fuerte presión social y un serio desencuentro relacionado con la defensa que Chuy Toño hacía de Pedro Pérez López, el gobernador Millán tuvo que nombrar a un nuevo director de la policía ministerial. Después vino todo lo demás. El tema aquí no es si tú paisano, o yo, confiamos en Chuy Toño, por mi parte creo que he sido claro. Tampoco lo es si las evaluaciones que actualmente se realizan son las mejores posibles y reducen al mínimo el margen de error. El tema es ¿por qué Malova le tiene tanta confianza a Chuy Toño, más allá de su desgarbado discurso político? ¿Vale esa confianza los millones de pesos que se dejaron de recibir? ¿Cuál es el monto de esos recursos que el estado no pudo ejercer por incumplir con los compromisos en materia de evaluación de los altos mandos? ¿Se dejaron de recibir recursos del fondo PROASP o también del SPA? Pero tal vez la pregunta más punzante es ¿cómo decirles a los agentes de la policía ministerial que no aprueban sus evaluaciones que ellos sí serán retirados de la corporación, pero no así su jefe? ¿Por qué a ellos el gobernador no les tiene confianza pero a Chuy Toño sí? Preguntas paisano, preguntas. Vamos a esperar sentados las respuestas.

El pasado 19 de marzo el International Crisis Group, un organismo no gubernamental con sede en Bruselas dedicado a la elaboración de estudios para la prevención y solución de conflictos, dio a conocer un informe titulado “Peña Nieto’s Challenge: Criminal Cartels and Rule of Law in Mexico”. El reporte se enfoca en los ciclos de violencia durante la administración de Felipe Calderón y las oportunidades que tiene el presidente Peña Nieto para reducir los asesinatos y reformar las instituciones. El documento inicia estableciendo que nuestro país se encuentra bajo una extraordinaria amenaza criminal, notoria por su ferocidad. Esta violencia de alto nivel desafía la habilidad del gobierno para mantener el orden, en particular, ante los ojos de los ciudadanos. Los detonantes de esta escalada se encuentran, primero, en el final de la prohibición sobre comercialización de armas de asalto en los EE.UU. en el año 2004; y segundo, en la ofensiva contra los cárteles montada por el presidente Calderón y apoyada por el gobierno norteamericano. Los grupos criminales que enfrentó Calderón tenían como ejemplos sobresalientes a dos organizaciones antagónicas: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Debajo de ellas existen otros grupos más que son capaces de efectuar alianzas pragmáticas en cada territorio. La lucha por el dominio de las “plazas” en el país hizo que la violencia entre los cárteles se incrementara. Además, las actividades ilícitas se diversificaron. Ya no sólo se dedicaban al tráfico de droga, ahora también la venden y extorsionan y roban combustible a PEMEX y se dedican a la trata de personas. Pero sobre todo, dedican una buena parte de su estructura a servir como grupos de sicarios. A este problema, el gobierno de Calderón se propuso solucionarlo mediante la desactivación de sus líderes, en la esperanza de que esto generara grupos criminales de menor tamaño y, por consecuencia, más fáciles de enfrentar. El problema fue que la realidad se mostró necia y no dio su brazo a torcer frente a las proyecciones gubernamentales. En algunos casos los cárteles se fragmentaron, pero se volvieron más virulentos. La estrategia había fallado. El cálculo no sólo fue erróneo respecto de la desarticulación de los grupos criminales, las repercusiones que la lucha trajo a la sociedad civil fueron el incremento de víctimas, el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, el aumento impresionante de las desapariciones forzadas, así como el incremento de las denuncias de abusos por parte del personal de las fuerzas armadas. Tampoco esto había sido previsto por el gobierno federal. El International Crisis Group agrega que a esta situación general hay que agregar el tema de la impunidad. De acuerdo con el informe, México tiene una pobre tasa de resolución de casos delictivos, que tratándose del homicidio doloso alcanzó menos del 20% en el 2010. A consideración de los analistas, éste es un punto fundamental que debe enfrentar la administración de Peña Nieto. Cualquier intento de reforma debe tomar en consideración profundos cambios en los procesos de formación y capacitación de las policías para enseñarlos a respetar los derechos humanos y, por supuesto, crear una nueva cultura de investigación de los delitos que logre la presentación de casos sólidos que resistan la revisión a la cual serán sometidos bajo el nuevo sistema de justicia penal. El fortalecimiento de las instituciones de justicia y seguridad pública es indispensable para reducir la impunidad en el largo plazo. El otro eje de la transformación es, sin lugar a dudas, la prevención del crimen, en particular, destinar ayuda a los jóvenes que viven en las áreas más violentas del país. Como ejemplo, citan el caso de Ciudad Juárez. De acuerdo con el informe, en el 2010, Ciudad Juárez era la zona urbana más violenta del mundo, con un registro de más de tres mil asesinatos para una población de 1.3 millones de habitantes. No obstante, para fines del 2012, el índice de homicidios dolosos había disminuido un 89%. Crisis Group identifica, al menos, cinco causas para explicar este decremento. Las tres primeras provienen de fuentes oficiales que citan la detención de los líderes de los grupos de sicarios, políticas y acciones policiales vinculadas a la comunidad, e incremento del volumen y presencia de trabajadores sociales. Más allá de la visión gubernamental, diversos actores sociales refieren como causas alternas, la existencia de un supuesto pacto entre los cárteles rivales y el agotamiento de los grupos de sicarios que venían operando. Lo cierto es que, entre octubre de 2010 y fines del 2012, el número de centros comunitarios auspiciados por el gobierno municipal, creció de 12 a 44. A través de estos centros se promueven programas de desarrollo, competencias deportivas, así como esquemas de reconstrucción de colonias y barrios. Estas experiencias deben incorporarse al Plan Nacional de Prevención del Delito, aunado a estrategias para combatir la pobreza, escuelas de tiempo completo, creación de empleos para jóvenes y la recuperación de los espacios públicos en cada comunidad. Y todos estos programas sociales deben tener como uno de sus objetivos principales reducir las posibilidades de que los jóvenes sean reclutados por los grupos criminales para integrarse a ellos. El estudio concluye que si Peña Nieto no comienza a promover el fortalecimiento de sus instituciones de justicia y seguridad pública, y si no revierte el abandono de las comunidades, la violencia atroz, la ausencia de justicia social y la creciente desconfianza en el Estado, pudieran volverse endémicas.

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De algunos años para acá el servicio público ha visto introducirse en sus espacios cierta terminología, métodos y técnicas que hasta entones se encontraban reservadas a la iniciativa privada. De repente todas las instancias gubernamentales estaban preocupadas por averiguar cuáles era su visión y funciones. Las procuradurías de justicia no fueron la excepción. Recuerdo una gran discusión en el año 2001 respecto a cuál era la misión de la Procuraduría General de la República, misma que fue coordinada por los asesores de la Presidencia de la República. Esos asesores se fueron haciendo cada vez más comunes, en la medida en que convencían a los gobernantes de que sus servicios significaban la modernización de las dependencias oficiales. El hoy Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Alfredo Castillo Cervantes, nunca me ha perdonado que le dijera a su jefe que un asesor era cualquier persona que viniera a cobrar su cheque desde una distancia mayor a 10 kilómetros. Así, se fue asentando la idea de que los métodos y técnicas de la iniciativa privada eran lo que hacía falta en el servicio público. Esta forma de pensamiento se manifestó en el surgimiento de necesidades que requerían de la intervención de más asesores. Además de la misión y la visión, se generaron manuales, protocolos, diagramas de flujo, etcétera. El choque de las culturas privada y pública modificó permanentemente el quehacer gubernamental, ya que motivó la creación y difusión de procedimientos que antes se suponían asumidos por todos los servidores de una institución. Sin embargo, a su amparo también se ha acentuado la cultura de la simulación, que presume que elaborando un manual de procedimientos automáticamente se resuelve el problema. Esta idea de simular soluciones, aunada a la articulación de discursos políticos que buscan publicidad mediática, generan lo que denominamos mercadotecnia penal. En otras palabras, se trata de “vender” lo que los publicistas denominan quick-hits, ideas concretas fácilmente asimilables que suponen soluciones adecuadas a los problemas, en este caso, de justicia y seguridad pública. ¿Recuerda usted aquello de la pena de muerte a secuestradores y asesinos, promovida por el Partido Verde Ecologista? El problema de la Mercadotecnia Penal es que toma discursos, algunos incluso contradictorios entre sí, y los convierte en slogans que a base de ser repetidos dan la apariencia de convertirse en las obvias soluciones a los problemas que nos aquejan. Como dijo Eugenio Zaffaroni “…redundan en banalidades y falsedades clientelistas, refuerzan los prejuicios e identifican chivos expiatorios débiles” (Política y dogmática jurídico penal. Ed. Inacipe, 2002, página 15). En la mercadotecnia penal no interesan la congruencia o la veracidad, mucho menos el fundamento filosófico o científico. Lo que interesa es vender el producto a la ciudadanía y así comprar tiempo para los políticos gobernantes. Porque en realidad, cuando en política se saca un tema penal a la palestra pública, la mayor parte de las veces es con la intención de distraer otras discusiones, o bien de presentarlo como el proyecto definitorio del sexenio que va a distinguirlo de otras administraciones gubernamentales. Por eso vemos circular con regularidad a super-policías, nuevos pactos, acuerdos y convenios, operativos que sustituyen a otros operativos, o bien, la designación de nuevos funcionarios. Lo que rara vez escuchamos son los diagnósticos que sustentan tales decisiones, así como las metas que esperan alcanzarse. Suele suceder que, a fuerza de repetir la superioridad de las nuevas decisiones respecto de las anteriores y volver a escuchar el discurso en boca de las nuevas autoridades, y de nuevo en las campañas electorales, la mercadotecnia penal deja de generar confianza entre la ciudadanía y muestra su rostro demagógico. Cuando esto sucede, el efecto producido es el opuesto al que se pretende. La gente desconfía de los que escucha cuando sabe que no es más que mera palabrería. Todo esto me recuerda la anécdota del cocodrilo que narraba Catón hace algunos años. En un reino al cual atravesaba un río, vivía un cocodrilo. Los súbditos iban a dicho río a lavar su ropa y bañarse. Cuando al cocodrilo le daba hambre, se despachaba con uno o dos de los súbditos. Éstos, alarmados, fueron a ver al rey y le expusieron el problema. El rey anunció como solución que publicaría un edicto para prohibir al cocodrilo comer gente. Al cocodrilo, como adivinas paisano, le importó un comino el edicto y siguió comiendo súbditos. De nuevo se presentaron ante el rey y le hicieron saber las nuevas. El rey, con toda solemnidad anunció una reforma al edicto para que dijera que se prohibía estrictamente al cocodrilo comer gente. Concluye Catón, y nosotros con él, que el problema no es el edicto, el problema es el cocodrilo.

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