Historia del crimen

En la sesión del martes 23 de octubre pasado, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional, con el objeto de dar autonomía al Ministerio Público de la Federación y cambiar la denominación del órgano administrativo en el cual se integra y convertirse de Procuraduría General de la República en Fiscalía General. La idea es todo menos novedosa. El 29 de marzo de 2004, el Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, firmó la Iniciativa de Reforma Estructural del Sistema de Justicia Penal Mexicano. Entre las modificaciones propuestas destacaba la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la Federación. Esta iniciativa no prosperó. La justificación es impecable. El nuevo sistema de enjuiciamiento penal de naturaleza adversarial, acusatoria y oral, requiere que el omnipotente Ministerio Público se reduzca y conduzca como una parte más durante el proceso criminal. El cómo se va a instrumentar es otra cosa y no siempre existen coincidencias en torno a él. Hay quienes proponen que los Fiscales se dediquen exclusivamente a llevar juicios y que dejen las investigaciones en manos de los policías. En sentido contrario se expresan quienes ponen el grito en el cielo al pensar que nuestros policías actúen sin el control de los agentes del Ministerio Público. Y terciando entre estas posturas, existen quienes promueven la diferenciación de policías, órgano investigador y fiscales. Se llamen como se llamen, parece que el punto esencial es estructural-funcionalista. Es decir ¿cómo rayos se va a organizar el Ministerio Público para enfrentar la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal? Tradicionalmente, las procuradurías se estructuraban con áreas de averiguaciones previas, procesos penales, policía investigadora y servicios periciales. Con no poca frecuencia, la comunicación entre todas ellas era formalizada, o sea, se enviaban oficios y no se buscaban para hablar cara a cara. A pesar de los numerosos esfuerzos por romper esta dinámica, no todos los intentos fueron exitosos o carecieron de constancia. La obsesión formalista que culminaba en la transformación del dolor humano en documentos que integren la averiguación previa primero y el proceso penal después, despojaba, en muchas ocasiones, de sentido común a las pretensiones punitivas del estado. Por otro lado, la narrativa oficial fijada en las indagatorias, independientemente de las pesadillas de sintaxis y ortografía, no siempre se correspondía con las narraciones de las víctimas y los probables delincuentes. Y sin haber resuelto estas cuestiones nos viene encima el dichoso nuevo sistema penal. Hay quien lo presenta como la panacea a los problemas de justicia y seguridad pública. Hay quien se resiste a echarlo a andar. Y por supuesto, hay quien lo critica aduciendo que es una intromisión del derecho anglo-sajón. La realidad es que allí está la reforma constitucional de 2008 que lo establece en forma obligatoria y también los derechos humanos que el Estado Mexicano se obliga a respetar en distintas convenciones internacionales. Y lo más importante, no creo que nadie esté satisfecho con el desempeño actual de las instituciones de justicia en el país. A menos que se trate de políticos ciegos y convenencieros. Pero de esos no hay en Sinaloa ¿verdad paisano? Con estas complejidades, ahora nos presentan una idea que ya se había rechazado cuando se introdujo originalmente. Y con ello se activan las visiones reduccionistas que nos pretenden engañar al decirnos que el mero cambio de nomenclatura es prueba de la modernización de las instituciones. Para endulzar la propuesta le agregan el tema de la autonomía del Ministerio Público. Y usted amigo ya sabe lo que opino yo de ello. ¿Qué ya ni se acuerda de mí? Está bien pues, estoy a favor, pero en sentido amplio y con controles oficiales y ciudadanos. Si hacemos de la discusión un debate de títulos, nos quedamos a nivel anecdótico, como en el caso de la SIEDO, digo SEIDO. Ya lo dijo Martin Riggs en Arma Mortal 2 “…tú Adolf, Eidolf, cualquiera que sea tu puto nombre”.

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Los estudiantes de Derecho saben que al tomar la clase de Derecho Penal I, entre los primeros conceptos a los que se enfrentan está el llamado cuerpo del delito. No es extraño encontrarse con profesores que tienen verdaderos problemas para explicar el tema y con alumnos que no lo entienden con facilidad. Cuando fue nuestro turno, tras darnos la definición, el maestro le pidió al buen Charly que identificara el cuerpo del delito en el homicidio, a lo cual contestó que lo era el cadáver. No satisfecho con la respuesta, el maestro insistió con el robo, Charly contestó que en ese caso el cuerpo del delito era el objeto robado. Aún inconforme, le reviró ¿y en la violación? Lo cual provocó la risa de todos nosotros, menos del Charly quien desde el fondo del aula le hacía señas que aludían al tamaño del miembro viril. Las evidencias, que constituyen el rastro físico del crimen ocurrido, son fundamentales no sólo en las investigaciones ministeriales, sino también para comunicar el estado y avances de las indagatorias. Para elaborar una tarjeta informativa, la referencia de los vestigios del crimen es un punto básico. Al ser entrevistado por los medios de comunicación, el servidor público hace énfasis en las ojivas o casquillos recuperados, sus calibres, las armas encontradas, los automóviles y demás bienes asegurados. Tener esta información a la mano le da credibilidad a su dicho. Por el contrario, la falta de datos revela la debilidad de la explicación. Cuando se trata de casos de homicidio, la urgencia y exigencia de evidencias es muy alta. Toda investigación de un asesinato inicia por el análisis del lugar del hallazgo del cadáver y, en su caso, del lugar donde ocurrió la muerte. Y es que, aunque el cadáver no es el cuerpo del delito, aporta una serie de elementos importantísimos en las indagatorias. Entre ellos, cuando es posible, la identidad de la persona fallecida. Tal vez usted piense que la identidad del cadáver es muy sencilla de acreditar, después de todo existen credenciales que consignan nuestros datos y que regularmente portamos en bolsos y carteras. En caso contrario, nuestros familiares o amigos seguramente acudirán a la diligencia de identificación de cadáver y reclamarán el cuerpo. La realidad es que no siempre ocurre así. Hace algunos años, las únicas personas que no podían ser identificadas eran indigentes, o bien, quienes se trasladaban desde otras regiones o estaban de tránsito y no había datos sobre ellos. Ahora, el desarrollo del crimen organizado ha hecho de la identidad un dato que debe ser ocultado en ciertos casos. Ejemplo de ello son la alteración, ocultamiento o destrucción del cadáver, o la ausencia premeditada de documentos de identificación. Al no poder establecerse la identidad de la persona fallecida, la investigación es incompleta y da lugar a especulaciones. Incluso existen casos en los cuales la autoridad fija la identidad pero las hipótesis en contrario no dejan de circular, como ocurrió con la muerte de Amado Carrillo. La muerte de Heriberto Lazcano Lazcano ha dado lugar a numerosos rumores por las circunstancias que ocurrieron con posterioridad a su fallecimiento. En primer lugar está el hecho de la escasa custodia que lo acompañaba, que muchos han señalado como una incongruencia frente a versiones que lo retrataban siempre rodeado de esbirros. En segundo término están quienes dudan de que el enfrentamiento ocurriera tal cual las autoridades han narrado, en particular lo relativo a la llamada para denunciar la presencia de hombres armados en el ya infame partido de béisbol, y también por lo que respecta al hecho de que hubiesen fallado los sistemas de alerta del grupo criminal. Pero las mayores dudas se ubican en torno a la identidad del cadáver como el cuerpo de Lazcano. Los datos contradictorios de la estatura, la poca claridad respecto de los métodos empleados para realizar la identificación, y sobre todo, el robo del cadáver, no hacen sino incrementar la suspicacia. Por mi parte estoy convencido de que el muerto es quien dicen. Como estoy convencido de las carencias de las instituciones de justicia en el país que no les permiten tener edificios del servicio médico forense en cada región y convencido también de las torpezas en la comunicación social de muchas dependencias oficiales. O bien puede uno tomar la actitud del cuarto caza fantasmas, Winston Zeddemore, quien siendo entrevistado para el puesto le preguntan si cree en diversos fenómenos sobrenaturales como el Monstruo del lago Ness, los ovnis o la ciudad de Atlantis, a lo cual responde: si me paga creeré en cualquier cosa que me diga.

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El 27 de septiembre, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). De acuerdo con dicha institución, el propósito de la ENVIPE es recabar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2011 y la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades, así como proporcionar elementos a los diferentes órdenes de gobierno que sirvan de apoyo en los procesos de política pública. Respecto de la victimización delictiva, la encuesta calcula que en 2011 en todo México, el 24.5% de la población de 18 años y más fue víctima de algún delito, lo cual representa un volumen similar al del año 2010. Y por lo que hace a los delitos cometidos en el país, la ENVIPE arroja que en 2011 ocurrieron 29.4 ilícitos por cada cien mil habitantes, tasa equiparable a la del año 2010. A diferencia de entidades como Michoacán, Guanajuato, Colima o el estado de México, Sinaloa registró menos víctimas durante 2011 en comparación con 2010. Pero el porcentaje de disminución no se encuentra entre los más amplios, como los pertenecientes a Yucatán, Tabasco y Aguascalientes. Circunstancia similar se presenta en el comparativo de las tasas de delitos por cada cien mil habitantes, que para Sinaloa en 2011 representa una disminución del 13.1%, tendencia positiva que, sin embargo, está alejada del decremento del 33.4% registrado por Tabasco, o del 55.6% de Aguascalientes y del 56.9% de Yucatán. La ENVIPE estima que para 2011 la Cifra Negra a nivel nacional, es decir, el número de delitos que no se denuncia o en los cuales no se inicia una investigación formal, alcanzó el 91.6%, cuatro décimas menos que en 2010. En materia de denuncia, la encuesta encontró que del total de delitos cometidos en el país, sólo el 12.8% fue denunciado durante 2011. Y de ésta última cifra, sólo en el 65.5% de los casos se inició una averiguación previa. Entre los motivos principales para no presentar una denuncia, las personas entrevistadas refirieron la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades. A primera vista, los datos parecen confirmar las más pesimistas de las opiniones que se expresan en diversos medios: vivimos en el país de la impunidad. Y eso nos causa una enorme molestia, al menos la impunidad ajena, porque evitar recibir una multa de tránsito lo platicamos como si fuera un logro digno de imitarse. El problema es que la propia encuesta nos dice que en la impunidad participamos todos. Por la causa que ustedes quieran, pero no denunciamos todo lo que consideramos es un delito que nos afecta. Con ello impedimos que la autoridad conozca del asunto y saboteamos nuestro ánimo de castigar al responsable. Todo por la tardanza y la desconfianza, a menos que existan otros factores que la encuesta no considere, como el hecho de la conformidad cultural en función de la levedad del daño causado. Y no me refiero simplemente al chofer de ruta urbana que le roban los 150 pesos que ha acumulado a lo largo de la ruta, sino también a quien choca levemente con otro auto al salir de su lugar en el estacionamiento del supermercado y considera que no es razón suficiente para asumir su responsabilidad. Claro que la no denuncia se alimenta, en gran parte, de la desconfianza. Esa desconfianza en la autoridad que transmitimos casi genéticamente, está tan arraigada como la publicitación de las pifias de policías, ministerios públicos, procuradores, peritos y jueces. La nuestra es una desconfianza con linaje histórico, en ella se suman los abusos contra los estudiantes del 68, la apatía e injusticias en los casos Campo Algodonero, Aguas Blancas o Ayotzinapa. Sentimiento que se alimenta con cada suceso que da cuenta de la mala actuación de las autoridades. Pero dicha desconfianza es bilateral. El ciudadano desconfía del policía, pero el policía también desconfía del ciudadano. Tal vez por ello, los porcentajes tan altos de percepción de corrupción en las instituciones de seguridad pública del país que refleja la encuesta: 83.1 para la Policía de Tránsito, 71.6 para la Policía Municipal, 69.7 para la Policía Ministerial. Sólo que no debemos olvidar que, en la percepción influyen muchos actos de corrupción en los cuales el ciudadano ofrece o entrega dinero que el agente pide o acepta Como no podría ser de otra manera, la ENVIPE nos dice cómo somos. Nos devuelve un retrato no sólo de las autoridades, sino de todos nosotros en conjunto. Como decía la presentación del programa de televisión Millennium de Chris Carter, “this is who we are” (esto es quienes somos).

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“Dibuja un ratón, vas a la cárcel”, esta es la frase con la cual Bob Levin inicia su libro The Pirates and the Mouse dedicado a narrar en el episodio en el cual la compañía Walt Disney Productions demandó a los caricaturistas involucrados en la producción y distribución de Air Pirates Funnies, una parodia de Mickey Mouse. Además de pedir la imposición de multas por violación a los derechos de autor, en un momento del litigio se solicitó al juez los encarcelara. En el estado de Aguascalientes, “graffitear” se sanciona con prisión de uno a cinco años, de acuerdo con el artículo 54 de la legislación penal. Además es considerado delito grave y sólo reparando el daño dentro de un plazo específico, da lugar a la libertad provisional bajo caución. Estos ejemplos dan cuenta del arraigo que tiene la cultura del castigo. Nos gusta sancionar con prisión todo lo que se pueda. Asesinatos, accidentes de tránsito, comercio informal, contaminar o hacer llamadas de broma a los bomberos. Como ninguna otra institución social, la cárcel provee expectativas de seguridad comunitaria e invoca la aspiración de justicia a través del castigo a quien delinque. Además, proporciona una ubicación física a los esquivos delincuentes. Tal vez por eso los legisladores la tienen siempre en mente cuando incorporan una figura delictiva a los códigos penales. Claro que, una vez fijada como castigo, habrá que aplicarla. Porque la amenaza que implica la prisión debe cumplirse para completar el ritual de la sanción y restablecer el orden social. Aquí es donde empiezan los problemas. Al cometerse un hecho delictivo, especialmente si éste es violento, como los homicidios, violaciones, secuestros o robos, se activan los sentimientos de venganza comunitaria. Y se reclama a la autoridad acción y resultado rápido y satisfactorio. Claro, los reclamos de castigo no son homogéneos, varían dependiendo del tipo de delito, el empleo o no de violencia, la cobertura mediática, el lugar donde se comete, y por supuesto, de la identidad y características de la víctima y el agresor. Pero al mismo tiempo se activa la desconfianza social hacia las instituciones de seguridad pública. Después de todo, vivimos en el país del 90% de impunidad, Labastida dixit. Así, por un lado esperamos el castigo, pero también desconfiamos en que ocurrirá. No obstante, puesto que el legislador repartió la cárcel para casi todos los delitos y la autoridad, al menos en algunos casos atrapó al culpable, la prisión se actualiza para ellos, se hace real y pasan a ser sujetos del sistema penitenciario. Dentro de la cárcel, conviven en lo que Constancio Bernaldo de Quirós llamaba una doble comunidad de voluntades forzadas, porque ni los reos, ni los custodios quieren formar parte de ella. Encima de ello, a alguien se le ocurrió que la función natural de la prisión es readaptar al reo, prepararlo para su reincorporación a la comunidad. Es decir, para dotar a una persona de habilidades para la convivencia comunitaria legal y pacífica, es necesario encarcelarlo. Bueno, ya dentro de prisión, si quiere, puede ir a la escuela o los talleres. Esta ilusión choca con el hecho de que no toda la población penitenciaria desea cooperar en su “rehabilitación”, el perfil de los internos ha cambiado, el consumo de droga es mayor, los niveles de violencia se han incrementado, existe mayor número de reos pertenecientes a distintos grupos delictivos, el acceso a armamento y tecnologías de comunicación es más amplio, la corrupción es endémica y, por supuesto, existe una gran sobrepoblación. Esta sobrepoblación, en un inicio parece refutar el alegre cálculo de impunidad = 90% que el ex secretario de gobernación puso a circular hace muchos años. Al menos merece un análisis detallado, porque se supone que el total de espacios penitenciarios existentes en el país son la capacidad máxima del sistema de justicia penal. De otra manera no se explica que se exija a ciegas más trabajo a ministerios públicos y jueces, sabiendo que no existen capacidades gubernamentales para recibir a los procesados y sentenciados. Y es que, cuando el legislador decide la cárcel para todo, se le olvida que en la prisión real no cabemos todos. Por eso no fue sorpresa el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011 presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en resumen dice que, en términos generales, las cosas siguen igual con tendencia a empeorar, sin salir del rango de calificación que va desde los 6.1 al 8, desde 2007. ¿Se habrán tomado estos aspectos para tomar las decisiones en materia de combate a la delincuencia por parte de los gobiernos estatales y federal? Yo como usted supongo que no.

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Uno de los valores fundamentales que nos enseñan desde pequeños es la veracidad. Decir la verdad es algo positivo, padres y maestros se afanan por inculcar ese principio. Claro que, luego nos enseñan las excepciones: nunca debemos interrumpir a mamá para corregirla frente a sus amigas, aunque sepamos que no está diciendo la verdad. Sin embargo la idea se arraiga, decir la verdad siempre es característico de una persona confiable. Así pensaba el psicólogo William Moulton Marston, considerado uno de los padres del polígrafo o detector de mentiras, al inventar la prueba de medición de la presión sanguínea sistólica para detectar los engaños de una persona. Por cierto que él es también el creador del personaje de la Mujer Maravilla, a quien curiosamente dotó de un lazo mágico que obligaba a la persona capturada a decir la verdad. Esta también es la idea que sostiene las evaluaciones de control y confianza para los miembros de las instituciones de seguridad pública. Tomado el ejemplo de las instituciones norteamericanas, que parecen ser el modelo y aspiración de todos, aplicar el detector de mentiras a policías, peritos y ministerios públicos fue la solución para enfrentar la enorme desconfianza social a estos funcionarios. Hasta donde es de mi conocimiento, el primer Director de la Policía Ministerial de Sinaloa en someterse a exámenes de control de confianza fue el coronel Jesús Collazo Pérez en 1999, quien al cumplir su encargo fue detenido por la Delegación de la PGR en el estado y puesto en libertad. Camino inverso al seguido por el último director evaluado, el comandante Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien fue consignado por la PGR y el proceso terminó sin su condena, posteriormente a lo cual, “Chuy Toño” tras una breve asesoría fue designado por segunda ocasión titular de la Policía Ministerial por el gobernador López Valdez. Contrario a lo que muchos piensan, las evaluaciones de control y confianza no se limitan al “detector de mentiras”, además del polígrafo incluyen la aplicación de tests psicométricos, entrevista psicológica, evaluación de entorno patrimonial, exámenes químicos y revisiones médicas. Si se falla en alguna de estas etapas, el resultado será “no apto” o “no aprobado”. El 28 de noviembre de 2008, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, que contiene los criterios mínimos, procedimientos, protocolos de actuación y políticas de operación de todos los centros de evaluación en el país. Para vigilar el cumplimiento de este Modelo, existe el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. El Centro ha establecido entre otros, el criterio de que los titulares de las instituciones de la adscripción del evaluado serán responsables de dar seguimiento a las restricciones, observaciones o recomendaciones emitidas por los centros de evaluación al personal de instituciones de seguridad pública que obtenga resultados de “Aprobado”. Esto significa que, aunque una persona sea aprobada, el centro que la evalúa puede restringir el resultado y establecer que es apto para cumplir sus funciones actuales pero no debe ser promovido, e incluso, que no debe manejar recursos, información confidencial o armas, recomendando una nueva evaluación en meses posteriores. En conclusión, ni los aprobados gozan de la plena confianza por siempre. Como todo examen, el proceso evalúa las condiciones de confiabilidad en un momento dado y tales circunstancias pueden cambiar al siguiente momento. No es sencillo mantener la esperanza firme que se tiene de alguien. Por lo pronto, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el primero de enero de 2013, todos los elementos pertenecientes a las instituciones de seguridad pública del país deben estar evaluados. Y los mandos que ya fueron examinados, si el nuevo gobierno federal así lo decide, tendrán que ser sometidos de nuevo a evaluación, ya que la vigencia de los exámenes no es por todo un sexenio. Así, todos los evaluados que aprueben serán, al menos por un tiempo, “niños buenos”, incluyendo a “Chuy Toño”.

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