Historia del crimen

El Presidente Calderón parece empeñado en dedicar recursos públicos en una campaña mediática destinada a dar a conocer su propia interpretación sobre su desempeño, y el de su gobierno, en materia de seguridad pública. En el último tramo de su sexenio y de cara a su último informe de gobierno, insiste en presentar su historia. La trama es como sigue. En un país en el que nadie había enfrentado a la delincuencia, en el que los gobiernos anteriores habían pactado con los grupos criminales, o bien, cuando mucho, habían renunciado a confrontarlos; en ese mismo país la criminalidad crecía rampante, la corrupción era la norma, las instituciones inoperantes. Y de pronto aparece Felipe Calderón y decide iniciar una guerra contra el crimen organizado. Si le parece que la trama es de una película de vaqueros, tiene usted razón. Sólo que, de alguna manera, suena más interesante si el protagonista es Clint Eastwood o Matt Damon. La producción del anuncio propagandístico presenta las imágenes del Presidente recibiendo la banda presidencial mientras él mismo narra que hace más de cinco años decidió combatir de frente a los criminales. Pasa a una imagen del Presidente mirando hacia fuera por la ventana de un edificio y después a él mismo dirigiéndose a la cámara mientras explica que la decisión era impostergable ya que se había dejado crecer a la delincuencia y ésta lastimaba a muchos mexicanos que, incluso pedían ayuda. Cambia a una toma del Presidente vestido como paisano en un parque donde pronto aparecen unos niños y Felipe Calderón nos recuerda que su preocupación son las familias. Corte a imágenes de las fuerzas armadas con intermedio de más tomas del Presidente reflexionando, al tiempo que el narrador advierte que se tomaron decisiones difíciles destinadas a prolongarse más allá de su gobierno y que aunque luchar implicaba riesgos era urgente enfrentar el problema. Todo esto en los primeros 46 segundos del mensaje que puede ser visto completo en la siguiente dirección: http://www.presidencia.gob.mx/2012/08/mensaje-del-presidente-calderon-en-materia-de-seguridad. La segunda parte del mensaje de 2:01 minutos destaca que la lucha contra los criminales se hace con “lo mejor que tenemos”, las fuerzas federales. Aquí encontramos el argumento central en la narrativa que construye Felipe Calderón: el gobierno federal es superior a los gobiernos estatales en el combate a la delincuencia. Y en otros espacios y a través de otras instancias se han hecho proposiciones para complementar y sustentar ese argumento central: 1) la mayoría de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es decir, competencia de los estados; y 2) son las policías de los estados y municipios las que no han sido evaluadas al 100% mediante los exámenes de control y confianza. La idea es atractiva. Produce a los culpables de nuestros males. Ya sabemos a quién repudiar. Sí, la idea es atractiva ¿pero es cierta? Es evidente que el gobierno federal es superior a los gobiernos estatales en dos aspectos, tiene mayor presupuesto y tiene un espacio de responsabilidad más amplio. Es decir, pese a su propio argumento de que los problemas están en las entidades federativas, se reserva para sí los mayores recursos en materia de seguridad pública. Esto le permite adquirir mayor equipo y construir mejor infraestructura, solventar procesos de capacitación y mejorar las condiciones de trabajo de su personal. Con todos estos recursos a su disposición, cuando las fuerzas federales han intervenido en una ciudad ¿han resuelto el problema? ¿Lo hicieron en Ciudad Juárez? Si la superioridad reside en las evaluaciones de control de confianza, significaría que un elemento examinado y aprobado es, en consecuencia, confiable. Por eso las fuerzas federales serían más confiables que las policías locales, ya que su porcentaje de elementos evaluados es mayor. Evaluados como los policías federales que se tirotearon unos a otros en la terminal dos del aeropuerto internacional de la ciudad de México, evaluados como los policías federales que dispararon contra los agentes norteamericanos en las inmediaciones de Tres Marías, Morelos. Además, las instituciones federales, con mayores recursos, más equipo y mejores instalaciones, habiendo establecido que el problema delincuencial se encuentra en los estados, decidieron trasladarles parte de su responsabilidad. El gobierno del Presidente Calderón se ha distinguido por seguir una política de reducir su área de responsabilidad y convertirse en el gran revisor de lo que hacen los demás. La PGR se ha entusiasmado por compartir a las procuradurías locales lo que antes era su trabajo. Promueven que los ministerios públicos locales investiguen narcomenudeo, delitos financieros, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, bajo esquemas de homologación que les permiten decirles a los ministerios públicos locales hasta el número de policías que deben tener sus células especializadas de investigación. Por otro lado, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal se transformó, sin que los gobernadores se dieran cuenta, en el profesor de todos ellos, pidiendo informes, haciendo públicos sus datos y otorgando calificaciones en función de quiénes cumplen con lo que ellos fijaron como metas desde sus oficinas en el centro de la república. Vistas así las cosas, parece que el argumento central del mensaje de Calderón no es tan fácil de aceptar. Nadie puede reclamarle al Presidente la decisión de combatir a los delincuentes, la interpelación radica en que lo hizo sin un diagnóstico claro, sin una estrategia definida y con un despliegue de fuerzas reactivo, que muchas veces se aisló de las corporaciones locales. Tal vez Felipe Calderón visualizó una película de vaqueros, pero los actores la cambiaron por una de terror.

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La situación de Julian Assange, fundador de Wikileaks, se ha complicado en los últimos días. El refugio que la embajada de Ecuador le otorgaba para evitar ser extraditado de la Gran Bretaña hacia Suecia se convirtió en asilo político, mientras las autoridades británicas notificaban a sus contrapartes latinoamericanas que podrían hacer uso de la Ley de Premisas Diplomáticas y Consulares de 1987 y entrar al recinto de la embajada. Aunque la Convención de Viena asegura la inviolabilidad de las embajadas, la ley británica permite al Gobierno revocar el estatus diplomático de la sede para acceder al interior del edificio, arrestar y extraditar a Assange. Recordemos que el fundador de Wikileaks es requerido por la Justicia Sueca para que responda al interrogatorio de la fiscalía en relación con la denuncia de dos mujeres que lo acusan de abuso sexual y violación. Una víctima afirma que sostuvieron relaciones sexuales sin condón, a pesar de que ella le había dicho que accedía sólo si usaba preservativo. La otra víctima sostiene que Assange consumó relaciones sexuales con ella, aprovechando que dormía y se encontraba en estado de indefensión. Al momento de decidir si se concedía la extradición de Julian Paul Assange a la Autoridad Judicial Sueca, la Corte de los Magistrados de la Ciudad de Westminster, pudo establecer los siguientes hechos: • Los procedimientos en Suecia sobre el “Caso Assange” están en su etapa preliminar. La investigación preliminar no concluirá hasta que se presente evidencia ante Assange o su abogado y se lleve a cabo un interrogatorio, que es la razón para solicitar la extradición. Posteriormente podrán llevarse a cabo más indagaciones. Después se decide si se presentan cargos, y si esto ocurre, el juicio iniciará poco tiempo después. • En Suecia, una persona interrogada respecto a una acusación de violación, normalmente es detenida e incomunicada durante el proceso. Ambas decisiones son tomadas por una Corte. • Inicialmente, un fiscal sueco decidió no proceder contra Assange por las acusaciones de agresión sexual, pero esta decisión fue revocada por un fiscal de mayor rango. El procedimiento de revocación es considerado injusto por algunas personas, ya que no le permitió a Assange oponerse al mismo. • Assange fue entrevistado acerca de la agresión sexual denunciada antes de que inicialmente se decidiera no proceder en su contra y de que esta decisión fuera revocada. El hecho de que se le diera el carácter de sospechoso fue filtrado a la prensa, probablemente por el primer fiscal encargado del caso. En contra de esta indiscreción existe recurso legal ante la Corte Europea, no así en Suecia. • La nueva fiscal, Marianne Ny, decidió que era necesario interrogar a Assange y buscó a su defensor para concertar una cita, sin éxito ya que el denunciado salió de Suecia. El defensor propuso fechas para la entrevista en ubicaciones fuera de Suecia y la fiscal consideró que debían efectuarse dentro de dicho país. A pesar de que pudo acudir a los mecanismos de asistencia legal mutua, la fiscal emitió una Orden Europea de Arresto. A la fecha, este interrogatorio no se ha llevado a cabo. Hechas las valoraciones correspondientes, Howard Riddle, Magistrado Jefe de la Corte de Westminster, ordenó la extradición de Assange a Suecia el 24 de febrero de 2011. La Corte incluso ponderó la posibilidad de que, una vez en Suecia, Assange fuera extraditado hacia los Estados Unidos, y concluyó que no se presentó evidencia de que esto fuera a ocurrir con el propósito de torturarlo o ejecutarlo; e incluso, si dicho procedimiento fuera a llevarse a cabo, se requeriría del consentimiento del Secretario de Estado británico. Assange se inconformó con esta decisión y el caso, después de pasar por una Corte Superior, llegó ante la Suprema Corte británica la que decidió, el 30 de mayo pasado, que la extradición debía llevarse a cabo. Parece lógico asumir que Estados Unidos desea enjuiciar a Assange por la revelación de secretos que significó la publicación por Wikileaks de documentos confidenciales, particularmente de las autoridades norteamericanas, gracias a la supuesta ayuda del soldado Bradley Manning, detenido hace más de dos años y quien aún no es puesto a disposición de un juez. Sin embargo, el cada vez más complicado escenario legal y político, hacen suponer que, de existir, dicha pretensión no será sencilla de cumplir. Forzar los procedimientos legales para castigar al responsable de las filtraciones, es como contratar de plomero a Mario Bros. No va a arreglar las tuberías, pero va a eliminar a todos quienes se le enfrenten.

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A pocos meses de concluir su administración, casi nadie tiene dudas de que el gobierno del presidente Calderón estuvo marcado por sus decisiones en materia de seguridad pública, y en particular, por el empleo de las fuerzas armadas en dichas labores. Podemos estar de acuerdo o no con él, pero no podremos acusarlo de incongruente. Desde que a mediados de 2007 creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para apoyar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, Felipe Calderón promovió y defendió la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Las razones que se esgrimieron radicaban, esencialmente, en las características de los procesos de formación de las fuerzas armadas, que otorgan a su personal disciplina, así como conocimientos y preparación específicos para el manejo de los medios materiales de que están dotados y para la aplicación técnica, táctica y estratégica que las circunstancias demandan; derivado de lo cual, mantienen un alto reconocimiento y confianza ciudadana. Amparado en una resolución de la Suprema Corte de Justicia tomada en 1996, mediante la cual sostuvo que en tiempos de paz los militares están constitucionalmente facultados para auxiliar a las autoridades civiles a petición expresa de ellas, el gobierno del Presidente de la República desplegó a las fuerzas armadas en diversos puntos del país. El despliegue se llevó a cabo en el contexto de lo que mediáticamente se llamó “guerra contra el narcotráfico”, lucha que es un factor a considerar en el incremento de la tasa de asesinatos por cien mil habitantes en el país, de 9.69 en 2007 a 20.0 en 2011. Muchas voces advirtieron de los riesgos que corrían los soldados y marinos al ser llevados a escenarios que no son los que naturalmente les corresponden, e incluso se habló de lo injusto que resultaba para los militares asumir tareas que los civiles no sólo no habían resuelto, sino que habían complicado. No se trataba sólo del riesgo de morir en el cumplimiento del deber o de la posibilidad de ser corrompido, lo fundamental era el aumento potencial de las confrontaciones con los ciudadanos. Las preocupaciones no eran infundadas. La SEDENA informa en su página web que, durante la actual administración se han presentado 7005 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por acciones del personal de dicha secretaría, y se han emitido 105 recomendaciones. Las quejas se incrementaron de 376 en 2007 a 1574 en el 2011. Pero los conflictos no se limitan al espacio de los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió los ámbitos de competencia de la justicia tratándose de casos donde intervengan militares. A raíz del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Morelos y el Juzgado Quinto Militar, la discusión se centró en determinar qué autoridad sería la encargada de juzgar al coronel de infantería Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir el homicidio de Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrido el 1 de mayo de 2011 en Cuernavaca. En las sesiones intervino el Ministro José Ramón Cossío Díaz y con toda claridad planteó que el verdadero tema es la posición general de las fuerzas armadas en nuestro orden constitucional. A partir de este planteamiento, Cossío concluyó que en tiempos de guerra existe la posibilidad de movilizar a las fuerzas armadas, pero en tiempos de paz, los militares no pueden realizar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar dentro de sus propios cuarteles o comandancias. En consecuencia, si en tiempos de paz intervienen en la comisión de un delito dentro de las instalaciones militares soldados, tanto en calidad de agresores como víctimas, el juzgado encargado de llevar a cabo el proceso correspondiente será el militar. Pero, si en tiempos de paz, participan militares en la comisión de un delito fuera de los espacios señalados o bien se encuentra involucrado un civil, la justicia ordinaria será la encargada de llevar a cabo el proceso correspondiente. Concluye Cossío: “Por tanto, el criterio para determinar la competencia sobre la causa, no se fija ni por la condición militar del sujeto activo, ni el ámbito espacial en donde se cometió el ilícito, sino porque existe un sujeto pasivo o víctima con la calidad civil, que es lo que actualiza el supuesto para que sea la justicia ordinaria la que instruya y sentencie el proceso respectivo.” Ojalá estos criterios se hubieran vertido hace años, con motivo del asesinato de Griselda Galaviz Barraza, Alicia Esparza Parra, Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, ocurrido el 1° de junio de 2007 en La Joya de los Martínez, Sinaloa de Leyva; delito cometido y juzgado por militares, a pesar de que todas las víctimas fueron civiles.

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Han pasado semanas desde el tiroteo en el cine donde se estrenaba la tercera parte de la nueva saga de Batman, en Aurora, Colorado, y nada se sabe con certeza de los motivos del asesino. En la naturaleza humana está arraigada la curiosidad de saber por qué suceden las cosas y cuando no lo sabemos a ciencia cierta, tendemos a suponer y especular. Con los pocos datos a la mano, desde un inicio se trazaron líneas comunicantes entre ellos. Los primeros especuladores intentaron vincular el atuendo del homicida y el lugar de la escena del delito con los personajes de la película que se exhibía, así como sus orígenes en los cómics. Como escribió un tuitero el fin de semana siguiente al atentado, al comentar la decisión de algunas salas cinematográficas, "un tipo armado y disfrazado dispara contra una multitud...hay que prohibir los disfraces". El mismo día de los asesinatos, el Jefe de Policía de Nueva York divulgaba que la persona detenida dentro de su coche en el estacionamiento del cine les confesó a los oficiales de Aurora que era el Guasón, e incluso señaló que una vez detenido, imitaba la risa de ese personaje. También se supo, de acuerdo con el testimonio de algunas víctimas, que antes de abrir fuego, el atacante anunció que él era el Guasón. Esta información fue retomada por Fox News, e incluso el New York Post agregó el dato de que se había pintado el cuerpo de rojo, cuestión que quedó resuelta el lunes 23, cuando fue presentado ante el Juez con varios tonos de naranja en su cabellera. La conexión en el imaginario colectivo estaba hecha: de alguna manera, el homicida está influido por Batman y el Guasón. Incluso, no faltó quien el mismo día de los hechos adelantó su especulación y mostraba las viñetas exactas en las que el asesino en masa pudo haberse inspirado (Sean Higgins en The Washington Examiner). Si bien es cierto que el impulso por encontrar explicaciones no ha sido unánime en responsabilizar a los personajes y los medios en los que se desarrolla (cómics, tv, películas, caricaturas, video-juegos), también lo es que el enojo y la frustración encuentran responsables. Como el articulista del Washington Times, Charles Hurt, quien acusa al actor Christian Bale, al director Christopher Nolan y a la empresa Warner Brothers de ser los arquitectos e inspiración de la masacre. Por ahora, la atención se centra en adivinar si la defensa del presunto homicida se basará en demostrar que es sicótico o bien si la fiscalía tratará de acreditar que es sicópata. Si resulta ser sicótico, entonces estará afectado por una enfermedad mental caracterizada por el menoscabo o supresión de la vida psíquica normal, que trae como consecuencia un alejamiento de la realidad y que puede incluir la existencia de alucinaciones o delirios (Dzib y Ordoñez, 2010). Desde el punto de vista legal norteamericano, un enfermo de psicosis no puede ser responsable de un crimen ya que no distingue entre el bien y el mal. Consecuencias distintas tendrá el declararlo sicópata. La personalidad psicopática manifiesta deterioro de la afectividad y las relaciones personales, así como un estilo de vida antisocial e inestable (Arias y Ostrosky-Solís, 2008). Un sicópata es ajeno a la empatía y no siente remordimiento en su interactuar con otras personas, a quienes considera objetos a ser utilizados para satisfacer sus intereses. Es importante señalar que, según la teoría tradicional, las personalidades psicopáticas no son enfermedades. En consecuencia, para muchos criminalistas, estos individuos pueden ser sujetos a juicio penal. Curiosamente, esta misma pregunta se ha hecho respecto del Guasón. En 2011, los psiquiatras forenses Eric Bender, Praveen Kambam y Vasilis Pozios, publicaron un artículo en el New York Times donde criticaban a los escritores de la editorial DC Comics por emplear incorrectamente los términos sicótico y sicópata en sus referencias al Guasón. Incluso este año han dado conferencias argumentando que los autores de las historietas de Batman se refieren al Guasón como “enfermo mental”, cuando de las propias aventuras de los personajes se refleja que este villano no tiene síntomas de esquizofrenia o algún otro desorden. Parece pues que, de acuerdo con la forma en que han actuado, ni el asesino de Aurora ni el Guasón son enfermos mentales. Independientemente de los escandalosos resultados que provocan sus conductas violentas, estas no constituyen ataques impulsivos sino agresiones premeditadas, predatorias o proactivas que se caracterizan por realizar actos planeados, controlados y sin contenido emocional definido. Y según los resultados obtenidos por Arias y Ostrosky-Solís, los agresores premeditados presentan un mayor número de rasgos y conductas psicopáticas que los agresores impulsivos. La diferencia radica en que el asesino en masa enfrentará en los próximos días la audiencia en la cual se le hará saber la acusación que la Fiscalía del Condado de Arapahoe presenta en su contra, con lo que darán inicio los procedimientos que pueden llevarlo, incluso, a la pena de muerte; mientras que el Guasón hará en octubre su regreso triunfal al universo renovado de héroes y villanos de DC Comics. El sitio web de la editorial informó el pasado 2 de julio que, de acuerdo al escritor Scott Snyder, a partir del número 13 de Batman veremos un Guasón completamente desatado. Ya lo hemos visto así. Desatado y simplón con César Romero, desatado y grosero con Jack Nicholson, desatado y perturbador con Heath Ledger, desatado y risueño en las caricaturas y video-juegos con la voz de Mark Hamill. Desde que fue creado por Jerry Robinson en 1940, el Guasón ha tenido diversas interpretaciones. Como lo hace decir Alan Moore en La Broma Mortal, “si voy a tener un pasado, prefiero que sea de opción múltiple”. En esa misma aventura, al enfrentarse Batman y el Guasón en el momento culminante de la historia, en lugar de agarrarse a golpes, el héroe le ofrece al villano ayudarlo a rehabilitarse para que no terminen matándose el uno al otro. La respuesta del antagonista es “no, lo siento, ya es tarde, es demasiado tarde”. A continuación le dice que la situación le recuerda un chiste. Estaban dos tipos en un asilo y deciden que ya no quieren vivir ahí. En la fuga llegan a la azotea y se dan cuenta que deben brincar al siguiente edificio para huir, pero no saben cómo hacerlo pues la distancia es considerable. Uno dice, no hay problema, traigo mi lámpara, la enciendo, la dirijo al siguiente edificio y tú brincas sobre el haz de luz. El otro le contesta, ¿crees que estoy loco? A mitad del camino vas a apagarla.

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En la madrugada del 25 de enero de 2011, el laureado caricaturista sirio Ali Ferzat fue forzado a bajar de su vehículo por un grupo de personas armadas y enmascaradas en el centro de Damasco. Después de golpearlo y fracturarle ambas manos como advertencia, fue tirado a un lado de la carretera rumbo al aeropuerto de dicha capital, no sin antes amenazarlo con que dejara de satirizar a los líderes sirios. La opinión pública consideró que funcionarios del régimen de Bashar al-Assad fueron los responsables del ataque al artista, debido a sus cartones donde dibuja a figuras políticas sirias, incluyendo al propio presidente. Ali Ferzat nació en la ciudad de Hama en 1951 y empezó a dibujar en los diarios sirios desde los catorce años. Estudió artes en la Universidad de Damasco, aunque no se graduó. En 1980 ganó el primer premio del Festival Internacional Inter-gráfico de Berlín y sus caricaturas empezaron a publicarse en el periódico francés Le Monde. Para 1989, una exposición de su obra en París le acarrea una amenaza de muerte de parte del líder iraquí Saddam Hussein. En el año 2000 Ferzat estableció el diario Al Domari, el primero desde 1963 en ser independiente al régimen sirio, sin embargo, para 2003 tuvo que cerrar debido a la censura gubernamental y las dificultades económicas. Para Fausta Gantús, la caricatura política es “una forma satírica simbólica de interpretación y de construcción de la realidad, una estrategia de acción —de personas y grupos— en las luchas por la producción y el control de imaginarios colectivos" (Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la ciudad de México, 1876-1888). Tal vez sea este aspecto satírico la razón por la cual muchos políticos detestan ver sus caricaturas en la prensa y culpan de ello a los moneros. Una de las herramientas que los caricaturistas emplean para hacer la sátira simbólica a que se refiere Gantús, es lo que los artistas japoneses llaman “deforume”, o sea, la exageración, simplificación o abstracción de ciertos rasgos característicos de una persona. Otra es lo que el maestro español Román Gubern denomina “metonimia”, esto es, la representación de las virtudes morales, o su ausencia, mediante las cualidades de belleza o fealdad de la caricatura, que incluyen ocasionalmente la incorporación de atributos animales (cola de rata, cuerpo de asno, etcétera). Por estas razones, vemos con mucha frecuencia desproporciones en las figuras dibujadas en los cartones de moneros mexicanos como Magú, Paco Calderón, Rogelio Naranjo o José Hernández. Y es a través de estos lenguajes gráficos como expresan su opinión. Pero a muchos políticos, empresarios o líderes religiosos sigue sin gustarles la opción de aparecer ridiculizados en los diarios. Sinaloa no es la excepción. A fines de 2001 Jesús Manuel Patrón Montalvo presentó un par de denuncias por difamación contra Gilberto Ceceña, por cartones publicados en el espacio Cizañas de Ceceña del periódico Noroeste, en los cuales lo dibujaba con apariencia de ratón o rata. La averiguación previa correspondiente se resolvió estableciendo el no ejercicio de la acción penal al considerarse que los hechos no eran delictivos. Ahora, el ex presidente municipal de Culiacán, Héctor Melesio Cuén Ojeda, arremete contra el Avecé, monero de Río Doce, fundador de La Locha y caricaturista de El Debate, a quien acusa de ser una especie de asesino mediático, quien le dedicó siete u ocho cartones seguidos antes de las elecciones, ante lo cual se pregunta si en el periódico no existe quien “valore” (¿censure?) el trabajo del monero (Radio UAS, A Primera Voz, 11 de julio de 2012). Se equivoca Cuén donde se equivocaron todos quienes emprendieron acciones de censura, recriminación o represalia contra un monero. Se olvidan de que, independientemente de las cualidades gráficas de la caricatura, su acuerdo o disenso con ella, el cartón es el lenguaje con el que el monero manifiesta su opinión. Y la libertad de expresión y la libertad de prensa siguen siendo piedra angular de nuestra cultura. Aunque no nos guste lo que dicen de nosotros.

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Denise Dresser nos recordaba en Proceso #1863 que el Chapo seguía ahí y además en la lista de Forbes, cuando al día siguiente la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) lanzó su campaña contra el crimen organizado trasnacional, estimando sus ganancias en 870 mil millones de dólares al año; y el martes 17 de junio los diarios nacionales publicaron que el Senado de EEUU investigaba al banco HSBC por ocultar dinero de cárteles de la droga de México; lo que a su vez nos remite a la nota de La Jornada del 11 de julio, según la cual un sondeo reveló que casi la cuarta parte de los dirigentes de Wall Street y la bolsa de valores de Londres consideraban necesario aplicar conductas deshonestas o ilegales para tener éxito en el mundo de las finanzas. Toda esta información gira en torno a uno de los problemas fundamentales que enfrentan los esfuerzos institucionales para combatir a las organizaciones criminales: el lavado de dinero. Y es que las ganancias anuales que genera sólo el narcotráfico en el mundo alcanzan, según cálculos de la ONUDD, los 320 mil millones de dólares. A través de estos recursos económicos, los cárteles de la droga extienden la violencia, el miedo, la inseguridad y la corrupción, que impactan a nuestras comunidades con problemas de salud, pérdida de vidas humanas o debilitamiento de las instituciones y erosión de la confianza social. En el Programa Temático “Acción contra el Crimen Organizado Trasnacional y el Tráfico Ilícito, incluido el Tráfico de Drogas 2011-2013”, la ONUDD enumera los siguientes retos que enfrentan los países en sus respuestas ante la delincuencia organizada: 1) Falta de entendimiento de la naturaleza del problema; 2) Progreso inadecuado en la implementación de las normas internacionales; 3) Insuficiente capacidad de coordinación entre las instituciones de seguridad; 4) Debilidad de las instituciones de justicia para sancionar eficazmente al crimen organizado; 5) Ausencia de información para rastrear el flujo de ganancias; y 6) Poca conciencia de los impactos indirectos de la delincuencia organizada. A esto hay que sumar que las respuestas ante el crimen organizado en nuestro país son, esencialmente, reactivas. Es decir, se basan casi siempre en la persecución del delito por la PGR, pues la mayoría de los códigos penales de los estados no contemplan normas que permitan su investigación y sanción a nivel local. Lo mismo puede decirse de la ausencia casi total en las entidades federativas de reglas legales que permitan el castigo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para fortalecer la reacción penal contra el lavado de dinero, la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF por sus siglas en inglés), desde 1990 ha emitido recomendaciones para combatir el mal uso de los sistemas financieros por personas dedicadas al blanqueo de bienes. En materia de persecución del delito, la FATF propone diseñar un marco jurídico que permita la confiscación de bienes mediante procedimientos distintos a los penales, dirigidos al rastreo, ubicación y decomiso de propiedades, intereses, productos y recursos monetarios. Además, recomienda la creación de unidades de inteligencia financiera; promover que las autoridades encargadas de la persecución del delito inicien investigaciones paralelas por lavado de dinero en casos de delitos que generan ganancias ilícitas; establecer la obligación a cargo de las instituciones que componen el sistema financiero de dar la información que requieran las autoridades investigadoras; permitir nuevas facultades de investigación que incluyan operaciones encubiertas, intercepción de comunicaciones, entregas vigiladas y acceso a los sistemas de cómputo. Como hemos comentado en ocasiones anteriores, el Gobierno de Felipe Calderón, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, viene promoviendo la instalación de Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las secretarías de finanzas de los estados; con ello se cubre una de las recomendaciones de la FATF. El problema es la ausencia de un marco jurídico adecuado e instituciones fuertes que permitan una persecución del delito eficaz, es decir, investigaciones que concluyan en juicios y sentencias contra lavadores de dinero. Para ello es necesario regular el tema del blanqueo de bienes tanto a nivel local como federal y terminar con el requisito de la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando en las operaciones con recursos de procedencia ilícita se utilicen los servicios de las instituciones que integran el sistema financiero mexicano.

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